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Helena Vázquez, en Público
“No están locos. La locura es solo una coartada. Es arbitrariedad. Sacan partido de su anonimato y de las posiciones que ocupan”, escribe Irianna B.L a los pocos días de dormir entre rejas tras su condena a 13 años de cárcel. La carta termina con una fecha desconcertante: 9 de junio de 1984. La redactó hace apenas 15 días, pero su castigo le ha hecho vivir de cerca el mundo que George Orwell ilustraba en su novela “1984”: una sociedad regida por la manipulación, por una autocracia poderosa y represiva.
Konstantinos, su fiel compañero de vida, cuenta a Público los sucesos que han llevado a la prisión a esta joven filóloga, estudiante de doctorado y profesora de griego para refugiados.
La historia empieza una noche de inverno de 2011. Irianna, como de costumbre, dormía en casa de su pareja, Konstaninos, cuando, de repente, un fuerte ruido quebró el silencio que regna en cualquier casa a medio noche y les despertó. Un equipo de la brigada antiterrorista griega había irrumpido violentamente en su casa. Ninguno de los dos sabía ni a quién ni qué buscaban. Sin embargo, ambos salieron esposados por la puerta y fueron trasladados a comisaría.
Más tarde descubrieron que Konstantinos aparecía como sospechoso en una red de investigación sobre la banda armada “Conspiración de las Células de Fuego”, dicha organización calificada como terrorista por el gobierno griego apareció en la escena política y social griega en 2008. El grupo anarquista con rasgos insurreccionalistas y nihilistas ha cometido atentados en contra de políticos griegos y europeos, entidades bancarias y también las instituciones represivas del estado tales como las prisiones o los tribunales. Sus miembros, en su mayoría, están en prisión.
En su caso, resulta que la policía había fichado a dos conocidos de Konstantinos que días antes habían pasado la noche en su apartamento. Este vínculo fue suficiente para que la policía diera con él. Si este lazo desprovisto de indicios que refuercen su culpabilidad ya es extremadamente pobre para efectuar una detención, la supuesta conexión entre Irianna y el grupo con prácticas de guerrilla urbana era aún más descabellada. La filóloga que no era ni tan solo activista sólo mantenía una relación sentimental con el que ahora se había convertido en sospechoso. Finalmente fue liberada sin cargos y Konstantinos salió del calabazo con una imputación -pertenencia a banda armada a la “Conspiración de las Células de Fuego”- y en libertad provisional hasta la celebración de juicio.
“Pagué 10.000 euros de fianza, no podía salir al extranjero y apareció mi foto en una web del estado en la que publicaban las caras de los terroristas para que la gente aportara pruebas”, denuncia. Cuenta como poco a poco consiguió recomponer aquellos aspectos de su vida que el dictamen judicial había laminado, y como, hasta aquel momento, todo les parecía una broma muy pesada del azar, que aún no les había revelado que lo peor estaba por llegar.
Los únicos vínculos de Irianna con el grupo: su relación sentimental
En 2013, Irianna volvió a verse acorralada por un equipo armado con uniformes de negro y el rostro cubierto. Esta vez, el asalto policial ocurrió a plena luz del día, por la calle, cuando la filóloga se dirigía a la universidad. Pasó a disposición judicial tras el arresto, y el juez, oyendo las hipótesis de las autoridades, decidió abrirle un proceso por pertenencia a banda armada y posesión ilegal de armas. A partir de entonces compartía el estatus de libertad restringida de su pareja: no podría salir del país y debería ir a firmar en los juzgados regularmente hasta que un togado dictaminara su inocencia.
Con el pretexto de acabar con el grupo, la detención de los círculos anarquistas, amistades y parejas de activistas es una práctica común de la policía griega. Así lo cuentan amigos cercanos de Irianna, reunidos alrededor de una mesa. “Es como si te castigaran por codearte con anarquistas o por tener relaciones con ellos”, asegura uno. Por ello, no les cabe ninguna duda de que “Irianna podría ser cualquiera”, ellos mismos incluso; y este tipo de ejemplos argumentan que sirven para sembrar el miedo a la hora de decidir con quien vas a tomar el café.
¿Qué pistas habían conducido a la policía hacia a ella? La coincidencia parcial entre su información genética -que todavía almacenaban de la aportación de datos voluntaria que hizo en su primera detención- y el ADN encontrado en unas armas descubiertas en la universidad Politécnica de Atenas. No había ningún otro elemento de juicio para su culpabilidad que este diminuto e impreciso rastro de ADN en unas supuestas pistolas de las que ni siquiera se tiene constancia de que fueran utilizadas para perpetrar algún delito y aún menos que fueran propiedad de la banda.
Para colmo, este material probatorio había llegado a la comisaría dos años antes del nuevo arresto de Irianna y el supuesto vestigio de ADN era tan minúsculo que jamás pudo examinarse. El doctor en genética Giorgos Fitsialos examinó el caso y entregó al tribunal un informe técnico en el que concluía que no se puede identificar su identidad con el perfil genético parcial en cuestión y alertaba, asimismo, de la existencia de “trágicos errores, deficiencias graves y desviaciones significativas”.
El pasado 1 de junio de 2017, se celebró el pleito. Konstantinos, su único lazo con el grupo, ya había sido declarado inocente por otro tribunal, sólo quedaba Irianna por liberarse de este lastre que ya duraba demasiados años. “Queríamos que terminara rápido, olvidarnos de ello, habíamos hablado de irnos de vacaciones, por fin –exclama Konstantinos con una sonrisa rota-. Pero no fue así”, añade Konstantinos.
Al terminar las alegaciones de las partes, el magistrado dictó sentencia oral y retumbó en la solemne sala judicial la palabra más temida: “culpable”, sin razonamientos ni edulcorantes que la ayudaran a digerirlo. La sentenciaron a 13 años de cárcel, sin tener en cuenta los atenuantes, y con encarcelamiento inmediato; un beneficio que, según la defensa, los jueces griegos otorgan en casos como el de ella: sin antecedentes judiciales, con trabajo estable, entre otros. Con lo puesto, abandonó la sala esposada y fue trasladada al centro penitenciario. “No nos lo esperábamos, nadie se lo esperaba, fue un choque”, comenta uno de sus mejores amigos, Thodoris, visiblemente conmovido por la decisión.
Una arbitrariedad judicial que no es aislada
“La violación del principio de proporcionalidad es lo más destacable de este caso”, explica a Público el abogado Dimitris Sarafinos, que ha ejercido como defensa en numerosos casos de activistas anarquistas.
La desproporcionalidad de las condenas ha sido la norma para todos aquellos que se les ha vinculado con organizaciones terroristas como 17 de noviembre o el mismo Conspiración de las Células de Fuego. Los primeros militantes procesados de esta última banda recibieron penas de hasta 68 años de cárcel a pesar de que no haber quitado la vida a nadie.
“Los familiares y amigos también eran detenidos” durante los años de más actividad, y “si cometían algún delito, rápidamente los tribunales intentaban conectarlo con la organización terrorista”, cuenta el letrado. O, a veces, es la misma policía quien diseña la autoría de los delitos, según el activista Aris Sirindis, absuelto del cargo de homicidio a un policía por un infundado vestigio de ADN en la escena del crimen. Como testimonio en el marco del polémico juicio contra el activista “anarquista comunista” Tasos Theofilou –que a raíz de su ADN fue condenado a 25 años de prisión por el atraco a un banco– declaró que es “muy común que los anarquistas se enfrenten a juicios por conspiraciones policiales”.
Más de una docena de diputados de Syriza –partido que gobierna en Grecia- mostraron su solidaridad con Irianna. Aún así, la mano dura en contra del enemigo interno no ha cesado con esta coalición de izquierdas. Hace unas semanas, el ejecutivo propuso la modificación de la Ley Antiterrorista para ampliar, de una forma muy vaga según algunos juristas, el catálogo de delitos que podrían ser catalogados como “actos terroristas”. La norma que finalmente no se aprobó llegaba a penalizar las declaraciones públicas, algo que, como concluyen los expertos, podría llegar a violar la propia libertad de expresión.
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