miércoles, 28 de septiembre de 2016

¿Paz en Colombia? ¿Cual paz?

ARTÍCULOS EN DOSSIER:
1- ¿Paz en Colombia? (Javier Giraldo M.)
2- ¿Cual paz? (Carlos Carcione)

INFO. RELACIONADA:

- Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (La Habana, 24.08.2016) 


¿Paz en Colombia?
Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y han llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. 

Javier Giraldo M., en El Turbión


Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de excombatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas.

Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo, el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos.

Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones, como las siguientes:

  1. Se percibe un doble lenguaje. Con uno se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; mientras que el otro, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.
  2. Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como ‘salvedades’ o ‘constancias’ de las que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos.
  3. Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los expresidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria.
  4. El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino, más bien, a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: si es verdad que se acaba la guerra, ¿por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?
  5. El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente, el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo, dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.
  6. En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz descansan en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales, respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta, y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales. Entre tanto, su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales.
Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia. Esta impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia.

A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado esquizofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal, cuya relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los grandes medios de información.

La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó en 2005 un gobierno de extrema derecha, el del expresidente Álvaro Uribe, mediante la Ley 975, llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, estos obtuvieron su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años, aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente, se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015.

A esa estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos, puesto que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el expresidente Uribe añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y cooperantes, y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial.

El paramilitarismo ilegal, en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las empresas transnacionales, a cuya destrucción ecológica denominan ‘progreso’; y sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común, ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.

Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo, y su desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por tribunales internacionales.

El expresidente César Gaviria lanzó una carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales. Por ello, el acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro que no dejan de ser frágiles y, al analizaros, se descubre con mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno.

En el momento en que escribo aún no se ha firmado el acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales, mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa.

La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias.

Es necesario anotar, que el acuerdo no se va a firmar, por el momento, sino con la guerrilla de las FARC y que otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos.
¿Cuál paz?


En el momento en que se escribe este texto un vocero del Secretariado de las FARC-EP,[1] informaba a la prensa presente en la X Conferencia de esa organización, que los delegados convocados para el evento aprobaron los Acuerdos de La Habana por unanimidad.


Carlos Carcione, en Aporrea

Así se da un nuevo paso hacia la finalización del conflicto armado más antiguo del continente. Lo que sigue es la firma protocolar que se realizará el 26 de este mes en Cartagena y que contará con la presencia, entre muchos otros testigos, del Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolín, enviado especial del Papa Francisco. Y luego, el 2 de octubre, se realizará el plebiscito que, de aprobarse, dará comienzo formalmente a la hoja de ruta que convertirá a esa guerrilla colombiana en un movimiento electoral legal.

Las expectativas que despierta este hecho, son muchas. Cincuenta y cuatro años de conflicto armado, millones de despojados y desplazados, decenas de miles de desaparecidos y centenares de miles de asesinados, es el altísimo costo pagado hasta ahora por el pueblo colombiano por el conflicto y sobre todo por la utilización del conflicto por parte de las oligarquías.

Por esas expectativas es que la mayoría de los movimientos sociales y de la izquierda llaman a votar SI en el plebiscito aunque de manera muy crítica. Porque también son muchas las incertidumbres y las dudas. Y muchas las preguntas que merecen respuesta. ¿Mejoran los acuerdos las condiciones de la lucha social? ¿Se ve en los acuerdos rastros de que cambiará para mejor la vida de la gente? ¿Se detendrá realmente la violencia contra los luchadores? ¿Se abre la posibilidad de un cambio del sistema político que facilite la participación de los excluidos o solo se asegura la participación política de las FARC-EP? ¿Se abren espacios para debatir el modelo económico? ¿De triunfar el plebiscito, se desmovilizará efectivamente el para militarismo? Y ¿Uribe, su jefe político, aceptará el resultado? ¿Por qué tiene tanto peso el NO en las encuestas previas al plebiscito?

Cuando se conoció el acuerdo del cese fuego definitivo, decía William Ospina, escritor colombiano honrado en Venezuela con el premio Rómulo Gallegos por su novela El país de la Canela:

"¿Pero por qué la gente está tan escéptica? ¿Por qué no hemos visto el júbilo que debería acompañar a un proceso tan vital para nuestro futuro? Porque nadie siente que este proceso esté cambiando las condiciones que nos llevaron a la guerra y que la hicieron posible durante 50 años. Algo en el corazón de la sociedad presiente que una paz sin grandes cambios históricos, una paz que no siembre esperanzas, es un espejismo, hecho para satisfacer la vanidad de unos políticos y la hegemonía de unos poderes, pero no para abrirle el horizonte a una humanidad acorralada por la necesidad y por el sufrimiento..." [2]
Veamos qué hay de cierto en esta afirmación.

Plebiscito, Congreso y cambios políticos

Entre los negociadores, el debate sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente que incorporara los acuerdos, y pudiera debatir reformas a un sistema político moldeado para la guerra y la represión indiscriminada para adaptarlo a tiempos de "paz", murió antes de nacer. Una vez que fue aceptada por las FARC la imposición del presidente Santos de que la participación popular se redujera a un plebiscito.

Pero que según una decisión del Tribunal Supremo de Justicia este plebiscito solo es vinculante si la propuesta de Paz pierde. Pero de darse el triunfo del Sí a los Acuerdos, la ruta, los ritmos y la aplicación efectiva de lo que no está específicamente pautado, queda en manos del Congreso. Así se puede empezar a comprender que los cambios de ese sistema político elitista, corrupto y perverso se limitan a la incorporación inmediata al Congreso, en el actual periodo parlamentario, de 3 voceros de las FARC que no tendrán voto. Y se le garantiza a esa organización 10 lugares en el parlamento en los dos próximos periodos, aunque los votos que obtengan no sean suficiente para ello. Por otra parte, lo referente a justicia transitoria, declara la impunidad para el paramilitarismo. Una vez que acepten haber cometido hechos aberrantes no podrán ser juzgados. Pero además no está establecido ningún mecanismo para restablecer la verdad histórica. Por lo que quedarían sin castigo y sin esclarecimiento los más de 5.000 casos de "falsos positivos" de los que es responsable político Uribe Vélez.

Tierra y modelo económico

Desde el punto de vista de la declaración, habría una devolución de tierras a sus antiguos dueños. Sin embargo al estar planteado en términos generales, sin un plan, sin límites claros en el tiempo que tendría que ocurrir, ni estar claramente establecida una comisión de seguimiento, en fin al quedar en manos del Congreso, su concreción se vuelve incierta. Pero lo novedoso es que en los acuerdos es que la FARC acepta la participación del capital transnacional como actor agrario, abriendo espacio a la desnacionalización de la tierra y la extensión del latifundio.

Lo anterior completa el modelo de entrega de soberanía instaurado con el Tratado de Libre Comercio que filmó Colombia con Estados Unidos, que a lo largo de más de una década acentuó la desindustrialización del país, la entrega de las empresas pública al capital financiero internacional y lo convirtió en un exportador recursos naturales mineros.

Lucha Social y Violencia Estatal
De la misma manera que no se modifica un sistema político que funcionó durante la guerra, quedó explícitamente claro que el tema de las fuerzas militares del Estado al igual que el modelo económico amarrado al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quedaban por fuera de las negociaciones.

Así no sólo no se reduce sino que se fortalece un ejército de más de medio millón de soldados, el más grande del continente sin tomar en cuenta a Brasil. Una fuerza armada que recibió inversiones por más de 130.000 millones de dólares en algo más de diez años. Un ejército asociado a la OTAN, con una doctrina que considera enemigo interno a los disidentes políticos.
Por otra parte para la lucha social no ha habido tregua: desde el inicio del cese del fuego definitivo hasta el 14 de septiembre más de dos docenas de líderes y lideresas sociales y de derechos humanos fueron asesinados. Mientras que simultáneamente, el Congreso, el mismo que va a administrar los Acuerdos de La Habana votaba en julio de este año un nuevo Código de Policía que entre otras cosas obliga a anunciar con anticipación la realización de las protestas sociales y autoriza a disolverlas en el momento que las autoridades lo consideren. Igual que habilita a allanar los domicilios sin orden judicial previa.

¿Una oportunidad a la Paz?
Doscientos cincuenta y seis intelectuales de varios países y de diferentes ubicaciones en el espectro político le hicieron llegar al presidente Santos un pronunciamiento para apoyar el SI en el plebiscito que titularon: Demos una oportunidad a la Paz. Pero eso es imposible, porque como señalaba Ospina, sin cambios históricos esa paz es un espejismo.

El sentido del voto critico por la opción SI en el plebiscito no debe ser, en todo caso, darle la oportunidad a ese espejismo de paz construido para cubrir la vanidad de las cúpulas políticas. Por el contrario, puede ayudar a reagrupar y fortalecer al movimiento social y la izquierda detrás de una acción política unitaria. Que de manera independiente y autónoma, decida sacudirse la sombra de una guerra que ya hace mucho tiempo no es suya, para enfrentar sin el lastre de esa sombra las luchas que vienen. 

* Carlos Carcione, coordinador del Equipo de Investigación de Marea Socialista-Venezuela.

Notas

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