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Transcurrido este año, las autoridades hondureñas pretenden justificar su ineficacia para atrapar a quienes ordenaron este vil asesinato. La captura y presentación ante tribunales de cuatro sicarios y tres intermediarios no es suficiente para hacer justicia: aún permanecen en libertad quienes instigaron el crimen y pagaron a sus ejecutores.
Lo ocurrido no constituye un hecho aislado, el asesinato de Berta demuestra la grave situación de riesgo en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza en contra de la explotación de sus territorios. Entre 2012 y 2015 el COPINH ha sufrido el asesinato de al menos diez de sus integrantes (Berta Cáceres, Santos Alberto Domínguez Benítes, Tomás García, Nelson García, Lesbia Yaneth Urquía, Olayo Hernández Sorto, William Jacobo Rodríguez, Moisés Durón Sánchez, Maycol Rodriguez, Irene Meza). El Relator Especial para personas defensoras de la ONU ha denunciado que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como la colusión entre gobiernos y empresas para cometer ataques y asesinatos. Pero estas agresiones no ocurren sólo en Honduras: en los últimos dos años más de 340 personas han sido asesinadas debido a su lucha por defender la tierra y las personas que viven en ella. El 40 % de los asesinatos en 2015 fueron de personas indígenas; el 66 % se cometió en Latinoamérica.
En la mayoría de casos, los responsables siguen impunes. Estamos ante una estrategia extendida de grandes empresas, inversores y cuerpos represivos para perseguir y reprimir a quienes denuncian el acaparamiento y destrucción de recursos y el desplazamiento de comunidades enteras. Hay que denunciarlo con claridad: no se trata de bandas incontroladas ni de hechos episódicos, sino de actuaciones sistemáticas de los grandes capitales para amenazar y cercar a los movimientos sociales y campesinos que desafían el paradigma económico capitalista, saqueador de pueblos y ecosistemas.
Detrás de estas muertes hay nombres conocidos. Laura Vásquez o Exaltación Marcos Ucelo se enfrentaron a la minera San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources. Berta Cáceres luchaba contra la empresa hidroeléctrica Agua Zarca, con financiación holandesa (FMO) y finlandesa (FinnFund) entre otras; Macarena Valdés contra la empresa hidroeléctrica RP Golgal. Estos casos muestran los peligros añadidos que sufren las mujeres que se oponen a los proyectos extractivistas. Lesbia Yaneth Urquía, fue asesinada cuatro meses después del crimen de su compañera Berta. El suceso fue catalogado por el COPINH como un “feminicidio político” cuyo objetivo fue “callar las voces de las mujeres que, con coraje y valentía, defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”. Berta se ha convertido en un símbolo que representa la lucha indígena, ecologista y feminista.
Allí, en países “periféricos”, donde los recursos son más numerosos y valiosos y donde inversores y empresas extranjeras campan a sus anchas, sin control –o con el apoyo- gubernamental, el panorama para las y los activistas por el medio ambiente y los derechos humanos es terrorífico. Pero también en nuestro entorno cercano oponerse decididamente al fracking, al recrecimiento de un embalse o a la construcción de viviendas de lujo en un espacio protegido cuesta detenciones, multas, fianzas multimillonarias o directamente tener que abandonar tu pueblo ante las amenazas recibidas. Defender lo común: un río, un bosque, la atmósfera... es algo complicado en este mundo global en el que las prioridades vienen marcadas por intereses económicos de minorías poderosas.
No vamos a asumir como una realidad inevitable que mueran asesinadas las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Hemos de desarrollar, en América latina y en Europa, en todo el orbe, una batalla global en defensa del territorio y sus recursos; y de quienes luchan para que las generaciones futuras puedan vivir dignamente.
Para ello hay que seguir desenmascarando al poder corporativo, dando a conocer no solo los asesinatos de activistas, sino las condiciones de vida a las que condenan a millones de personas. Y, por supuesto, acabar con la impunidad de la que gozan quienes cometen estos crímenes. Los Estados e instituciones supraestatales deben establecer mecanismos que castiguen a las empresas que están detrás de proyectos que se cobran vidas para ser llevados a cabo. Justo lo contrario que pretenden los tratados comerciales que, como el TTIP y el CETA, blindan a estas grandes corporaciones frente a los derechos de la ciudadanía y el medio ambiente. Es imprescindible dar voz y protección a las comunidades que sufren violencia e intimidación como norma por defender la naturaleza.
Comprometidas con estas luchas exigimos a las autoridades de la Unión Europea y del Estado español:
- Cumplimiento de la Directiva de la UE de protección de defensores de derechos humanos.
- En el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, paralizar su desarrollo con Honduras por violación de derechos humanos.
- Auditorìa de todos los recursos de cooperación de España con Honduras, especialmente los fondos para el programa de Eurojusticia para la Fiscalía de Honduras.
- Auditar y revisar los apoyos de España a megaproyectos de infraestructuras en Honduras, a través del Banco Centroamericano de Integración e infraestructura.
- Exigir a las empresas españolas que invierten en otros países el estricto cumplimiento de los derechos humanos, el respeto al entorno natural y a las comunidades locales afectadas.
Como decía Berta Cáceres: no nos queda otro camino más que luchar.
Un año sin justicia
¡Berta vive, COPINH sigue!
Contra la impunidad, protejamos a las defensoras de la vida
¡Berta vive, COPINH sigue!
Contra la impunidad, protejamos a las defensoras de la vida
* Transcurrido este año, las autoridades hondureñas pretenden justificar su ineficacia para atrapar a quienes ordenaron este vil asesinato. La captura y presentación ante tribunales de cuatro sicarios y tres intermediarios no es suficiente para hacer justicia: aún permanecen en libertad quienes instigaron el crimen y pagaron a sus ejecutores.
Lo ocurrido no constituye un hecho aislado, el asesinato de Berta demuestra la grave situación de riesgo en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza en contra de la explotación de sus territorios. Entre 2012 y 2015 el COPINH ha sufrido el asesinato de al menos diez de sus integrantes (Berta Cáceres, Santos Alberto Domínguez Benítes, Tomás García, Nelson García, Lesbia Yaneth Urquía, Olayo Hernández Sorto, William Jacobo Rodríguez, Moisés Durón Sánchez, Maycol Rodriguez, Irene Meza). El Relator Especial para personas defensoras de la ONU ha denunciado que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como la colusión entre gobiernos y empresas para cometer ataques y asesinatos. Pero estas agresiones no ocurren sólo en Honduras: en los últimos dos años más de 340 personas han sido asesinadas debido a su lucha por defender la tierra y las personas que viven en ella. El 40 % de los asesinatos en 2015 fueron de personas indígenas; el 66 % se cometió en Latinoamérica.
En la mayoría de casos, los responsables siguen impunes. Estamos ante una estrategia extendida de grandes empresas, inversores y cuerpos represivos para perseguir y reprimir a quienes denuncian el acaparamiento y destrucción de recursos y el desplazamiento de comunidades enteras. Hay que denunciarlo con claridad: no se trata de bandas incontroladas ni de hechos episódicos, sino de actuaciones sistemáticas de los grandes capitales para amenazar y cercar a los movimientos sociales y campesinos que desafían el paradigma económico capitalista, saqueador de pueblos y ecosistemas.
Detrás de estas muertes hay nombres conocidos. Laura Vásquez o Exaltación Marcos Ucelo se enfrentaron a la minera San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources. Berta Cáceres luchaba contra la empresa hidroeléctrica Agua Zarca, con financiación holandesa (FMO) y finlandesa (FinnFund) entre otras; Macarena Valdés contra la empresa hidroeléctrica RP Golgal. Estos casos muestran los peligros añadidos que sufren las mujeres que se oponen a los proyectos extractivistas. Lesbia Yaneth Urquía, fue asesinada cuatro meses después del crimen de su compañera Berta. El suceso fue catalogado por el COPINH como un “feminicidio político” cuyo objetivo fue “callar las voces de las mujeres que, con coraje y valentía, defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”. Berta se ha convertido en un símbolo que representa la lucha indígena, ecologista y feminista.
Allí, en países “periféricos”, donde los recursos son más numerosos y valiosos y donde inversores y empresas extranjeras campan a sus anchas, sin control –o con el apoyo- gubernamental, el panorama para las y los activistas por el medio ambiente y los derechos humanos es terrorífico. Pero también en nuestro entorno cercano oponerse decididamente al fracking, al recrecimiento de un embalse o a la construcción de viviendas de lujo en un espacio protegido cuesta detenciones, multas, fianzas multimillonarias o directamente tener que abandonar tu pueblo ante las amenazas recibidas. Defender lo común: un río, un bosque, la atmósfera... es algo complicado en este mundo global en el que las prioridades vienen marcadas por intereses económicos de minorías poderosas.
No vamos a asumir como una realidad inevitable que mueran asesinadas las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Hemos de desarrollar, en América latina y en Europa, en todo el orbe, una batalla global en defensa del territorio y sus recursos; y de quienes luchan para que las generaciones futuras puedan vivir dignamente.
Para ello hay que seguir desenmascarando al poder corporativo, dando a conocer no solo los asesinatos de activistas, sino las condiciones de vida a las que condenan a millones de personas. Y, por supuesto, acabar con la impunidad de la que gozan quienes cometen estos crímenes. Los Estados e instituciones supraestatales deben establecer mecanismos que castiguen a las empresas que están detrás de proyectos que se cobran vidas para ser llevados a cabo. Justo lo contrario que pretenden los tratados comerciales que, como el TTIP y el CETA, blindan a estas grandes corporaciones frente a los derechos de la ciudadanía y el medio ambiente. Es imprescindible dar voz y protección a las comunidades que sufren violencia e intimidación como norma por defender la naturaleza.
Comprometidas con estas luchas exigimos a las autoridades de la Unión Europea y del Estado español:
- Cumplimiento de la Directiva de la UE de protección de defensores de derechos humanos.
- En el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, paralizar su desarrollo con Honduras por violación de derechos humanos.
- Auditorìa de todos los recursos de cooperación de España con Honduras, especialmente los fondos para el programa de Eurojusticia para la Fiscalía de Honduras.
- Auditar y revisar los apoyos de España a megaproyectos de infraestructuras en Honduras, a través del Banco Centroamericano de Integración e infraestructura.
- Exigir a las empresas españolas que invierten en otros países el estricto cumplimiento de los derechos humanos, el respeto al entorno natural y a las comunidades locales afectadas.
Como decía Berta Cáceres: no nos queda otro camino más que luchar.
Un año sin justicia
¡Berta vive, COPINH sigue!
Contra la impunidad, protejamos a las defensoras de la vida
Comunidad Hondureña en Madrid¡Berta vive, COPINH sigue!
Contra la impunidad, protejamos a las defensoras de la vida
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Brujas Migrantes
Comisión de DDHH Hispano-Guatemalteca
Red de Mujeres de América Latina y Caribe en España
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