Andrés Ruiz, en La casa está tomada. Recogido de Centro de Medios Independientes de Guatemala. Foto: José Pablo Chumil
La imposición del Estado como arma en la guerra colonial.
La historia de nuestro territorio está marcada desde hace cinco siglos por ciclos de despojo a través del uso de la violencia. Sin negar la violencia previa a la invasión española, no reconocer la brutalidad de imposición colonial es pecar de algo más que amnesia colectiva o candidez. Según Severo Martínez Peláez, mecanismos como la reducción (obligar a los nativos a vivir en pueblos centralizados) y el repartimiento (trabajo forzado en las fincas de los terratenientes criollos) fueron empleados para el despojo de las tierras de nuestrxs abuelxs.
Luego de la caída del imperio español, la élite local se vio presionada por los mestizos enriquecidos que exigían acceso a la tierra. Esta lucha se expresó en la guerra entre liberales y conservadores que terminó arreglándose a expensas, una vez más, de los pueblos originarios. Las tierras colectivas que la reducción les había asignado para su supervivencia fueron expropiadas en favor de los liberales que pasaron a ser nuevos terratenientes exportadores de café. En Guatemala y Centroamérica ese conflicto devino en la separación de la Federación de Estados Centroamericanos y la victoria de las élites guatemaltecas lideradas por Rafael Estrada Cabrera. Conservando su condición de colonia frente a la potencia de turno, llevado a cuestas por el trabajo de los pueblos originarios y cimentado sobre un pacto inter elitario para su explotación surge el Estado de Guatemala.
Tras una breve primavera entre el 44 y el 54, inicia un nuevo periodo de despojo donde el ejército traiciona al proyecto nacional permitiendo el ingreso del ejército invasor que colocó a Castillo Armas como jefe de Estado y rompiendo así el orden constitucional. El Estado necesita justificarse para mantener su legitimidad y el comunismo como enemigo interno empezó a construirse desde principios de siglo para justificar la eliminación de contrincantes políticos. Jorge Ubico fusilaba a sus enemigos con esa excusa y las élites utilizaron este calificativo para justificar la represión de quienes se opusieran al estatus quo. Esto llevó a Guatemala a sufrir una de las guerras más sangrientas del continente.
Un grupo de oficiales del Ejército se rebelaron y a través del uso de la violencia organizada buscaban derribar al régimen imperante. El sistema socio-económico se tambaleó y el Estado se vio obligado a transformarse y crear cuerpos paralelos a su forma legal para sobrevivir y poder castigar a aquellos que lo habían desafiado. Para tal oficio, más que a un finquero se necesitaba a un capataz dispuesto a imponer los castigos que fueran necesarios para asegurar la productividad de la finca.
El Ejército asumió la tarea de estabilizar el país eliminando a los enemigos del régimen y tratando de asimilar la diversidad étnica del territorio. La brutalidad del castigo por exigir la apertura de espacios políticos, el respeto a la propiedad ancestral de la tierra y el cumplimiento de las garantías sociales lo que en estos años hemos visto juzgarse en el caso por genocidio y el caso Sepur Zarco el mes pasado. La desaparición forzada, la tortura, la esclavitud, la concentración obligada y la violencia sexual fueron tácticas empleadas para desgarrar el tejido social de las comunidades que, a pesar de no ser combatientes, fueron objetivo militar.
La continuación de la guerra por otros medios en La Puya.
A 19 años de la firma de los Acuerdo de Paz y con 30 años de la apertura a espacios políticos a personas ajenas al Ejército, las estructuras militares y terratenientes siguen siendo capaces de torcer a su antojo el orden constitucional a fuerza de el poder económico acumulado por el despojo a los pueblos originarios durante la guerra. En 2012 la CC retrotrajo el proceso de juicio por genocidio para anular la sentencia condenatoria contra Ríos Montt. En 2015, por segunda vez, las estructuras paralelas al estado fueron vinculadas a casos de defraudación aduanera. Y en 2016 regresa la retórica anticomunista para criminalizar a lxs defensorxs de derechos humanos y las protestas populares. En el último mes, el Ministro de Energía y Minas, Pelayo Castañón, rechaza acatar la orden de la CSJ y no detiene el trabajo del proyecto minero El Tambor ante el que las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo se resisten dia a dia desde hace ya 4 años.
El conflicto por este proyecto minero es un ejemplo claro de cómo el Estado guatemalteco y toda su institucionalidad invisibilizan a las comunidades y se inclinan ante el poder fáctico de una minoria social privilegiada por su actual forma. Al no reconocer las Consultas Comunitarias, el Estado de Guatemala ignora los derechos de los pueblos indígenas contenidos en el convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a reconocer las consultas de Buena fe realizadas por las comunidades indígenas.
El actual gobierno enarbola un discurso nacionalista para justificarse por no acatar los acuerdos internacionales, sin embargo el marco legal del país también es violentado al tampoco realizarse una consulta municipal. Aún negando la diversidad étnica en este territorio, el Estado a través del gobierno municipal debe realizar una consulta para la aprobación de este tipo de proyectos. Esta consulta parece imposible si tenemos en cuenta que el alcalde, Nito Palencia, es afín a la empresa minera y forma parte de la red de alcaldes que también integra Haroldo Medrano, quien está siendo procesado por un caso de corrupción y era parte del proyecto político del partido Líder junto con otros alcaldes como Edwin Escobar de Villanueva quien ha recibido fuertes críticas por su administración y ha reprimido manifestaciones por el aumento al precio del agua y, el también preso, Tono Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula y candidato a la alcaldía capitalina en 2015.
El municipio se dedica principalmente a la agricultura y el año pasado perdió una cosecha por el retraso de las lluvias afectando seriamente las condiciones de vida y la seguridad alimentaria de la población. Aún asi, el alcalde Nito Palencia construyó un parque acuático. Según la pagina de la Alcaldia, el parque tiene capacidad para albergar hasta 1000 personas diariamente y para 186 vehículos. Tiene un área de 5.6 manzanas de terreno, ubicadas en el centro del municipio de San José del Golfo.
El acceso a gobierno municipal como ruta a el rechazo legal del proyecto minero tampoco ha sido posible. En el evento electoral de 2015 en San José del Golfo, los vecinos del municipio se organizaron para evitar que “acarreados” (personas ajenas al municipio que se avecinan y votan en el municipio para favorecer a algún candidato) definieran la elección. Si bien esto se replicó en otros municipios, en San José del Golfo las fuerzas públicas fueron utilizadas para reprimir a los vecinos y se dieron dos capturas. En los datos que el TSE presentó Nito Palencia obtuvo la mayoría de votos y en segundo lugar quedó el Comité Cívico “Unidos Por El Cambio”, propuesta política en abierta oposición a la minera.
Foto de Resistencia pacìfica de La Puya
La amenaza de más violencia contra la construcción de la paz.
Las ganancias de la extracción de oro son millonarias para la empresa minera “Radius Gold”, pero también existen otros servicios que la empresa requiere y representan oportunidades de enriquecimiento. Las cantinas se han multiplicado en las comunidades y las empresas de seguridad privada también ampliado su presencia. En este caso la empresa “Escorpion”, vinculada con Otto Pérez Molina, sus subalternos militares y con el sector azucarero, es la que brinda ese servicio contra la mayor amenaza del proyecto minero, las comunidades.
Las fuerzas del estado también han sido y son utilizadas para este fin como se pudo ver en el violento desalojo de mayo de 2014 donde cientos de policías fueron llevados para liberar el acceso a la mina violentando a los hombres, mujeres y ninxs de la resistencia. Este fue el intento que tras dos años de Resistencia logró liberar el ingreso al proyecto. El secuestro de un miembro de la Resistencia el año pasado también fue ejecutado por elementos de la PNC que se encontraban bajo efectos del alcohol, afortunadamente los vecinos lo reconocieron y pudo ser rescatado. A pesar de la beligerancia de los representantes de la PNC, las comunidades han resistido cada enbate con cánticos, oraciones e intentos de diálogo frente a las bombas lacrimógenas, gas pimienta, piedras y bastones de la policía. Aún hoy, tras casi dos años de que el ingreso a la mina fue liberado, el estado sigue protegiendo a la mina con elementos de la PNC que día y noche hacen guardia para asegurar que el proyecto continúe trabajando a pesar de la resistencia.
El miércoles tres de marzo se cumplieron cuatro años de la resistencia pacífica de La Puya. La fuerza de un sistema económico mundial que convierte toda esta historia en tendencias en el precio de las acciones de los mercados bursátiles del mundo no ha podido romper la piedra que le hace tropezar: el amor de las familias y la unidad de vecinos. La decisión y fuerza de la resistencia viene del convencimiento de lo justo de su causa, de su fe en un Dios justo y de la responsabilidad con las generaciones más jóvenes de dejarles como herencia un ambiente sano y la dignidad de su lucha.
El poder formal, la institucionalidad del Estado, que debería mediar el conflicto ha sido cooptado para garantizar el enriquecimiento de sus administradores. Este conflicto se ha escapado de la institucionalidad del estado donde los beneficiaries del proyecto emplean su poder económico para mover a las fuerzas públicas suficientes para desalojar, al mismo tiempo que criminalizan a la resistencia con procesos penales infundados y acusándolos de estar en contra del desarrollo y el progreso de la nación. Por otro lado, las comunidades de La Puya construyen lazos comunitarios dia a dia en el campamento frente a la entrada de la mina, hacienda turnos, comiendo y hacienda guardia juntos y construyen redes de apoyo con la sociedad civil que se activen ante las emergencias. La Puya ha sido capaz de mantener su resistencia pacífica sin caer en las provocaciones cotidianas de mineros y policías. Sus cuatros años de Resistencia han visto la mayor crisis política de la llamada era democrática y ni las renuncias, ni las capturas, ni las eventuales reformas legislativas en discusión representan una solución para las comunidades. Así como La Puya, existen muchas otras resistencias similares de las que podemos contar 70 consultas comunitarias.
Las luchas más importantes en el interior del país que se oponen a la minería, hidroeléctricas y macrocultivos debido al costo ambiental que estas tienen, no ha encontrado la misma resonancia que la exigencia de renuncias y reformas legislativas sí recibieron en 2015. El comportamiento del Estado frente a La Puya puede dar luces del futuro de movimientos y organizaciones más jóvenes. Sin parecerse a una vanguardia política tradicional, La Puya es hoy un vínculo cercano para que los movimientos ciudadanos conozcan el sentido de otras luchas y que la unidad que vislumbramos en agosto del año pasado pueda ser la herramienta que nos falta para la transformación del Estado.
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