Pierre Beaucage, antropólogo, Université de Montréal, Canadá. En Alainet.
Foto: Theresa Spence, durante la Huelga de hambre.
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En Canadá se utiliza la expresión «verano indígena» (été des Indiens) para designar unos períodos inesperados de calor que ocurren en pleno otoño, cuando normalmente hace frío. Sin embargo, este año, es en pleno invierno canadiense cuando se está calentando el escenario político indígena.
Hace seis semanas, Theresa Spence, jefa del pueblo indígena de Attawapiskat, en el norte de la provincia de Ontario, empezó una huelga de hambre para protestar contra las condiciones infrahumanas en que viven los 1200 habitantes de su comunidad, en particular el hacinamiento inaceptable de las familias en viviendas precarias e insalubres en una región donde las temperaturas bajan hasta 40 grados bajo cero. Esta situación, lejos de ser única en el país, es desgraciadamente común en las llamadas «reservas indígenas», o sea los territorios donde han sido relegados los pueblos indígenas después de la llegada de los europeos. La jefa Spence dijo que solamente pondría fin a su huelga de hambre si el primer ministro Stephen Harper y el gobernador general aceptaban recibirla para discutir de los problemas agudos que azotan a la población indígena.
Hace una semana, el gobierno canadiense convocó de improvisto a los jefes indígenas de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), principal organización indígena del país, a un encuentro este viernes 11 de enero. Los periodistas independientes y los analistas políticos coinciden en que se trata de un intento (¡bastante burdo, además!) de desarticular el movimiento de protesta. Se trataría de ofrecer unos pocos millones a los líderes oficialistas para que se disocien de las reivindicaciones actuales y afirmen su confianza en el gobierno. La jefa Spence dijo que seguirá su huelga y no asistirá al encuentro porque se trata de un simulacro: no estará el gobernador general, lo que convierte la reunión en un banal intercambio de puntos de vista. El éxito de la maniobra gubernamental no está asegurado: las bases indígenas están presionando al liderazgo para que rechace las leyes 38 y 45 y que apoye a Theresa Spence. Dos asociaciones indígenas de Alberta (principal provincia petrolífera del país) acaban de iniciar, ante la Corte federal, demandas legales contra las dos leyes, que consideran anticonstitucionales, por negar la consulta previa y violar sus derechos territoriales insertados en la Constitución canadiense de 1982. Por los mismos motivos, en Columbia Británica, otro grupo indígena ataca ante los tribunales el Acuerdo sobre Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras (APIE) que el Gobierno canadiense acaba de firmar con China.
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