Cuatrocientas personas perdieron la vida ante las costas italianas en un naufragio ocurrido el domingo 12 de abril de 2015. Un drama que supera el de octubre de 2013 en el que 366 emigrantes se habían ahogado cerca de Lampedusa. [En la noche del sábado al domingo del 17 de abril, otras 700 personas encontraron la muerte; un “barco de pesca” que transportaba a los emigrantes se hundió ante las costas libias, a alrededor de 129 millas al sur de la isla de Lampedusa].
¿Cómo explicar que un año y medio después de la tragedia de 2013, que había suscitado la indignación de la Unión Europea (UE), de los jefes de estado y de gobierno, tales dramas se reproduzcan? ¿Cómo explicar que el año 2014 haya sido el más mortífero para los emigrantes en el Mediterráneo, con más de 3500 muertos y desaparecidos, cinco veces más que en 2013?
El número de personas que intentan atravesar el Mediterráneo ha aumentado considerablemente. Eran más de 200 000 en 2014 según el HCR [High Commissioner for Refugees o Alta Comisaría para los Refugiados. NdE], es decir tres veces más que en 2011. Huyen de países como Eritrea, Siria, Libia o Palestina; zonas de conflicto o países en los que los derechos humanos son pisoteados. En este contexto, es indecente que los estados europeos continúen fijándose como objetivo principal impedir a las personas el acceso a su territorio antes que el de su salvamento y protección. Es inconcebible que los muertos y desaparecidos a las puertas de Europa se banalicen, como si se tratara de una fatalidad.
Pretendiendo actuar para reducir los naufragios y salvar vidas, la UE y sus estados miembros no han hecho más que cerrar, con la política de visados, la ayuda de la agencia Frontex y del sistema de vigilancia Eurosur, el acceso a su territorio, en particular por vía marítima, incluso a quienes tienen necesidad de una protección y piden asilo.
Así, con todo conocimiento de causa, al final de la operación italiana Mare Nostrum de salvamento en el mar a finales de 2013, la UE y sus Estados miembros, entre ellos Italia, han puesto en pie la operación de vigilancia de las fronteras Tritón, coordinada por Frontex, cuya misión principal es controlar los “flujos” y no salvar vidas. Con la operación Mare Nostrum, Italia parecía haber emprendido un planteamiento diferente, respetando sus obligaciones internacionales en términos de salvamento en el mar. Este planteamiento habría podido ser desplegado por el conjunto de los Estados miembros, y miles de muertes habrían así sido evitadas.
Los jefes de Estado y las instancias europeas no pueden, designando a las “mafias” como el origen de los naufragios que se producen en el Mediterráneo, librarse así de su responsabilidad; pues los y las emigrantes no recurrirían a los servicios de esas “mafias” si pudieran viajar de forma regular. Las personas que se suben a bordo de frágiles embarcaciones para atravesar el mar son aquellas a las que se les niegan los visados y el derecho a circular libremente.
Es urgente cambiar radicalmente la orientación de las políticas de asilo y de inmigración de la UE, fijando como objetivos prioritarios el respeto de los derechos de los y las emigrantes, la obligación del socorro en la mar y el acceso de las personas necesitadas de protección al territorio europeo. El derecho a la libertad de circulación es una reivindicación que plantean quienes atraviesan y continuarán atravesando el Mediterráneo; es preciso que la Unión Europea acabe por oírles.
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