Bolivia cierra el año con la expropiación de negocios de Iberdrola en el camino hacia la nacionalización total de los recursos, según declaraciones del presidente boliviano.
Decio Machado, desde Quito. En periódico Diagonal
El presidente boliviano Evo Morales anunció el pasado 29 de diciembre la nacionalización de cuatro empresas del sector eléctrico, todas ellas filiales de Iberdrola (primer grupo energético español). Morales explicó que el objetivo de esta medida era garantizar “el derecho humanitario de los ciudadanos que viven en el área rural, precautelando su economía. Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro”. Las firmas expropiadas son las distribuidoras de electricidad Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz) y Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo) la empresa de servicios Edeser y la gestora de inversiones Compañía Administradora de Empresas.
El mandatario ya expropió en mayo pasado las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en la Transportadora de Electricidad (TDE), anunciando que “tarde o temprano el Estado boliviano tiene que controlar y administrar el 100% de la energía”. Iberdrola, a través del holding de su propiedad Iberbolivia, controla el 92,8% del accionariado de Elfeo y el 89,5% de las acciones en Electropaz, siendo el 10% restante propiedad del Banco de Santander.
Amenazas veladas
A pesar de la campaña de amenazas desplegadas nuevamente por la diplomacia española en toda América Latina, según fuentes vinculadas al mercado bursátil, el conjunto de empresas nacionalizadas no supone ni siquiera el 0,2% del beneficio anual de Iberdrola (apenas unos seis millones de euros frente a unos beneficios que superan los 2.870 millones). Además, fuentes consultadas por DIAGONAL de la corporación española en Bolivia indican que “la preocupación de la empresa es menor”, dado que “Bolivia no forma parte de las prioridades en América Latina de la eléctrica, que están centradas en México y Brasil”.
Según el decreto de expropiación, la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) asumirá el control de las cuatro empresas nacionalizadas en representación del Estado boliviano. Para Martín Vergara, consultor económico vinculado a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “más allá de los emotivos y soberanistas discursos de Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, que sostuvieron la legitimidad de sus acciones basándose en varios artículos de la Constitución boliviana, esta operación no supone la estatalización de sus recursos naturales (como ocurrió el año pasado en Argentina tras la nacionalización de YPF). Tampoco de las centrales de generación eléctrica”, aseguran dichas fuentes.
Como en expropiaciones anteriores –Red Eléctrica aún está pendiente de cobrar su indemnización por la expropiación de mayo–, el Gobierno boliviano prometió una “justa remuneración” para los propietarios de las empresas ahora nacionalizadas. Fue el propio García Linera, al tomar posesión de las oficinas centrales de Electropaz, quien aseguró a los directivos españoles contraprestaciones económicas, indicando que “no se actuaría de manera arbitraria”. De hecho, la legislación boliviana establece que un experto independiente procederá a realizar una valoración de esas firmas en el plazo de 180 días para fijar un precio justo. La nacionalización de las filiales de Iberdrola se considera negativa por parte de los empresarios bolivianos que negocian en la actualidad una Ley de Inversiones con el Gobierno.
Sin embargo y más allá de las declaraciones de la patronal boliviana, las recaudaciones fiscales bolivianas han representado nuevos records históricos durante el 2012. Según el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, el ingreso tributario más importante es el Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), que representa el 24% del total de las recaudaciones impositivas. Dicho monto representa que prácticamente un cuarto de los ingresos de impuestos que recibe el Tesoro, y está generado por las utilidades proporcionadas por el sector privado. Arce se congratulaba hace unos meses de dicha situación, indicando que “le está yendo muy bien al sector privado, porque están pagando grandes cantidades por el Impuesto a las Utilidades Empresas. Y nos alegramos que les vaya bien a los empresarios privados, porque mientras sigan contribuyendo a las recaudaciones tributarias, el país seguirá teniendo estos récords de recaudaciones impositivas”.
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