Tribunal aplica fuerte condena a campesinos
El Tribunal de Sentencia condenó a Rubén Villalba y a Luis Olmedo Paredes a 30 años y 20 años de prisión, respectivamente, a pesar de no tener elementos contundentes por parte del Ministerio Público para vincularlos con la muerte de policías durante la matanza de Curuguaty. Mientras que los demás labriegos recibieron penas que van entre los 18 y 4 años de cárcel.
INFOS RELACIONADAS:
- Repercusión mundial por condenas en Caso Curuguaty
- Brutal condena en juicio viciado a campesinos paraguayos por la “Masacre de Curuguaty” de 2012
- Paraguay: Juicio por la masacre de Curuguaty, que dio lugar al golpe de Estado en 2012
- Libertad a los campesin@s acusad@s falsamente de la masacre de Curuguaty
- Paraguay: De víctimas a criminales en el caso Curuguaty
- Vibrante acto en Madrid de "Somos Observadores/as Internacionales de Curuguaty"
Última Hora
- Repercusión mundial por condenas en Caso Curuguaty
- Brutal condena en juicio viciado a campesinos paraguayos por la “Masacre de Curuguaty” de 2012
- Paraguay: Juicio por la masacre de Curuguaty, que dio lugar al golpe de Estado en 2012
- Libertad a los campesin@s acusad@s falsamente de la masacre de Curuguaty
- Paraguay: De víctimas a criminales en el caso Curuguaty
- Vibrante acto en Madrid de "Somos Observadores/as Internacionales de Curuguaty"
Los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero dieron este lunes la lectura de la sentencia del juicio oral y público que se llevó adelante por la matanza de Curuguaty, donde 11 campesinos y 6 policías perdieron la vida.
Antes de leer las condenas, Zelaya dijo que se llegó al veredicto respetando todos los principios establecidos en la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal.
“Decimos esto porque, como es de público conocimiento, en torno a este juicio se crearon diversas conjeturas, opiniones, valoraciones, suposiciones y tergiversaciones por diversos sectores de la sociedad", expresó.
El Tribunal de Sentencia condenó a Rubén Villalba y a Luis Olmedo Paredes por homicidio doloso agravado, tentado y consumado; invasión de inmueble y asociación criminal. El primero recibió una pena de 30 años de prisión, más 5 años de medidas de seguridad, y el segundo, 20 años de prisión.
Néstor Castro y Arnaldo Quintana recibieron penas de 18 años de prisión por la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso agravado, tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.
Mientras que Lucía Agüero, María Fani Olmedo y Dolores López Peralta recibieron penas de 6 años por los delitos de homicidio doloso agravado tentado, asociación criminal e invasión de inmueble en calidad de cómplice.
Por último, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro Benítez recibieron una condena de 4 años de cárcel.
Al momento de esgrimir los delitos por los cuales fueron condenados los labriegos se desató la indignación de los familiares y ciudadanos que estaban en el interior de sala."¡Injusticia, injusticia, injusticia!" y "¡Libertad a los presos por luchar!", fueron los gritos que retumbaban en la sede judicial.
Por esa situación se ordenó un receso y el presidente del Tribunal de Sentencia solicitó la expulsión de la sala de todos los presentes. Cascos azules ingresaron al recinto tratando de restablecer el orden.
Una fuerte presión ya se tenía desde hace varios días porque familiares, representantes de sectores sociales y de derechos humanos y ciudadanos autoconvocados realizaron una vigilia frente al Palacio de Justicia de Asunción. En la misma sala de la sede judicial se vivió un ambiente tenso.
También se realizó una marcha con una importante cantidad de personas desde la plaza Italia hasta la sede judicial, horas antes de la lectura de sentencia. Durante la movilización exigían la absolución de los once procesados. En todo momento cuestionaron la investigación fiscal y las irregularidades en el desarrollo de la causa.
ACUSACIÓN. Para la acusación de los campesinos, la Fiscalía presentó evidencias como 7 balas sin percutir, un cinturón negro calibre 12, 11 balas calibre 12, cédula de los Santos Agüero, G. 24.000, documentos varios y billetera negra, casco verde, dos semillas de coco, una botella de gaseosa Niko, una botella de 1/4 de Fortín, un cortauñas, una pinza, cinco monedas de G. 100, una caja de cigarrillos, entre otras cosas.
El juicio oral y público inició formalmente en noviembre del 2015 con las audiencias. El juzgamiento tuvo momentos cambiantes para las partes, desde la sustitución del principal fiscal del caso Jalil Rachid, que pasó a ser viceministro de Seguridad.
Durante sus alegatos, los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero solicitaron altas penas para los procesados. Incluso, cambiaron su acusación inicial de homicidio doloso tentado a consumado.
Es que, cuando se inició el juzgamiento, Rachid había señalado que no se podía determinar quién mató a quién, por lo que solo acusó por tentativa de homicidio. Sin embargo, en los alegatos finales, Rubén Villalba y Luis Olmedo fueron señalados como los que mataron al subcomisario Erven Lovera, quien encabezó el procedimiento policial aquel 15 de junio.
Con ello, para Villalba pidieron la máxima pena de 30 años de cárcel y 10 años de medidas de seguridad, mientras que para Olmedo requirieron 25 años de cárcel. Luego, solicitaron sanciones de entre 20 y 5 años de encierro para todos.
Según el Ministerio Público, se probó que los procesados invadieron las tierras de Campos Morombí y se prepararon para emboscar a los policías. Para hacerlos ganar su confianza, tuvieron a mujeres y niños, que luego se retiraron y así después emboscaron a los uniformados.
DEFENSA. Las defensas en todo momento coincidieron en que todo fue un montaje con un fin político, que fue por la destitución del entonces primer mandatario, Fernando Lugo, y que durante todo el proceso, a pesar de los 196 testigos, no se probó absolutamente nada.
Señalaron que las tierras de Marina Cué, en donde ocurrió el trágico suceso, son propiedad del Estado paraguayo, con lo que la denuncia inicial del abogado Víctor Peña Gamba, de Campos Morombí, era nula y no podía hacerse ningún operativo.
Además, señalan que las armas que tenían los campesinos en su mayoría eran obsoletas y no podían ser usadas para matar. Es más, refieren que los policías sí tenían armas con mayor poder de fuego, con las que mataron a los campesinos. Incluso, hablaron de ejecuciones.
“Decimos esto porque, como es de público conocimiento, en torno a este juicio se crearon diversas conjeturas, opiniones, valoraciones, suposiciones y tergiversaciones por diversos sectores de la sociedad", expresó.
El Tribunal de Sentencia condenó a Rubén Villalba y a Luis Olmedo Paredes por homicidio doloso agravado, tentado y consumado; invasión de inmueble y asociación criminal. El primero recibió una pena de 30 años de prisión, más 5 años de medidas de seguridad, y el segundo, 20 años de prisión.
Néstor Castro y Arnaldo Quintana recibieron penas de 18 años de prisión por la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso agravado, tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.
Mientras que Lucía Agüero, María Fani Olmedo y Dolores López Peralta recibieron penas de 6 años por los delitos de homicidio doloso agravado tentado, asociación criminal e invasión de inmueble en calidad de cómplice.
Por último, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro Benítez recibieron una condena de 4 años de cárcel.
Al momento de esgrimir los delitos por los cuales fueron condenados los labriegos se desató la indignación de los familiares y ciudadanos que estaban en el interior de sala."¡Injusticia, injusticia, injusticia!" y "¡Libertad a los presos por luchar!", fueron los gritos que retumbaban en la sede judicial.
Por esa situación se ordenó un receso y el presidente del Tribunal de Sentencia solicitó la expulsión de la sala de todos los presentes. Cascos azules ingresaron al recinto tratando de restablecer el orden.
Una fuerte presión ya se tenía desde hace varios días porque familiares, representantes de sectores sociales y de derechos humanos y ciudadanos autoconvocados realizaron una vigilia frente al Palacio de Justicia de Asunción. En la misma sala de la sede judicial se vivió un ambiente tenso.
También se realizó una marcha con una importante cantidad de personas desde la plaza Italia hasta la sede judicial, horas antes de la lectura de sentencia. Durante la movilización exigían la absolución de los once procesados. En todo momento cuestionaron la investigación fiscal y las irregularidades en el desarrollo de la causa.
ACUSACIÓN. Para la acusación de los campesinos, la Fiscalía presentó evidencias como 7 balas sin percutir, un cinturón negro calibre 12, 11 balas calibre 12, cédula de los Santos Agüero, G. 24.000, documentos varios y billetera negra, casco verde, dos semillas de coco, una botella de gaseosa Niko, una botella de 1/4 de Fortín, un cortauñas, una pinza, cinco monedas de G. 100, una caja de cigarrillos, entre otras cosas.
El juicio oral y público inició formalmente en noviembre del 2015 con las audiencias. El juzgamiento tuvo momentos cambiantes para las partes, desde la sustitución del principal fiscal del caso Jalil Rachid, que pasó a ser viceministro de Seguridad.
Durante sus alegatos, los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero solicitaron altas penas para los procesados. Incluso, cambiaron su acusación inicial de homicidio doloso tentado a consumado.
Es que, cuando se inició el juzgamiento, Rachid había señalado que no se podía determinar quién mató a quién, por lo que solo acusó por tentativa de homicidio. Sin embargo, en los alegatos finales, Rubén Villalba y Luis Olmedo fueron señalados como los que mataron al subcomisario Erven Lovera, quien encabezó el procedimiento policial aquel 15 de junio.
Con ello, para Villalba pidieron la máxima pena de 30 años de cárcel y 10 años de medidas de seguridad, mientras que para Olmedo requirieron 25 años de cárcel. Luego, solicitaron sanciones de entre 20 y 5 años de encierro para todos.
Según el Ministerio Público, se probó que los procesados invadieron las tierras de Campos Morombí y se prepararon para emboscar a los policías. Para hacerlos ganar su confianza, tuvieron a mujeres y niños, que luego se retiraron y así después emboscaron a los uniformados.
DEFENSA. Las defensas en todo momento coincidieron en que todo fue un montaje con un fin político, que fue por la destitución del entonces primer mandatario, Fernando Lugo, y que durante todo el proceso, a pesar de los 196 testigos, no se probó absolutamente nada.
Señalaron que las tierras de Marina Cué, en donde ocurrió el trágico suceso, son propiedad del Estado paraguayo, con lo que la denuncia inicial del abogado Víctor Peña Gamba, de Campos Morombí, era nula y no podía hacerse ningún operativo.
Además, señalan que las armas que tenían los campesinos en su mayoría eran obsoletas y no podían ser usadas para matar. Es más, refieren que los policías sí tenían armas con mayor poder de fuego, con las que mataron a los campesinos. Incluso, hablaron de ejecuciones.
El juicio de Curuguaty: Una infamia más en el infortunio de Paraguay
Una herida más se abrió en el pecho de este sufrido pueblo. Una estocada infame de la brutalidad sin límites, sin solución de continuidad, en la historia de un pueblo signado por el infortunio. Y cuando se habla de pueblo hay que referirse a esa gran mayoría postergada, abusada, hambreada, que es la mayoría de esta sociedad. Ella es principalmente el campesinado pobre que no tiene derecho a vivir, como consecuencia de una concentración obscena de la tierra (tierra en su mayor parte malhabida), en manos de una minúscula pero criminal minoría latifundista.
Carlos Verón de Astrada, en Ñanduti
Ese eslabón mayoritario y más débil, el que esforzadamente tratando de contrarrestar ese brutal muro que separa a los excluidos y olvidados de la minoría terrateniente, es el que debe recurrir desde su precariedad, a realizar ocupaciones para apuntar a constituir asentamientos en la mayor de las veces en tierras extensas –verdaderos territorios- ociosos.
En junio del año 2012, un grupo más de este sector social de excluidos, en el marco de los trámites para legalizar un asentamiento en un predio que pertenece al Estado paraguayo, constatado por ellos mismos desde la documentación obrante en el INDERT, órgano estatal que dice estar abocado al “desarrollo rural”, ocupó pacíficamente el lugar para avanzar en la instalación del asentamiento. De acuerdo a testimonios de ellos, la concreción del asentamiento no tardaría de lograrse.
En ese contexto, un contexto que es absolutamente natural en países de muy mala distribución de la tierra, de excesiva concentración como es rasgo común latinoamericano, en las primeras horas de una mañana de junio del 2012, la comunidad en proceso, es sorprendida por la irrupción abrupta de efectivos policiales fuertemente armados para iniciar lo que ellos llaman un “allanamiento” sin ningún sustento legal, alegando una ocupación irregular de la propiedad privada de Blas Riquelme, un tristemente célebre acolito del tirano Stroessner. Ante la legítima requisitoria de los campesinos de los documentos que avalen la legitimidad de esa supuesta propiedad privada, tuvieron como respuesta una macabra masacre dejando un tendal de muertos, en total 17 de los cuales 6 eran policías y el resto campesinos.
El caso sirvió para montar el vergonzoso llamado “juicio político” para destituir al Pte. Lugo, una semana después de la tragedia.
Lo que ocurre después es de público conocimiento. Lo grave de esta historia, es que los campesinos que sobrevivieron a esa desgracia de muerte y sangre, además de cargar como carne de cañón con el costo para el perverso montaje político que apuntó a quebrar la institucionalidad del Paraguay, fueron el día de ayer lunes 11 de julio, víctimas de una condena criminal de décadas de privación de libertad, después de un largo proceso que nunca pudo relevar prueba alguna que les vincule con delito alguno. Dicho en términos simples, las víctimas pasaron a ser victimarios. Nefasta ecuación de una administración de justicia, que no tuvo el menor cuidado, ni siquiera para pergeñar la impostura , expresada en una condena dictada por una triada de trogloditas que se presentaron como “tribunal de sentencia”.
Una herida más se abrió para este infausto pueblo . El múltiple crimen perpetrado por los poderes formales y fácticos que garantizan este sistema de despojo y hambre, e implementado por sus esbirros más miserables, como fiscales y jueces venales, marcó un capítulo que suma a la triste historia de esta tragicomedia que viene azotando a nuestro pueblo desde el final de la guerra grande. En la condena dictada ayer, que para algunos como Ruben Villalba se equivale prácticamente a una cadena perpetua, porque 35 años para un ser humano de 51 años que además de sobrevivir a la masacre de Curuguaty, soporto dos huelgas de hambre y padece de hipertensión, es condenarle a morir en prisión.
A nadie medianamente sensato le puede caber la menor duda de que el objetivo de esa nefasta triada de jueces, no es sino ocultar la verdad. Dejar impune a los verdaderos responsables morales y materiales de la masacre de Curuguaty, a través de un recurso recurrente en la justicia paraguaya como es, la expiación. Que el juicio a estos mártires campesinos, no es sino parte del plan de quienes por la vía del golpe institucional, usurparon la voluntad popular expresada en las urnas. De los poderes fácticos dominantes como son los dueños de las tierras y del agro-negocio que además de su voracidad insaciable que busca expandir sus tenencias, vio amenazada su dominación.
La infamia de ayer expresada en esa condena, es de esperar, sea el toque que promueva una reacción popular fuerte. Y si esa reacción fuerte tuviera que desembocar en un estallido social, pues que así sea, para salvar la integridad y la dignidad de nuestra patria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario