Gobiernos progresistas en América Latina, notas sobre el fin de un ciclo

América Latina está viviendo un cambio de ciclo. En los últimos años, los gobiernos progresistas —que no son un bloque homogéneo: la relación de fuerzas y el grado en el que se han producido cambios sociales, políticos y culturales han sido muy distintos en Brasil y Argentina, por un lado, y en Venezuela, Bolivia y Ecuador, por otro— se han enfrentado a toda una serie de dificultades que finalmente han puesto en entredicho su hegemonía en la región.

Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

Veamos algunos de los elementos clave de lo que ya podemos caracterizar como el fin de un ciclo.

Desgaste político. Los casos de corrupción que han salpicado a parte de estos gobiernos y el hecho de “transformar sin subvertir a fondo un escenario social, político y económico dado”, como decía la activista ecuatoriana Magdalena León, han sido claves tras un periodo de más de una década de gobiernos progresistas. En lo referido al marco económico, desde el inicio de sus mandatos estos no han visto posible ni conveniente dirigirse hacia modelos post-extractivistas ni tratar de cambiar su posición en la economía mundial. Precisamente, el hecho de mantener en lo esencial una estructura económica heredada ha frenado la profundización de las transformaciones demandadas por parte de muchos movimientos sociales. Eso, incluso, ha determinado algunos proyectos que contaron con una considerable oposición social, como la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, o de la carretera que iba a atravesar el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Secure, en Bolivia.

Relación con las transnacionales. El ascenso de los gobiernos progresistas permitió un cambio en la negociación con las grandes corporaciones. Así lo han mostrado los decretos de nacionalización, los nuevos contratos firmados y los litigios presentados por diversas compañías en los tribunales de arbitraje internacional. La regulación que crearon, junto con el elevado precio de las materias primas, permitieron maximizar la renta extractivista y, consecuentemente, el presupuesto público. De esta manera es como se han financiado múltiples iniciativas y programas de bienestar social que han supuesto una mejora de la calidad de vida para amplias capas de la población.

Pero las empresas transnacionales, aunque estén sometidas a una mayor regulación y hayan visto reducidos sus márgenes de beneficio, siguen con una gran capacidad de control sobre sectores estratégicos. La realidad es que existe un acuerdo táctico con determinadas compañías multinacionales que operan en sectores clave, como ocurre con Repsol en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Las apariciones públicas del presidente Evo Morales con Antonio Brufau, presidente de Repsol, para mostrar la buena sintonía existente entre la transnacional de matriz española y el gobierno boliviano son muestra de ello.

Coyuntura internacional. La alianza de estos gobiernos con las grandes corporaciones se justifica por las inversiones realizadas en el país y porque dicen cumplir el marco normativo de estos países. Sin embargo, cuando los beneficios reales son menores de lo esperado, las transnacionales presionan para incrementar los incentivos y facilidades a su actividad. Y este es precisamente el contexto económico actual. Lo que fue una oportunidad, maximizar el presupuesto público a partir de las rentas obtenidas de la explotación y venta de los recursos naturales, ahora es una amenaza. La reducción de precios de las materias primas está reduciendo ingresos y liquidez a las economías nacionales y a las cuentas de resultados empresariales.

Así, las multinacionales están utilizando dicha esta alianza para modificar el marco normativo a su favor en dos aspectos: expandir las fronteras extractivas y aumentar los incentivos y las rebajas fiscales. Ambas medidas ya se están poniendo en marcha como vía para sostener los ingresos ante la acuciante necesidad de mantener los presupuestos públicos. Este es el caso de Bolivia, donde el año pasado se aprobaron leyes para permitir la entrada de las petroleras en parques nacionales y destinar parte del impuesto directo de hidrocarburos a incentivos a las empresas transnacionales.

Diversificación de la matriz productiva. Los objetivos iniciales de estos gobiernos incluían ser menos dependientes de las exportaciones a medio y largo plazo, fomentar un fuerte tejido económico local y reducir el peso de las grandes empresas en la economía, teniendo muy presente la debilidad que suponía ser rehén del mercado mundial. Sin embargo, durante el periodo de precios altos de las materias primas, y contando con un escenario económico propicio, no se han fortalecido los proyectos que podrían permitir ofrecer una salida a la situación actual. El gobierno de Venezuela, por ejemplo, no ha conseguido en estos quince años reducir ostensiblemente su dependencia de las importaciones de alimentos.

Finanzas globales. En el contexto de la creación de una nueva arquitectura financiera internacional, se inició la construcción del Banco del Sur para aumentar la soberanía de los gobiernos progresistas frente a las grandes instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. A pesar de ser un proyecto clave para tratar de defenderse del poder financiero, la realidad es que ha avanzado muy lentamente y todavía no se ha concretado. Ahora se está reclamando su puesta en marcha de forma urgente, pero la urgencia se da en un marco con enormes dificultades políticas y económicas.

Reorganización y ofensiva de la derecha. Los grandes poderes económicos y las oligarquías nacionales siempre se han hecho notar y, de hecho, ha habido momentos donde la confrontación ha sido de gran magnitud. Recordemos, sin ir más lejos, el golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, el autodenominado golpe cívico en los departamentos orientales de Bolivia en 2008, el golpe de Estado en Honduras en 2009 y el golpe parlamentario en Paraguay en 2012.

El último episodio ha ocurrido en Brasil, donde la crisis institucional y el golpe parlamentario de la derecha han instaurado un gobierno funcional a los poderes económicos. Una muestra de ello han sido las reformas a contrarreloj que se han propuesto para ampliar los márgenes de beneficio de las grandes empresas. Eso sí, además de denunciar los mecanismos nada democráticos de los que se ha servido la oposición política para este fin y reconocer que existe un fuerte rechazo social a esta maniobra, el Partido de los Trabajadores (PT) no elude la autocrítica: reconoce haber sido rehén de acuerdos tácticos que al final han fortalecido a la derecha, asume haberse “contaminado” con la financiación de grandes grupos en sus campañas electorales y reconoce no haber sabido responder adecuadamente ante el agotamiento del ciclo económico.

Recambio de liderazgos. En el caso de Argentina y Venezuela, el contexto económico, el desgaste político y la ausencia de liderazgos fuertes —como los de Hugo Chávez y Cristina Fernández— han facilitado un mayor impacto social de los ataques de las oligarquías nacionales y, al final, el éxito de la derecha en las elecciones presidenciales en Argentina y en las legislativas en Venezuela. En los casos de Bolivia y Ecuador, la continuidad de Evo Morales y de Rafael Correa posibilitó victorias amplias en los últimos comicios; si en las próximas elecciones presidenciales estos no se presentan, ¿seguirán sus sucesores obteniendo buenos resultados?

Líderes tan carismáticos favorecen llegar a mayorías y una gran acumulación de fuerzas, pero dificultan el relevo para dar continuidad a los proyectos. Se pone en evidencia, entonces, la necesidad de trabajar para crear poder popular y, por un lado, ganar el suficiente respaldo social en la confrontación con el poder económico para avanzar en las reformas a los cambios estructurales mientras, por otro, se fortalece el control de los liderazgos y se facilitan los relevos que necesariamente se van a tener que dar.

Conflicto y futuro. En los últimos años, además, el auge del extractivismo y la limitación de algunos derechos y libertades han llevado a un aumento de la conflictividad entre estos gobiernos progresistas y buena parte de los movimientos sociales. En este escenario, desde las instituciones se han interpretado las críticas como un ataque más de la oposición que es necesario desarticular, deslegitimando y persiguiendo la movilización de organizaciones indígenas, estudiantiles, ambientalistas e incluso de determinados sindicatos, que han sido vinculados con la derecha internacional sin ningún tipo de pruebas. Si bien son más necesarios que nunca los puentes entre los movimientos sociales y los gobiernos, la realidad es que el divorcio entre ambos es notorio, como señalaba hace un año Marco Gandarillas, director del CEDIB.

El ascenso de los gobiernos progresistas en la región ha sido, sin duda, un referente para la izquierda internacional en la disputa por el poder y en la posibilidad de avanzar en políticas transformadoras desde instancias de gobierno. Ante un cambio de ciclo como el que ahora se está produciendo, América Latina también es un espejo en el que mirarse. Las dificultades económicas, sociales y políticas que ahora están viviendo en diferentes países latinoamericanos son cuestiones a tener muy en cuenta en el análisis de los límites y posibilidades de los “gobiernos del cambio” en Europa.