Txema Abaigar y Rocío Sánchez *
No es una excepción: cualquiera que siga la realidad sobre los países de América Latina, la que «no sale» en las televisiones europeas, sabe que la vida de l@s defensoras/es ambientales en muchos de esos países está en peligro. Cuando no son paramilitares ultraderechistas que hablan de «la patria» mientras sirven con plomo a multinacionales, a oligarquías nacionales explotadoras o a gobiernos corruptos o a ejércitos que con «falsos positivos» (1), cubren sanguinarios expedientes, pues lo son por la represión judicial, vinculada a los intereses de saqueo de los anteriores…
HONDURAS O «LO MÁS TERRIBLE SE APRENDE ENSEGUIDA…»
En Honduras «funcionan» muy engrasadamente dichos paramilitares, judicatura al servicio de la extorsión de los citados poderes fácticos o, cuando lo requiere, se utiliza la pobreza, recurriendo al sicariato, para acabar con quienes quieren acabar con la pobreza y la desigualdad. Podríamos explicarlo más detalladamente o, incluso, con datos pormenorizados… pero basta con conocer que en este país centroamericano, esos intereses combinados decidieron acabar con una lideresa reconocida mundialmente por la defensa del territorio y que, por ello, recibió el Premio Goldman (un Nobel del Medio Ambiente) y que, supuestamente, recibía protección de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH)… y lo hicieron: asesinaron a Berta Cáceres Flores la madrugada del 3 de marzo de 2016. Berta es hoy todo un símbolo nacional e internacional; y que, a pesar de ello y de la presión internacional, solo han recibido condena los asesinos materiales, mientras los intelectuales siguen impunes. Pues, dicho esto, se entienden mejor muchas otras situaciones que, como el caso de Berta, pero menos conocidas internacionalmente, se han estado dando en los últimos años o (con algunos breves interregnos) en los últimos decenios de transición entre «república bananera» a «narcoestado» (2). Y estas situaciones se reproducen cada vez que un sector de la población se levanta contra una injusticia en la que están implicados actores gubernamentales y privados. Éstos son también culpables de que estos casos se desconozcan medios, think tank, gobiernos cómplices, trasnacionales beneficiarias, organismos internacionales «permisivos» con un gobierno salido del fraude electoral: el de JOH en Honduras, etc. (3).
