El problema se planteó en Ecuador con la elección de Rafael Correa en 2006, en Venezuela con la de Hugo Chávez en 1998, en Bolivia con la de Evo Morales en 2005… Al igual que con la elección de Salvador Allende en 1970 en Chile. La cuestión se plantea para cualquier movimiento de izquierda que llegue al poder en una sociedad capitalista. Cuando una coalición electoral o un partido de izquierda llega al gobierno no tiene el poder, porque el poder económico está en posesión de la clase capitalista (grupos financieros, industriales, bancarios, grandes medios privados, el gran comercio, etc.). Esta clase capitalista tiene el poder económico. Además, controla el Estado, el poder judicial, los ministerios de Economía y Finanzas, el Banco Central… En Ecuador como en Bolivia o Venezuela, si el gobierno quiere realmente cambiar estructuras, debe, inexorablemente, entrar en conflicto con el poder económico para poder poner fin al control de la clase capitalista sobre los medios de producción, de servicios, de comunicación y sobre el estado. En estos países, el gobierno está en conflicto con la clase capitalista pero los cambios estructurales en el ámbito económico todavía no se han realizado. Venezuela, que es el país donde los cambios están más avanzados, sigue siendo claramente un país capitalista.
Ensayemos una comparación histórica. En 1789, cuando gracias a la revolución francesa, la burguesía tomó el poder político en Francia, ésta clase ya poseía el poder económico. Antes de conquistar el poder político en 1789, los capitalistas franceses eran acreedores del rey de Francia y los propietarios de los principales mecanismos del poder económico, o sea, la banca, el comercio, las manufacturas y una parte de las tierras. Después de la conquista del poder político, la burguesía dominó totalmente el Estado y expulsó a los representantes de las antiguas clases dominantes (nobleza y clero), o las sometieron totalmente. El Estado se convirtió en un mecanismo bien aceitado al servicio de la acumulación de capital.
A diferencia de la clase capitalista, el pueblo no tiene la capacidad de tomar el poder económico si antes no accede al gobierno. La repetición para el pueblo de la ascensión progresiva hacia el poder que realizaron los burgueses en el marco de la sociedad feudal o de la sociedad de pequeña producción de mercaderías es imposible. El pueblo no acumula riquezas materiales en gran escala, no dirige empresas industriales ni bancos, ni el gran comercio ni otros servicios. Es a partir del poder político que el pueblo puede emprender las transformaciones en el nivel de la estructura económica y comenzar la construcción de un nuevo tipo de Estado basado en la autogestión.
Y es por ello por lo que es fundamental instaurar una relación interactiva entre un gobierno de izquierda y el pueblo. Éste debe reforzar su nivel de autoorganización y construir desde la base estructuras de poder popular. Esta relación interactiva, dialéctica, puede llegar a ser conflictiva si el gobierno duda en la toma de las medidas que reclama la «base». La presión del pueblo es vital para convencer a un gobierno de izquierda de que profundice el proceso de cambios estructurales que implican una redistribución radical de la riqueza en favor de las y los que la producen. Para ello, se debe acabar con la propiedad capitalista de los grandes medios de producción, de servicios, de comercio y de comunicación transfiriéndolos hacia el sector público y desarrollando o reforzando otras formas de propiedad con función social: la pequeña propiedad privada (especialmente en la agricultura, la pequeña industria, el comercio y los servicios), la propiedad cooperativa, la propiedad colectiva y las formas de propiedad tradicional de los pueblos originarios (que, en general, tienen un alto grado de propiedad colectiva).
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