Bachelet mostró la hilacha en el debate de primarias concertacionistas. Las propuestas televisivas fueron todas medias tintas. Lo justo para poder diluirlas más, retroceder y consensuarse con el ala conservadora de la Concertación. Así el bacheletismo se otorga margen de maniobra. Es el patrón de conducta de la política socialdemócrata liberal a la Blair y a la Hollande: prometer en campaña para no cumplir después en el gobierno. Con respecto al cambio de Constitución, es claro que Bachelet opta por la "vía institucional" de las reformas, sometiéndose de hecho a las presiones del sector reaccionario de los partidos, los Escalona, Viera Gallo, Andrés Zaldívar, Walker, Tironi, Correa, Velasco y tantos otros.
Leopoldo Lavín Mujica, en Generación 80 (G80)
En un segundo nivel discursivo, Bachelet descartó de plano avanzar hacia un proceso constituyente que culmine en la elección por toda la ciudadanía de una Asamblea que redacte una constitución democrática. Es así como la promesa de cambio se transformará en una maniobra de gobernabilidad más para bajarle fuerza movilizadora a la demanda de una constitución democrática para Chile.
Las ambigüedades de la fórmula Atria
El proyecto del socialista Fernando Atria de convocar a una asamblea constituyente no aclara qué tipo de Asamblea propone para producir una nueva Carta. Hay como un perfume de recuperación que flota sobre la exigencia democrática. Y las ambigüedades matan un proceso que para lograr sus objetivos debe demostrar que sus promotores tienen una clara voluntad de convocar al pueblo ciudadano a que ejerza su propio poder constituyente.
Nada ha dicho Atria de la preparación de la AC, del universo de electores, de su composición social o de la representación de fuerzas sociales y regionales en un país donde un duopolio de partidos manda en lo político y una minoría oligárquica tiene con mano férrea las riendas del poder económico. Con debates timoratos en los medios y con expertos que se repiten.
Recordemos que el lunes 3 de junio el comando de Bachelet recibió tres documentos que ocho expertos designados por la ex presidenta elaboraron en una comisión constitucional. Las que más comentarios y críticas han despertado son las propuestas del experto constitucionalista Fernando Atria.
Para exponer su punto de vista el académico ha sido invitado a varios foros o entrevistas televisivas.
Además de proponer fórmulas propagandísticas, como marcar el voto en las próximas elecciones con la sigla AC y de explayarse sobre la opción de una cuarta urna donde votar por la opción constituyente, Atria propone en sustancia un mecanismo inserto en la misma constitución pinochetista para abrir un boquete con el fin de convocar una Asamblea Constituyente. Lo anterior en los márgenes de la legalidad de la constitución dictatorial refrendada con su firma por el expresidente concertacionista Ricardo Lagos.
Es por medio de un Decreto Supremo (presidencial, por supuesto) que llame a un plebiscito para pronunciarse en las urnas acerca de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución que se daría inicio a una vía legal cuyo fin es dotarse de una nueva. La condición necesaria para que esto sea posible es que ninguna de las dos cámaras del Congreso, por mayoría simple, resuelvan apelar al Tribunal Constitucional para que se pronuncie acerca de la "constitucionalidad" o legalidad del Decreto Supremo para convocar al plebiscito. En caso contrario, si el TC, en el uso de sus competencias, analiza el decreto, éste sería considerado ilícito según el espíritu de las normas constitucionales. Basta con que una cámara lo haga para bloquear esta salida.
Con la fórmula de Atria estamos en el terreno de las puras buenas intenciones si pensamos en los términos de ese estrecho marco de ordenamientos legales fabricados por los pinochetistas para impedir que los ciudadanos puedan dotarse de una carta acorde con los tiempos presentes y la lógica de las necesidades sociales. Supeditar los cambios para mejorar la vida política de un país a los intereses de dos coaliciones que en términos estructurales han consolidado un sistema político oligárquico es una aberración antidemocrática. Llamar a votar por una mayoría parlamentaria concertacionista para realizar las promesas es un chantaje político más.
Los comentarios de los dinosaurios concertacionistas nos aclaran las movidas. Según el DC Andrés Zaldívar este mecanismo es "inconstitucional", un "absurdo" agrega. Debe recordarle el tema de los "resquicios legales" utilizados durante la Unidad Popular, para imponer, contra la voluntad de la DC, aliada incondicional de la ultraderecha, muchas medidas socio-económicas del programa del Presidente Allende. Es evidente que el partido del "centro" será un freno para democratizar un sistema político que favorece la estabilidad y seguridades que exigen los que controlan la economía capitalista en un contexto de recesión económica. De ahí vendrán los argumentos para el 2017 justificar que lo que no se hizo fue porque no era posible.
En el "progresismo" de los Ominami, las mismas reticencias. La idea de imponer de facto un proceso, vía la convocatoria popular a movilizaciones, los espanta. Ominami senior declaró que la AC debe hacerse por vía institucional. No hay diferencia con los sectores que le tienen miedo a la oligarquía dominante.
El odio de la derecha a la libertad constituyente
Era de esperar que la derecha se opusiera mordicus a la idea de una Asamblea Constituyente. Para ella, convocar a los ciudadanos a ejercer el poder constituyente es sinónimo del caos o del "chavismo tropical". Derecha hipócrita, brutal, patriotera, conservadora, pero sobre todo consciente del poder que le da el rayado de cancha de un ordenamiento jurídico legal hecho para defender las relaciones capitalistas de producción y la propiedad privada de enormes riquezas financieras y naturales. A lo que se añade la hegemonía neoliberal dentro del concertacionismo.
Las derechas le tienen miedo a la libertad aunque siempre han logrado hacer creer que son defensoras de los derechos y libertades fundamentales. Y de entre ellas, la más fundamental de todas las libertades políticas, la libertad constituyente. Para la derecha, plantearse una nueva Constitución o ir a lo fundamental, es decir, la distribución social del poder, es promover el caos.
Le rebeldía y el ejemplo estudiantil
El movimiento estudiantil secundario y universitario persiste. Ha mostrado el camino democrático y rupturista con voluntad de lucha antineoliberal. Ha invitado a trabajadores y ciudadanos a movilizarse en la calle. Es el único medio político realmente válido para torcerle el brazo al duopolio en las actuales condiciones.
En sus conferencias de prensa el liderazgo colectivo estudiantil ha sido agudo para desmontar con argumentos las promesas de campaña de los líderes concertacionistas en el plano de sus exigencias de fin al lucro y de derecho universal a la educación. Nada les impide extender la crítica a las maniobras por cooptar el movimiento por una AC y denunciar las medias tintas concertacionistas. Porque actualmente el movimiento estudiantil es el contradictor social por excelencia de las estrategias manipuladoras del concertacionismo (Partido Comunista incluido); ser más de lo mismo de eso que ya fue: un factor de gobernabilidad para el sistema de dominación, una coalición refractaria a los cambios profundos que Chile necesita y un contrafuerte a las aspiraciones de más democracia.
En un segundo nivel discursivo, Bachelet descartó de plano avanzar hacia un proceso constituyente que culmine en la elección por toda la ciudadanía de una Asamblea que redacte una constitución democrática. Es así como la promesa de cambio se transformará en una maniobra de gobernabilidad más para bajarle fuerza movilizadora a la demanda de una constitución democrática para Chile.
Las ambigüedades de la fórmula Atria
El proyecto del socialista Fernando Atria de convocar a una asamblea constituyente no aclara qué tipo de Asamblea propone para producir una nueva Carta. Hay como un perfume de recuperación que flota sobre la exigencia democrática. Y las ambigüedades matan un proceso que para lograr sus objetivos debe demostrar que sus promotores tienen una clara voluntad de convocar al pueblo ciudadano a que ejerza su propio poder constituyente.
Nada ha dicho Atria de la preparación de la AC, del universo de electores, de su composición social o de la representación de fuerzas sociales y regionales en un país donde un duopolio de partidos manda en lo político y una minoría oligárquica tiene con mano férrea las riendas del poder económico. Con debates timoratos en los medios y con expertos que se repiten.
Recordemos que el lunes 3 de junio el comando de Bachelet recibió tres documentos que ocho expertos designados por la ex presidenta elaboraron en una comisión constitucional. Las que más comentarios y críticas han despertado son las propuestas del experto constitucionalista Fernando Atria.
Para exponer su punto de vista el académico ha sido invitado a varios foros o entrevistas televisivas.
Además de proponer fórmulas propagandísticas, como marcar el voto en las próximas elecciones con la sigla AC y de explayarse sobre la opción de una cuarta urna donde votar por la opción constituyente, Atria propone en sustancia un mecanismo inserto en la misma constitución pinochetista para abrir un boquete con el fin de convocar una Asamblea Constituyente. Lo anterior en los márgenes de la legalidad de la constitución dictatorial refrendada con su firma por el expresidente concertacionista Ricardo Lagos.
Es por medio de un Decreto Supremo (presidencial, por supuesto) que llame a un plebiscito para pronunciarse en las urnas acerca de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución que se daría inicio a una vía legal cuyo fin es dotarse de una nueva. La condición necesaria para que esto sea posible es que ninguna de las dos cámaras del Congreso, por mayoría simple, resuelvan apelar al Tribunal Constitucional para que se pronuncie acerca de la "constitucionalidad" o legalidad del Decreto Supremo para convocar al plebiscito. En caso contrario, si el TC, en el uso de sus competencias, analiza el decreto, éste sería considerado ilícito según el espíritu de las normas constitucionales. Basta con que una cámara lo haga para bloquear esta salida.
Con la fórmula de Atria estamos en el terreno de las puras buenas intenciones si pensamos en los términos de ese estrecho marco de ordenamientos legales fabricados por los pinochetistas para impedir que los ciudadanos puedan dotarse de una carta acorde con los tiempos presentes y la lógica de las necesidades sociales. Supeditar los cambios para mejorar la vida política de un país a los intereses de dos coaliciones que en términos estructurales han consolidado un sistema político oligárquico es una aberración antidemocrática. Llamar a votar por una mayoría parlamentaria concertacionista para realizar las promesas es un chantaje político más.
Los comentarios de los dinosaurios concertacionistas nos aclaran las movidas. Según el DC Andrés Zaldívar este mecanismo es "inconstitucional", un "absurdo" agrega. Debe recordarle el tema de los "resquicios legales" utilizados durante la Unidad Popular, para imponer, contra la voluntad de la DC, aliada incondicional de la ultraderecha, muchas medidas socio-económicas del programa del Presidente Allende. Es evidente que el partido del "centro" será un freno para democratizar un sistema político que favorece la estabilidad y seguridades que exigen los que controlan la economía capitalista en un contexto de recesión económica. De ahí vendrán los argumentos para el 2017 justificar que lo que no se hizo fue porque no era posible.
En el "progresismo" de los Ominami, las mismas reticencias. La idea de imponer de facto un proceso, vía la convocatoria popular a movilizaciones, los espanta. Ominami senior declaró que la AC debe hacerse por vía institucional. No hay diferencia con los sectores que le tienen miedo a la oligarquía dominante.
El odio de la derecha a la libertad constituyente
Era de esperar que la derecha se opusiera mordicus a la idea de una Asamblea Constituyente. Para ella, convocar a los ciudadanos a ejercer el poder constituyente es sinónimo del caos o del "chavismo tropical". Derecha hipócrita, brutal, patriotera, conservadora, pero sobre todo consciente del poder que le da el rayado de cancha de un ordenamiento jurídico legal hecho para defender las relaciones capitalistas de producción y la propiedad privada de enormes riquezas financieras y naturales. A lo que se añade la hegemonía neoliberal dentro del concertacionismo.
Las derechas le tienen miedo a la libertad aunque siempre han logrado hacer creer que son defensoras de los derechos y libertades fundamentales. Y de entre ellas, la más fundamental de todas las libertades políticas, la libertad constituyente. Para la derecha, plantearse una nueva Constitución o ir a lo fundamental, es decir, la distribución social del poder, es promover el caos.
Le rebeldía y el ejemplo estudiantil
El movimiento estudiantil secundario y universitario persiste. Ha mostrado el camino democrático y rupturista con voluntad de lucha antineoliberal. Ha invitado a trabajadores y ciudadanos a movilizarse en la calle. Es el único medio político realmente válido para torcerle el brazo al duopolio en las actuales condiciones.
En sus conferencias de prensa el liderazgo colectivo estudiantil ha sido agudo para desmontar con argumentos las promesas de campaña de los líderes concertacionistas en el plano de sus exigencias de fin al lucro y de derecho universal a la educación. Nada les impide extender la crítica a las maniobras por cooptar el movimiento por una AC y denunciar las medias tintas concertacionistas. Porque actualmente el movimiento estudiantil es el contradictor social por excelencia de las estrategias manipuladoras del concertacionismo (Partido Comunista incluido); ser más de lo mismo de eso que ya fue: un factor de gobernabilidad para el sistema de dominación, una coalición refractaria a los cambios profundos que Chile necesita y un contrafuerte a las aspiraciones de más democracia.
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