Asesinar defensores del agua en Perú

Matar a balazos a quienes luchan contra el asesinato de la naturaleza es la consigna actual del gobierno de Humala

Veamos:

La Ley 30151 promulgada el 13 de enero, exime a los efectivos policiales y del Ejército, de responsabilidad penal, cuando al hacer uso de la fuerza produzcan lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber, incluso sin su arma de reglamento.

ES UNA LICENCIA PARA MATAR IMPUNEMENTE

Hugo Blanco, en Lucha Indígena

Han protestado: El Alto Comisionado de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Red Muqui.

Como demostración de que “La ley es para cumplirse”, un policía mató a un mototaxista que estaba en su vehículo, que no tenía armas ni antecedentes penales. El policía dijo que el mototaxista pretendió atacarlo y el “guardíán del orden” no fue detenido, la ley lo ampara.

Comisionado del Diálogo calumnia desvergonzadamente
Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha vertido una catarata de desvergonzadas mentiras y calumnias contra los defensores del agua, por falta de espacio sólo mencionaremos algunas. Que no les interesa dialogar (vinieron a Lima los guardianes de las lagunas y ninguna autoridad quiso escucharles por qué defienden el agua y la vida). Que están ligados al narcotráfico del opio. Que las poblaciones que rodean Conga están de acuerdo con la minería. Que la mayoría de comunidades exige que el estado ponga orden en el lugar.

Que han detenido y castigado a dirigentes. Que las comisarías que se instalarán son para que el Estado pueda ir a cumplir con las demandas
de agua, saneamiento, electrificación.

Que la decisión de los comuneros de no vender sus tierras a la hidroeléctrica que abastecerá a Conga no es de ellos sino de los grupos radicales antimineros. Que ante eso el Estado tendrá que tomar decisiones. Textualmente dijo: “Esta es una zona en que si el Estado no restablece el estado de Derecho, dados los antecedentes –corredor de droga, presencia autoritaria de sectores de rondas campesinas– puede devenir en descontrol y generar serios problemas al país”.

Si así habla el encargado del “diálogo”, se entiende que el resto del “Estado” usará la licencia para matar. La gran prensa al servicio de las transnacionales desata campaña de calumnias contra la solidaridad internacional.

“El Comercio” afirma: "Los antimineros son financiados y organizados por una internacional comunista cuyo objetivo es mantener al país en la miseria". “Santillana explicó a que esta red de El Comercio apoyo internacional tiene el objetivo de frenar el modelo de desarrollo económico del país basado en industrias extractivas”. “…estas ONG financian los viajes de los líderes antimineros Edy Benavides y Milton Sánchez a varios lugares del mundo”.

La valiente lucha de los defensores del agua en Cajamarca ha despertado
solidaridad internacional: En Francia, en Suecia, en Irlanda, en Bélgica y en
muchos otros países, brota, crece y se organiza la solidaridad con los heroicos y valientes defensores del agua y de la vida. Naturalmente, nuestros compatriotas, exilados económicos, están en la vanguardia de esa solidaridad, y haciendo sacrificio económico, pagan el viaje de quienes, en Cajamarca, luchan en defensa del agua, para que expongan en el exterior las noticias del ataque de las empresas extranjeras contra la vida y la salud del campesinado y del resto del pueblo peruano.

Esa solidaridad exterior con la lucha por la vida es calumniada por los sirvientes del gran capital como ataque contra el país.

Cortan la investigación por el asesinato de los defensores de la vida.

Las autoridades judiciales y los  fiscales de Lambayeque, arrodillados ante el poder económico, aceptaron pisotear la ley y ocuparse de casos que estaban fuera de su jurisdicción, en el departamento de Cajamarca.

Ahora, continuando con ese servilismo, la Primera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo (Lambayeque) ha dispuesto improcedente formalizar y continuar la investigación preparatoria en el caso de las cuatro muertes en Celendín el 3 de julio de 2012, a pesar de reconocer la figura de homicidio doloso. Recordamos que los ciudadanos Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez, Joselito Sánchez Huamán y a César Medina Aguilar, este último menor de edad, perdieron la vida tras la intervención de las fuerzas del orden en el marco de las movilizaciones de protesta contra el Proyecto Minero Conga.

Esto, a pesar de que la fiscalía reconoce que la muerte del menor César 
Medina habría sido causada por un proyectil disparado desde uno de los helicópteros que sobrevoló durante los disturbios, corroborando lo que han afirmado varios testigos, pero no dispone que las investigaciones continúen en este punto. Alineada, junto con el gobierno, al servicio de los millones de la empresa, no quiere investigar el nivel de represión policial y militar que ha ocasionado la muerte de cuatro civiles desarmados (como reconoce la misma fiscalía). Éste fue un delito cometido antes de la ley de licencia de muerte.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, ya suman 34 los asesinados impunemente por orden de Humala al servicio del gran capital transnacional. Falta espacio para la enumeración del resto de los ataques de la empresa
millonaria y de sus sirvientes, el gobierno y otras autoridades el último mes.

Terminamos señalando:
El proyecto transnacional Conga, para ganar millones, pretende matar las lagunas de altura que nutren 600 manantiales en 5 ricos valles habitados por decenas de miles de campesinos peruanos, que beben esa agua y trabajan con ella en agricultura y ganadería, para nutrir de alimentos sanos al pueblo peruano.

Humala y las otras autoridades, arrodillados al servicio de los millones de las empresas, desarrollan la política de matar a balazos a los peruanos trabajadores pobres, defensores del agua y de la vida, en Cajamarca, Islay, Espinar y otras zonas.