Portugal: Tras el acuerdo entre el PS, el Bloque de Esquerda y el PCP

El pasado fin de semana se firmó el acuerdo entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista Portugués (PCP), tras haber sido acordado previamente entre el Bloco de Esquerda (Bloco) y el Partido socialista (PS). De este modo, [el acuerdo] cuenta con una mayoría en el parlamento para derrotar al gobierno, el más breve de la historia de la democracia, y para interrumpir la saga de Passos Coelho y Portas. El resultado es fundamental y es histórico: tras la sangría de la austeridad, comienza una nueva etapa. 

Francisco Louça, en Publico.pt. Traducción: VIENTO SUR
Gráfico: Evolución prevista del valor del salario mínimo nacional hasta 2019 al amparo del acuerdo alcanzado para la investidura del gobierno del PS.

En las últimas semanas he criticado tanto la tardanza en cerrar este acuerdo como la escasa osadía mostrada en el proceso, pues por falta de una afirmación fuerte, al final ha habido dos acuerdos distintos, pese a que dicen lo mismo, e incluso tres mociones de rechazo [al gobierno impuesto por el presidente Cavaco Silva] diferentes. Pero ahora hay un acuerdo, que es público, y por eso los temas más importantes pasan a ser su contenido y su durabilidad, que comentaré a partir del único punto de vista que (me) interesa: el de las respuestas a la crisis social agravada por el tormento de la austeridad.

Empezaré por el contenido del acuerdo. Las tres condiciones que planteó Catarina Martins [portavoz del Bloco y cabeza de lista por el distrito de Oporto] en el debate con Costa [Cabeza de lista del PS]: el abandono por el PS de la reducción de la tasa social única (TSU) patronal y de la TSU de los trabajadores con reducción en las pensiones, el abandono del despido conciliatorio [en base a acuedos individualizados] y el fin de la congelación de las pensiones, fueron, desde antes de la campaña electoral, el punto de partida del acuerdo de este fin de semana. El PS, vistos los resultados electorales en los que la derecha perdió la mayoría, aceptó estas condiciones. Muchos socialistas respirarán de alivio, porque no comulgaban con estas tres ideas de su partido.

Pero los acuerdos publicados ahora y que se incluyen en el programa del nuevo gobierno van más allá, mucho más allá. Formulan una respuesta de urgencia con medidas de urgencia y con respuestas duraderas como alternativa a la austeridad si hay una voluntad firme de ir tan lejos. Ponen fin a las privatizaciones. No habrá más privatizaciones. Incluyen además la reversión de los recientes procesos de concesión de los transportes urbanos de Lisboa y Oporto. Protegen el agua como bien público esencial.

En cuanto a las rentas del trabajo, benefician a millones de trabajadores. Se recuperan los salarios de las y los funcionarios (medida que se llevará a cabo ya en 2016) y todos los salarios del sector privado resultarán beneficiados (los superiores a 600 euros, por la reducción de la sobretasa, que quedará suprimida en 2017; los inferiores a 600 euros, por la rebaja de la deducción para la seguridad social, sin que afecte a las futuras pensiones y sin reducir la financiación del sistema de previsión). Se recuperan los cuatro festivos cuya supresión implicaba la ampliación del horario de trabajo con el mismo salario. Saldrán beneficiados todos los trabajadores y trabajadoras, es decir, 4,5 millones.

También resultarán beneficiadas todas las pensiones (las inferiores a 600 euros, por la descongelación y una pequeña recuperación, y las superiores a 600 euros por el fin de la sobretasa del impuesto sobre la renta), lo que afectará a dos millones de personas. Frente a ello, la derecha propone recortar 4 000 millones de euros en el gasto de la seguridad social (1 600 millones con la congelación de las pensiones, 2 400 con la reducción de prestaciones anuales de 600 millones prometidos a Bruselas). La diferencia es gigantesca.

Se establecen nuevas normas fiscales: restablecimiento de la progresividad con más escalones en el impuesto sobre la renta (IRS); supresión del cociente familiar que favorecía a las familias más ricas y su sustitución por una deducción en el IRS del mismo importe por cada hijo o hija; una cláusula barrera para los aumentos del impuesto municipal sobre bienes inmuebles (IMI), que no podrán superar los 75 euros en un año; suspensión de la reducción del impuesto de sociedades (IRC); la reducción de los plazos para el traslado a una nueva cuenta de las pérdidas de las empresas de doce a cinco años; modificación de las reglas con el fin de reducir las ventajas fiscales de los dividendos; finalmente, reducción del IVA de la hostelería al 13 %.

Para combatir la pobreza se incrementa el salario mínimo a 557 euros a partir del 1 de enero de 2017 y a 600 euros hasta el final de la legislatura, y se reduce la tarifa de electricidad a las familias más pobres. Un millón de personas se beneficiarán de estas medidas. Se adoptarán medidas para que los falsos contratos temporales pasen a ser fijos y para relanzar la contratación colectiva. Se pondrá fin al régimen de movilidad especial en la función pública, que comportaba el despido. Estará prohibido empeñar la vivienda propia para garantizar las deudas al Estado y, en el caso de las deudas hipotecarias a los bancos, se establecerá la dación en pago cuando no haya otra alternativa de modificación de plazos e intereses.

Se ha presentado una lista de medidas en los ámbitos de la sanidad y la educación, de reducción del copago sanitario e incluso la reutilización de los libros de texto escolares. El PS ha retirado asimismo su propuesta de nueva ley electoral con circunscripciones uninominales. Finalmente, acepta un procedimiento de cooperación parlamentaria y de consultas mutuas, incluida la creación de comisiones sobre la sostenibilidad de la deuda externa y sobre el futuro de la seguridad social, comisiones que deberán presentar informes trimestrales.

Lo que se consigue con esto es la estabilidad de la vida de las personas, alivio para los pensionistas, recuperación de los salarios, protección del empleo y más justicia fiscal. Por otro lado, con este aumento de la demanda agregada, la economía reaccionará positivamente de inmediato. ¿Qué falta entonces? Faltan todavía respuestas estructurales para la inversión, para gestionar la balanza exterior y mejorar el equilibrio de las rentas, cosa que exige una restructuración de la deuda. Sin ella no se ve cómo podrá haber margen de maniobra suficiente para resistir las presiones externas y para relanzar el empleo. Hace falta invertir y generar capacidad productiva, y el Estado ha de desempeñar un papel estratégico en respuesta a la prolongada recesión que hemos sufrido.

Aparte de esto, todavía no se puede anticipar cuáles serán las condiciones de Bruselas y de Berlín, del BCE o de las agencias de calificación, pero sin duda no serán favorables. Conviene recordar que la Comisión Europea publicó un comunicado dos días después de las elecciones exigiendo nuevas medidas en materia de seguridad social y que este tema seguirá siendo un terreno de disputa, o que las agencias de calificación acaban de amenazar a la República Portuguesa. Finalmente, el expediente del Novo Banco estalló antes del verano, con pérdidas importantes para el saldo presupuestario y con exigencias de recapitalización, o de un proceso de resolución bancaria realizado de acuerdo con requisitos técnicos que protejan el bien público y reduzcan la deuda externa.

Estos son los problemas que llamarán a nuestra puerta en los próximos meses y años. La nueva mayoría sabe que así es, porque ha firmado una cláusula de salvaguarda que garantiza que, ante imprevistos presupuestarios o nuevas situaciones, la respuesta nunca será un aumento de impuestos sobre el trabajo o una reducción de los salarios y pensiones. Conviene por tanto que empiece ya a preparar esa respuesta, porque los imprevistos llegarán más deprisa que el nuevo presupuesto.