Irving Radillo Murguía, miembro de la Coordinadora Socialista Revolucionaria
En el marco del Día Nacional contra la Homofobia y Transfobia (17 de mayo), el presidente Enrique Peña Nieto presentó una propuesta de reforma al artículo 4° de la Constitución con el fin de que el matrimonio sea contemplado como derecho humano sin importar, entre otras cosas, la orientación sexual de quienes busquen contraerlo, con la consecuente legalización de las adopciones homo y lesboparentales. Además, plantea modificaciones al Código Civil Federal para facilitar a las personas trans la expedición de documentos oficiales de acuerdo a su identidad de género.
Esta iniciativa vino de la misma persona que en 2010, siendo gobernador del Estado de México, dijo en televisión nacional que personalmente no compartía la idea de que dos personas del mismo sexo pudieran adoptar. Paradójicamente, el propio Peña Nieto impulsó la candidatura de Eduardo Medina Mora, el ministro más conservador que tiene la Suprema Corte de Justicia, quien siendo procurador general de la República durante el gobierno de Felipe Calderón impugnó la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México. Además, la presentación de la iniciativa la hace de manera tardía, un año después de que la Suprema Corte emitiera una jurisprudencia en la que obliga a los jueces a celebrar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En medio de una crisis de legitimidad, acusado de represor, asesino e incompetente por la opinión pública nacional e internacional, Peña Nieto se quiso presentar como defensor de los derechos humanos y un gobernante progresista, siguiendo el ejemplo del gobierno estadounidense, para ganar a su causa a la comunidad LGBTIQ centrada en alcanzar el derecho a casarse. Sin embargo, no previó que iba a encontrar una férrea resistencia entre los sectores más conservadores de la sociedad mexicana.
Al día siguiente, el 18 de mayo, se fundó el Frente Nacional por la Familia como respuesta expedita a la iniciativa presidencial, el cual es liderado por personajes ligados a la Iglesia Católica, a la organización ultraderechista El Yunque y al Partido Acción Nacional (PAN)1. De la mano con el Consejo Nacional Cristiano, conformado por iglesias protestantes e impulsado por el Partido Encuentro Social (PES)2, se autoproclamó como el defensor del “diseño original de la familia” amenazada por el “lobby gay” y la “ideología de género”.
La revuelta conservadora que estamos viviendo tiene como antecedentes recientes la creación en 2014 por parte del PAN en el Senado de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, que aglutina no solo a legisladores panistas, sino de otros partidos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI)3 y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)4. En febrero de este año, en plena visita del Papa Francisco, el Consejo Mexicano de la Familia (Confamilia) presentó la iniciativa de ley llamada “Reforma por la Familia, por los Niños y por Todos” acogida por el PAN y el PRI. Confamilia es una organización ultraconservadora, dirigida por el empresario regiomontano Juan Dabdoub, que se opone a los derechos civiles de la comunidad LGBTIQ, a los derechos reproductivos de las mujeres y al uso y promoción de anticonceptivos.
La propuesta de Peña Nieto fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación, aplazada de manera oportunista por la proximidad del periodo electoral. Ante la pérdida de 7 gubernaturas ostentadas por el PRI en los comicios de junio de este año, los sectores conservadores y algunos miembros del partido oficial atribuyeron la debacle electoral a esta iniciativa. Los malos resultados en las elecciones y la presión eclesial hicieron que los diputados del PRI enviaran la discusión del matrimonio igualitario a la congeladora, con el beneplácito de la fracción panista, bajo el argumento de que “no es un tema prioritario” y que es una cuestión “que divide” a la sociedad mexicana. No obstante, la ola reaccionaria continuó.
El 1 de agosto, los diputados del PAN, PRI, PVEM y PES realizaron el “Foro Nacional Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia”, mientras que el FNF llamó, por boca del obispo de Veracruz, a una marcha nacional en defensa de la familia para el 10 de septiembre. Esta convocatoria le permitió al FNF organizar grupos de apoyo en más de 80 ciudades del país que sacaron a las calles a cerca de 300 mil personas en la primera movilización, y a 400 mil en la segunda marcha realizada en la Ciudad de México, en la que además se hicieron presentes grupos neonazis.
Después de esta demostración de fuerza, el secretario de gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con representantes de las iglesias protestantes el 22 de septiembre y les afirmó que la reforma de Peña Nieto no pasaría. Dos días después, la misma Secretaría de Gobernación declaró que las manifestaciones de los ministros religiosos están amparadas en los artículos constitucionales que consagran la libertad de expresión y de culto. Esto es una clara capitulación del gobierno frente a las iglesias y la razón por la cual no ha hecho nada contundente por frenar la intromisión religiosa en la vida pública, ya que ante la deslegitimación del régimen, éste necesita volverse a congraciarse con sus aliados de siempre.
¿Qué ha hecho la comunidad LGBTIQ para responder a estos ataques de la derecha conservadora?
Confiada en la vía legal que le otorga pasivamente algunos derechos civiles, la comunidad LGBTIQ ha actuado de forma meramente defensiva. Como respuesta a la convocatoria del FNF a la marcha del 10 de septiembre, se organizaron contramarchas en lugares como la Ciudad de México y Guadalajara, mientras que en ciudades más pequeñas como Mérida y Colima hubo besadas públicas a manera de protesta. Sin embargo, las movilizaciones han sido muy reducidas en comparación con la del Día del Orgullo. Por ejemplo, se calcula que asistieron alrededor de 500 manifestantes a la marcha del 11 de septiembre en la Ciudad de México, mientras que el Orgullo de este año en la misma ciudad congregó a 200 mil personas. Este vacío ha permitido que la organización llamada Frente Orgullo Nacional México (FONMX) capitalice la lucha contra el FNF.
El FONMX se originó en torno al Orgullo de 2015 como una coalición de varias asociaciones pro-LGBTIQ dedicadas al trabajo institucional y ligadas al Estado. También forman parte del él las secretarías de diversidad sexual de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena)5, Partido de la Revolución Democrática (PRD)6 y PRI. Entre sus rostros más visibles está Patria Jiménez, exdiputada del PRD y persona cercana al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Su plan de acción consiste en la unidad de la comunidad LGBTIQ, entendida como la suma de las asociaciones existentes, para la resistencia civil pacífica que logre la aplicación de la legislación dictada por los organismos de derechos humanos y por la Suprema Corte. El FONMX promovió una recolección de firmas por internet como respaldo a una carta dirigida al Papa Francisco en donde piden la destitución del cardenal Norberto Rivera7 y solicitan el diálogo con el nuncio apostólico. Ahora convocan a una concentración para el 13 de octubre afuera de la Cámara de Diputados en donde los representantes del frente se reunirán con una comisión de legisladores. Acciones cargadas de una ingenuidad manifiesta al buscar la solución en los mismos que promueven el odio (la iglesia) y en los que alientan y permiten los ataques homofóbicos y transfóbicos (el gobierno).
Como podemos ver, el FONMX no plantea la organización de la comunidad LGBTIQ que se encuentra dispersa, sino que confía en las instancias que han detenido la iniciativa del matrimonio igualitario, utilizando el cabildeo como su forma preferida de hacer política. Además, no alcanza a comprender que aunque se ganen leyes que otorguen derechos civiles, estas se harán inaplicables porque la base material que se necesita para garantizarlas está siendo socavada por las contrarreformas neoliberales. El FONMX incluso se alía con los partidos que las han votado y aplicado como el PRI y el PRD. En resumen, la política del FONMX tiene un carácter de continuidad con el sistema e intenta encausar la movilización callejera por la vía institucional y de confianza absoluta en la legalidad burguesa.
Sin embargo, la existencia de direcciones reformistas como el FONMX no es en sí misma la causa de la pasividad y desorganización de la comunidad LGBTIQ, sino una de sus consecuencias. A finales de la década de los ochenta, el Estado mexicano comenzó a recortar los apoyos sociales y a atacar las conquistas históricas del movimiento obrero. El estancamiento y retroceso de los salarios, la degradación del empleo y la disminución del gasto público en vivienda y salud, condiciones necesarias para que las personas LGBTIQ puedan tener una vida autónoma, han hecho que la dependencia al hogar de origen se incremente, inhibiendo la salida del clóset y, por lo tanto, la identificación con una comunidad que las lleve a la participación política. El reforzamiento de la familia como institución sobre la cual descargar el peso de la asistencia social, y la estigmatización de las familias no tradicionales como las responsables de la violencia creciente por no encajar en el modelo de “funcionalidad”, han conferido nuevas fuerzas a las ideologías ultraconservadoras.
También, la aparición de la pandemia del VIH-SIDA volvió a poner a esta comunidad como blanco de ataque de las posturas reaccionarias, llevándola de una actividad política pujante desde el movimiento por la liberación sexual de los setenta, a estar de nuevo a la defensiva y contentarse con labores asistencialistas para palear los estragos de la nueva enfermedad, tejiendo alianzas con los gobiernos para llevar a cabo este trabajo. Se suma a esto la crisis de la izquierda revolucionaria, aturdida por la desaparición del bloque “socialista”, la cual no pudo presentarse como referente político para el movimiento LGBTIQ, inclinándose éste por los partidos de la izquierda institucional, en nuestro caso, el PRD. Además, el impulso al mercado rosa, que en México deja ganancias de 71 millones de dólares al año, ha abierto un espacio artificial en el que, sobre todo, la población gay masculina de clase media y alta se siente incluida en medio de un mundo amenazante. El mercado rosa es la manera en que el capitalismo responde a la comunidad LGBTIQ, alentando el consumo y desmovilizando a un posible sujeto político de ruptura.
No existen fórmulas mágicas para enfrentar estos problemas, sin embargo, la tarea de la izquierda revolucionaria pasa por la reconstrucción de un movimiento LGBTIQ de ruptura tanto con el cis-hetero-patriarcado como con los intentos del sistema de normalizarlo y cooptarlo. Para ello, se debe alentar la crítica a las respuestas legalistas a la ola reaccionaria, señalando la complicidad del Estado con las iglesias. Además, es necesario organizar a la comunidad LGBTIQ que se encuentra dispersa, fragmentada y apartada de la arena política por desconocimiento o porque no encuentra un espacio convincente para participar, esto quiere decir que no basta con hacer coaliciones entre las asociaciones civiles pro-LGBTIQ que ya existen, sino tener una vocación de mayorías e ir a donde el trabajo asistencialista no ha llegado, en clave de auto-organización e independencia del aparato estatal.
La ofensiva del FNF contra cualquier otro tipo de familia distinta a la tradicional ataca también los derechos de las mujeres, base de una alianza estratégica con el movimiento feminista que lucha por erradicar las violencias sexistas. Los recientes asesinatos de mujeres trans urgen a una movilización conjunta para frenar el odio transfóbico y los feminicidios. Esta alianza no será posible sin una revisión de las conductas sexistas al interior de la comunidad LGBTIQ, que invisibilizan las demandas propias de las lesbianas y las trans y reproducen la dominación machista privilegiando la agenda de los hombres homosexuales.
Por último, es imprescindible destacar que si no se revierte el proceso de privatización y despojo impuesto por las contrarreformas neoliberales, los derechos democráticos y sociales alcanzados no podrán ser garantizados. Para muestra un botón: el presupuesto destinado al combate del VIH-SIDA para 2017 se redujo en un 13.3%, afectando a las personas LGBTIQ seropositivas de bajos recursos, mientras que la violencia aumenta y cobra víctimas entre la población trans dedicadas al trabajo sexual. La lucha por frenar la profundización de las políticas neoliberales implicará la confluencia con otros sectores golpeados por éstas como los trabajadores, los campesinos, los indígenas y los estudiantes.
La campaña del FNF continuará en los siguientes meses. Veremos si la comunidad LGBTIQ lograr poner en marcha un movimiento que, organizado y en las calles, consiga detener el odio de las iglesias y los conservadores.
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