El asesinato en los últimos tres días en Honduras de un fiscal de derechos humanos y un abogado de campesinos que exigen tierras para cultivar ha conmocionado a la sociedad civil hondureña.
Agencias
Foto: El cadáver de Manuel Eduardo Díaz, tras ser tiroteado en Choluteca (AP)
Tegucigalpa, 25 sep .- El asesinato en los últimos tres días en Honduras de un fiscal de derechos humanos y un abogado de campesinos que exigen tierras para cultivar ha conmocionado a la sociedad hondureña.
El abogado Antonio Trejo, defensor de grupos de campesinos en el Caribe de Honduras, fue asesinado el sábado por unos pistoleros en Tegucigalpa; mientras que su colega Manuel Díaz, fiscal de derechos humanos, murió el lunes en un ataque similar en Choluteca, en el sur del país.
Estos crímenes han conmocionado a la sociedad hondureña, que nuevamente ha exigido el cese de la actual ola de violencia, que se cobra la vida de una media de unas 19 personas al día, en un país de 8,2 millones de habitantes.
Diversos sectores sociales hondureños, así como gobiernos y asociaciones defensoras de los derechos humanos condenaron este martes el asesinato de los dos abogados y exigieron al Gobierno que preside Porfirio Lobo una “inmediata” investigación.
El fiscal general adjunto y a la vez presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho, dijo a Efe que el Gobierno debe “hacer una exhaustiva investigación” para que las muertes de Díaz y Trejo no queden en la impunidad.
“Condenamos ese acto de violencia, este es el momento para que todos nos unamos en este combate”, agregó Urtecho, quien lamentó que a los fiscales les piden “resultados pero no les dan protección”.
“Este es el momento para aprobar mecanismos que brinden protección a los operadores de justicia y a los comunicadores, que son los grupos más vulnerables” a la violencia en Honduras, señaló el letrado.
Desde 1994 hasta la fecha, en Honduras han sido asesinados 7 fiscales, incluido Díaz, según cifras del Colegio de Abogados.
Trejo, como abogado del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), defendía los intereses de grupos de campesinos que exigen al Gobierno tierras en esa zona de la costa del Caribe, donde se vive un ambiente tenso por los frecuentes enfrentamientos armados entre agricultores y guardias de seguridad de los terratenientes, que en los últimos tres años han dejado más de 60 muertos.
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) condenó el asesinato del fiscal de derechos humanos y mostró su preocupación por la violencia que “esta sembrando el terror en la población”.
En 2011, Honduras registró una tasa de 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy superior a la media Latinoamérica de 20 y a la mundial de 8,8, según el Comisionado de los Derechos Humanos.
De acuerdo con el mismo organismo humanitario, en los últimos veinte meses al menos 30 abogados han sido asesinados en Honduras, país que entre enero y junio pasado registró unas 3.363 muertes violentas.
Comunicado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ante el asesinato de su compañero, el fiscal Eduardo Díaz Mazariegos
Ante el brutal asesinato del compañero de lucha y fiscal del Ministerio Público Eduardo Díaz Mazariegos, sucedido hoy 24 de septiembre en la ciudad de Choluteca, el MADJ manifiesta:
Primero: El
compañero Eduardo Díaz es fundador de nuestro Movimiento, porque fue
uno de los nueve fiscales del Ministerio Público que en abril y mayo de
2008 participaron activamente en la “Huelga de los Fiscales,” en la que
se desenmascaró la corrupción de grandes empresarios y políticos del
país, evidenciando la complicidad de la justicia hondureña.
Segundo: Nos indigna condenamos enérgicamente su asesinato.
Tercero:
Reiteramos la denuncia, que mientras no se combata la impunidad que la
institucionalidad de los tres poderes del Estado hondureño garantiza a
los violentos y los corruptos, seguiremos contando y lamentando la
muerte de muchos ciudadanos y ciudadanas, entre ellos nuestros
compañeros y compañeras.
Cuarto:
Reconocemos nuestra impotencia ante tanta violencia, dolor e
inestabilidad que sigue causando la ausencia de justicia y la imposición
de los violentos. Reconocemos también que ahora son insuficientes y
totalmente ineficaces los comunicados, peticiones o denuncias ante
cualquier instancia; pero también reconocemos y asumimos que por el
respeto y la defensa a la dignidad humana, no podemos desmayar en la
demanda de justicia y en exigir el cese a la impunidad.
Quinto: El
Estado de Honduras y sus más altos funcionarios, junto a quienes están
dedicados a la industria de la muerte, inexcusablemente son responsables
de este crimen y deben ser juzgados por el asesinato del compañero
Eduardo Díaz Mazariegos.
Sexto: Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Eduardo, su esposa, hijos e hijas.
Por la dignidad contra la impunidad.
Exigimos justicia y castigo contra los asesinos de Eduardo Díaz Mazariegos.
24 de Septiembre de 2012
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