Un documento del TISA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios) revela que la UE, EE UU y otros países negocian confidencialmente para impulsar el transvase de la financiación sanitaria estatal a empresas médicas de otro país
Propone que los "consumidores" (pacientes) puedan acudir a centros privados de otros países con el derecho a pedir que les reembolsen, al menos, parte de los tratamientos
"Este sector ha jugado un papel muy menor en el comercio internacional de servicios", dice el memorando que le atribuye un "enorme potencial por desarrollar"
DOCUMENTO | Documento de propuestas del TISA sobre Sanidad
Raúl Rejón, en ElDiario.es
El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que negocian secretamente la Unión Europea, EE UU y otros países como Australia, Nueva Zelanda, Japón, México o Pakistán ya tiene sobre la mesa algunas concreciones sobre cómo potenciar una visión comercial de los servicios sanitarios. Un gran mercado de millones de personas que puede alimentar a las corporaciones sanitarias.
Un documento de propuestas –sin firmar– al que ha tenido acceso eldiario.es en el buzón de filtraciones Filtra.la (compartido con los medios Diagonal, La Marea y Mongolia) dibuja un escenario en el que los pacientes-clientes viajan para ser tratados a otros países con, al menos, parte de los gastos sufragados por los sistemas nacionales de salud o las aseguradoras de origen.
La idea es que los pacientes, "los consumidores", como los describe este memorando, se muevan de un país a otro y se lleven consigo una parte de la financiación del sistema sanitario (público o privado). Así, este comercio sanitario internacional, transvasaría la financiación de un país a las empresas médicas de otro.
El operativo, a grandes rasgos, implicaría en primer lugar una autorización previa por parte de los sanitarios del país de origen. Para obtener esa luz verde podría alegarse como razón "una larga espera o la falta de capacidad para una patología específica". Pero también bastaría con una simple "preferencia personal del paciente", apunta el escrito.
El enfermo recibiría el tratamiento en el extranjero y luego tendría el derecho a pedir el "reembolso de los gastos hasta el coste del tratamiento en el país de origen". Los países de acogida deberían "hacerse responsables de cualquier cuidado necesario después del tratamiento".
Es decir, lo que se propone es que haya facilidad para que un paciente se marche a otro país a buscar médico. Las grandes empresas de sanidad privada podrán competir para captar estas personas, ya que los gastos de tratarlos en el extranjero los abonará el país de origen. Así, un conglomerado como el que el año pasado se formó en España con la fusión de IDCSalud y el Grupo Quirón podría extender su mercado exponencialmente. Con sus 40 hospitales, 24.000 empleados y casi 5.000 camas es el tercer grupo más grande de Europa.
Los redactores de la propuesta admiten que el mayor reto será "minimizar los efectos negativos y maximizar los positivos de comerciar con servicios sanitarios". Eso sí, sin entrar en detalles ni en uno ni en otro sentido.
El servicio de portavoces de la Comisión Europea afirma que "la propuesta de Turquía no es un texto de negociación, ni el objetivo que pretende alcanzar ni ninguna de las medidas que propone han recogido el apoyo de las partes en la negociación sobre un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios". Y luego añaden: "La UE nunca ha negociado sobre servicios públicos en el ámbito sanitario, ni sobre la portabilidad de los seguros médicos en cualquiera de sus acuerdos de libre comercio, y no tiene intención de cambiar esto en el futuro".
Las empresas toman posiciones
En España, desde hace meses, las empresas del sector están tomando posiciones. Esta dinámica está dando como resultado una concentración de corporaciones de sanidad privada al tiempo que fondos internacionales de inversión controlan estas empresas.IDCSalud no solo se hizo con el 61% de Quirón (se barajó la cifra de 1.500 millones de euros), sino que también adquirió a finales de 2014 el grupo de sanidad de lujo Ruber por unos 240. IDCSalud está regida por el fondo CVC.
También el año pasado, el Grupo Vithas (que pertenece al 80% al fondo Goodgrower y al 20% a La Caixa) adquirió los hospitales Xanit Health por unos 70 millones. Xanit pertenecía a la sociedad de capital riesgo Dinamia y al fondo N+1 Equity Fund II. Vithas estaba ya extendido por Madrid, Alicante, Almería, Granada, Vigo, Vitoria y las Islas Canarias. Xanit se desenvuelve en la Costa del Sol: Málaga, Fuengirola, Benalmádena y Marbella.
Otra fusión de 2014 fue la de Hospitales Madrid con el grupo gallego Modelo en una operación de expansión de unos 50 millones de euros. En julio de ese año, la norteamericana Centene compró la mitad de Ribera Salud a Bankia por 60 millones de euros.
Los recortes, oportunidad de negocio
El texto presentado para obtener respuestas en la ronda de negociaciones del TISA el próximo septiembre asegura que la sanidad es un sector en el que la "ventaja comparativa" entre países puede observarse claramente. "Estudios comparativos muestran que hay enormes diferencias entre Estados", analiza la propuesta.En su reflexión expone que, a pesar de estas diferencias, "este sector ha jugado un papel muy menor en el comercio internacional de servicios", así que existe un "enorme potencial por desarrollar en los servicios de salud". Y sentencia: "El comercio puede crear oportunidades no solo para la parte del negocio, sino también para la población que sufre recortes", aliviando, por ejemplo, las listas de espera.
La profesora de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) Jane Kelsey, una analista crítica con el TTIP (Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones) y el TISA, explica que el concepto desarrollado en el documento está basado en dos ideas: los Estados afrontan "recortes de presupuesto y personal en sanidad", lo que se traduce en "listas de espera que pueden acortarse enviando pacientes al extranjero", y algunos países "ofrecen ventajas por sus precios y menores barreras regulatorias [legales]."
Según su visión, esta propuesta "saca dinero del sistema nacional de salud, cuyo bajo nivel de inversión es citado como uno de los argumentos para el tratamiento en el extranjero, y perpetúa este problema". También, dice, da "una justificación para rebajar la inversión en sanidad al tiempo que los impuestos que se destinarían al sistema sanitario son transferidos al sistema privado de otro Estado".
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