Declaración del agrupamiento de organizaciones simpatizantes de la IVª
Tomado de Contrapropuesta (y organizaciones abajo firmantes)
El Estado mexicano está sumergido en una aguda crisis que va más allá del ámbito económico. Se trata de una crisis multidimensional de carácter social, político, económico y de seguridad nacional.
1. La economía
Durante los últimos sexenios la economía mexicana ha experimentado una situación de casi estancamiento, con tasas de crecimiento insuficientes para traducirse en una mejora real de los indicadores más importantes de la calidad de vida de sus habitantes. No hay indicios de que esta crisis de la economía mexicana vaya a ser superada en el mediano plazo. Por el contrario podríamos esperar un empeoramiento de la situación debido a la contracción o el lento crecimiento de la economía mundial, la caída estrepitosa del precio del petróleo que ha obligado al gobierno a un ajuste presupuestal cancelando proyectos que podrían reactivar algunas áreas de la actividad económica y cuyo impacto será mayor desempleo, disminución del gasto social y el consecuente empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Si a esto agregamos el carácter dependiente de la economía mexicana con relación al imperialismo norteamericano, y el sometimiento del gobierno del país a los dictados de los organismos financieros internacionales (FMI, BM, OCDE), el panorama para los próximos años se vuelve más sombrío.
El gobierno que encabeza Peña Nieto había hecho descansar el éxito de su estrategia económica en lo que se ha denominado “reformas estructurales”, denominación que no es más que una expresión para disfrazar la privatización de la empresas y los servicios públicos, y arrebatar conquistas a los trabajadores asalariados y a los campesinos con el propósito de favorecer a los grandes capitales. Después de que otra “reforma estructural”, la laboral realizada durante el gobierno de Calderón, no diera los resultados esperados el gobierno apostó todo a la reforma energética. Durante décadas los gobiernos priistas y panistas utilizaron a Pemex como la caja chica del poder ejecutivo. La empresa se convirtió en una cloaca de corrupción sin que los gobiernos hubieran hecho nada significativo para mejorar su eficiencia y modernizar a la empresa sin que ésta perdiera su carácter estatal. Pemex fue, desde la expropiación y nacionalización del petróleo por el gobierno de Lázaro Cárdenas, el botín añorado por capitalistas extranjeros y nativos. Todos los programas de apoyo de las instituciones financieras imperialistas deslizaban siempre el chantaje: adelgazamiento del Estado, reforma de la propiedad agraria, reforma laboral, privatización de las empresas públicas, principalmente del sector energético, como condición para realizar los “apoyos” de las instituciones financieras internacionales a la economía nacional. Los estrategas de la economía imperialista y nacional aseveraban que el país sería inundado por inversiones espectaculares del exterior y del interior si se hacían estas reformas y que esto daría un fuerte impulso a la economía mexicana. Pero hasta ahora los cálculos de esos estrategas han fallado y las expectativas gubernamentales y de los capitalistas particulares sobre el crecimiento económico se mantienen en los bajos niveles registrados durante todo el período de políticas neoliberales.
2. Situación social: desigualdad, desempleo y pobreza
Otra manifestación dramática de la crisis económica y del impacto de las políticas neoliberales es el aumento de la desigualdad social. Una ínfima minoría de capitalistas nativos y extranjeros asociados a las élites políticas han acumulado grandes riquezas a pesar del triste desempeño de la economía mexicana. El país tiene entre sus ciudadanos a algunos de los hombres más ricos del planeta, mientras millones de mexicanos viven en condiciones de miseria, percibiendo los salarios más bajos de los países que forman parte de la OCDE y de América Latina; en la región el salario mínimo de México se ubica en el lugar 17 de 19 países, por encima de Bolivia y Haití. Entre 26 países de la OCDE México ocupa el último lugar por el poder de compra del salario mínimo. Y ocupa el último lugar de 30 países por el poder de compra del salario medio, el cual alcanza los 19 dólares por hora en Estados Unidos, que ocupa el primer lugar, mientras en México es de 4.35 dólares por hora.
Cálculos conservadores ubican en el sector informal de la economía, donde las leyes de protección del trabajo se encuentran ausentes, a cinco o seis de cada 10 trabajadores. Datos del INEGI permiten estimar en niveles de 70 a 80% la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo en las décadas de aplicación de las estrategias neoliberales. Entre 1975 y 2014 los salarios contractuales han perdido el 50% de su valor real. Las ganancias del capital representan alrededor del 70% del Producto Interno Bruto, mientras que los salarios apenas alcanzan el 30%. Entre los países de América Latina México es el único país en el cual el salario mínimo está por debajo del umbral de la pobreza definido por la ONU (0.66 veces por debajo de dicho umbral). La desigualdad ha crecido considerablemente en las últimas décadas, a pesar de los discursos triunfalistas de los políticos burgueses.
Aunque la productividad del trabajo ha crecido en las últimas décadas, la condición social de los trabajadores, y aún de las clases medias, se ha deteriorado considerablemente. Un elevado porcentaje de la población sobrevive con dos salarios mínimos, cuyo poder adquisitivo registra pérdidas año tras año, desde la séptima década del siglo pasado. Y una proporción muy importante de mexicanos, sobre todo del campo, sobrevive con menos de un salario mínimo.
La clase trabajadora mexicana padece una inmensa debilidad orgánica. De una PEA de 54 millones, menos de la mitad tienen alguna clase de empleo “formal” y entre estos cada vez predomina más la inestabilidad, la flexibilidad, la subcontratación, la precariedad, lo que los coloca en una situación objetivamente muy difícil para organizarse y concentrarse simplemente en la sobrevivencia. De los trabajadores con empleo formal, casi el noventa por ciento no cuenta con organización sindical o están sometidos por el sindicalismo blanco o de protección; un siete por ciento (en donde se encuentran sus sectores estratégicos como los petroleros, los ferrocarrileros, los electricistas del SUTERM, magisterio y sindicatos industriales), está bajo el control del sindicalismo “charro” y menos del tres por ciento cuenta con sindicatos auténticos. Por si fuera poco, el sindicalismo democrático está disperso en diversas centrales y sindicatos independientes (Sindicato Minero, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Nueva Central de Trabajadores, entre las más importantes). Este patético panorama explica muy bien la razón por la cual no hay huelgas generales en nuestro país desde hace más de 75 años y del largo camino que aún debemos de recorrer para poder hacerlas posible.
En medio de este deterioro, la vida de las mujeres ha tendido a empeorar aún más que la de la población en general debido a su condición de género. El recorte de servicios públicos afecta a las mujeres doblemente: primero, son la mayoría de la fuerza laboral en este sector, y las más afectadas por el desempleo; y segundo, cuando desaparecen estos servicios, la única instancia que puede reemplazarlos en esta sociedad es la familia, donde ellas son las que llevan la mayor responsabilidad y carga de trabajo. Toda situación en la que se aumente la carga familiar lleva a mayores tensiones y tiende a incrementar la violencia intrafamiliar, generalmente ejercida en contra de mujeres y niños.
Los jóvenes, aun los que cuentan con estudios superiores, son los que más sufren las consecuencias del lento crecimiento económico, la desigualdad y el neoliberalismo. Entre este grupo se ubica el mayor porcentaje de desempleados o trabajadores en el sector informal. Muchos jóvenes no tienen más opción que incorporarse a la delincuencia.
3. El campo
El campo no es ajeno a la crisis económica del país. Sólo unos cuantos capitalistas mexicanos y del extranjero se han beneficiado de las reformas a la propiedad agraria y de la apertura comercial (TLCAN). Miles de campesinos han perdido sus tierras por despojo o compra-venta, y los que aún continúan produciendo lo hacen sometidos a los dictados e intereses de las grandes empresas transnacionales comercializadoras y agroindustriales. En el campo vive una gran proporción de la población más pobre del país. Los campesinos tienen que lidiar con los bajos precios de sus productos, los costos cada vez más altos de los insumos, los intermediarios y los agiotistas de las instituciones financieras. Para colmo de males, tienen que soportar el flagelo que representan los políticos corruptos y las bandas de narcotraficantes que han obligado a pueblos enteros a emigrar a otras zonas del país donde esperan encontrar mayor seguridad. Como resultado de las políticas de apertura comercial el país depende cada vez más de las importaciones de alimentos para mal abastecer a su población.
La introducción de transgénicos es otra amenaza que se cierne sobre la agricultura y los campesinos mexicanos. Los últimos gobiernos neoliberales han permitido que en algunas áreas se apliquen estas tecnologías sin haber hecho una evaluación seria sobre el impacto ambiental, social y económico asociado a ellas, respondiendo más bien a las presiones de las grandes empresas transnacionales y de empresarios mexicanos asociados a ellas, los cuales se beneficiarán a costa de poner en riesgo los recursos genéticos del país. La oposición a la introducción de transgénicos ha dado lugar a importantes manifestaciones de resistencia de grupos campesinos y de otros sectores sociales que los apoyan.
4. Los mega-proyectos: nueva forma de acumulación
En los últimos 15 años el capitalismo mundial ha iniciado un proceso de inversiones para la generación de energía y extracción de minerales, explotación de selvas y bosques ricos en biodiversidad la mayor parte de los cuales se ubican en los países dependientes, iniciando un proceso acelerado de acumulación por vía de la desposesión y el despojo. Ante la crisis mundial el capital busca recuperar la tasa de ganancia mediante la privatización de los ecosistemas y la conversión en mercancías de todo lo que hasta ahora han sido bienes naturales, que deberían ser de todos, como el agua, la tierra, el aire, los bosques, la biodiversidad, con el fin de apropiarse de los mismos, mercantilizar su posesión y, como mercancías, hacerlas susceptibles de ser compradas y vendidas.
La embestida del capital, encarnado en sus empresas trasnacionales, ha extendido su dominio, la mayor parte de las veces en países pobres y dependientes, emprendiendo proyectos hidroeléctricos, mineros, carreteros, parques eólicos. Estos en su mayor parte han sido impuestos por la fuerza, con la aprobación y el apoyo de los gobiernos subordinados y corruptos por vía de concesiones y componendas, siempre en perjuicio de los dueños de la tierra que casi en su totalidad son campesinos e indígenas. La imposición de mega-proyectos significa desplazamientos masivos, apropiación de tierras y territorios, rapiña y en muchos casos despojos ejecutados con el apoyo de las fuerzas armadas o la utilización de paramilitares llegando al asesinato o al encarcelamiento de quienes inician movimientos de resistencia.
La mal-llamada “economía verde” avala falsas soluciones al problema del calentamiento global sin atacar el fondo del mismo que debería ser la cancelación definitiva de las industrias que emiten gases contaminantes, CO2 o gas metano principalmente.
La “economía verde” es un mecanismo de inversión, “compra-venta de carbono”. Mediante este instrumento, que ya se ha convertido en otro medio de especulación, los gobiernos de países con selvas y bosques venden “bonos de carbono” a los países o empresas para que éstos continúen con sus prácticas contaminantes, a cambio de invertir en proyectos de protección de bosques que captan C02. Según ellos, esto compensa la emisión global de gases de efecto invernadero, entregando de hecho a las empresas emisoras un bono o sea, el permiso oficial para seguir contaminando.
En la situación actual del capitalismo mundial en que la economía real permanece estancada, el capital financiero está en busca de nuevos espacios de rentabilidad y concretamente en cuanto al cambio climático, antes que poner freno al crecimiento y a las emisiones contaminantes, producto del mismo, están proponiendo una falsa salida a través de lo que llaman desarrollo de nuevos “mercados verdes” con los que se pretende aumentar los mercados financieros incorporando a ellos a la Naturaleza, previa su conversión en mercancía.
El mercado de carbono es el comercio de derechos de emisión. Es algo así como ensuciar en un lugar del mundo y, supuestamente, absorber CO2 en otro. Funciona de la siguiente manera: Una autoridad central, la Unión Europea, EU, o una organización internacional, concretamente el Convenio de Cambio Climático, establece un límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos, generalmente por una empresa. Las empresas contaminantes que rebasan esos límites compran un determinado número de Bonos (también conocidos como certificados, derechos o créditos), que cubren la cantidad de sus emisiones que quedaron por encima del límite establecido. Con esto, el comprador comprueba que pagó una cantidad de dinero, no para dejar de contaminar, sino para seguir contaminando.
Quienes venden los bonos son las empresas que contaminan por debajo del límite que les fue fijado; esto marca el número de Bonos que les ha sido concedido para ponerlo a disposición del mercado. El vendedor se ve recompensado por haber logrado reducir sus emisiones. Esto se da de distintas maneras, por ejemplo porque instaló biodigestores; porque cambió de tecnología para producir energía; porque mejoraron procesos de reforestación, limpieza de ríos, lagos, o por captura de CO2 en países en vías de desarrollo. Esa captura la consideran como si se hubiera realizado en los países industrializados.
Los precios de los derechos de emisión se establecen en el mercado, no son fijos, por tanto se abre la puerta a la especulación. Un fondo de inversión puede interesarse en comprar los derechos de emisión en un momento en que los bonos sean baratos para venderlos en otro momento en que suban de precio.
Lo gobiernos autorizan los proyectos que les presentan las empresas. Para citar un ejemplo extremo: el gobierno Mexicano autorizó que le fueran otorgados Bonos a las granjas Carrol de puercos en Perote, Ver. (misma que provocó la epidemia DH N1) porque dijeron que habían colocado biodigestores y que estaban contaminando menos que antes de la epidemia.
La REDD+ (que es el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada) tiene como funciones formales mitigar el cambio climático, la conservación, el manejo sustentable del bosque y el incremento de los inventarios de carbono. Es uno de los instrumentos de la “economía verde” y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de Bonos por la captura de carbono. Pagan a los campesinos para cuidar el bosque, les impiden cortar árboles, tampoco pueden trabajar su tierra. Terminan éstos perdiendo totalmente el dominio sobre sus territorios.
Los problemas en el campo mexicano se agravarán en el momento que al país entren las trasnacionales a extraer gas o petróleo con el sistema del fracking, o generar electricidad o extraer petróleo por cualquier otro método, y aleguen que tienen un derecho prioritario al uso del territorio, respaldados por las reformas a la Constitución realizadas bajo los gobiernos neoliberales. Según la contrarreforma energética, los empresarios que opten por extraer hidrocarburos o generar electricidad en cualquier predio en toda la República, tienen el derecho a desplazar a los dueños originarios de la tierra con la modalidad legal de “servidumbre oficial”. La contrarreforma energética y las leyes secundarias definen las actividades de extracción de hidrocarburos y de generación de electricidad como prioritarias frente a toda otra actividad.
A estos mega-proyectos energéticos hay que agregar otros que han generado conflictos de gobierno y empresas con las poblaciones afectadas. Entre ellos hay que mencionar la construcción de conjuntos habitacionales o zonas turísticas que se apropian de territorios tradicionalmente usufructuados por comunidades rurales y generan problemas ambientales con la complacencia de las autoridades. El proyecto de nuevo aeropuerto para la ciudad de México, sobre tierras ejidales y sobre un ecosistema frágil para cuya restauración gobiernos anteriores realizaron importantes inversiones, ha dado lugar a una de las protestas campesinas más importantes del centro del país, la de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. El gobierno ha hecho caso omiso de la opinión de expertos ambientalistas sobre el impacto negativo que tendrá esta obra sobre el medio ambiente, cuyas consecuencias serán sufridas ante todo por los habitantes de los pueblos aledaños.
Los problemas y las resistencias que se generen por esta situación serán interminables, porque todos los campesinos del país serán vulnerables frente a esas situaciones; además se duplicarán los movimientos en contra de los mega-proyectos, y como muchos de nosotros hemos dicho: ni se acerquen porque no vamos a permitir el despojo ni les vamos a entregar nuestras tierras.
5. Crisis de seguridad: el narco, los militares y el estado mexicano
Aunado a los problemas económicos, la situación se agravó por la crisis sin precedente en el esquema, ya de por sí endeble, del sistema federal de seguridad debido al nivel de violencia presente en todo el país desde hace décadas y que se agudizó con la fracasada guerra calderonista contra el narcotráfico cuya continuidad enturbió la administración de Peña Nieto.
El Estado busca acallar la voz de los pueblos y reeditar lo que ha hecho por décadas: cubrir a los culpables de la violencia de Estado con una nube de impunidad. Eso sucedió con los más de 100 mil casos de ejecuciones extrajudiciales y 25 mil desaparecidos de los últimos seis años, y los miles de feminicidios que han aquejado el país claramente durante los últimos 20 años. De hecho, en general, el 97% de los delitos no son castigados en este país.
Con el pretexto del combate al narcotráfico, y en contubernio y en una relación de subordinados frente al poder militar de los Estados Unidos, escudando sus acciones en la Iniciativa Mérida que considera a México dentro de la esfera de seguridad de los Estados Unidos, policías y militares reprimen también a movimientos sociales. En esa dinámica el ejército y la marina controlan regiones completas del país. Además cumplen el papel de control de los espacios mafiosos. En estados como Michoacán atacan a ciertos grupos y cubren a otros según reciban órdenes de quienes ejercen el control. Algo similar ocurre en Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y otras zonas del país. De ninguna manera extirpan el tráfico de drogas, la extorsión a la población, la violación y la trata de mujeres perpetrado por las bandas de narcotráfico, sino que son sus cómplices y/o perpetradores ellos mismos de estos delitos. Es el caso de Ernestina Ascensio Rosario, mujer indígena de 71 años, que murió como resultado de su violación tumultuaria por tropas en Veracruz en 2007, de las 13 prostitutas violadas por soldados en Castaños, Coahuila en 2006, y de muchísimas mujeres más que no denuncian sus violaciones por temor.
Vecinos donde han tenido lugar confrontaciones entre policías y militares y cárteles del narcotráfico, han denunciado la participación de policías y militares de EUA en la guerra contra los cárteles y entre los cárteles.
De las actividades castrenses frecuentemente derivan grupos de paramilitares que van apareciendo en zonas específicas, incluyendo Ciudad Juárez, en donde se han involucrado en asesinatos y feminicidios desde hace varios años; ahí donde empresas nacionales y trasnacionales pretenden construir mega-proyectos de inversión; o en zonas con movimientos sociales fuertes que resultan incómodos al poder. En México deben ser detenidas las acciones castrenses que se mueven en una dinámica supra legal, con la impunidad que eso conlleva.
El plan emergente de EPN para enfrentar la problemática social en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas tiene todas las características de un plan de contra insurgencia, el cual combina modestas medidas sociales con la represión sistemática, general o selectiva de los movimientos populares. Así ha sucedido en Guerrero a donde, simultáneamente al anuncio del mencionado plan, comenzaron a llegar refuerzos del ejército y de la policía federal.
6. Crisis política. Pérdida de legitimidad del estado mexicano
Desde fines del siglo XX el sistema político mexicano liderado por el PRI se encuentra completamente desacreditado para el grueso de la población mexicana, incluso para algunos grupos empresariales. La llegada de los panistas a la presidencia en el año 2000 provocó que muchas personas (incluyendo a algunos intelectuales y políticos de la izquierda legal) abrigaran la esperanza de un cambio positivo en la vida política del país. Sin embargo, su victoria envalentonó a la derecha: ello se vio en la primera quincena de su gobierno cuando su odio de clase lo llevó a un ataque al presupuesto de la UNAM, para entonces considerada uno de las 100 mejores universidades del mundo. Siguió con sus intentos de quitar todo tipo de prestaciones a los trabajadores y campesinos y de imponer el derecho del veto en las constituciones de los estados de la república, limitando los derechos reproductivos de las mujeres en aquellos estados, en un intento de rodear al Distrito Federal donde el gobierno del PRD había establecido el acceso al aborto, aunque fuera limitado.
Por lo demás, los panistas resultaron un fiasco. Iguales de transas que los priistas, resultaron más torpes que éstos para encubrir sus triquiñuelas.
El sistema político mexicano se ha convertido en un organismo putrefacto que exuda corrupción por todos sus poros. Al margen de los escándalos protagonizados por funcionarios públicos y políticos de todos los partidos, desde el Presidente de la República hasta el más modesto funcionario municipal, la corrupción se ha convertido en un instrumento casi insustituible para la acumulación de riqueza por fuera de las leyes del mercado capitalista. Priistas, panistas, perredistas, verdes, etc., etc., han estado día tras día en el ojo del huracán por actos de corrupción. Nada más para mencionar algunos de estos casos, está el de la familia presidencial cuyo patrimonio ha crecido considerable e inexplicablemente. El escándalo de la “casa blanca” y de otras propiedades del presidente y de su esposa, y la casa de Malinalco del secretario Videgaray cimbró al gabinete entero. Tardíamente el presidente Peña ha montado una farsa nombrando a un personaje de muy dudosa reputación como secretario de la casi difunta Secretaría de la Función Pública, para que “investigue” el asunto que daña la imagen del patrón que lo designó y al que debe fidelidad.
Es cierto que la corrupción ha estado presente en todas las épocas y formaciones sociales, pero cuando se convierte en pieza fundamental de la vida política y económica de un país, termina siendo un pulpo cuyos tentáculos aprisionan a toda la sociedad. A tal grado ha corroído la corrupción a la sociedad que para muchos, principalmente jóvenes, los corruptos se convierten en héroes cuyas conductas son dignas de imitar. Parte de esta lacra se explica por la impunidad con que actúan los corruptos pero es también una forma casi normal de operar el capitalismo en ciertas etapas de su evolución.
En los últimos años se ha publicado un buen número de investigaciones sobre la forma en que el Estado ha sido cooptado, a través de las redes de corrupción, por bandas delincuenciales que incluyen a dirigentes de partidos políticos, funcionarios públicos, policías y militares y a negocios empresariales legalmente constituidos. Lo sucedido en Iguala en septiembre de 2014 es uno de los casos más dramáticos en que esta corrupción generalizada se ha traducido en una tragedia.
La corrupción ha sido un factor presente en otras tragedias como la de la guardería ABC de Sonora donde perecieron decenas de bebés, mientras algunos de los responsables se aprestan ahora a escalar un puesto público en las elecciones de 2015. Y también ha estado presente en la contaminación de ríos por la minera México en el mismo estado, en la tragedia de los mineros de pasta de Conchos y, posiblemente, en la explosión reciente del hospital materno infantil de Cuajimalpa, para mencionar sólo algunos casos.
7. Respuesta de los movimientos populares
En general, durante los últimos años, todos los movimientos populares han estado a la defensiva ante estas embestidas del estado. Las luchas han sido fundamentalmente sectoriales y regionales, aunque en algunos casos, de gran envergadura: este es el caso de Chiapas, con los Caracoles promovidos por el EZLN, estableciendo municipios autónomos involucrando la participación activa de miles y miles de indígenas. A pesar de que el sectarismo de su dirección política los ha mantenido aislados, no se puede subestimar el que, de hecho, hay un territorio relativamente autónomo en el país que el gobierno no ha podido doblegar en 20 años. En Michoacán, diversos sectores de la población y miembros de diferentes clases sociales se organizaron en comités de autodefensa cuando el gobierno no pudo protegerlos contra los narcos-paramitares. El hecho de que haya habido errores en su conducción no va en demérito de que fue un proceso importante de auto-organización ante el cual el gobierno tuvo que utilizar toda su astucia para reprimir, dividir, comprar, y amedrentar a sus miembros para volver a controlar al estado por lo menos momentáneamente. Guerrero y Oaxaca han sido dos estados “problema” para el gobierno central desde hace años. El movimiento de la APPO, el de las y los maestros y múltiples otros movimientos en ambos estados ya hacían difícil su dominio.
8. La clase trabajadora: luces en las sombras
Más de ochenta décadas de corporativismo y tres décadas de neoliberalismo han llevado al movimiento sindical al punto más bajo de su historia. El grueso de la clase trabajadora ha sido incapaz de evitar la caída de un 80 por ciento de su poder adquisitivo, la privatización de empresas públicas y el despido de cientos de miles de trabajadores, y de que conquistas obreras y civilizatorias (jornada de ocho horas, estabilidad laboral, jubilación, vacaciones, trabajo decente y a conformar sindicatos democráticos y autónomos), logradas después de casi cien años de dura lucha obrera, se fueran por el caño con la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
La estrecha mentalidad gremialista y la confianza en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en las “instituciones”, desarmaron a la clase trabajadora mexicana para enfrentar la brutal ofensiva neoliberal.
La digna lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por su sobrevivencia, la de los maestros de la CNTE en contra de la reforma educativa, la del Sindicato Minero en contra de la represión y por mejores condiciones de vida para sus agremiados y la de tantos otros gremios, que en fechas recientes se han lanzado a la lucha, nos revela que el sindicalismo mexicano está despertando de un largo sueño y empieza a ponerse de pie.
En este contexto es muy importante que desde dentro de los sectores más avanzados de la clase trabajadora, nos referimos al SME y al conjunto de organizaciones que están impulsando la Nueva Central de Trabajadores, se esté construyendo una perspectiva estratégica que apunta a articular una fuerza capaz de cambiar la correlación de fuerzas en favor de la clase trabajadora y de sus aliados.
El objetivo de unificar al sindicalismo democrático, de organizar a los no organizados, de recuperar a las organizaciones controladas por las mafias sindicales, dotarlo de una estructura sólida y de un programa anti-neoliberal, no será tarea fácil ni de corto plazo. Vencer las inercias gremialistas, recuperar la confianza de millones de trabajadores en la necesidad de auto-organizarse y convencerlos de luchar en contra del gobierno y los patrones, requiere de un intenso trabajo de organización al interior del movimiento sindical. El principal propósito de toda organización revolucionaria, es el de proveer los cuadros revolucionarios que hagan posible alcanzar estos objetivos. Ese es el propósito al que las organizaciones simpatizantes de la IV Internacional nos debemos comprometer.
9. La defensa del Territorio y la lucha contra los mega-proyectos
En el campo, a pesar de lo agresivo que ha sido el despojo, se han conformado grupos de resistencia y movimientos de los pueblos amenazados por el desplazamiento. En la mayor parte de los casos esos movimientos han iniciado de manera espontánea teniendo como base la unidad y la decisión de defender la tierra por parte de los afectados. Estos movimientos han ido tomando forma y han llegado a comprender que lo que defienden no son sólo las tierras, sino también el agua, el territorio, y sobre todo, han aprendido que lo que se defiende son sus derechos. En esta dinámica comenzaron a utilizar el derecho como un arma esencial para acompañar los procesos de lucha en el territorio sin perder de vista que la posesión del mismo es la base de la resistencia. Otro elemento emanado del aprendizaje en la lucha es que los mega-proyectos y las industrias que generan responden a los intereses del capital trasnacional y que los beneficios, en su mayor parte son propiedad y sirven a proyectos mayores de las trasnacionales. Como ejemplo, la construcción de presas hidroeléctricas en México y Centroamérica responde a un proyecto del imperialismo norteamericano de generar un gigantesco mercado de energía eléctrica integrado en el Sistema Mesoamericano de generación de la misma, con un único tendido eléctrico que abarca todos los países y que servirá para la minería, los puertos privatizados, las maquiladoras y otros proyectos de las trasnacionales.
En México, los movimientos de resistencia contra mega-proyectos se han integrado en redes, organizaciones, alianzas o movimientos más amplios de carácter sectorial, como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana contra la Minería, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y más organizaciones, algunas con pertenencia o relaciones con agrupaciones internacionales como la Red Latinoamericana de afectados por Represas, o el Movimiento Mesoamericano Contra la Minería. En estas redes destacan movimientos emblemáticos como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, el Frente en Defensa de la Tierra de Atenco, los grupos Yaquis y Huicholes en los estados del norte del país y muchos otros.
Las luchas de resistencia contra mega-proyectos han tomado en sus manos problemáticas como el cambio climático o la lucha contra la imposición de lo que los organismos financieros mundiales y los inversionistas llaman “proyectos verdes”. Estos son mecanismos que avalan falsas soluciones al problema del calentamiento global sin atacar el fondo del mismo que debería ser la cancelación definitiva de las industrias que emiten gases contaminantes, CO2 o gas metano principalmente.
La reciente iniciativa de la Tribu Yaqui de impulsar la “Caravana en Defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida”, es una excelente oportunidad para crear una articulación entre los movimientos campesinos, pueblos originarios, sindicatos, ambientalistas, derechos humanos, estudiantes y de otros sectores sociales. Esta iniciativa surgió como parte de la iniciativa gubernamental para construir el “Acueducto Independencia”, que ya está transportando agua del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo (a pesar de que hay resoluciones judiciales a favor de la tribu Yaqui), recurso que es parte de las concesiones que se hicieron a la tribu en los acuerdos de paz de 1937. Es fundamental que nuestra Coordinadora de Organizaciones Simpatizantes de la IV Internacional en México, se comprometa a fondo con esta iniciativa. Este es el mejor terreno para probar nuestra consistencia política y capacidad de convertirnos en referente revolucionario.
Recientemente las protestas de trabajadores agrícolas del Valle de San Quintin, Baja California pusieron en evidencia las condiciones de explotación y opresión que aún existen en amplios espacios del campo mexicano. Sus demandas obtuvieron inmediatamente la solidaridad de otros movimientos sociales y de fuerzas revolucionarias y democráticas organizadas. La respuesta del gobierno y de los grandes empresarios fue la de siempre: provocaciones, represión, difamación contra el movimiento de los trabajadores.
10. Las luchas de las mujeres
El movimiento feminista, fuertemente institucionalizado, ha vivido en medio de la contradicción general suscitada por el hecho de que, mientras la legislación que garantiza los derechos de mujeres ha avanzado muchísimo en los últimos años, las circunstancias de vida de las mujeres en general han empeorado con el deterioro de las condiciones económicas y la militarización.
Los intentos por hacer que el gobierno declare alertas de género en ocho estados de la república son precisamente ejemplo de la contradicción existente: desde 2005 existe una ley que supuestamente garantiza la vida libre de violencia tanto a nivel federal como en la mayoría de los estados. Sin embargo, ante la obvia inexistencia de este derecho en la realidad, el gobierno no implementa los mecanismos para que ello pueda hacerse realidad.
La mayoría de las actividades unitarias de las feministas se han centrado en la lucha contra la violencia feminicida, por defender a las mujeres encarceladas por abortar, y por la defensa del estado laico y el combate al supuesto “derecho del feto” violando el derecho de las mujeres vivas.
En muchos casos estas actividades van de la mano con los otros movimientos populares contra la militarización, la represión, y por los derechos humanos. En estos últimos movimientos, las mujeres se han destacado como luchadoras incansables, quizá abriendo una nueva posibilidad del surgimiento de un movimiento de mujeres más amplio que las filas feministas.
11. La lucha del movimiento LGBTI
El movimiento LGBTI ha arrancado importantes conquistas al Estado mexicano durante los últimos años como el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, Coahuila y Quintana Roo, las leyes a nivel constitucional que prohíben la discriminación por orientación sexual, el acceso igualitario a la adopción y el derecho a la reasignación y al cambio legal de género en el Distrito Federal.
La conquista de estos derechos aunque dentro del marco legal del capitalismo funciona como base para la auto-organización de la comunidad LGBTI desde la cual partir hacia la destrucción del patriarcado. Sin embargo, estos derechos tienen un carácter muy desigual dentro del ámbito nacional, focalizándose sólo en algunas entidades. En otras estados como Colima, Jalisco y Campeche, la clase gobernante, atada a sus prejuicios morales y presionada por las autoridades eclesiásticas, sólo ha concedido deformaciones de derechos civiles presentándolas como “leyes progresistas”. Al mismo tiempo, la derecha religiosa, intenta asestar nuevos golpes en contra de la comunidad LGBTI utilizando la defensa de la familia tradicional como el fundamento para sus ataques; por ejemplo, durante los dos sexenios panistas se intentó invisibilizar a la diversidad sexual y se recortó el presupuesto asignado a la lucha con el VIH-SIDA. Actualmente, el PAN junto con sectores del PRI ha creado en el Senado la “Comisión de la Familia y Desarrollo Humano” que pretende “legislar a favor de la vida y cerrar las puertas a las modas”, en alusión a la interrupción de embarazo y al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Y mientras parte importante del movimiento de la diversidad sexual es cooptado y neutralizado por el PRD y el PRI y el denominado “mercado rosa” ha encontrado la manera de obtener ganancias a través de la venta de productos para personas LGBTI, la homofobia sigue siendo un problema en la sociedad mexicana y los crímenes de odio están a la orden del día, convirtiendo a México en el segundo país con más asesinatos por homofobia y transfobia.
12. Ayotzinapa abre nueva coyuntura
La situación en el país se agravó por los altos niveles de violencia que generó la fracasada guerra contra el narcotráfico que inició Calderón y continuó sin cambios con Peña Nieto. Los dos sucesos de violencia extrema que hicieron estallar la crisis en el terreno de la seguridad fueron: las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el ejército mexicano contra 22 presuntos narcos en Tlatlaya, estado de México, y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, secuestrados por policías coludidos con los narcotraficantes al servicio del presidente municipal de la Cd. de Iguala entre la noche del día 26 y la madrugada del 27 de septiembre del pasado 2014, terrible acontecimiento en el que además fueron acribillados tres estudiantes, uno de ellos desollado y tres personas más, un adolescente entre ellos.
Este acontecimiento dejó al descubierto la colusión entre gobernantes, narcotraficantes, policías y fuerzas armadas, y detonó la crisis más grave de credibilidad en las instituciones lo que se agravó por la ineficiencia e indiferencia de las autoridades federales, concretamente la Procuraduría General de la República (PGR) que tardó más de 10 días en asumir su responsabilidad sobre el caso y, en todo momento, ha tratado de ocultar la verdad de los hechos, enturbiado la investigación y manipulado la información. Después de cuatro meses la PGR declaró que los estudiantes están muertos, que fueron entregados por los policías a los narcos y éstos los incineraron y echaron en bolsas a un río.
13. Declaración que nadie cree
Los estudiantes siguen sin aparecer. El delito que hay que perseguir es el de desaparición forzada, que no prescribe (además no ha querido ser tipificado por el gobierno mexicano). Los funcionarios, policías y sicarios, culpables de la desaparición, fueron acusados de secuestro y homicidio, delitos que sí prescriben. La PGR insiste en que están muertos porque de ese modo quedaría sin validez jurídica el delito de desaparición forzada. Los padres de los estudiantes desaparecidos confrontaron al gobierno mexicano frente al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) en Ginebra, Suiza, y acusaron a la Procuraduría General de la República de falsedad y de pretender cerrar el caso. El Comité consideró que las investigaciones sobre la desaparición no pueden considerarse cerradas hasta que se agoten todas las líneas de investigación; además obligó al estado mexicano a reconocer, tipificar e introducir en el marco jurídico una Ley General de Desaparición Forzada. En sus recomendaciones al Estado Mexicano el CED considera que el grave caso de los normalistas ilustra los serios problemas del fenómeno generalizado de la desaparición forzada en todo México, que ocurre en muchos casos con la participación de servidores públicos. Su recomendación al Estado Mexicano incluye la creación de una unidad especializada para investigar las desapariciones forzadas. Toca a las fuerzas democráticas asumir la exigencia de que sea reconocido por el Estado Mexicano el delito de desaparición forzada como delito de lesa humanidad y se agregue a la demanda de la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos.
14. El laberinto de la izquierda mexicana
Hagamos un repaso rápido de las principales fuerzas de la izquierda mexicana:
Del PRD no hay mucho que decir, pues su dirección central (los denominados “chuchos”), con la firma del “Pacto por México”, ha completado su giro derechista convirtiéndose en uno más de los partidos del sistema. No obstante el desprestigio de este partido, aún le queda una amplia base social a la cual es necesario dirigirse para que rompa con su dirección y ganarla hacia auténticas posiciones de izquierda.
El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es un partido pluriclasista, democrático-nacionalista, que apuesta por el cambio a través de la vía electoral y no de la movilización social. Durante el conflicto de Ayotzinapa fue evidente que antepone sus intereses electorales a los del movimiento social. López Obrador tardó más de cuarenta días en manifestar su apoyo a la lucha por la presentación de los desaparecidos y en desmarcarse del gobernador Ángel Aguirre Rivero y de Lázaro Mazón, su precandidato a la gubernatura del estado y protector del narco-edil de Iguala, José Luis Abarca. En el actual proceso de selección de candidatos a puestos de elección popular, ha sido escandalosa la manera en que impone a sus allegados, por encima de los procedimientos establecidos. No obstante sigue siendo, de lejos, la alternativa con mayor poder de convocatoria de la izquierda nacional. En el seno de MORENA lo mismo conviven amplios sectores de izquierda, incluso que se reivindican socialistas, que sectores empresariales enfrentados con la oligarquía, pasando por desertores oportunistas del perredismo.
La Organización Política del Pueblo y de los Trabajadores (OPT) es una organización política clasista y anticapitalista, con una amplia base social de trabajadores electricistas del SME, de tres organizaciones que nos reivindicamos del trotskismo (MUS, PRT y OST) y una del maoísmo (ONPP), pero que cuenta con el potencial de capitalizar futuras explosiones sociales. A pesar de haber fracasado en lograr el registro como partido político, la fuerza de esta organización no reside en el espacio electoral, sino en el terreno de la lucha social. La lucha del SME por recuperar su fuente de trabajo y sus cien años de combativa existencia, le dan la autoridad para encabezar la construcción de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), de los usuarios en contra de las altas tarifas de energía eléctrica, de la defensa del agua y de la conservación del medio ambiente, y es un referente de otros movimientos sociales como el Congreso Nacional Indígena o de Ayotzinapa.
El EZLN continua manteniendo una sólida base social en el estado de Chipas en donde ha profundizado su experiencia autogestiva, a pesar de que su sectarismo político le ha aislado de importantes fuerzas sociales y políticas de la izquierda nacional. Es pertinente valorar positivamente el reciente giro del EZLN sobre la participación electoral. De la abierta confrontación en el 2006 con Andrés Manuel López Obrador, ahora postulan que “Como zapatistas que somos no llamamos a no votar ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita.” Esperamos que este giro político anuncie una mayor apertura al debate y el trabajo conjunto con todas las fuerzas sociales y políticas que le somos afines. Especialmente apoyando a todos los movimientos en resistencia en contra del neoliberalismo (SME, Mineros, CNTE etc.) y de la “Caravana en Defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida”.
Existen muchas otras organizaciones que se reivindican de extrema izquierda (provenientes del extinto Partido Comunista, maoístas, trotskistas, etc.). Vale la pena distinguir, entre todas ellas, a los compañeros del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS) y del Partido Obrero Socialista (POS), con los cuales hemos coincidido en la construcción de la NCT y en el trabajo obrero.
¿Cuál debe ser entonces, desde nuestro punto de vista, la relación entre la OPT y MORENA? Independientemente de su diferente naturaleza y objetivos, entre la OPT y MORENA existen coincidencias inmediatas que posibilitan la unidad de acción en diversos frentes.
15. La cuestión electoral
El proceso de deslegitimación del aparato de Estado y su profundización debe ser el objetivo central de las organizaciones y movimientos sociales que consideramos necesario el cambio de sistema para sacar al país de la crisis que se profundiza día a día y que se ha venido expresando en las grandes movilizaciones de miles de manifestantes que exigen la remoción de Peña Nieto.
Esta situación tiene como base la consistencia y tenacidad de los padres de los desaparecidos y de los normalistas de Ayotzinapa que, en su exigencia por justicia, destaparon la cloaca del régimen que ha vivido de la corrupción y la impunidad. El proceso electoral de este 2015 buscará desviar la atención de la ciudadanía, acallar las voces que cuestionan al Estado y revertir el proceso de deslegitimación que se ha centrado en la figura del Presidente de la República. Las elecciones y todo lo que implican serán usadas como elemento legitimador del Estado represor que busca liberarse del juicio popular que le exige reconocer que las ejecuciones y la desaparición forzada de los 43 normalistas es un crimen de Estado y que éste tiene la responsabilidad de presentarlos con vida y entregarlos a sus padres.
El proceso electoral de este año se ha convertido en un elemento de confrontación. Los maestros, estudiantes, normalistas, movimientos sociales y organizaciones del estado de Guerrero decidieron boicotear el proceso y no permitir las elecciones en ese estado; cerraron el Instituto Electoral Estatal y las oficinas distritales en varios municipios, situación explosiva que recibió ya la amenaza del gobierno federal que declaró que nadie, por radical que sea, va a impedir que haya elecciones en Guerrero. La difícil situación de Michoacán y Oaxaca llevará a definiciones radicales en las próximas semanas. En fin, las elecciones de 2015 pueden polarizar a la población poniendo en entredicho el objetivo legitimador sobre todo si se lleva a cabo una confrontación con la participación de la policía o aún, del ejército, lo que podría generar un resultado contrario, o sea, que se profundice el repudio contra el Estado y sus instituciones.
El sistema de partidos y cada partido político en lo particular sufren un descrédito creciente que hizo crisis al inicio del nuevo gobierno, en 2012, por el cuestionamiento al resultado que dio por legal el proceso de investidura de Peña Nieto, y semanas después el proceso antidemocrático y reprobable en el que diputados y senadores aprobaron sin discusión alguna, las contrarreformas estructurales impuestas por el equipo presidencial, dando muestras del más bajo nivel de abyección y sumisión frente al poder del Presidente, arrastrando al Poder Legislativo a un estado de subordinación frente al Poder Ejecutivo. Esta situación de rechazo generalizado contra lo que signifique toda acción encaminada a recomponer la vida institucional desprestigiada en grado máximo y como consecuencia el rechazo al proceso electoral, se suma al repudio al Presidente y su deslegitimación. Siguiendo esta tónica, a aquellos que en estos momentos consideran válido participar en elecciones y emitir su voto, les decimos que están en su derecho, pero les decimos que es más importante que se acerquen a los procesos de lucha unitaria en torno al movimiento que en estos momentos cuestiona la legitimidad misma de quien está ejerciendo el poder.
16. La extensión del movimiento: de la euforia por las contrarreformas estructurales a la impugnación generalizada al gobierno de Peña Nieto
Rostros desencajados del Presidente, del Procurador, del Secretario de Hacienda y otros funcionarios (eufóricos hace dos años) son los que vemos en las esferas del poder golpeados por los reclamos de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Fuera Peña! ¡Fue el Estado! A estas voces de indignados se une la catástrofe financiera, el descomunal endeudamiento y la caída de los precios del petróleo. El reclamo en este momento tiene su eje vertebral en Ayotzinapa. La aparición con vida de los estudiantes debe seguir siendo la demanda primera. En el proceso de la lucha la dinámica impugnadora puede llegar a la exigencia de la derogación de las contrarreformas estructurales. Los maestros han retomado las movilizaciones contra la reforma educativa y el rechazo a su aplicación. La debacle de los salarios, el desempleo, los despidos masivos, la eliminación de las pensiones, la inseguridad en el empleo para los jóvenes que se inician en el terreno laboral, deberán llevar a la lucha en contra de la reforma laboral. La reforma energética tan impugnada en su momento deberá ocupar nuevamente un lugar relevante en el movimiento social, comenzando con los sectores de industria, los campesinos y los afectados por los mega-proyectos hidráulicos, eólicos y mineros a los que se agregarán aquellos sectores que comenzarán a ser desplazados por el fracking.
La situación descrita de crisis, corrupción, simulación jurídica, impunidad, autoritarismo y antidemocracia constituye la realidad en la que hemos vivido durante muchas décadas y se acumularon durante los 70 años de un PRI autoritario y corrupto, a los que se sumaron 12 años de corrupción e insolencias panistas y dos años del peñismo que se había propuesto como meta consolidar un régimen autoritario, a semejanza de lo más cuestionable del presidencialismo en su fase más antidemocrática y tomarlo como marco para prolongar el dominio del PRI. Esa situación en su más amplio espectro detonó con el crimen de lesa humanidad que ejecutaron en Ayotzinapa. Se externó entonces el hartazgo, largamente contenido, de la mayoría de la población y se generó una situación inédita desde que quedaron atrás los gobiernos militares post revolucionarios: Se generó una crisis de credibilidad en las instituciones del Estado comenzando con la impugnación al Presidente de la República frente a quien se han manifestado miles de mexicanos sobre todo jóvenes pidiendo su renuncia a la Presidencia, haciéndose patente una crisis de legitimidad que se vislumbró desde la impugnación a su investidura como presidente que se manifestó en la denuncia de los casos Monex y Soriana.
17. Por la organización de un Frente Único Nacional Anticapitalista
La situación por la que atraviesa la lucha de clases en el país se caracteriza por el ascenso, la extensión y radicalización de las movilizaciones. La debilidad de esta reactivación de los movimientos sociales en el país es su dispersión. Las demandas que plantean los diversos movimientos son suficientemente similares y compatibles entre sí para que sirvan como una plataforma de acuerdos y bases para la formulación de un programa común en contra de la explotación, la represión, el despojo, la discriminación, la exclusión, la corrupción y la violencia política contra la población ejercida por el Estado y las bandas delincuenciales. Para ello es necesario que las organizaciones políticas involucradas en estas movilizaciones se aparten, si las tienen, de las prácticas sectarias y consideren, como una condición para avanzar en las movilizaciones, la necesidad de coordinar y centralizar el movimiento sobre la base de un programa común que integre las demandas que se han estado enarbolando:
– En contra de la represión, por la presentación con vida de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, por una investigación seria del caso, que incluya al ejército y el castigo a los culpables.
– Aclaración de los crímenes políticos contra luchadores sociales y castigo a los responsables
– Libertad a todas(os) las/los presas/os políticas/os
– Libertad inmediata a las presas acusadas de abortar
– Declaración de alerta de género en todos los estados donde se haya solicitado e implementación de las correspondientes medidas preventivas
– Garantía plena de los derechos de la comunidad LGBTI
– Desmilitarización del país.
– Castigo a los responsables de las tragedias de la guardería ABC de Hermosillo Sonora, de la muerte de mineros en Pasta de Conchos, y la presentación con vida de las desaparecidas de Cd. Juárez.
– Por una investigación a fondo sobre todas las desapariciones y castigo de los culpables.
– Derogación de las llamadas “reformas estructurales”.
– Por el respeto de los derechos de pueblos y comunidades sobre sus recursos naturales.
– Vivienda y empleo dignos para todos.
– Educación pública, gratuita y laica en todos los niveles educativos.
– Destitución y castigo de funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción y represión.
– Por la auto organización de los pueblos.
– Por una nueva constituyente.
– Destitución de Peña Nieto y formación de un gobierno de los trabajadores.
Los simpatizantes de la IV Internacional debemos mantenernos atentos a las resoluciones de la Convención Nacional Popular de Ayotzinapa, del Encuentro Nacional de las Resistencias y de la Constituyente Ciudadana-Popular y buscar acuerdos programáticos con estos proyectos con el propósito de construir un gran Frente Único Nacional por la transformación del país a favor de la mayoría de la población mexicana.
El contexto internacional es favorable a un nuevo ascenso de la lucha de clases. El triunfo de Syriza en Grecia y la fuerza de Podemos en España, podrían abrir una nueva etapa de la lucha de clases que va a favorecer el desarrollo de movimientos revolucionarios en otras partes del mundo. Por ello los revolucionarios mexicanos debemos seguir de cerca estas experiencias y aprender las lecciones que se deriven de ellas, para aprovecharlas en la organización de las fuerzas que apuestan a un cambio radical, anticapitalista, de la sociedad.
Colectivo de la IV Internacional en el estado de Colima.
Militantes de la IV en la Ciudad de México.
Liga Socialista Revolucionaria
Movimiento de Unidad Socialista
Enlace Socialista
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