Un destacado académico y militar estadounidense se pronunció recientemente a favor de un “Plan Colombia” en Centroamérica. Su propuesta, poco convincente y basada en analogías excesivamente simplificadas, da cuenta de una discutible manera de comprender las condiciones actuales de la región.
En un artículo para la revista Foreign Policy, James Stavridis, alto almirante retirado de la marina de Estados Unidos y actual decano de la Escuela de Derecho y Leyes Fletcher en Tufts University, sostiene que Estados Unidos debería implementar un “Plan Centroamérica”, basado en las lecciones dejadas por el “Plan Colombia”.
Refiriéndose a las crecientes tasas de violencia y narcotráfico en Guatemala, Honduras y El Salvador, región conocida como el Triángulo Norte, Stavridis dice que Estados Unidos debe trabajar con estas naciones para aplicar “algunas de las muchas y valiosas lecciones aprendidas en Colombia”. Esto incluye “una combinación de factores como ayuda externa, determinación local y diversas herramientas claves” para enfrentar los problemas del Triángulo Norte.
La primera consiste en “crear fundamentos de seguridad básicos con la ayuda de formadores y asesores”. El autor señala que esta estrategia sería similar a la que se implementó en Colombia y consistiría en disponer de “personal militar especializado y bien entrenado” en lugar de realizar grandes despliegues de tropas.
Agrega que Estados Unidos debe enviar más expertos en leyes a estos países para ayudar a implementar los mecanismos legales para enfrentar el crimen transnacional (como la extradición a Estados Unidos).
En segundo lugar, la ayuda estadounidense debe ser “de carácter interinstitucional y combinar defensa, diplomacia y desarrollo”. Sin embargo, aunque Stavridis aplaude la asignación de 1,1 mil millones US$ como parte de la reciente Estrategia de Acompañamiento de Estados a Centroamérica, considera que se necesitan más recursos —unos 2 mil millones US$ anualmente—.
La tercera recomendación de Stavridis consiste en financiar permanentemente las operaciones de interceptación marítima. Después de citar fuentes según las cuales la guardia costera logra incautar poco menos del 20 por ciento (%) de todo el flujo de drogas, Stavridis sostiene: “Si seguimos reduciendo los guardacostas y la marina [de Estados Unidos], les estaremos facilitando enormes ganancias a los narcotraficantes, lo cual aumenta el dinero del que disponen para desestabilizar la región”.
En general, Stavridis dice que no está a favor de una nueva “guerra contra las drogas” —a la que denomina como una misión fallida—, sino más bien una estrategia de “poder inteligente”: una combinación entre diplomacia, seguridad económica y financiera, y ayuda al desarrollo. Dice que se trata de algo que Estados Unidos hizo de manera efectiva en Colombia y puede hacer ahora en Centroamérica.
Análisis de InSight Crime
Como parte de su carrera, el almirante Stavridis se desempeñó entre 2006 y 2009 como director del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM por sus iniciales en inglés), el comando estadounidense a cargo de Centro y Suramérica. Por ese motivo tiene conocimientos sobre Latinoamérica. No obstante, eso mismo hace que sus recomendaciones simplistas y subdesarrolladas para la política de Estados Unidos en Centroamérica sean todavía más inquietantes.
Aún más, Stavridis olvida mencionar varias diferencias claves entre la situación de Colombia a finales de los años 90 y los países del Triángulo Norte de Centroamérica en la actualidad —diferencias que dejan serias dudas sobre la conveniencia de utilizar el Plan Colombia como modelo para la región—.
En Colombia, la campaña de contrainsurgencia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se prestaba para una concentración militar masiva, apoyada por Estados Unidos bajo el Plan Colombia. El gasto en materia de defensa en Colombia se triplicó de 4 a 12 mil millones US$, y entre 2000 y 2008 las fuerzas armadas pasaron de 145.000 a 236.000 miembros.
Dado que las FARC y el ELN operaban sobre todo en la periferia rural del país, donde hay poca población, se facilitó la tarea de distinguir entre combatientes y no combatientes, lo que permitió identificar un enemigo relativamente distinguible, de modo que pudiera ser atacado por las fuerzas militares.
Las fuentes y la naturaleza territorial de la violencia y la inseguridad en el Triángulo Norte son diferentes a las colombianas. La diferencia más obvia es la ausencia de una insurgencia activa y de una red de grupos paramilitares. Y a diferencia de Colombia, las estructuras narcotraficantes de Centroamérica son sobretodo transportadoras, en tanto la región se utiliza principalmente para el tránsito de drogas y el lavado de dinero.
La principal amenaza de seguridad en el Triángulo Norte es el crimen a nivel urbano (como el secuestro, la extorsión o los asaltos) propiciado por pandillas como la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Por eso no es claro cuál sería la función exacta de un “personal militar bien capacitado y especializado”, que Stavridis recomienda como parte de un “Plan Centroamérica” (una recomendación en la que Stavridis también parece contradecirse, dado que sugiere que debe evitarse la militarización de las fuerzas policiales). Sin duda, mientras que ciertas capacidades militares (como el acopio de inteligencia) son necesarias para desmantelar las organizaciones narcotraficantes transnacionales que operan en la región, los asesores militares pueden hacer poco para hacer frente a los grupos criminales locales —los principales generadores de inseguridad ciudadana y de violencia en la región—.
Por el contrario, el reto que plantean las pandillas locales en Centroamérica requiere realizar un trabajo policial más fuerte y reforzar la capacidad de la policía para investigar el crimen; así mismo, necesita un sistema penal y judicial que funcione. En cuanto al último punto, aunque la recomendación de Stavridis de enviar más jurisconsultos puede permitir el acopio de conocimientos, esto solo no servirá para recomponer los sistemas judiciales corruptos en el que se desempeñan los abogados.
Tampoco está claro de qué manera los refuerzos de interceptación marítima en el Caribe se traducirán en beneficios de seguridad tangibles para las personas del común en Centroamérica. Una de las razones principales por las que el tránsito de drogas comenzó a darse a través de Centroamérica fue porque las rutas de contrabando del Caribe hacia el sur de Florida resultaron gravemente afectadas por el trabajo de interceptación de Estados Unidos en los años 80 y 90, por lo que las rutas de drogas se trasladaron hacia otros lugares, a manera del “efecto globo”. De hecho, no hay ninguna razón para pensar que un aumento en el patrullaje naval reduciría los incentivos (léase las enormes ganancias) para traficar drogas. Paradójicamente, ello sólo sirve para motivar a los traficantes a transportar drogas por vía terrestre, lo cual aumenta la inseguridad y desestabiliza aún más a las comunidades ubicadas a lo largo de las rutas de drogas.
Otra de las condiciones que permitieron la efectividad del Plan Colombia fue la capacidad del gobierno colombiano de financiar el creciente gasto militar y administrar grandes cantidades de ayuda estadounidense. Dada la necesidad de tomar medidas drásticas para hacer frente a las amenazas de seguridad, Colombia se comprometió sin reservas con el Plan Colombia, invirtiendo finalmente casi ocho veces más que Estados Unidos. La economía de Colombia y su PIB, relativamente fuertes, no sólo le permitieron al país triplicar su presupuesto de defensa, sino también absorber la ayuda y el entrenamiento ofrecidos por Estados Unidos, manteniendo y financiando programas de manera independiente una vez se redujo la ayuda del país del norte. Para el éxito del Plan Colombia también fue crucial la voluntad de la élite adinerada del país de pagar un impuesto adicional para ayudar a financiar ciertos programas.
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Invocar el lenguaje y los imaginarios del Plan Colombia cuando se habla de ayuda para los demás países latinoamericanos es una peligrosa simplificación de las complejidades de toda la región.
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Invocar el lenguaje y los imaginarios del Plan Colombia cuando se habla de ayuda para los demás países latinoamericanos es una peligrosa simplificación de las complejidades de toda la región.
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Los presidentes de los países del Triángulo Norte han demostrado cierto grado de voluntad política y “determinación local” que permitiría implementar una versión centroamericana del Plan Colombia. Sin embargo, el hecho es que estos países tienen instituciones muy débiles, por lo que es bastante dudoso que puedan administrar los 2 mil millones US$ en ayuda anual de Estados Unidos que Stavridis recomienda. Lo más probable es que esta cantidad de dinero saturaría a las entidades locales, que carecen de la capacidad para manejar y administrar grandes fondos, y crearía grandes oportunidades para el engaño y la corrupción. Además, teniendo en cuenta las bajas tasas de recaudo de impuestos, para los países del Triángulo Norte resultaría difícil mantener y sostener los programas (por no hablar de una inversión inicial como la que Estados Unidos aportó en Colombia) una vez Estados Unidos reduzca sus fondos (por ejemplo, Guatemala tiene una tasa de carga tributaria estimada en 10,9 % del PIB, una de las más bajas en Latinoamérica).
A pesar del singular conjunto de condiciones en Colombia, las autoridades de Estados Unidos y Latinoamérica han utilizado constantemente el Plan Colombia como un modelo exitoso en la región. Sin embargo, el uso de dicho plan como una analogía suele basarse en semejanzas superficiales.
En efecto, invocar el lenguaje y los imaginarios del Plan Colombia cuando se habla de ayuda para los demás países latinoamericanos es una peligrosa simplificación de las complejidades de toda la región. Proponer un “Plan Centroamérica” para los países del Triángulo Norte puede en realidad no hacerle ningún favor a dichos países, al establecer falsas expectativas y hacer hincapié en resultados y métodos inadecuados.
En definitiva, aunque está bien apelar a una mayor atención de Estados Unidos en una región plagada de violencia y crimen, Centroamérica no es Colombia. Por tanto, quienes diseñan políticas deben ser cautelosos al utilizar el Plan Colombia como una hoja de ruta para adelantar acciones en la región y deben evitar tomar indiscriminadamente sus lecciones como palabra divina. (Tomado del portal de análisis de delincuencia y criminalidad organizada In Sightcrime).
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