Las Medidas Cautelares a favor de ella fueron modificadas en su implementación de manera parcial al intentar cambiar el esquema de seguridad personal y perimetral, sin ninguna notificación formal ni escrita. Esto fue una decisión aparentemente de la Policía Nacional Civil–PNC ya que retiraron a uno de los agentes que tiene asignados para su seguridad. Esta no es la primera vez que esto ocurre, en el año 2013 ya le habían sido retiradas las medidas de seguridad.
Estas medidas fueron puestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ordenadas al Estado de Guatemala desde el año 2005 para salvaguardar su vida, debido al alto riesgo en el que se encuentra de forma permanente, hasta el día de hoy éstas se encuentran vigentes. Esto está debidamente registrado por la Procuraduría de Derechos Humanos y otras instancias de protección a defensoras y defensores.
La Comisión Presidencial de Derechos Humanos–COPREDEH es la instancia que responde ante la CIDH sobre las medidas cautelares, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y su División de Protección de Personas y Seguridad son las instancias que deben ejecutarlas. Éstas no pueden tomar la decisión unilateral de quitar una medida de protección como ésta ni hacer ningún cambio sin consultar a la CIDH, que es quien decide en qué momento se levantan o quitan estas medidas. Si esto ocurriera debe haber una notificación formal y explicar los motivos.
Ella ha puesto desde el día 8 de enero de éste año las denuncias correspondientes a la COPREDEH, el Ministerio de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Procuraduría de Derechos Humanos, esta última a su vez envió desde el día 9 de enero una nota solicitando al Jefe de la Comisaría No. 71 del departamento del Quiché “SE REESTABLEZCA EL ESQUEMA DE SEGURIDAD en las mismas condiciones que se ha brindado…[1]”
“Lo único que quiero es vivir y vivir en paz”
En un informe y requerimento urgente dirigido a las autoridades, Lolita solicita a las “Instancias que velan por la aplicación adecuada de las Medidas Cautelares en el Estado de Guatemala que verifiquen y acompañen adecuadamente mi caso, y que se de el debido cumplimiento de las medidas cautelares asignadas a mi persona y que se esclarezcan todos los ataques que se he tenido, porque durante el 2014 las amenazas de muerte, persecución, criminalización, estigmatización han sido permanentes y sistemáticas. Así como persiste la fuente del riesgo que dio lugar a las medidas, han surgido nuevos actores principalmente funcionarios públicos, con vínculos directos con el alcalde municipal que me amenazaba desde el año 2005 que ahora me amenazan, con mas fuerza.[2]”
Además ella ha recibido amenazas de muerte por parte de sicarios que se encuentran en una comunidad de Quiché llamada Chujuyub, Santa Cruz del Quiché en donde fue asesinado uno de sus compañeros Silverio Vicente. Uno de los sicarios detenido por este caso acaba de quedar libre y ella ha estado recibiendo amenazas por mensaje de texto de que la van a asesinar.
Los últimos hechos
Lolita Chávez es amenazada y asediada permanentemente, ella teme por su vida tal y como ella misma lo denuncia:
“Me da mucho miedo viajar sola, tanto por los altos índices de violencia generalizada, así también porque me tienen controlada y podrían interceptarme en camino, pues las amenazas son permanentes.”
“Considero que mi situación actual es de Alto Riesgo, las medidas cautelares no son las debidas y además porque se siguen dando incidentes de riesgo, que los califico como atentados incluso por parte de instancias del Estado de Guatemala, específicamente de parte de la Policía Nacional Civil PNC de Guatemala.”
En Santa Cruz del Quiché, en pleno día, el 20 de diciembre de 2014 ella acompañaba un juicio laboral a una mujer, iban acompañadas por el agente que la protegía. Cuando los detuvieron por más de media hora por agentes de la PNC, sin mayor razón. Les agredieron verbalmente, se burlaron de ella y les insultaron e intimidaron.
El 21 de diciembre de 2014 ella vio dos agentes de la PNC afuera de su casa uniformados, quienes permanecieron ahí por mucho tiempo, lo cual la alarmó a ella y a sus vecinos y vecinas que también habían visto militares armados en el área.
El 7 de enero de 2015 el agente asignado para su seguridad le llama por teléfono para decirle que “le dieron cambio de destino” sin informarle a ella nada formalmente. Hasta la fecha no ha sido informada de ninguna otra disposición. Ella llamó inmediatamente a instancias de derechos humanos gubernamentales, no gubernamentales, e internacionales.
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[1] Documento enviado de la Procuraduría de Derechos Humanos al Comisario y jefe de la comisaría No. 71 departamento de Quiché de la Policía Nacional Civil. Ref. Exp. Ord. Gua. 99-2015.
[2] Informe y requerimento urgente. Fecha 8 de enero de 2015.
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