- ‘Caza de brujas’ en Turquía con decenas de profesores detenidos en la Universidad.
- Crece la censura en Turquía: piden cadena perpetua para dos periodistas.
‘Caza de brujas’ en Turquía con decenas de profesores detenidos en la Universidad
No se sabe el número exacto de profesores universitarios detenidos en Turquía por pedir el cese de las masacres contra la población kurda, pero se puede hablar de decenas, mientras que cientos estarían siendo investigados por la Policía tras las indicaciones del presidente Tayip Erdogán para que sobre ellos caiga el peso de la ley por ‘traición’ al Estado.
Hace dos semanas, medio millar de profesores universitarios salieron al paso de la brutal campaña militar en el Kurdistán turco, denunciando ante la opinión pública internacional lo que consideran una “masacre planificada” y exigiendo al Gobierno que vuelva a la mesa de negociaciones con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla que lleva más de tres décadas luchando por un sistema de autogobierno.
El impresionante apoyo electoral a las candidaturas kurdas en las elecciones de junio del pasado año –cerca del 13 % de todo el electorado− llevó a Tayip Erdogán a reavivar una guerra que en estos momentos ha tomado el cariz de verdadera limpieza étnica. Ciudades enteras, grandes centros urbanos, cascos antiguos de gran valor histórico como el de Diyarbakir, cientos de miles de personas están siendo asediadas sin poder recibir los suministros más básicos, creando un escenario de destrucción muy semejante al de las ciudades de Siria e Irak.
Los civiles muertos por francotiradores, por las fuerzas especiales o por disparos realizados de forma indiscriminada desde carros blindados o morteros de grueso calibre se acercan ya a los 200, teniéndose el convencimiento de que las fuerzas turcas, representantes de un Gobierno actualmente en negociaciones con la Unión Europea, están realizando ejecuciones sumarias.
Esta flagrante violación de los derechos humanos e incluso de la propia legislación turca, como han advertido varias organizaciones humanitarias, ha llevado a los firmantes del manifiesto ‘No queremos formar parte de este crimen’ a denunciar esta situación ante la opinión pública internacional. Al principio eran 500, en una semana firmaban 1.500 y actualmente son más de 2.000, teniendo también el apoyo de otro medio millar de firmas procedentes de universidades extranjeras.
Sin embargo, para el presidente Erdogán, su primer ministro, Ahmet Davutoglu, y el ministro de Asuntos Exteriores, Mevlut Vavusoglu, tales reivindicaciones son sinónimo de “traición” y de “colaboración con el terrorismo”. Según ha declarado el propio Erdogán, que el año 2012 impulsó un diálogo directo con el PKK, estos 2.000 profesores son “la quinta columna” del terrorismo; en definitiva, un grupo de “pseudointelecutales ignorantes” que representan el más puro “colonialismo” por pedir que acuda a Turquía una comisión internacional para comprobar lo que está ocurriendo en ciudades como Diyarbakir, Cizre, Silopi, Sirnak, Silvan, Nusaybin, Lice o Yuksekova.
Fue el propio Erdogán quien pidió el inicio de las actuaciones legales contra los profesores y quien se dirigió al Consejo de Enseñanza Superior (YOK), entidad encargada de coordinar el sistema universitario, para que comenzara la ‘caza de brujas’. A prácticamente todos los perseguidos se les aplica el artículo 301 del Código Penal, es decir: atentar contra la turquicidad del Estado, contra la República, el Parlamento y las instituciones judiciales, además de propaganda terrorista e incitación al odio.
En las de Gazi, Kirikkale y Selçuk grupos ultranacionalista turcos han marcado con una ‘X’ roja las puertas de los despachos o departamentos donde hay profesores firmantes del manifiesto. Esta marca se suele asociar con una amenaza directa de muerte, por lo que algunos profesores han dejado de ir a sus despachos. En otras han colocado, junto al nombre del profesor, consignas del tipo “no queremos a este profesor pro-PKK en nuestra universidad”. Así le ha ocurrido a Betul Yarar, en la Facultad de Comunicación de Gazi, o a Yucel Demirer, en la de Kocaeli.Las primeras detenciones ocurrieron el viernes en la Universidad de Kocaeli -solo aquí una veintena-; después siguieron las de Bolu, Uludag (Bursa) y Abant Izzet. También se han producido decenas de destituciones, como las 9 de la Universidad de Arel (Istanbul). Hulya Dogan, por ejemplo, ha sido expeditivamente defenestrada, por este motivo, de la jefatura del Departamento de Antropología en la Universidad de Bartin.
La gravedad de la situación ha provocado, como destaca la versión digital del periódico Zaman, la intervención de la Unión Europea y de EEUU que, hasta ahora, han guardado silencio ante una brutal ofensiva militar comenzada el pasado mes de julio. Maja Kocijancic, portavoz de la Comisión Europea, ha advertido a Ankara que siguen de cerca los acontecimientos y que, en nombre de la Unión Europea, piden al Gobierno turco que vuelva a la senda de la negociación. Aún más dura ha sido la reacción del embajador de EEUU en Ankara, Jon Bass, quien ha declarado que en una democracia se debe respetar la libertad de expresión, aunque no se esté de acuerdo con lo que se dice y, sobre todo, que “criticar al Gobierno no es un acto de traición”.
Crece la censura: piden cadena perpetua para dos periodistas
Agencias. 27.01.2016
El director del diario Cumhuriyet, Can Dundar, y el responsable de su oficina en Ankara, Erdem Gl, son acusados por la publicación de una información el 29 de mayo de 2015 sobre la entrega de armas a milicias sirias que luchan contra el presidente de Siria, Bashar al Assad.Enesa información, acompañada de imágenes, se indicaba que los servicios secretos turcos, conocidos como MIT, habían trasladado armamento a Siria simulando que se trataba de ayuda humanitaria.
Los camiones en los que se interceptó el supuesto armamento en enero de 2014 fueron registrados por efectivos de la Gendarmería turca, aunque el gobierno siempre negó que esos vehículos transportaran otra cosa que no fuera ayuda humanitaria.
Ambos periodistas se encuentran en detención preventiva desde fines de noviembre. En junio de 2015, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presentó una denuncia contra Dundar y el diario Cumhuriyet y afirmó que revelar esa información era un acto de “traición” y su responsable iba a pagar “un precio muy alto”.
Según el escrito de la Fiscalía, citado por la agencia de noticias turca Dogan, se los acusa de “reunir documentos secretos del Estado con el propósito de espionaje político y militar”, “tratar de derrocar al gobierno”, y “apoyar a una organización terrorista”, sin mencionar cuál.
Desde que el islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP) recuperase la mayoría absoluta en las elecciones del pasado noviembre las autoridades han intensificado las acciones contra medios críticos y voces disidentes.
Human Rights Watch (HRW) criticó hoy en su informe anual la represión de activistas y medios de comunicación críticos con la labor del gobierno. “Todavía no está claro de qué se les acusa a Dundar y Gl Lo que sí está claro es que al publicar esta noticia (sobre el transporte de armas) simplemente hacían su trabajo como periodistas”, dijo hoy en rueda de prensa Emma Sinclair-Webb, investigadora de HRW en Turquía. “Cualquier periodista habría publicado esta historia, y el público tiene derecho a saberla”, agregó.
El director del diario Cumhuriyet, Can Dundar, y el responsable de su oficina en Ankara, Erdem Gl, son acusados por la publicación de una información el 29 de mayo de 2015 sobre la entrega de armas a milicias sirias que luchan contra el presidente de Siria, Bashar al Assad.Enesa información, acompañada de imágenes, se indicaba que los servicios secretos turcos, conocidos como MIT, habían trasladado armamento a Siria simulando que se trataba de ayuda humanitaria.
Los camiones en los que se interceptó el supuesto armamento en enero de 2014 fueron registrados por efectivos de la Gendarmería turca, aunque el gobierno siempre negó que esos vehículos transportaran otra cosa que no fuera ayuda humanitaria.
Ambos periodistas se encuentran en detención preventiva desde fines de noviembre. En junio de 2015, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presentó una denuncia contra Dundar y el diario Cumhuriyet y afirmó que revelar esa información era un acto de “traición” y su responsable iba a pagar “un precio muy alto”.
Según el escrito de la Fiscalía, citado por la agencia de noticias turca Dogan, se los acusa de “reunir documentos secretos del Estado con el propósito de espionaje político y militar”, “tratar de derrocar al gobierno”, y “apoyar a una organización terrorista”, sin mencionar cuál.
Desde que el islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP) recuperase la mayoría absoluta en las elecciones del pasado noviembre las autoridades han intensificado las acciones contra medios críticos y voces disidentes.
Human Rights Watch (HRW) criticó hoy en su informe anual la represión de activistas y medios de comunicación críticos con la labor del gobierno. “Todavía no está claro de qué se les acusa a Dundar y Gl Lo que sí está claro es que al publicar esta noticia (sobre el transporte de armas) simplemente hacían su trabajo como periodistas”, dijo hoy en rueda de prensa Emma Sinclair-Webb, investigadora de HRW en Turquía. “Cualquier periodista habría publicado esta historia, y el público tiene derecho a saberla”, agregó.
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