- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha multado hasta en 8 ocasiones a España por no investigar eficazmente las denuncias.
- Organizaciones de derechos humanos aseguran que España “incumple reiteradamente” sus compromisos internacionales en materia de prevención.
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Publicado por Enfoques.
“Entraron en su casa hacia las 2:00 de la madrugada, tiraron la puerta y entraron hasta la habitación. Ella en ese momento se encontraba durmiendo y al abrir los ojos ve a un montón de personas alrededor de ella apuntándole con metralletas”. Así comienza el relato de Sandra Barrenetxea sobre su detención. Lo hace en una entrevista con un psicólogo forense, que intenta determinar las secuelas de una actuación policial que ha terminado con cuatro guardias civiles en los juzgados, acusados de diversos delitos de torturas, agresión sexual y lesiones.
“Comienzan a gritar, amenazar, a pegarle en la cabeza con la mano abierta, que le intentaron bajar el pantalón, y que ella se resistía hasta que terminó rompiéndose, se lo arrancaron y le quitaron las bragas y el sujetador. Que empezaron a tocarle los pechos, la vagina”. Barrenetxea ha reconocido durante el juicio a tres de los cuatro acusados como autores de las agresiones que sufrió durante los días que permaneció incomunicada bajo la tutela de la Dirección General de la Guardia Civil.
Su caso no es una excepción. España ha frecuentado con asiduidad los bajos fondos del Estado. La actividad terrorista ha sido utilizada a menudo como excusa para ejercer la guerra sucia. Una especie de coartada moral donde el fin parece justificar los medios, por muy abominables que sean.
Pasó un par de semanas viajando por el País Vasco y Madrid, y aunque en su informe final concluía que los casos de torturas y malos tratos no eran sistemáticos, apostilló que “no se puede considerar una invención las denuncias de malos tratos realizadas por personas, en particular en el caso de que hayan sido detenidas en régimen de incomunicación por actividades terroristas”, como sucedió con Sandra Barrenetxea, ex dirigente de Ekin, un colectivo de la izquierda abertzale que la Audiencia Nacional situó en el entorno de ETA.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado a España hasta en 8 ocasiones.
En la misma línea se ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este organismo ha sancionado a España hasta en ocho ocasiones por no ahondar con eficacia en el goteo constante de denuncias.
La última condena es de hace apenas un año. En marzo de 2016, el Tribunal concluía por unanimidad que la denuncia por torturas realizada por Xabier Beortegui Martínez no había sido suficientemente investigada. Detenido por la Guardia Civil en enero de 2011, en el marco de una operación antiterrorista, Beortegui Martínez denunció haber sufrido golpes en cabeza, testículos y costillas. Durante el periodo de incomunicación en calabozos, siempre según su testimonio, fue asfixiado con el método conocido como “la bolsa”, además de ser amenazado con meterle electrodos y una porra por el ano. El 16 de mayo interpuso una denuncia que fue desestimada en primera instancia por el juzgado de guardia de Pamplona, más tarde por la Audiencia Provincial de Navarra y finalmente por el Tribunal Constitucional.
Las suspicacias con España han sido de tal calado que en 2013, Bélgica se negó a entregar a una supuesta etarra por temor a que fuera a ser torturada. Natividad Jáuregui, alias “la pepona”, está acusada por la justicia española de haber cometido seis asesinatos en 1981. Fue detenida el 8 de octubre de 2013 en Gante, por agentes de la Policía Judicial de Bélgica en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia español. A pesar de que sobre ella pesan dos órdenes europeas de detención, el Tribunal de Apelación de Gante decidió ponerla en libertad al considerar que de llevarse a cabo la extradición a España “los derechos de la sospechosa no estarían garantizados”.
Cifras.
Hace apenas unos meses, en junio de 2016, el prestigioso forense Francisco Etxeberria, al frente del Instituto Vasco de Criminología, presentó un estudio en el que cifraba en 4.009 el número de personas que habían sido víctimas de torturas en el País Vasco desde 1960 hasta 2013. El estudio, encargado por el Gobierno Vasco, cuenta con la homologación de la Comisión de Ética de la Universidad del País Vasco, que ha certificado 3.577 casos del total de los presentados. En palabras de Etxeberria, la cifra se encuentra por debajo de la dimensión real de la tortura debido a que muchos afectados no se atreven a hablar por “miedo a la victimización”. La utilización de la bolsa y la extenuación física, además de los gritos y amenazas, son los métodos de tortura más denunciados, que en un 5% de los casos han dejado secuelas psicológicas en los afectados.
Para el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña “el problema de la tortura en España se encuentra no en el hecho de que sean prácticas sistemáticas, sino en que el sistema acabe permitiendo que se den este tipo de situaciones”. En un informe publicado en 2013, el Instituto analiza las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que advierten a España sobre la vulneración de la prohibición de la tortura. Aunque tradicionalmente los casos de torturas han estado relacionados con la detención de presuntos terroristas, el Instituto advierte que la tendencia está cambiando. Es lo que califica como “criminalización de la disidencia”: episodios de malos tratos ocurridos durante manifestaciones, cuando la policía actúa sobre la muchedumbre, aprovechando el desconcierto y parapetados bajo la justificación de los incidentes previos.
CPDT recopiló 7.500 casos de tortura y la muerte de 883 personas mientras se encontraban bajo custodia policial.
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPDT), plataforma que aglutina a 41 organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos, recopiló entre los años 2004 a 2014, 7.500 casos de torturas, malos tratos o conducta denigrante ejecutados por funcionarios del Estado durante el desempeño de sus funciones, así como la muerte de 883 personas mientras se encontraban bajo custodia policial.
La postura institucional.
“Las reacciones de las autoridades suelen tener que ver con el argumento de negar la realidad debido a la escasez de sentencias de condena por delito de torturas”, explica Pablo Jiménez, miembro de la CPDT.
En 2003, José María Michavila, por entonces Ministro de Justicia durante la segunda etapa del aznarismo, aseguró que dar credibilidad a las denuncias sobre torturas es “hacerle el juego al manual de ETA”. El Ministro se refería a un documento interno incautado a la organización abertzale en 1998, en el que se califica como “un deber” para los militantes “denunciar las torturas” en una detención “por corta e insignificante que sea”.
Durante su etapa como Ministro del Interior, entre los años 2006 a 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo que enfrentarse en varias ocasiones a las críticas que señalaban al Gobierno del PSOE como encubridor final de las torturas.
En diciembre de 2009, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aseguró que el 40% de los migrantes detenidos en los Centros de Internamiento Temporal (CIE) habían sufrido un trato vejatorio.
El Ministro cargó contra la organización a la que acusó de “verter acusaciones falsas contra la policía”, instándoles a “presentar las pruebas” porque “cualquier persona con dos dedos de frente puede imaginarse que es falso”.
De especial trascendencia fue la resolución del Parlamento Vasco, que en mayo de 2008, aprobó una declaración oficial en la que acusaba al Gobierno central de “amparar” a los ocho guardias civiles acusados de torturar a los etarras Igor Portu y Martin Sarasola, tras su detención como autores del atentado de la Terminal 4 de Barajas.
Rubalcaba rescató el argumento del manual de ETA y recordó que “todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes de denunciar torturas inmediatamente después de ser detenidos”. Calificó las acusaciones del Parlamento vasco como “muy graves” y aseguró tajante que “el Gobierno no ampara nada, y mucho menos la tortura”.
En 2013, el senador de Amaiur, Iñaki Goioaga, instó a Mariano Rajoy a “empezar a reconocer la existencia de la tortura”. El presidente del Gobierno respondió que “España es un estado de derecho donde se analizan las denuncias por malos tratos con un ordenamiento jurídico que está inspirado en la dignidad de las personas”. Recalcó, además, que “la práctica de denunciar torturas es una consigna habitual de los etarras” y que “sólo desde la mala fe se puede dudar del correcto funcionamiento del estado de derecho”.
Existe un discurso oficial y salirse de los márgenes establecidos puede tener consecuencias.
Existe por tanto un discurso oficial y salirse de los márgenes establecidos puede tener consecuencias. Así le sucedió al juez José Ricardo Prada, magistrado de la Audiencia Nacional, que en abril de 2016 manifestó que en España “la tortura se ha producido de manera clara”. La reacción de Jorge Fernández Díaz, a la sazón titular de la cartera de Interior, fue calificar las declaraciones como “infames” e instó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tomar “algún tipo de medida”. Finalmente, las diligencias contra el magistrado fueron archivadas al considerar el CGPJ que sus declaraciones se produjeron en el marco de una reflexión personal.
La mala praxis de los indultos.
En verano de 2006, Lucian Paduraru, un ciudadano rumano que residía en Barcelona es arrestado en plena calle por los Mossos d’Esquadra, que le confundieron con un ladrón. Durante su estancia en la comisaría, cinco agentes le golpearon de forma reiterada e incluso le llegaron a introducir una pistola en la boca.
La Audiencia de Barcelona condenó por estos hechos a los policías, cuatros de ellos a penas de prisión. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia pero el Consejo de Ministros les concedió un indulto parcial que les eximía de entrar en la cárcel. El caso volvió a la Audiencia, que revocó la decisión del ejecutivo, y a pesar de que advirtió que un segundo indulto “supondría un fraude de ley y un abuso de derecho”, el gobierno del PP hizo oídos sordos y conmutó la pena de prisión por una multa de 7.100 euros para cada uno de los acusados, a pagar en una cómoda cuota de 10 euros diarios.
Según la Fundación Ciudadana Civio, desde 1998, los diferentes gobiernos han concedido un total de 47 indultos a funcionarios condenados por delitos relacionados con la tortura, los malos tratos o la violación de la integridad personal.
Soluciones.
A pesar de que en 1987, España ratificó el Convenio Europeo contra la Tortura y Penas o Tratos Inhumanos, las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos denuncian un “incumplimiento reiterado”.
Nuestro país sigue sin adaptar en su código penal la tipificación del delito de tortura al derecho internacional y además, las penas asociadas no se corresponden con la gravedad de los mismos.
Nuestro país sigue sin adaptar en su código penal la tipificación del delito de tortura al derecho internacional y además, las penas asociadas no se corresponden con la gravedad de los mismos.
España sigue sin adaptar en su código penal la tipificación del delito de tortura al derecho internacional.
Tanto Naciones Unidas como el Consejo de Europa han hecho una serie de recomendaciones con el objetivo de implementar los mecanismos de control que garantizan un buen trato a detenidos y prisioneros. Recomendaciones tales como la instalación de cámaras en las comisarías, la abolición o disminución del régimen de incomunicación -En España, un detenido puede pasar hasta 13 días sin recibir asistencia legal y la visita de un médico de su elección-, mayor capacitación de los funcionarios o visitas regulares de expertos independientes que constaten el estado de los lugares de detención.
A cargo de esta tarea están el Subcomité para la Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra, y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, institución dependiente del Defensor del Pueblo que, en palabras de Pablo Jiménez, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, suele tener en sus diagnósticos “un tono bastante condescendiente con las autoridades”. La Coordinadora, y otros organizaciones del ramo, se mostraron contrarias al tutelaje de la Defensoría del Pueblo “que no había destacado históricamente por su firmeza en la lucha contra la tortura”. El Gobierno desoyó las quejas y como consecuencia el organismo adolece del más común de los males entre las instituciones de su clase: la politización de los cargos de responsabilidad que excluyen a la sociedad civil y deja sin competencias a los miembros sin filiación política.
Testimonios.
En agosto de 2015, tras una pelea, J. fue detenido por dos agentes de la Policía Nacional: “Me tiraron al suelo y me dieron una patada en la cabeza, cuando ya tenía las esposas puestas”. Durante su traslado a comisaría, advirtió a los agentes que sufría problemas clínicos de depresión y ansiedad. Comenzaron a reírse de su aspecto: “Yo por aquellos años llevaba cresta”, recuerda. “Les pregunté por qué se reían de mí y les llamé perros bastardos. Su respuesta fue ponerse a aullar”.
Tras recibir tratamiento en un centro médico fue conducido a dependencias policiales, donde le obligaron a desnudarse “mientras se reían de mi físico”. Una vez en los calabozos le niegan ir al servicio y le advierten que si hace sus necesidades en la celda “te damos una paliza”, asegura en conversación con este medio.
Durante las 24 horas que pasó encerrado sólo recibió “dos zumos y una chocolatina”. Superado por sus problemas de ansiedad, se fracturó un nudillo tras golpear una de las paredes de la celda y a pesar de solicitar constantemente auxilio “tardaron entre dos y tres horas en llevarme al hospital”.
J. nunca denunció lo sucedido porque “jamás había estado en una situación similar, estaba prácticamente en estado de shock” y asegura que tras una situación que califica como “traumática” tuvo episodios de recaída en su depresión y problemas para conciliar el sueño.
M. es una reconocida profesional en el campo de la fotografía. En su época de estudiante solía acudir a las manifestaciones del movimiento okupa en Cataluña “cuando no estaba muy de moda que la prensa cubriera este tipo de cosas”. Solía ser la única persona con una cámara así que “cuando se armaba el pitote sólo yo tenía fotos”, recuerda.
Captó una instantánea en la que aparecían dos policías con las armas desenfundadas. Una imagen impactante que fue publicada en varios medios de Cataluña. A raíz de aquello, “comienzo a recibir presiones” por parte de los agentes que acudían a los desalojos de los edificios ocupados.
En noviembre de 1998, durante una manifestación en Sabadell, un grupo de agentes, tras reconocerla, la detiene sin motivo aparente. En comisaría, M. se niega a entregar la cámara y el carrete: “entonces entra el secreta que más me intimida y dijo: ‘sacadle la cámara como podáis'”. En ese instante un grupo de 8 antidisturbios comienza a apalear a una joven asustada que por aquél entonces apenas tenía 20 años y que además “yo no soy muy corpulenta”.
Según su relato, los agentes la tiran al suelo, la esposan y una vez que consiguen arrebatarle la cámara continúan golpeándola. “Uno me pisaba la cabeza, otro me daba patadas en la barriga y el resto se reían”. Al terminar la golpiza es trasladada a los calabozos donde pide de forma reiterada acudir a un hospital. En el clínico, uno de los agentes encargados del traslado le aconseja al médico: “Oye, no te mojes mucho”, recuerda M. “El médico me metió los calmantes en la boca y en un minuto no podía ni hablar”.
“Uno me pisaba la cabeza, otro me daba patadas en la barriga y el resto se reían”
Tras pasar la noche en los calabozos “completamente drogada” fue puesta en libertad. M. decidió presentar denuncia y dos años después el caso llegó hasta la Audiencia Nacional. Aquello provocó que el acoso policial que venía sufriendo se agravara exponencialmente: “Me seguían por la calle, me amenazaban, me llamaban por teléfono”. Finalmente la presión surtió efecto -“yo solo era una cría y estaba asustada”- y M. retiró la denuncia.
“Rompe a llorar”, escribe el psicólogo en su informe: “Estás ahí, atrapada, que no sabes ni dónde estás, rodeada de hombres que te están diciendo que te van a machacar”. Sandra Barrenetxea prosigue contando con detalle las humillaciones que padeció.
Tras horas de viaje por carretera con un antifaz que le cubría los ojos, el convoy llegó a las dependencias policiales de Madrid. Es una sala “le apoyaron encima de una mesa boca abajo, donde el culo y las piernas quedaban fuera de la mesa y en esa posición le bajaron el pantalón y las bragas. Le echaron agua por detrás y le decían que la iban a violar”. Sandra perdió la noción del tiempo, apenas comía y cuando exhausta cerraba los ojos, los guardias le arrojaban agua para despertarla.
En el calabazo, asegura, la tiran sobre una colchoneta, “la agarran entre un montón de Guardias Civiles, impidiéndole moverse y así le volvieron a poner la bolsa donde sintió una sensación de ahogo muy grande y mientras se encontraba en esta situación, una persona que se hacía llamar Garmendia le puso un objeto de forma cilíndrica en la mano, mientras le decía que la iban a llevar a un habitáculo que estaba allí mismo y que se lo iba a introducir por el ano”, reza en el informe.
La Audiencia de Bizkaia ha absuelto a los cuatro guardias civiles a los que Sandra Barrenetxea acusó de torturas. En la sentencia, los magistrados centran sus pesquisas en desmontar el relato de la denunciante y aunque reconocen que “no tenemos prueba indiciaria de que la denuncia sea falsa”, los agentes, que en todo momento proclamaron su inocencia, han quedado en libertad exonerados de todos los cargos.
Pero, ¿cuántos casos de torturas se producen oficialmente en España? Para encontrar una respuesta institucional hay que remontarse primero al año 2009, cuando el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas solicitó un informe al Ministerio del Interior. En el mismo, el Gobierno reconocía que entre los años 2009 y 2012 se iniciaron procedimientos penales contra 4.200 funcionarios de los cuales sólo 29 acabaron condenados. En 2015, el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy elevó la cifra hasta los 129.
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