Irmalicia Velásquez Nimatuj, en El Periódico-Guatemala
El Estado de Guatemala y sus tres pilares: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a partir de 1997 (gobierno de Álvaro Arzú) sin consultar a comunidades y violando marcos de derechos nacionales e internacionales, decidió ponerse al servicio de la explotación minera de recursos metálicos al regalarlos bajando las regalías del 6 al 1 por ciento (Decreto 48-97). Legalmente le abrieron las puertas a las corporaciones, que junto a la corrupción estatal, han convertido en millonarios a los últimos Ministros de Energía y Minas, alcaldes, burocracia municipal y nacional, y algunos miembros de la prensa.
Hoy, las empresas mineras son uno de los sectores más corruptos y simultáneamente, uno de los principales violadores de los derechos humanos individuales y colectivos. Irónicamente son trasnacionales de capital canadiense, estadounidense, europeo o asiático que en sus países no podrían defender el derecho al trabajo a costa del derecho a la vida humana, vegetal o animal; presionar a las cortes con la impunidad con la que aquí lo hacen; comprar jueces, periodistas, hacer ‘lobby’ a través de sus embajadas, dividir poblaciones al proveer empleos raquíticos a algunos miembros de la región, destruir viviendas, promover el conflicto, la mentira usando la propaganda, para finalmente dejar el 1 por ciento de impuestos sobre producción bruta.
El Estado de Guatemala y sus tres pilares: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a partir de 1997 (gobierno de Álvaro Arzú) sin consultar a comunidades y violando marcos de derechos nacionales e internacionales, decidió ponerse al servicio de la explotación minera de recursos metálicos al regalarlos bajando las regalías del 6 al 1 por ciento (Decreto 48-97). Legalmente le abrieron las puertas a las corporaciones, que junto a la corrupción estatal, han convertido en millonarios a los últimos Ministros de Energía y Minas, alcaldes, burocracia municipal y nacional, y algunos miembros de la prensa.
Hoy, las empresas mineras son uno de los sectores más corruptos y simultáneamente, uno de los principales violadores de los derechos humanos individuales y colectivos. Irónicamente son trasnacionales de capital canadiense, estadounidense, europeo o asiático que en sus países no podrían defender el derecho al trabajo a costa del derecho a la vida humana, vegetal o animal; presionar a las cortes con la impunidad con la que aquí lo hacen; comprar jueces, periodistas, hacer ‘lobby’ a través de sus embajadas, dividir poblaciones al proveer empleos raquíticos a algunos miembros de la región, destruir viviendas, promover el conflicto, la mentira usando la propaganda, para finalmente dejar el 1 por ciento de impuestos sobre producción bruta.
