Hace unas semanas se cumplía el tercer aniversario de la masacre de Curuguaty, en la que 17 personas fueron asesinadas.
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En aquella mañana del 15 de junio de 2012, la Fiscalía, junto con 324 miembros de Fuerzas Especiales de la Policía, ejecutaron un desalojo a la fuerza de un pequeño grupo de 60 campesinos, entre los que se encontraban también mujeres y niños, que se hallaban ocupando unas tierras destinadas a la reforma agraria /1. De las 17 personas asesinadas, 11 eran campesinas y 6 policías.
Según las autoridades, la masacre fue producida por los propios campesinos que portaban escopetas y viejos materiales de labranza. Sin embargo, un informe dirigido independientemente por el abogado español Aitor Martínez/2 aportó pruebas que contradecían esta hipótesis y apuntaban más bien a un ataque orquestado desde fuera.
Curiosamente, una semana después de la masacre, el Presidente Fernando Lugo, actualmente del Frente Guasu/3, fue destituido por su “mano blanda” con el campesinado que ocupaban tierras, en este caso, públicas.
Durante su mandato, Lugo impulsó importantes reformas como la descentralización y creación de una amplia red de la sanidad pública y universal, así como la ansiada reforma agraria que impediría el acaparamiento de tierras para monocultivos como la soja.
Una vez el Presidente, democráticamente electo, resulta destituido por el Parlamento a través de un juicio político sumario, el Poder Ejecutivo pasa a manos del Partido Liberal y posteriormente, mediante elecciones, pasa a manos del Partido Colorado, que gobernó el Paraguay durante 61 años ininterrumpidos (1947-2008) entre los cuales 35 años corresponden al periodo de la dictadura militar de Alfredo Stroessner.
La ocupación de tierras es una práctica más o menos habitual entre el campesinado del Cono Sur ante la acumulación de tierras por parte de latifundistas para monocultivos, generalmente de soja o maíz transgénicos, para la producción de biocombustible o para la ganadería extensiva. Campesinos y campesinas se organizan en movimientos sociales para la recuperación de tierras o la conservación de semillas nativas y criollas. En el caso de Curuguaty, las tierras de Marina Kue son públicas, pertenecen al INDERT (Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra), organismo público dedicado a la reforma agraria. Sin embargo, en el momento de la ocupación, ya esas tierras estaban siendo irregularmente utilizadas por parte del empresario y expresidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme, para el cultivo de soja. Era Riquelme el verdadero invasor y no los campesinos.
El cultivo de soja en latifundios y otros transgénicos en el Paraguay constituyen la razón del desplazamiento forzoso de miles de familias campesinas, que en muchos casos terminan hacinadas en zonas aledañas a la capital o a las grandes ciudades, mal adaptadas a una manera de vida muy distinta a la rural, familias que tienen que dejar de cultivar la tierra, su único sustento; familias que tienen que huir para evitar las masivas fumigaciones con agrotóxicos de las cercanas fincas de monocultivos. La desaparición de las comunidades campesinas, además de ser un tema de justicia social, redunda en el perjuicio causado a la biodiversidad de la zona; el modelo productivo agroexportador que expulsa a las comunidades campesinas hace desaparecer también especies animales y vegetales.
En la masacre de Curuguaty fueron detenidos 13 hombres y mujeres campesinas, quienes a día de hoy permanecen en prisión preventiva y afrontan diferentes cargos. 10 de ellos inclusive afrontan cargos por intento de homicidio de los policías. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha investigado la muerte de los once campesinos. Por otro lado, el dirigente campesino Rubén Villalba, también imputado y que estuviera al frente de la ocupación, ha sido declarado enemigo público número uno y recientemente condenado, en un proceso también repleto de irregularidades, a siete años de cárcel, por un caso anterior relacionado con la resistencia de pobladores de una comunidad rural a que una comitiva fiscal habilitase a productores sojeros para seguir con sus fumigaciones, que contaminaban las fuentes de agua de la comunidad y la escuela primaria de la zona.
El próximo 27 de julio se llevará a cabo la audiencia por el juicio a los campesinos y campesinas del caso Curuguaty. La vista previa estuvo plagada de irregularidades: policías fuertemente armados en la Sala, una fiscal con intereses en la propiedad, pruebas desaparecidas, etcétera. Aun así, los cargos e imputaciones se mantuvieron y el juicio político fue un espectáculo nacional.
El informe dirigido por el abogado Aitor Martínez, quien también presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) por violación de derechos recogidos en la Convención como el derecho a las garantías procesales de los detenidos (por sistemáticas violaciones al derecho cometidas y recurridas en las instancias internas) y por violación al derecho de la protección judicial (por denuncias presentadas sobre las posibles ejecuciones extrajudiciales, intento de comisión de desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y omisión de auxilio), ofrece datos específicos sobre el desarrollo de los hechos, exculpa a los campesinos y desenmascara la impunidad de un ataque organizado con intereses diferentes al desalojo de la ocupación.
Notas:
1/ “La Reforma Agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación. Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra;…” (extracto del art. 114 de la Constitución Nacional del Paraguay).
2/ Informe “Masacre de Curuguaty”, para la Plataforma de Estudio e investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). Octubre, 2012.
3/“El Frente Guasu es una concertación de partidos de izquierda y centro-izquierda, que se formó el 20 de marzo de 2010. Estuvo compuesto por la Alianza Patriótica para el Cambio, concertación que llevó a Fernando Lugo al poder. Tras las Elecciones de 2013, se posicionó como la tercera fuerza política del país. Las bases programáticas del Frente Guasú se centran en la reforma agraria, la soberanía energética, la distribución de la riqueza y la universalización de la salud pública. “ (frenteguasu.org.py)
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