- 38 de sus países están entre los menos desarrollados del mundo.
- Rebajaron su deuda a cambio de pérdida de decisiones en lo económico y privatizaciones
- Para Noruega la maldición del petróleo no existe, pero sí para el Congo.
- Las minas de la República Democrática del Congo las explotan multinacionales.
África es un continente rico, pero no lo son los africanos. Níger es un país rico en uranio, el combustible de las centrales nucleares; la República Democrática del Congo lo es en casiterita, de la que se extrae el estaño, y también en oro, cobre y diamantes, al igual que lo son la República Centroafricana y Chad y Sierra Leona. Estos países son ricos en recursos, pero, según el Índice de Desarrollo Humano, son los menos desarrollados del mundo, últimos cinco en un ranking de 187 estados. Y no son excepciones: África sitúa a 38 países entre los 50 menos desarrollados del globo. La mayoría son ricos, pero sus riquezas no mejoran la vida de sus ciudadanos, no llegan hasta ellos: se pierden entre los gobiernos africanos, las élites locales, los señores de la guerra y las multinacionales mineras.
Algunas ONGs, políticos y diplomáticos resumen este expolio como la Maldición de los Recursos Naturales, una especie de mancha que afecta a los países que tienen los suelos más fértiles y los mares más ricos. Para Miguel Ángel Prieto Vaz, miembro de la Ong Justicia y Paz de Barcelona, se trata de "una explicación simplista, casi mitológica. Para Noruega la maldición del petróleo no existe, pero sí para el Congo". El problema no tiene tanto que ver con las riquezas disponibles como con el modo de administrar dichas riquezas: "Las instituciones que gestionan lo público no están bien asentadas. En muchos países africanos encontramos que no hay una vinculación entre la población y la institución política, y esto favorece el expolio".
Para varios expertos, la falta de fuerza de las instituciones políticas africanas viene de lejos. En concreto, de finales del siglo XIX, cuando las potencias europeas se repartieron el continente en la Conferencia de Berlín, celebrada entre noviembre de 1884 y febrero de 1885. Francia y Gran Bretaña –además de Alemania, Bélgica, España, Italia y Portugal– dibujaron las fronteras de los países africanos a su antojo, con el objetivo de amasar para sus territorios el mayor número posible de bosques, ríos y yacimientos minerales.
Francia se quedó con la ‘frente’ de África, que incluye buena parte de su mitad norte (Níger, Mali, Mauritania, Senegal…) y los primeros países que baña el mediterráneo (Marruecos, Argelia...). Gran Bretaña desembarcó en Egipto y desde allí trazó una línea vertical hasta Sudáfrica. A un lado y a otro de esta línea, Alemania y Portugal establecieron sus colonias: Camerún, Ruanda o Namibia –por entonces África Suroccidental– para los alemanes; Mozambique y Angola para los portugueses. En medio de la ‘ele’ invertida franco-británica se erigió la finca particular de Leopoldo II de Bélgica, el Congo Belga, su único territorio en África pero, de lejos, el más recordado: entre 5 y 10 millones de personas murieron extrayendo caucho y minerales.
Privatización de los recursos
Este reparto del territorio se mantuvo, a grandes rasgos, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que se inicia la independencia de las colonias. Este proceso finalizaría en los años 70, con 50 de los 54 países africanos actuales independizados, al menos sobre el papel, de sus metrópolis europeas. A finales de los años 70, con el mundo occidental sumido todavía en las consecuencias de la crisis del petróleo de 1973, el precio de los hidrocarburos y de las materias primas estaba por las nubes. Los países africanos, cuyos yacimientos de petróleo y carbón estaban nacionalizados, multiplicaron sus ingresos por exportaciones y se convirtieron en los proveedores del desarrollo mundial.
El flujo de dinero entrante propició que los países africanos entraran en una dinámica de gasto descontrolado y corrupción que aumentó las deudas nacionales de los países que más vendían. Esta fue la primera consecuencia. La segunda fue que el floreciente mercado de materias primas africano atrajo la atención de las potencias occidentales, que idearon un modo de llegar a esas materias primas sin tener que pasar por caja. El atajo se llamó Servicio de Ajuste Estructural, un invento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) destinado a reducir la deuda de los PPME, Países Pobres Muy Endeudados.
Los servicios de ajuste estructural ofrecían –y ofrecen: los últimos casos son Grecia y Portugal– una rebaja de la deuda del país a cambio de aceptar una serie de condiciones que normalmente pasan por la pérdida de decisión en lo económico y por la privatización de recursos o de servicios públicos. A partir de los años 80 da comienzo el proceso privatizador, un expolio que se basaría en dos principios: 1) los países africanos no saben gestionar sus minerales, y prueba de ello es, esgrimían las potencias occidentales, que estos recursos no servían para reducir la deuda nacional; y 2) como no saben, tienen que dejar la explotación de sus recursos a los expertos: las grandes multi-nacionales mineras.
Estados dentro de los estados
De esta forma, países como Zambia, Costa de Marfil, Ghana o República Democrática del Congo, aunque fueron muchísimos más, facilitaron la entrada de los inversores extranjeros, y mientras con una mano señalaban en el mapa dónde se encontraban sus recursos, con la otra recogían lo que las empresas europeas y estadounidenses decían que valían esos terrenos. No tenían margen de maniobra para negociar: los precios de las materias primas ya no estaban tan altos como en la década pasada y, además, el FMI presionaba a estos países recordándoles que la privatización de sus recursos era parte del juego para reducir sus deudas nacionales. "Muchas veces, la obtención de recursos en estos países pasa por una connivencia entre las autoridades y las empresas que reciben permiso para explotar los recursos –explica Gerardo Ríos, coordinador del equipo de empresas de Amnistía Internacional España–. Esta convivencia entre empresas y Estado hace que, cuando hay problemas, las autoridades tiendan a no evaluarlos ni atenderlos".
La República Democrática del Congo (RDC) es un caso característico de colaboración entre Estado y empresas. Hasta su nacionalización en 1966, toda la minería congoleña estaba dirigida por la Unión Minera del Alto Katanga, un consorcio británico-belga que tenía su origen en la compañía fundada por el insigne Leopoldo II de Bélgica. En 1966 las minas de la RDC pasaron a gestión pública, bajo un conglomerado empresarial denominado Gecamines. A mediados de los 80, en pleno proceso privatizador de los recursos africanos, Gecamines se divide y vende sus concesiones a las grandes mineras mundiales estadounidenses, europeas y, ya en los años 2000, chinas. Las minas siguen siendo propiedad de la RDC, pero las explotan multinacionales en régimen de concesión. "Gecamines no audita la actividad de las empresas explotadoras, no vigila siquiera el cumplimiento de la normativa minera y, desde luego, no hace cumplir los derechos humanos que el propio Estado ha suscrito en los acuerdos internacionales", explica Gerardo Ríos.
En un reciente informe, la ONG denunciaba las condiciones de trabajo de los mineros de la región de Katanga, al suroeste de la RDC: galerías de más de 100 metros de profundidad –prohibidas por el código minero congoleño–, sistemas de ventilación inexistentes o basados en bombas manuales de refresco del aire y falta de equipamiento adecuado; la roca se pica con martillo y cincel, con las manos desnudas, y se respira el polvo en suspensión de las galerías. Los mejor pertrechados tienen casco y linterna. Sin embargo, la mayoría de los accidentes no se producen por fallos humanos, sino por desprendimientos de tierra y roca durante la estación de las lluvias, que golpean y sepultan a los mineros, y que, según denuncia la ONG, rara vez se cuentan en los periódicos.
Hoy en día, el principal conflicto africano relacionado con los minerales se vive en la RDC. Las dos provincias más al este, Kivu Norte y Kivu Sur, además del norte de Katanga, son zonas ricas en casiterita (de la que se extrae el estaño), coltán (abreviación de columbita-tantalita, mineral del que se extrae el tantalio), oro y cobre, materias primas muy presentes en aparatos electrónicos y muy demandadas. La zona coincide además con las fronteras de Ruanda, Burundi y Tanzania, separada de la RDC por el lago Tanganica, el lago de agua dulce más largo del mundo.
Fuente de conflictos
"Es el conflicto más importante, por el nivel de violencia, por la financiación de los diversos actores armados a partir de la explotación de los minerales y porque es el caso más innovador de actuación de la ONU", explica la periodista experta en conflictos armados Mabel González Bueno. "La MONUSCO, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC, es la primera misión desde 2008 que tiene como componente atajar el uso de esos recursos como financiación", añade.
El conflicto presenta varios contendientes en torno a las minas: 1) los señores de la guerra, que hacen negocio extorsionando a los mineros y vendiendo las materias primas a los países vecinos; 2) los militares congoleños, que tratan de evitar que las minas caigan en manos de señores de la guerra o rebeldes extranjeros (aunque están documentados varios casos de soldados de RDC que actúan como señores de la guerra); 3) rebeldes pagados con dinero ruandés, que buscan, en último término, la anexión de la zona a Ruanda, además de conseguir minerales para su envío a las fábricas ruandesas –Ruanda y Uganda son exportadores principales de coltán o casiterita, de los que apenas tienen reservas–; y 4) la MONUSCO, que intenta acabar con la ocupación paramilitar de la zona. Este conflicto, que lleva activo desde los años 60, ha causado hasta la fecha más de 6 millones de muertos.
El papel que Ruanda y Uganda juegan en el conflicto no es secundario. Ambos países, naciones títere de Estados Unidos y del Reino Unido desde su independencia, codician las zonas ricas en minerales de la RDC y son continuas las invasiones encubiertas. Estos ataques no tienen respuesta de la comunidad internacional más allá de meras advertencias: la influencia de anglosajones y estadounidenses se percibe en este dejar hacer. A cambio, Uganda y Ruanda realizan para sus protectores una doble labor de contención. Por un lado, atacan a las milicias islamistas del cercano Cuerno de África; y, por otro, desestabilizan la zona y evitan que China siga amasando los recursos minerales que también pretende Estados Unidos.
Según González Bueno, el conflicto armado que sacude la zona este de la RDC ejemplifica cómo se puede financiar una guerra de forma local, de abajo arriba, sin que sea necesaria, o no tan evidente, la intervención de apoyos exteriores: "En África, el elemento que financia los conflictos son los minerales, del mismo modo que en Afganistán es el opio, y en Colombia, la coca". Sudán del Sur, el país más joven del mundo tras independizarse de Sudán en 2011, es el último ejemplo de hasta qué punto la tenencia de los yacimientos minerales puede agravar la violencia. ONG y expertos explican el conflicto como una lucha entre etnias, pero recuerdan que los enfrentamientos se circunscriben a las zonas donde se encuentran los pozos petrolíferos, cuya explotación supone el 96% de las exportaciones de Sudán del Sur.
Otra zona en conflicto relacionada con los hidrocarburos es el Delta del Níger, en el Golfo de Guinea, donde Nigeria da salida a los 2,5 millones de barriles de petróleo que produce al día. Esta zona es particularmente conocida por los vertidos descontrolados de petróleo, de los que no existe cifra oficial porque Gobierno y multinacionales mantienen un riguroso secreto –Amnistía Internacional cifró los vertidos de 2009 en más de nueve millones de barriles– y porque la zona está totalmente militarizada: señores de la guerra recorren el territorio mientras roban barriles de crudo y secuestran a empleados de las plantas. Se estima que los señores de la guerra roban unos 200.000 barriles diarios que luego distribuyen a refinerías lejanas (en Sierra Leona, especialmente) para su venta final a Occidente.
EE.UU. actúa y la Unión Europea espera
Los diamantes de sangre, cuyo contrabando financió las guerras civiles de Angola, Sierra Leona y Liberia entre los 90 y los primeros 2000, inspiraron el Proceso de Kimberley. Este acuerdo, firmado por más de 60 países, vigila desde entonces el origen de los diamantes en venta y certifica si su extracción está libre de conflicto.
Con el mismo objetivo, pero ahora en torno a los minerales, Estados Unidos incluyó algunas normas al respecto en su Ley de Reforma Financiera de 2010, también llamada Ley Dodd-Frank por sus ideólogos. La principal de estas normas obliga a las empresas cotizantes que trabajen con oro o con cualquiera de las 3 T (tungsteno, tantalio o estaño –tin, en inglés–) a revelar el origen de los minerales, y si estos vinieran de RDC o de sus países fronterizos, a acreditar que están libres de conflicto. Todavía es pronto para conocer las consecuencias globales de la ley, pero lo que sí ha cambiado ya es la actitud de la industria. Algunas multinacionales tecnológicas publican desde 2012 sus esfuerzos para reducir los minerales en conflicto de sus cadenas de producción.
Para Miguel Ángel Prieto Vaz, de Justicia y Paz Barcelona, la clave de la medida ha sido (además de su obligatoriedad) que las empresas que no informan pasan a una lista negra que las marca como sospechosas. "Las compañías tienen miedo de que si aparecen en esas listas los consumidores lo tengan en cuenta a la hora de comprar. Los criterios éticos importan cada vez más".
La Unión Europea está estudiando hacer algo parecido a la Dodd-Frank en su Directiva sobre Transparencia y Rendición de Cuentas, pero para Jesús García-Luengos, investigador del Centro de Estudios Africanos de la Autónoma de Madrid, se trata de una medida de menor calado. "Tendría carácter voluntario y solo afectaría a un número muy reducido de empresas, las que están sobre el terreno". La Ong Global Witness relaciona la actitud contemplativa de la UE con su dependencia en materia de minerales (solo produce el 3% mundial) y de hidrocarburos (importa el 50% del petróleo que consume). "Gracias a estas iniciativas hay mucha más transparencia, pero hay un reto enorme en cómo aplicar esos ingresos que se declaran que se perciben y en cómo dirigirlos hacia la mejora de vida de las poblaciones", explica García-Luengos, miembro del Centro de Investigación sobre Seguridad y Gobernanza Transnacional (ReSeT).
La educación como solución
La minería artesanal puede ser, para los habitantes de las zonas rurales de la RDC, Tanzania o Mozambique, una opción más provechosa que trabajar en la agricultura o en la ciudad. La extracción no requiere conocimientos técnicos, más allá de identificar los minerales por su textura y color, y para trabajar el mineral de forma rudimentaria bastan un pico y un martillo. "En las minas artesanales, son las personas las que empiezan a cavar la tierra, en la mayoría de los casos sin estar legalizado el terreno para explorar y vender. Esto crea un sistema alegal que lleva a la inseguridad y los conflictos", explica Virginia Alfaro, activista en Mozambique de Misioneros Laicos Vicencianos (MISEVI).
Para el experto en conflictos armados africanos Jacques Nzumbu Mwanga, la mejora de las condiciones de los mineros pasa por la educación, por crear una red de escuelas mineras que forme a los artesanos para que puedan trabajar en las minas industriales. Las ventajas de contar con una población especializada en minería podrían ser fundamentales: oportunidades de trabajo para la población local, un entorno de extracción más seguro y con mejor equipamiento –no siempre se cumple, pero es el objetivo–, un mayor control de los recursos que se extraen y la fiscalización de la actividad minera por los propios trabajadores. Además, explica Nzumbu Mwanga, las plantas mineras industriales tienen una ventaja más sobre las artesanales: "Como son conocidas, no suelen colaborar con los grupos armados, porque se arriesgan a que la relación se haga pública y su imagen se vea afectada".
"Tenemos que ser realistas –cuenta Virginia Alfaro, misionera de MISEVI, desde Mozambique– y asumir que hay determinadas situaciones que no pueden abolirse, como la explotación de los recursos mineros. Pero lo que sí podemos hacer es reducir el impacto negativo que tendrá, y para ello las personas tienen que tomar conciencia de sus derechos y de la importancia de unirse para defenderlos".
Una realidad sin cifras
Dos de cada diez niños subsaharianos de entre 5 y 17 años (59 millones) están trabajando. De ellos, 5 millones lo hacen en trabajos peligrosos, como las minas. Son los últimos datos de la Organización Mundial del Trabajo y, pese a todo, la cifra se ha rebajado en un tercio respecto al año 2000. No es posible saber cuántos niños están empleados en las minas subterráneas: se calcula que hay unos 6.000 en Zimbabue, alrededor de 1.200 en Sierra Leona…
Los nuevos códigos mineros africanos prohíben el trabajo a los menores, pero los gobiernos no cuentan con los medios para vigilar el cumplimiento de la norma. Pero hay más peligros para los niños en África, como ser reclutados para la lucha armada. De hecho, han sido un pilar de los ejércitos rebeldes de muchos países. La ONU estima que más de 300.000 niños menores de 18 años están actualmente luchando en todo el mundo, sobre todo con grupos rebeldes.
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