Escoltados por policías, decenas de manifestantes marchaban de forma pacífica hacia un parque del centro de la ciudad, donde pretenden instalar un cabildo abierto contra el gobierno de Rafael Correa.
"Marchamos en rechazo a las políticas que emite el gobierno en contra del pueblo ecuatoriano, los campesinos, como es la aprobación de ley de aguas", dijo Vicenta Minda, una indígena de la nacionalidad saraguro, que acompaña la marcha que partió desde la provincia de Zamora Chinchipe (sur) el 21 de junio.
Los indígenas, que portaban una bandera azul gigante en la que se leía "somos agua", se movilizaron en rechazo a una norma que regula el uso del recurso y que fue aprobada la semana pasada por el Congreso de mayoría oficialista.
La nueva legislación le concede al Estado el manejo exclusivo de los recursos hídricos y elimina las juntas indígenas que administraban el agua en los territorios ancestrales.
Las organizaciones nativas, que por décadas administraron la distribución del agua en sus zonas aduciendo la ausencia estatal, sostienen que la norma busca favorecer a las grandes empresas mineras y debilitar la resistencia indígena contra esa actividad.
"Nosotros construimos los sistemas comunitarios de agua y por eso tenemos la posibilidad de decidir las tarifas, los derechos (…). Ahora tendremos que ser controlados por el Estado. Frente a eso hemos dicho: 'desobediencia civil'", declaró Carlos Pérez, presidente de Ecuarunari, una organización que aglomera a los pueblos autóctonos de la sierra.
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