El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) publicó una investigación titulada: Situación Laboral de Trabajadores/as Agrícolas en Guatemala. Los desgarradores datos revelan una verdad incómoda que ya se sospechaba pero que no se quería ver. Guatemala, dócil a las orientaciones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., se convirtió en las últimas tres décadas en una renovada República de mega latifundista.
Mediante la concentración y reconcentración de la tierra, emergieron los “modernos” propietarios agroindustriales, acaparando más del 60% de las tierras de cultivo del país. Este latifundismo inmoral, tramitado por el propio Estado, no sólo convirtió a campesinos e indígenas del país en empobrecidos sin tierra, sino, además de quitarles la tierra, los convirtió y convierte en acorralados esclavos sin derechos.
Por las actuales estadísticas del mercado internacional, Guatemala es renombrada y aplaudida como la primera potencia regional en la exportación de etanol (con 265 millones de litros anuales). El cuarto país exportador de azúcar a nivel mundial (con 55 millones de quintales anuales). Uno de los principales productores de palma africana, etc. La agroindustria representa el 13% del PIB nacional (el PIB de Guatemala es de 46.9 millones de dólares). Pero, este “éxito” tiene olor a sangre y sudor maya.Según la investigación realizada por CODECA, en 609 fincas agrícolas (de las cerca de 3 mil registradas), distribuidas en 14 de los 22 departamentos del país, el 91% de jornaleros/as agrícolas son indígenas. De estos, la gran mayoría desconoce sus derechos porque son analfabetos o porque tienen bajo nivel de escolaridad.
El 70% de las y los trabajadores agrícolas en las modernas empresas de agroexportación trabajan entre 9 y 12 horas diarias, sin conocer recompensa alguna por las horas extras, bajo amenaza de despido. Además, la gran mayoría de ellos sale de su casa al trabajo a las 3 de la madrugada, y vuelven a las 9 o 10 de la noche.
El 90% de trabajadores recibe un salario por debajo del mínimo establecido por Ley. Para el 97% de las mujeres jornaleras no existe ni siquiera salario mínimo. Sólo el 3% de las y los trabajadores tiene vacaciones. El 90%, indica que no les afilian al Seguro Social, aunque sí les descuentan del salario.
Las “exitosas” empresas agroexportadoras, sólo tienen 4% de sus trabajadores como empleados fijos. Al resto los mantienen bajo la modalidad de temporarios sin derechos. La sindicalización en las fincas agroexportadoras está sancionada con despido inmediato, lista “negra”, persecución y asesinato selectivo de dirigentes. Sólo el 1% de trabajadores/as dice estar sindicalizada. No existe inspección laboral, por parte del Estado en las fincas.
La desterritorialización de indígenas y campesinos, y su subsecuente esclavización en las fincas agrícolas, no sólo convierte a estos legítimos dueños de las tierras en cenizas o fertilizantes para la agroexportación, sino, sobre todo, acelera la pauperización, hambruna, migración, convulsión social y violencia generalizada en el país.
Estas empresas del desastre no sólo nos despojan la tierra. Nos quitan y matan nuestros ríos (más de 12 ríos muertos). Invaden áreas protegidas, y con sus fumigaciones áreas envenenan nuestro aire. Y lo más doloroso de todo esto es que lo hacen con el apoyo jurídico y político del Estado, y la legitimación moral de algunos jerarcas católicos y evangélicos (el actual Arzobispo de Guatemala es el principal defensor público de las azucareras esclavistas, www.youtube.com/watch?v=KEsKq1DY-mw)
Y si esto es “desarrollo”, mejor que nos dejen convivir con los nuestros y nuestra Madre Tierra como lo sabíamos hacer. Porque, lo que CODECA muestra con su investigación es sólo una parte del costo sociolaboral de la prepotente agroexportación. Aún falta medir las impredecibles nefastas consecuencias ecológicas de este mito de “desarrollo” que ya heredamos a quienes vienen después de nosotros/as.
2012, Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, y resistencia popular en Guatemala
La Asamblea General de Naciones Unidas, en 2010, estableció el año 2012 como el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, considerando que del acceso al servicio de la energía eléctrica dependen el disfrute de otros derechos como: la educación, la salud, la alimentación, etc. ¿Imagina Ud. hospitales o centros de investigaciones sin energía eléctrica? Sin embargo, en este momento, cerca de mil cuatrocientos millones de personas no tienen acceso a la energía eléctrica en el mundo. Y, en algunos casos, este servicio, lejos de garantizar derechos, por la mercantilización de la energía eléctrica, se ha convertido en una pesadilla para usuarios empobrecidos. Veamos el caso de Guatemala.
Don David, miembro de un comité local para la nacionalización de la energía eléctrica, en la zona oriental de Guatemala (Zacapa), indica: “Luego que se privatizó la luz, progresivamente los campesinos fuimos trabajando sólo para ajustar la facturación mensual de la luz. Pero, ahora, ya no podemos más. Antes pagábamos como 40 Quetzales ($ 5) mensuales, pero en los últimos meses las facturas no venían con menos de 1.500 a 3.000 Quetzales. ¿De dónde vamos a pagar si al campesino no nos pagan ni 50 Quetzales diarios?”
Don Francisco, en Huehuetenango, se queja furioso en una reunión campesina porque la última factura de luz que recibió era de 16,000 Quetzales acumulados de tres meses. Él dice: “Si sólo tengo tres foquitos y la refrigeradora, no entiendo por qué me cobran tanto”. Dña. Candelaria, indígena quiché, comenta: “En mi comunidad no hay alumbrado público, pero en la factura dice 70 Quetzales por alumbrado público. Incluso el maíz para la tortilla tenemos que vender para pagar la luz. Por eso nos hemos desconectado de los medidores”.
A 16 años de la firma del Acuerdo de Paz entre Estado/Ejército y la URNG, se evidencia que, en buena medida, aquel Acuerdo sólo fue para crear las condiciones jurídicas y políticas seguras para el afianzamiento del sistema neoliberal recargado. Los Programas de Ajuste Estructural del FMI y las “inversiones” del BM y del DID se empecinaron en esquilmar a guatemaltecas/os empobrecidos y dárselo todo a las corporaciones y empresas privadas. Eso se hizo también con el servicio de la energía eléctrica (privatizado en 1996), cuya subvención estatal para 2012 es de mil millones de Quetzales para “evitar” alzas en las tarifas.
Ante la avaricia y los cobros abusivos de la empresa privada de energía eléctrica (DEOCSA-DEORSA, actualmente denominada Energuate), los usuarios, lejos de renunciar a su legítimo derecho de acceso a la energía eléctrica, decidieron emprender una progresiva y comunitaria huelga inédita que consistió en desconectarse de los medidores de consumo de energía y conectarse de manera directa, exigiendo la nacionalización de este servicio. La consigna fue: “La energía es nuestra, y mientras no se nacionalice no pagamos”.
Las comunidades se reunieron, evaluaron el monto de las facturas de luz, se informaron de la lucha emprendida por integrantes de CODECA, invitaron a dirigentes campesinos de CODECA para que les explique los motivos y objetivos de la lucha. Una vez decididos a sumarse a la huelga nacional, conformaron sus comités locales, se desconectaron de los medidores, y en la entrada a los barrios y/o comunidades colocaron sus mantas pintadas que decían: “Fuera DEOCSA-DEORSA, CODECA presente”. Luego, la vigilancia vecinal ya no permitió el ingreso de técnicos de la empresa de energía que buscan manipular los transformadores.
Esta acción colectiva, ¿delito o derecho? El sector empresarial amenaza a las y los dirigentes de CODECA con mandarlos a la cárcel por robo de energía, las comunidades organizadas en huelga sostienen que ejercen su legítimo derecho a la protesta, y que si hay cárcel para sus dirigentes el Estado deberá contar con cárceles suficientes para los más de 30 mil afiliados de la organización. Lo cierto es que, según el Art. 17° de la Constitución Política de Guatemala, “No hay cárcel por deuda”, y los campesinos no están robando energía, sino exigiendo la nacionalización de la energía.
Una de las participantes en la asamblea sostiene: “No estamos robando energía, tampoco nos resistimos a pagar por la luz, sino que estamos exigiendo nuestro derecho a la energía eléctrica”. El Art. 45° de la Constitución Política establece: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. En esta disposición se fundamentan los huelguistas para su acción colectiva.
Además, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución N° 1803, 1962, titulada Soberanía permanente sobre los recursos naturales, establece que los Estado, en sus legítimos ejercicios de su soberanía, y por utilidad pública y función social, podrán recuperar la propiedad y el control sobre sus recursos y riquezas. Y con un enfoque de derechos, en su aspiración de aproximar a la humanidad a los objetivos del milenio, la ONU, en su Resolución N° 65/151, de 2010, establece el año 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible pata Todos para estimular a los estados miembros a que garanticen este servicio a toda su población. Guatemala firmó ambas resoluciones.
Aún nadie sabe con certeza en qué concluirá esta lucha desigual de las y los despojados por su derecho a la energía. Casi el 40% de la energía eléctrica en Guatemala es generada por termoeléctricas (a base de hidrocarburos). Y, con petróleo subvencionado por el Estado. Los precios del petróleo en el mercado mundial no paran de subir, al igual que la temperatura media de la Madre Tierra producto de la “civilización” del petróleo. Si bien en Guatemala se intenta transitar hacia las hidroeléctricas, pero, económicamente esta opción será más de lo mismo, porque son las mismas empresas de termoeléctrica que ahora se adjudican los ríos para mercantilizar la energía “limpia”.
Lo único cierto es que la avaricia y los abusos de la empresa de energía eléctrica en Guatemala está empujando a la población a organizarse para defender sus derechos, y con esta acción de hormigas golpean a la parte más sensible del sistema: las ganancias económicas. Según Don Mauro Vay, dirigente de CODECA, la lucha colectiva por la nacionalización de la energía es una batalla que fortalecerá al movimiento campesino/indígena en su agenda política por la recuperación del Estado y de los bienes comunes.
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