México vive una aterradora crisis de derechos humanos
La crisis de derechos humanos que vive México da miedo. Desgraciadamente esta afirmación no es ninguna exageración: basta escuchar algunos noticieros de radio y televisión, leer algún periódico, incluso los que son proclives a los gobiernos nacional y locales, para constatarlo.
Rosa Rojas, en su blog
En muchos países un gobernador como el de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya habría sido destituido por sus ataques a periodistas y su incapacidad, por decir lo menos, para enfrentar la inseguridad, los crímenes, desapariciones y violaciones que han venido sucediendo en esa entidad: los últimos reportados implican a policías municipales en la desaparición de tres jóvenes en Papantla, lo que lo llevó a decidir que en ese municipio opere el mando único encabezado por la policía estatal, implicada a su vez en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, que fueron asesinados e incinerados en el rancho El Limón. Están además las violaciones contra dos jovencitas, con videograbación de por medio que para colmo fue subida a internet, en las que la procuraduría de justicia de esa entidad ha sido tolerante hasta un grado que algunos califican de complicidad con los juniors perpetradores.
La Jornada informó el jueves 31 de marzo que en diferentes circunstancias, 16 estados han realizado la solicitud de alerta de violencia de género pero sólo se ha declarado en dos, el estado de México y Morelos. Al respecto, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, Alejandra Negrete, dijo que la violencia contra las mujeres en México no es ficción ni un asunto de entretenimiento; los feminicidios ocurren todo el tiempo en el país por lo que es urgente enviar un mensaje para que ello no se vea como normal.
El mismo día se informó que de 2012 a 2014 el número de niñas y adolescentes desaparecidas de entre 0 y 17 años aumentó 191 por ciento (%), al pasar de 404.179, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México.
En Morelos la Fiscalía General ordenó inhumar más de 150 cuerpos en fosas comunes en Tetelcingo. El hallazgo de fosas comunes es frecuente no sólo en esta entidad sino en Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, prácticamente en todo el país, algo que es aterrador. La Procuraduría General de la República admitió en Guerrero, en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, desde octubre de 2014 se han hallado 60 fosas comunes con los restos de al menos 129 personas en el sur de esa entidad. ¿Y las investigaciones? ¿las hay?.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron por otra parte que la masacre de Tlatlaya, Estado de México en la que militares ejecutaron 22 personas “se encamina a quedar impune” luego de que un juez militar absolvió del delito de “infracción a sus deberes militares” a soldados acusados de participar en dichas ejecuciones. Hay que recordar que en julio de 2015 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que en ese caso hubo una orden de operaciones para “abatir delincuentes en horas de la obscuridad”. La ong aseveró que la PGR no ha citado a ningún mando militar para aclarar si dicha orden es parte de los “deberes militares”.
Así podríamos continuar recogiendo cientos de notas de casos como los que a vuelo de pájaro hemos ido enumerando. Pero ya el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza calificó la situación con una acertada frase: México está entrando “en una regresión autoritaria”, dijo, al comentar el inicio de una investigación previa por una denuncia penal en su contra, luego de que la CIDH emitiera un comunicado en el que rechazó los ataques en contra del mexicano así como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por el caso Ayotzinapa.
El ex ombudsman de la Ciudad de México calificó como “inaudito” que se le investigue y que el gobierno de México participe en lo que llamó una campaña de desprestigio contra el GIEI después de haber solicitado la asistencia técnica de la CIDH y cuestionó: “si el gobierno mexicano ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país”.
Bueno, ya la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentó en un estudio que se está presentando al público en estos días, que al menos 49 % de las defensoras de Derechos Humanos han padecido violencia psicológica; violencia patrimonial el 8.1%; robo el 11.6%; violencia física el 7%; económica el 4.7%; sexual el 2.3% y otras formas de violencia el 4.7%.
Un 49% de defensoras de derechos humanos ha sufrido violencia sicológica; 26 fueron asesinadas de 2009 a 2012: CIDHMOR
Durante la presentación de la segunda parte del estudio sobre la violencia contra las defensoras en 21 estados del país, realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHMOR), Valdes precisó que esa responsabilidad estatal se debe a que no existen condiciones en México para defender los derechos humanos, tanto los propios como los de otras personas.
Rosa Rojas, en Desinformémonos
Cuando una defensora de derechos humanos (DDHH) sufre repercusiones negativas por su trabajo esto tiene un impacto entre la población porque genera miedo pero además obliga a la persona a defender su vida, lo que afecta su labor en defensa de los demás, apuntó, señalando que se requiere la participación de la sociedad organizada con las organizaciones defensoras de derechos humanos y las instituciones públicas para generar las medidas pertinentes para combatir esos ataques.
Juliana Quintanilla, coordinadora de la CIDHMOR apuntó que este es el momento de construir nuevos caminos para proteger a las DDHs y acompañarlas en situaciones de riesgo y violencia. Informó que en Morelos se ha constatado que el gobierno se limita dar acompañamiento policiaco por lo que muchas defensoras dicen que no denuncian la violencia que enfrentan porque quieren hacer su labor sin ser acosadas por su trabajo. Se requerirá entonces sumar solidaridades porque es la única forma de presionar al gobierno para que tome otras medidas, añadió.
Paloma Estrada, coordinadora del citado estudio, informó que además de fuentes documentales se realizó una encuesta a 86 defensoras en 20 estados del país. De las encuestadas el 49 por ciento (%) respondió que sí ha sufrido algún tipo de violencia psicológica; violencia patrimonial el 8.1%; robo el 11.6%; violencia física el 7%; económica el 4.7%; sexual el 2.3% y otras formas de violencia el 4.7%.
De acuerdo al estudio, “en marzo de 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México registró 109 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos durante 2012 y 26 asesinatos de defensoras en el periodo 2009–2012”, de los cuales en Guerrero hubo 8, Chihuahua 7 y el Distrito Federal 5. La investigación señala que los agresores son en su mayoría, agentes del Estado con 23.1%.
Las defensoras no han sido agredidas sólo por agentes del Estado sino también de los poderes económicos. Como se encontró en el estudio realizado en 2014, la principal forma de violencia es la sicológica que incluye amenazas, hostigamiento, acoso, difamación a través de la prensa o medios de comunicación alternativos vía internet.
Hay sobre todo un énfasis en la difamación y descrédito de las mujeres defensoras utilizando los medios de comunicación, que como recoge el testimonio de Andrea Medina en el estudio: “no hay nada en el movimiento ni socialmente, que permita apoyar para remontar esa difamación que se ha hecho, y que es algo que se vive con muchísima soledad” e impotencia.
Los principales temas que trabajan las defensoras agredidas son derechos de las mujeres y derechos sociales y económicos que tienen que ver con el derecho a la tierra y el territorio. De ahí que los ataques provengan también de personeros de las empresas a las que se les han entregado concesiones para la explotación de recursos naturales.
Mencionó Estrada que en Morelos desde junio 2012 hay un mecanismo de protección para defensores de DH y periodistas y cinco meses después empezó a funcionar el mecanismo de protección.
“Desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados el mecanismo y no eran sometidos a evaluación de riesgo; que las medidas que se debían asegurar a las DDHs y periodistas en riesgo no se hacían efectivas por falta de recursos y que los gobiernos locales no realizaban esfuerzos para protegerlos/las. Además persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional entre gobierno federal y los gobiernos estatales. Y no ha habido una adecuada capacitación y sensibilización de los funcionarios que operan el mecanismo”, detallo la CIDHMOR en un comunicado.
Estrada apuntó que el estudio hecho ahora incluye la propuesta de un protocolo para la operación del Mecanismo de Protección que podría ser uno de los ejes para la elaboración de las bases de uno nacional. Este incluye un análisis a partir del decreto de creación del Mecanismo en Morelos y tiene que ver con la recepción, seguimiento y finalización de los mecanismos de protección a DDHs y periodistas, incluyendo un análisis sicosocial de riesgo desde una perspectiva feminista.
Asimismo la tipificación del tipo de violencia que sufren las DDHs como la sexual; análisis de las necesidades de infraestructura y operativas porque actualmente no hay un sitio donde esté el mecanismo, no hay una línea telefónica para atención ni dónde se resguarden los expedientes.
Estrada señaló que del estudio de 2014 se derivaron algunas recomendaciones a las autoridades nacionales y estatales, ninguna de las cuales se cumplió; una de ellas es dar puntual seguimiento a los casos de feminicidio para que se haga justicia, porque ejemplificó, el caso del asesinato de la defensora Digna Ochoa sigue impune. En 2016 ya hay dos homicidios registrados, uno de una defensora y otro de una periodista; en Colima esta semana fue agredida Esperanza Zalazar Zenil, de Bios Iguana y ahora está siendo acosada; son las defensoras que se ubican en poblaciones apartadas las que tienen mayor vulnerabilidad, aseguró.
Manifestó que es necesario hacer presión para proteger a las defensoras mediante la denuncia y pidiendo el apoyo a organizaciones y personas y solidaridad a los medios de información.
Valdes por su parte denunció que aún con medidas precautorias sigue habiendo agresiones en la mayor parte de los casos de defensoras que han sido agredidas. Hay continuidad en el tiempo de las violaciones y agresiones, lo que mina el trabajo y en varios casos incluso lo abandonan.
Estrada mencionó que en el caso concreto de Morelos hay presión sobre las periodistas “para despedirlas a la hora de que hacen preguntas incómodas a los funcionarios. Tenemos varios despidos -violencia laboral- y las fichan por hacer esas preguntas. Afortunadamente también hay medios solidarios”, acotó.
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