E’a, periódico de análisis
En Paraguay, ¿quién espera que el jueves
14 de febrero se produzca una sorpresa con tinte de justicia? Se trata
del proceso a los sin tierra que han sido acusados por el fiscal Jalil
Rachid –un nombre que no hay que olvidar: es los que hacen la historia,
deplorable o heroica– como responsables de lo ocurrido el 15.6.2012 en
Curuguaty. El 14, el juez José Dolores Benítez debe decidir si
acepta la acusación y envía la causa a juicio oral y público o si la
desestima. Aún está a tiempo de evitar dolores mayores: de ser José
Benítez. El juez podría redimir su nombre. El juez (se) haría justicia.
Pero las jugadas ya están perfiladas. La estrategia, también. El libreto
que sostiene la Fiscalía es funcional a la versión enlatada y repetida
por sectores interesados en que el caso fuera visto como causa necesaria
y suficiente para el juicio político a Lugo. José (Dolores) Benítez es
el mismo que mostró irrespeto a los derechos de las personas imputadas.
De manera arbitraria, mandó a prisión preventiva a 12 sin tierras y
esperó sin temblor ni temor que se cumplieran 60 días de huelga de
hambre de cuatro detenidos antes de enviarlos a arresto domiciliario. De
esto desciende que ahora debería evaluar como justa la validez de la
acusación del fiscal. Pero José Dolores aún tiene tiempo. Poco, es
verdad.
Y en este poco tiempo, ya recibieron una
denuncia. Rubén Villalba la formuló: el principal acusado como líder
del grupo de sin tierras, quien el jueves 14 habrá cumplido 20 días de
huelga de hambre en la Penitenciaria Nacional. El fiscal fue denunciado
por simulación de un hecho punible y frustración de la persecución y
ejecución penal de inocentes. El juez, por prevaricato, ya que en 2009
aceptó un pedido de rectificación de sentencia solicitado por la empresa
Campos Morombí que pretendía usucapir los terrenos de Marina Cué.
La matanza de once campesinos y de seis
policías en Curuguaty derivó en la imputación de unas 60 personas,
pertenecientes al campesinado pobre y sin acceso a tierras. Muchas de
estas personas ni siquiera estaban presentes en el lugar de los hechos,
pero fueron vinculadas al proceso porque sus nombres estaban en una
lista de aspirantes que esperaban acceder a las tierras reclamadas por
los ocupantes. De ellas, 14 fueron acusadas por tentativa de homicidio
doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno (del cual en
realidad es propietario el Estado paraguayo). Esos 14 campesinos sin
tierra son quienes enfrentarán la audiencia preliminar el jueves. Para
tres personas el fiscal pidió sobreseimiento definitivo. Más de 40 han
sido declaradas prófugas y en rebeldía con relación al proceso judicial,
y podrían ser detenidas y sometidas al proceso. Todas ellas están
sujetas a un proceso que sólo parece destinado a encontrar chivos
expiatorios en el sector históricamente más desprotegido de la sociedad
paraguaya: por pobreza, falta de acceso a los medios, por la
imposibilidad de comprender siquiera los pliegues judiciales y legales a
los que están sometidos, porque en su mayoría hablan sólo guaraní.
Inflexión funcional al patrón de actuaciones estatales violatorias de
derechos humanos seguido a lo largo del proceso post-dictatorial
paraguayo, iniciado en 1989. A lo largo de estos 24 años, más de cien
campesinos murieron o desaparecieron en el contexto de la lucha por la
tierra, en actuaciones abrumadoramente impunes. El Informe Chokokue
(armado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEHUPY
en 2007), que investigó 77 de estos casos, demuestra que en ninguno de
ellos el Estado paraguayo cumplió con sus deberes de investigación y
sanción de los responsables. Y, además, muestra una perfecta coherencia
en cuanto al perfil de las víctimas. En el caso Curuguaty se agrega un solo elemento que completa el cuadro: planificación e impacto directo en el espacio político.
Dos investigaciones independientes –de
la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos
(PEICC) y CODEHUPY– señalan las irregularidades que vician el proceso:
parcialidad del equipo de investigación asignado al caso, falta de
pruebas, vulneración de la cadena de custodia de las evidencias (Rachid
ocultó evidencias que hubieran sido determinantes a la hora de
esclarecer los hechos), detenciones arbitrarias, torturas y tratos
crueles a algunas de las personas detenidas e incluso testimonios sobre
ejecuciones sumarias de campesinos heridos durante los hechos. Ni
siquiera se colocó bajo investigación a los agentes policiales que
intervinieron en el caso; se dio por sentado que la actuación policial
fue correcta.
El golpe precisaba un pretexto con la
temporalidad de una ventisca, y éste fue brindado por la masacre. La
masacre requería culpables, y la larga lista de personas involucradas en
el procedimiento fiscal y judicial tiene esa función. El guión parece
haber sido escrito de manera tal que sus responsables y sus ejecutores
no permitirán que sea cambiada una sola línea. Pero esa línea que
debería ser cambiada enfáticamente ya aparece salvada en la historia
política de nuestros pueblos: que ya absolvió a los sin tierra. La
justicia paraguaya aún está a tiempo de optar. Por las emancipatorias de
nuestros pueblos. O por las aberraciones y los Dolores de resonancias stronistas.
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