Lucia Sbriller, en Poder Popular
El reclamo impulsado desde las comunidades mapuches busca tanto la recuperación de sus tierras productivas y sagradas como que el grupo Benneton, poseedor de grandes extensiones de tierras en la Patagonia Argentina, se retire del suelo Mapuche.
El expediente en que la Justicia Federal investiga los hechos, bajo secreto de sumario, tiene el número 8232/2017 y tramita ante el Juzgado Federal de Esquel; recientemente fue recaratulado por pedido de la familia, pasando de “averiguación de delito” a “desaparición forzada”.
Las desapariciones forzadas de personas fueron el modus operandi durante la última dictadura cívico militar que tuvo lugar en ese país entre 1976 y 1983. Los secuestros de personas en manos de las fuerzas represivas del estado, y el posterior ocultamiento de toda información sobre su paradero en un régimen que funcionaba especialmente en la clandestinidad, permitió la instauración del terror desde el aparato estatal y la ruptura de los lazos sociales nuevos que podrían haberse creado.
Ajuste, extractivismo y represión
La desaparición de Santiago Maldonado se da en el marco de un avance del aparato represivo del estado argentino, que desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri, vio aumentado exponencialmente su presupuesto. Esto se tradujo en represión y judicialización de las protestas sociales y sindicales que han intentado enfrentarse y poner límites al ajuste.
Una expresión particular de esto es la profundización de un modelo económico de extractivismo de los recursos naturales (que ya era impulsado por el anterior gobierno kirchnerista), que se opone directamente a la ocupación y uso del suelo que realizan los pueblos originarios. Si bien esto se da a lo largo y a lo ancho del país, la Patagonia en particular, cuenta con una inmensa reserva de minerales, yacimientos fósiles y recursos hídricos que aún pueden ser explotados. El impulso de este proceso puede verse en los avances legislativos en torno a la flexibilización o la quita de impuestos a estos sectores, pero también pudimos escuchar a Mauricio Macri manifestando en distintas visitas a nivel internacional la necesidad de aumentar la productividad minera argentina y comparándola con la de Chile.
La criminalización es, entonces, una herramienta más del Estado Argentino en este avance, en el mismo Departamento de Cushamen fue detenido a fines de junio Facundo Jones Huala, referente de la resistencia mapuche, quien actualmente permanece preso. Y en esto podemos revisar más de 200 casos de judicialización de intentos de recuperación de territorios, y decenas de compañeras/os pertenecientes a pueblos originarios que han sido criminalizadas/os, entre ellos Agustin Santillan, wichi ilegalmente detenido en la provincia de Formosa.
Esta represión ha sido, sin dudas, un accionar repetido cíclicamente por parte del Estado a partir de la conocida como “conquista del desierto”, genocidio de las poblaciones originarias impulsados por las elites criollas para dividir la región en latifundios organizados según los criterios de la propiedad privada. La sola mención de este espacio como “desierto” encubre la voluntad de presentarlo como vacío, tanto de personas como de riquezas, y a partir de ahí pretender legitimar una apropiación violenta e ilegítima
Resistencias en todo el mundo
A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado se convocó en Argentina a una marcha unitaria, que tuvo expresiones en distintas ciudades del país, entre los dos espacios más grandes que nuclean los reclamos por los derechos humanos: el “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia” de izquierda y la “Mesa de los organismos de derechos humanos” alineada con el anterior gobierno Kirchnerista. Esta movilización que encontró en las calles a cientos de miles de personas – 250.000 sólo en la Ciudad de Buenos Aires – terminó con un saldo de 23 detenidos que, según informó la policía, permanecerán incomunicados durante 48 horas (es decir por lo menos hasta el lunes), supuestamente acusados de diversos delitos. Entre estas personas se cuentan tres periodistas que estaban cubriendo la manifestación.
Esta instancia es un paso más en un largo proceso de resistencias que se ha expresado en diversas movilizaciones, actividades artísticas, culturales e inmensas campañas por las redes sociales. Entre estas últimas sin dudas las más visibles han sido aquella que individualiza el paradero de quien escribe y a continuación se pregunta “Dónde está Santiago Maldonado” y el twitazzo #renunciaBullrich en alusión a la responsabilidad de la Ministra de Seguridad.
Sin embargo esto generó a su vez múltiples respuestas, por un lado un proceso mediático acelerado en Argentina que tiende a la criminalización de la lucha mapuche, tildándolos de violentos/as, de constituir guerrillas e incluso de terroristas asimilándolas/os al atentado del ISIS que tuvo lugar hace pocas semanas en Barcelona. Mientras las declaraciones por parte de las autoridades del gobierno niegan la desaparición de Santiago Maldonado, se ha abierto una línea telefónica gratuita para denunciar a los/as docentes que trabajen la temática en las escuelas bajo la consigna de “con mis hijos no”, acusando que esa discusión implica un adoctrinamiento ideológico de los/as jóvenes frente a una escuela pública y una educación que se pretende apolítica y neutral.
La persecución llegó incluso en los días previos a la manifestación al allanamiento de distintos locales políticos y culturales en la ciudad de Córdoba, una de las más grandes del país, donde fueron secuestradas banderas, panfletos políticos con la cara de Santiago Maldonado, instrumentos musicales y hasta comida destinada a los comedores populares.
Estas protestas han tenido su correlato a nivel internacional, con manifestaciones de solidaridad y apoyo expresadas mediante concentraciones, rondas, actos y reclamos parlamentarios en distintas ciudades tales como Barcelona, Madrid, Paris, Londres, Berlin y hasta Tokio. Las cuales además de la solidaridad que abraza a los pueblos, son importantes en la medida que todo el mundo siga denunciando lo que pasa en Argentina con la política de represión del estado.
El reclamo impulsado desde las comunidades mapuches busca tanto la recuperación de sus tierras productivas y sagradas como que el grupo Benneton, poseedor de grandes extensiones de tierras en la Patagonia Argentina, se retire del suelo Mapuche.
El expediente en que la Justicia Federal investiga los hechos, bajo secreto de sumario, tiene el número 8232/2017 y tramita ante el Juzgado Federal de Esquel; recientemente fue recaratulado por pedido de la familia, pasando de “averiguación de delito” a “desaparición forzada”.
Las desapariciones forzadas de personas fueron el modus operandi durante la última dictadura cívico militar que tuvo lugar en ese país entre 1976 y 1983. Los secuestros de personas en manos de las fuerzas represivas del estado, y el posterior ocultamiento de toda información sobre su paradero en un régimen que funcionaba especialmente en la clandestinidad, permitió la instauración del terror desde el aparato estatal y la ruptura de los lazos sociales nuevos que podrían haberse creado.
Ajuste, extractivismo y represión
La desaparición de Santiago Maldonado se da en el marco de un avance del aparato represivo del estado argentino, que desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri, vio aumentado exponencialmente su presupuesto. Esto se tradujo en represión y judicialización de las protestas sociales y sindicales que han intentado enfrentarse y poner límites al ajuste.
Una expresión particular de esto es la profundización de un modelo económico de extractivismo de los recursos naturales (que ya era impulsado por el anterior gobierno kirchnerista), que se opone directamente a la ocupación y uso del suelo que realizan los pueblos originarios. Si bien esto se da a lo largo y a lo ancho del país, la Patagonia en particular, cuenta con una inmensa reserva de minerales, yacimientos fósiles y recursos hídricos que aún pueden ser explotados. El impulso de este proceso puede verse en los avances legislativos en torno a la flexibilización o la quita de impuestos a estos sectores, pero también pudimos escuchar a Mauricio Macri manifestando en distintas visitas a nivel internacional la necesidad de aumentar la productividad minera argentina y comparándola con la de Chile.
La criminalización es, entonces, una herramienta más del Estado Argentino en este avance, en el mismo Departamento de Cushamen fue detenido a fines de junio Facundo Jones Huala, referente de la resistencia mapuche, quien actualmente permanece preso. Y en esto podemos revisar más de 200 casos de judicialización de intentos de recuperación de territorios, y decenas de compañeras/os pertenecientes a pueblos originarios que han sido criminalizadas/os, entre ellos Agustin Santillan, wichi ilegalmente detenido en la provincia de Formosa.
Esta represión ha sido, sin dudas, un accionar repetido cíclicamente por parte del Estado a partir de la conocida como “conquista del desierto”, genocidio de las poblaciones originarias impulsados por las elites criollas para dividir la región en latifundios organizados según los criterios de la propiedad privada. La sola mención de este espacio como “desierto” encubre la voluntad de presentarlo como vacío, tanto de personas como de riquezas, y a partir de ahí pretender legitimar una apropiación violenta e ilegítima
Resistencias en todo el mundo
A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado se convocó en Argentina a una marcha unitaria, que tuvo expresiones en distintas ciudades del país, entre los dos espacios más grandes que nuclean los reclamos por los derechos humanos: el “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia” de izquierda y la “Mesa de los organismos de derechos humanos” alineada con el anterior gobierno Kirchnerista. Esta movilización que encontró en las calles a cientos de miles de personas – 250.000 sólo en la Ciudad de Buenos Aires – terminó con un saldo de 23 detenidos que, según informó la policía, permanecerán incomunicados durante 48 horas (es decir por lo menos hasta el lunes), supuestamente acusados de diversos delitos. Entre estas personas se cuentan tres periodistas que estaban cubriendo la manifestación.
Esta instancia es un paso más en un largo proceso de resistencias que se ha expresado en diversas movilizaciones, actividades artísticas, culturales e inmensas campañas por las redes sociales. Entre estas últimas sin dudas las más visibles han sido aquella que individualiza el paradero de quien escribe y a continuación se pregunta “Dónde está Santiago Maldonado” y el twitazzo #renunciaBullrich en alusión a la responsabilidad de la Ministra de Seguridad.
Sin embargo esto generó a su vez múltiples respuestas, por un lado un proceso mediático acelerado en Argentina que tiende a la criminalización de la lucha mapuche, tildándolos de violentos/as, de constituir guerrillas e incluso de terroristas asimilándolas/os al atentado del ISIS que tuvo lugar hace pocas semanas en Barcelona. Mientras las declaraciones por parte de las autoridades del gobierno niegan la desaparición de Santiago Maldonado, se ha abierto una línea telefónica gratuita para denunciar a los/as docentes que trabajen la temática en las escuelas bajo la consigna de “con mis hijos no”, acusando que esa discusión implica un adoctrinamiento ideológico de los/as jóvenes frente a una escuela pública y una educación que se pretende apolítica y neutral.
La persecución llegó incluso en los días previos a la manifestación al allanamiento de distintos locales políticos y culturales en la ciudad de Córdoba, una de las más grandes del país, donde fueron secuestradas banderas, panfletos políticos con la cara de Santiago Maldonado, instrumentos musicales y hasta comida destinada a los comedores populares.
Estas protestas han tenido su correlato a nivel internacional, con manifestaciones de solidaridad y apoyo expresadas mediante concentraciones, rondas, actos y reclamos parlamentarios en distintas ciudades tales como Barcelona, Madrid, Paris, Londres, Berlin y hasta Tokio. Las cuales además de la solidaridad que abraza a los pueblos, son importantes en la medida que todo el mundo siga denunciando lo que pasa en Argentina con la política de represión del estado.
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