Este próximo 19 de agosto ha sido anunciado un paro cívico nacional de campesinos, ciudadanos/as y trabajadores/as que eleva un pliego de solicitudes y reivindicaciones agrarias, educativas, de salud, de salarios y derechos fundamentales denegados. La Redacción de Info Gaia, Internacionalista y anticapitalista ha recogido 2 artículos sobre el tema y expresa toda su solidaridad con la movilización.
Vamos con toda al paro del 19A
Horacio Duque Giraldo, en Agencia Prensa Rural
La comprensión de dicha fenomenología social y el apalancamiento de sus potenciales políticos, recomienda una aproximación rigurosa, que trascienda las meras intuiciones y las puras elucubraciones de liderazgos afectados por el personalismo y el caudillismo rural, enquistados en estructuras sindicales burocratizadas y cooptadas por el turismo sindical internacional , que, por lo demás, está acompañado de una retórica dogmática, sectaria y sin sentido crítico, que contrarresta el caudal transformador de los movimientos sociales y lo coloca en posiciones de infantilismo político cuando no de conciliación con el régimen señorial agrario.
GARCÍA, Álvaro 2004 “¿Qué son? ¿De dónde vienen? Movimientos sociales” en Barataria (La Paz) n° 1, octubre-diciembre.
GARCÍA, Álvaro et. al. 2004 Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política (La Paz: Diakonia/Oxfam/Plural).
GARCÍA, Álvaro 2005a Estado multinacional. Una propuesta democrática y pluralista para la extinción de la exclusión de las naciones indias (La Paz: Malatesta).
GARCÍA, Álvaro 2005b “La lucha por el poder en Bolivia”, en Álvaro García et. al. Horizontes y límites del Estado y el poder (La Paz: Muela del Diablo).
GARCÍA, Álvaro 2005c Horizontes y límites del Estado y el poder (La Paz: Muela del Diablo).
MELUCCI, Alberto 1999 Acción colectiva, vida cotidiana y democracia (México-d.f: siglo xxi)http://www.insumisos.com/
SADER, Emir 2009 El nuevo topo (Buenos Aires: Siglo xxi).
TAPIA, Luis 2008 La Política Salvaje (La Paz: clacso/Muela del Diablo/Comuna).
El paro nacional indefinido del próximo lunes 19 de agosto en Colombia está encabezado por las principales organizaciones campesinas, los mineros artesanales, los transportistas y los trabajadores del sector de la salud, y cuenta con el respaldo de todas las centrales sindicales y prácticamente la totalidad de las organizaciones populares.
Al gobierno le han sido entregados los correspondientes pliegos de peticiones, muy variados en sus objetivos pero unánimes en rechazar la política neoliberal que consagra el Plan de Desarrollo, y en particular los tratados de libre comercio que ya empiezan a producir nefastas repercusiones en el tejido económico nacional. Todas las organizaciones participantes han subrayado el carácter pacífico y ordenado de la protesta pero también su firme decisión de no cejar en el empeño hasta tanto el gobierno no se disponga seriamente a negociar y, en no pocos casos, sencillamente proceda a cumplir las mil promesas hechas en el pasado por la administración, las cuales fueron palabras que se llevó el viento y una burla a los afectados.
Quienes protestan tienen ante si grandes retos, el primero de los cuales es no caer en las provocaciones de la policía, el ejército y los paramilitares (que siempre traen su cuota de muertes), así como hacer frente a las maniobras de división del gobierno (muchas, y ya en marcha), combatir (en condiciones muy difíciles) las campañas calumniosas de la prensa (prácticamente toda en favor del gobierno) y robustecer su unidad interna, habida cuenta de la diversidad de grupos participantes y de las reivindicaciones particulares de cada uno.
Este paro y los otros movimientos que le anteceden (el movimiento campesino del Catatumbo, por ejemplo) constituyen un rechazo radical de la actual política económica. Si el sistema consigue dar satisfacción a los mismos habrá demostrado que, a pesar de sus grandes limitaciones de todo orden aún tiene márgenes de maniobra suficientes como para asimilar la protesta social y alcanzar alguna compatibilidades con la estrategia económica y el ordenamiento político del país. En esta perspectiva, Juan Manuel Santos podría sacar ventajas electorales para las próximas elecciones presidenciales (aspira a la reelección).
Pero al actual presidente las cosas se le presentan complicadas. No resulta nada fácil armonizar las exigencias populares con una estrategia neoliberal que prefiere “un campo sin campesinos” a las comunidades rurales, la gran minería a cielo abierto a la producción de alimentos, la agroindustria de exportación al desarrollo industrial, deja casi intacto el viejo latifundio y mantiene unas relaciones laborales inicuas que someten a los asalariados a formas de explotación más propias del capitalismo clásico del siglo XIX. Tampoco es fácil para Santos si se considera el nivel de organización y consciencia creciente de los sectores populares y hasta el enojo de ciertos grupos de la misma burguesía media, muy afectada por las políticas de libre comercio. Menos aún si a lo anterior se añade la acción desestabilizadora de la extrema derecha que se niega en redondo a cualquier tipo de concesión a estos movimientos y continúa apostando por la mano dura contra la oposición política, la guerra total contra las protestas y el exterminio de la insurgencia. Su líder más destacado, Uribe Vélez, ya aplicó esta estrategia durante sus dos mandatos con resultados decepcionantes. Por este motivo seguramente Santos tiene el respaldo de la mayoría de la clase dominante y de Washington para ensayar otras salidas.
Además de la enorme limitación de hacer compatibles las reivindicaciones populares con su política económica el presidente tiene que gestionar el conflicto sin cometer los mil errores del pasado (Catatumbo, sin ir más lejos) controlando las dinámicas violentas que de forma sistemática provocan las mismas autoridades. Ha de contar con el apoyo efectivo de militares y policía para que las recurrentes escenas de violencia oficial y represión desmedida e injustificada no obstaculicen el diálogo y la negociación. Los cambios recientes en la cúpula de las fuerzas armadas y de policía se pondrán a prueba. Ojalá se comporten como los agentes del orden de una sociedad moderna y no como matones a sueldo de intereses espurios -y en el peor de los casos- casi como tropas de ocupación de su propio país.
Si Santos no sale bien librado de este trance y el balance vuelve a ser el de siempre, es decir, primero represión y muerte, luego “diálogos” mentirosos y promesas que jamás se cumples, el agudo desgaste de la legitimidad del sistema presagiará estallidos de dimensiones impredecibles, abriendo perspectivas nuevas (también electorales) para el futuro inmediato.
No es de menor importancia que el movimiento guerrillero (sobre todo las FARC-EP comprometidas en los diálogos de La Habana) va a seguir con enorme atención el desarrollo de unos acontecimientos que, en muy buena medida, arrojan luces sobre la verdadera capacidad del sistema (y no solo del gobierno de Santos) para responder de una manera nueva a los conflictos, haciendo posible la paz y viable la reconciliación nacional. Si el gobierno no gestiona de forma civilizada el conflicto que este 9 de agosto paraliza a Colombia, se estará dando argumentos nuevos a quienes se han alzado en armas precisamente por la inexistencia de los espacios normales que cualquier sociedad democrática establece para el manejo y solución de los conflictos. En tales condiciones no sorprende que en las conversaciones de La Habana se registre una innegable cercanía entre las reivindicaciones populares y las reformas propuestas por la guerrilla, algo que en manera alguna compromete a los movimientos sociales (como señala histérica la prensa amarilla y algunos voceros del gobierno, empezando por el mismo presidente).
Si las exigencias populares son legítimas y todas sin excepción caben dentro de la legalidad vigente, esa coincidencia debería saludarse como la prueba de que los alzados en armas están dando pruebas fehacientes de su capacidad para participar pacíficamente en la política nacional. Es el gobierno quien debería preguntarse por qué sus posiciones no generan esa coincidencia.
INFORMACIÓN RELACIONADA: El 19-A en Colombia: Paro nacional Agrario y Popular. Comunicado y Pliego de condiciones (Info Gaia)
Vamos con toda al paro del 19A
Horacio Duque Giraldo, en Agencia Prensa Rural
Para el próximo 19 de agosto ha sido anunciado un paro cívico nacional de campesinos, ciudadanos y trabajadores que eleva un pliego de solicitudes y reivindicaciones agrarias, educativas, de salud, de salarios y derechos fundamentales denegados 1.
Dicha acción colectiva coloca en un peldaño superior el creciente auge de la protesta y movilización social que se ha expresado en los levantamientos indígenas del Cauca (2012); en las huelgas cafeteras, arroceras, paperas y cacaoteras contra el neoliberalismo y los TLCs (primer semestre del 2013); en el explosivo paro campesino del Catatumbo (junio y julio del 2013); y en la Huelga minera vigente contra la Locomotora el modelo extractivista.
Señalemos, en primer lugar, que los procesos socio políticos en desarrollo como los diálogos de paz de La Habana y sus acuerdos agrarios, la proyectada reelección del Presidente Santos, los cambios recientes en las Fuerzas Armadas (con nuevos oficiales que dicen ser mediadores de conflictos), la recomposición de las relaciones con Venezuela y la influencia Norteamericana, se convierten en el marco de referencia para el abordaje de los movimientos sociales que se visibilizaran desde el 19 de agosto. (Tilly, Melucci, 1999, en Zegada, 2011).
De manera concomitante agreguemos que en el análisis de las protestas y movimientos sociales hay tres ejes de reflexión básicos.
Desde la literatura contemporánea de las ciencias sociales, sobre el tema (Mc Adam, Mc Carthy, Tilly, Tarrow, Touraine y otros) se establecen al menos tres factores necesarios para el estudio de los movimientos sociales:
i) las oportunidades políticas ii) las estructuras de movilización (formales e informales) iii) y los procesos enmarcadores o de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción (Mc Adam et. al., 1999, en Zegada, 2011).
Las oportunidades políticas dan cuenta de los procesos políticos que se materializan en la relación de los movimientos sociales con las estructuras institucionales. La hipótesis es que “los movimientos sociales y la revoluciones adoptan una u otra forma, dependiendo de la amplia gama de oportunidades y constricciones políticas propias del contexto nacional en que se inscriben” (Mc Adam et. al., 1999). Sin duda la estructura de oportunidades políticas, es decir, el entorno político o el sistema político influyen o catalizan la acción colectiva, interactúan con ella y abarcan al menos las siguientes dimensiones: el grado de apertura del sistema político institucionalizado (acá es oportuno ver los efectos de La Mesa de La Habana), los cambios que se producen en el sistema electoral; la estabilidad en las alienaciones de las elites que defienden determinadas líneas políticas (acá no hay que pasar desapercibida la reyerta Uribe/Santos), la posibilidad o no de contar con el apoyo de las elites, la capacidad estatal para reprimir o la tendencia a hacerlo (Mc Adam recogiendo los aportes de Krieski y Tarrow, 1999).
En cambio, las estructuras de movilización se refieren a “los canales colectivos tanto formales como informales a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva” (Mc Adam et. al., 1999). En este marco, se inscriben dos tendencias, en primer lugar la teoría de movilización de recursos (Mc Carthy y Zald) que se centra en los procesos de movilización equiparando movimientos sociales con organizaciones formales y; en segundo lugar, la estrictamente centrada en los procesos políticos históricos (Tilly y otros).
Ambas corrientes dieron lugar al estudio de las dinámicas organizacionales de los movimientos sociales y su aplicación a estudios comparados. En relación con las estructuras de movilización, interesa conocer el perfil organizacional (el número de organizaciones y su densidad institucional), y las tácticas disruptivas e innovadoras que estos emplean (bloqueos, paros, huelgas, batallas), y que están en estrecha relación con los recursos que disponen -económicos, simbólicos, y otros- por lo que el desarrollo de un movimiento social depende no solo de la estructura de oportunidades sino de sus propias acciones organizadas (Mc Adam et. al., 1999).
Pero, el cemento que une las oportunidades políticas y las estructuras de movilización son los denominados procesos enmarcadores que son los significados compartidos, los conceptos que movilizan y generan acción colectiva (las ideas o la cultura traducidos en los pliegos de peticiones agitados), la construcción de identidades socialmente compartidas, definidas como “los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva” (en Mc Adam, 1999). Se refieren al bagaje cultural, las estrategias, las luchas que se generan entre grupos y el proceso que estos sufren en el desarrollo del movimiento, desde los que aparecen como menos conscientes, hasta aquellos en que se monopolizan el debate y el posicionamiento del mensaje en la gente que a veces implica verdaderas batallas discursivas y simbólicas entre los actores que participan en el movimiento, por ejemplo, a través de los medios de comunicación.
Estas acciones colectivas suelen visibilizar las carencias, las necesidades irresueltas, las demandas de participación o el cuestionamiento al Estado, y cuya consecución se busca y conquista precisamente a través de la movilización social. En realidades abigarradas, estas prácticas políticas son resultado de la combinación de varios referentes que devienen de su configuración socio histórica y le otorgan una densidad distinta al movimiento social, porque a las demandas vinculadas a la pobreza y la desigualdad que provienen de los códigos de una modernidad inacabada se añade el cuestionamiento a los modos de reproducción de la desigualdad entre pueblos y culturas, a la exclusión socio cultural, al colonialismo y a la defensa de sus territorios. Dichas demandas incursionan en la política para exigir al gobierno un reconocimiento y espacios en el escenario decisional, como lo hemos podido constatar en la huelga cafetera y en el alzamiento del Catatumbo.
Para explicar mejor, la poderosa movilización social que se inicia el 19 de agosto del año en curso, que ciertos “líderes izquierdistas de escritorio y de papel”, momias envejecidas en salones y con dogmas partidistas, quieren desactivar mediante métodos autoritarios, hay que considerar otros elementos importantes.
Me refiero a la crisis actual de mediación de los Partidos políticos en sus funciones de representatividad y de canalización de las demandas sociales, la cual forma parte de la denominada “crisis institucional de la democracia, que ha generado un vacío en el espacio público democrático, y es asumido de manera directa por la acción colectiva de los movimientos sociales. Así, el (re)surgimiento de la acción colectiva en forma de (nuevos) movimientos sociales construye sujetos político ideológicos antagónicos con capacidad de generar propuestas alternativas al modelo hegemónico económico y político marcado por el neoliberalismo y la democracia representativa. En este sentido, García afirma que “los movimientos sociales pueden ser entendidos como un desborde democrático de la sociedad sobre las instituciones de exclusión y dominio prevalecientes” (García et.al., 2004: 19; y García, 2001).
Ahora bien, adicionalmente agrego la idea central de que una acción colectiva se convierte en movimiento social cuando incursiona en el campo político, interpela a otros actores, se extiende a otros ámbitos de la vida social, trasciende las meras reivindicaciones particularistas y toca las aristas del Estado y del orden político. De esta manera, los movimientos sociales se inscriben en un campo de conflicto estructural y generan una opción contra hegemónica. “Un movimiento social es un tipo de acción colectiva que intencionalmente busca modificar los sistemas sociales establecidos o defender algún interés material, para lo cual se organiza y coopera para desplegar acciones públicas en función de esas metas o reivindicaciones” (García, 2004:4-5, citado por Zegada, 2011).
La característica de un movimiento social es que no tiene un lugar específico para hacer política sino que, a partir de un núcleo de constitución de sujetos, organización y acción colectiva, empieza a transitar y politizar los espacios sociales con sus críticas, demandas, discursos, prácticas, proyectos.
En este sentido, un movimiento social es como una ola de agitación y desorden a través de las formas tradicionales e institucionalizadas de la política. Una acción colectiva que no circula e irrumpe en otros lugares de la política no es un movimiento social (Tapia, en Zegada, 2011).
Por otra parte, los movimientos sociales, devienen de campos de conflictividades diversas y de calidades distintas, fundados en la construcción simbólica de identidades. Su efecto se produce a dos niveles: en primer lugar, a nivel institucional en el que producen cambios visibles mediante la incorporación de innovaciones organizativas, la conformación de nuevas elites más receptivas a las formas de acción y de construcción de demandas. En segundo lugar, y lo más importante desde la perspectiva de Melucci, operan como signos, es decir, traducen su acción en desafíos simbólicos que rechazan los códigos culturales dominantes en esa medida son proféticos, anuncian las limitaciones del poder estatal, son paradójicos cuando revelan la irracionalidad de los códigos culturales dominantes llevando a la práctica dichos códigos culturales, y generando nuevas representaciones simbólicas a través del lenguaje (Melucci, 1999,).
Otro elemento importante de discusión alrededor de los movimientos sociales es el hecho de que la política involucra también la disputa sobre un conjunto de significaciones culturales, esta disputa lleva a una ampliación del campo de lo político hacia la (re)significación de las prácticas sociales; de esta manera, los movimientos sociales están insertos en movilizaciones por la ampliación del campo político, por la transformación de las prácticas dominantes, por el aumento de la ciudadanía y por la inclusión social. En otras palabras están ligados a la construcción de una gramática social capaz de cambiar las relaciones de género, raza, etnia y apropiación de los recursos públicos; todo ello involucra una nueva interfase entre Estado y sociedad civil. (De Souza Santos, 2004:59-74, en Zegada, 2011).
Otro aspecto importante y complementario para pensar los movimientos sociales revelado por Melucci, es la constatación de redes subterráneas, en las que se experimentan nuevos códigos culturales, nuevas formas de relación, percepción y significación de la realidad y se revelan como señal de posibilidades alternativas al orden establecido, a la racionalidad instrumental de la sociedad dominante e inducen a pensar en órdenes sociales alternativas (Melucci, 1989 citado por el mismo 1999).
Estos movimientos subterráneos en determinadas condiciones irrumpen a la realidad constituyendo el nuevo topo (Sader, 2009), con nuevas fuerzas hegemónicas, portadoras de nuevas propuestas y discursos alternativos. Lo hemos visto con la presencia multitudinaria de los campesinos en la irrupción de Marcha Patriótica en la Plaza de Bolivar de Bogota, un verdadero movimiento social y político que antagoniza el poder hegemónico de la oligarquía.
García y otros (2004:18) afirman que como resultado de las movilizaciones, los movimientos sociales transforman varios aspectos del campo político, modificando el espacio legítimo de producción de la política, rediseñando la condición socioeconómica y étnica de los actores políticos, innovando nuevas técnicas sociales para hacer política, además de mutar los fines y sentido de la misma. De acuerdo a esta lectura, la irrupción de la plebe indígena, campesina y afro trabajadora en el campo político incorpora a la sociedad excluida en un hecho eminentemente democrático y de igualación sustantiva, pues los movimientos sociales permiten el acceso a prerrogativas políticas y el acceso a recursos.
Es necesario considerar también que los movimientos sociales no son formas colectivas de carácter y presencia permanente en el campo político, surgen en determinados campos de conflictividad, se articulan, movilizan, agregan demandas e irrumpen en la política; pero, luego, retornan a sus formatos organizacionales y a campos de conflicto de carácter corporativo ligados a sus demandas inmediatas o en su caso, se mantienen presentes en el campo político ligados a una articulación hegemónico específica. Por eso es equivocado forzar acciones indefinidas que son a todas luces muy contraproducentes. Hay que sopesar correlaciones de fuerza y visualizar nuevos escenarios de protagonismo político, como muy acertadamente lo han hecho los líderes del Catatumbo que organizaron La Mesa correspondiente con el gobierno nacional.
A partir de estas (re)lecturas conceptuales se pueden comprender mejor las características que asume la acción colectiva en Colombia y el protagonismo de los movimientos sociales en desmedro de las formas políticas tradicionales.
El 19 de agosto se inicia un nuevo capítulo de las luchas populares y los movimientos sociales. Vamos con toda al paro.
NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA:
DE SOUZA SANTOS, Boaventura (2004) Democracia de alta intensidad. Apuntes para democratizar la democracia, Cuaderno de Diálogo y Deliberación Nº 5 (La Paz: cne).
GARCÍA, Álvaro 2001 “La estructura de los movimientos sociales en Bolivia” en osal (Buenos Aires: clacso) n° 5, septiembre.GARCÍA, Álvaro 2004 “¿Qué son? ¿De dónde vienen? Movimientos sociales” en Barataria (La Paz) n° 1, octubre-diciembre.
GARCÍA, Álvaro et. al. 2004 Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política (La Paz: Diakonia/Oxfam/Plural).
GARCÍA, Álvaro 2005a Estado multinacional. Una propuesta democrática y pluralista para la extinción de la exclusión de las naciones indias (La Paz: Malatesta).
GARCÍA, Álvaro 2005b “La lucha por el poder en Bolivia”, en Álvaro García et. al. Horizontes y límites del Estado y el poder (La Paz: Muela del Diablo).
GARCÍA, Álvaro 2005c Horizontes y límites del Estado y el poder (La Paz: Muela del Diablo).
GARCÍA, Álvaro 2006 “El Evismo. Lo nacional popular en acción” en El juguete rabioso
(La Paz) nº 150.
MC ADAM, Doug et. al. 1999 Movimientos sociales: perspectivas comparadas, oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales (Madrid: Istmo).MELUCCI, Alberto 1999 Acción colectiva, vida cotidiana y democracia (México-d.f: siglo xxi)http://www.insumisos.com/
SADER, Emir 2009 El nuevo topo (Buenos Aires: Siglo xxi).
TAPIA, Luis 2002 La velocidad del pluralismo, ensayo sobre tiempo y democracia (La Paz: Comuna).
TAPIA, Luis 2007 “Gobierno multicultural y democracia directa nacional” en García, Álvaro et. al. La transformación pluralista del Estado (La Paz: Muela del Diablo).TAPIA, Luis 2008 La Política Salvaje (La Paz: clacso/Muela del Diablo/Comuna).
TAPIA, Luis 2009 “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política” en Cu en Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano (Buenos Aires: clacso) nº 13.
TARROW, Sidney 1999 “Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales” en Mc Adam, et. al. Movimientos sociales: perspectivas comparadas, oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales (Madrid: Istmo).
TARROW, Sidney 2004 El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (Madrid: Alianza Editorial).
TILLY, Charles 1986 From mobilization to revolution (Massachusetts: Addison-Wesley).
Colombia: El Paro nacional del 19-A
Juan Diego García, en Argenpress.info
El paro nacional indefinido del próximo lunes 19 de agosto en Colombia está encabezado por las principales organizaciones campesinas, los mineros artesanales, los transportistas y los trabajadores del sector de la salud, y cuenta con el respaldo de todas las centrales sindicales y prácticamente la totalidad de las organizaciones populares.
Al gobierno le han sido entregados los correspondientes pliegos de peticiones, muy variados en sus objetivos pero unánimes en rechazar la política neoliberal que consagra el Plan de Desarrollo, y en particular los tratados de libre comercio que ya empiezan a producir nefastas repercusiones en el tejido económico nacional. Todas las organizaciones participantes han subrayado el carácter pacífico y ordenado de la protesta pero también su firme decisión de no cejar en el empeño hasta tanto el gobierno no se disponga seriamente a negociar y, en no pocos casos, sencillamente proceda a cumplir las mil promesas hechas en el pasado por la administración, las cuales fueron palabras que se llevó el viento y una burla a los afectados.
Quienes protestan tienen ante si grandes retos, el primero de los cuales es no caer en las provocaciones de la policía, el ejército y los paramilitares (que siempre traen su cuota de muertes), así como hacer frente a las maniobras de división del gobierno (muchas, y ya en marcha), combatir (en condiciones muy difíciles) las campañas calumniosas de la prensa (prácticamente toda en favor del gobierno) y robustecer su unidad interna, habida cuenta de la diversidad de grupos participantes y de las reivindicaciones particulares de cada uno.
Este paro y los otros movimientos que le anteceden (el movimiento campesino del Catatumbo, por ejemplo) constituyen un rechazo radical de la actual política económica. Si el sistema consigue dar satisfacción a los mismos habrá demostrado que, a pesar de sus grandes limitaciones de todo orden aún tiene márgenes de maniobra suficientes como para asimilar la protesta social y alcanzar alguna compatibilidades con la estrategia económica y el ordenamiento político del país. En esta perspectiva, Juan Manuel Santos podría sacar ventajas electorales para las próximas elecciones presidenciales (aspira a la reelección).
Pero al actual presidente las cosas se le presentan complicadas. No resulta nada fácil armonizar las exigencias populares con una estrategia neoliberal que prefiere “un campo sin campesinos” a las comunidades rurales, la gran minería a cielo abierto a la producción de alimentos, la agroindustria de exportación al desarrollo industrial, deja casi intacto el viejo latifundio y mantiene unas relaciones laborales inicuas que someten a los asalariados a formas de explotación más propias del capitalismo clásico del siglo XIX. Tampoco es fácil para Santos si se considera el nivel de organización y consciencia creciente de los sectores populares y hasta el enojo de ciertos grupos de la misma burguesía media, muy afectada por las políticas de libre comercio. Menos aún si a lo anterior se añade la acción desestabilizadora de la extrema derecha que se niega en redondo a cualquier tipo de concesión a estos movimientos y continúa apostando por la mano dura contra la oposición política, la guerra total contra las protestas y el exterminio de la insurgencia. Su líder más destacado, Uribe Vélez, ya aplicó esta estrategia durante sus dos mandatos con resultados decepcionantes. Por este motivo seguramente Santos tiene el respaldo de la mayoría de la clase dominante y de Washington para ensayar otras salidas.
Además de la enorme limitación de hacer compatibles las reivindicaciones populares con su política económica el presidente tiene que gestionar el conflicto sin cometer los mil errores del pasado (Catatumbo, sin ir más lejos) controlando las dinámicas violentas que de forma sistemática provocan las mismas autoridades. Ha de contar con el apoyo efectivo de militares y policía para que las recurrentes escenas de violencia oficial y represión desmedida e injustificada no obstaculicen el diálogo y la negociación. Los cambios recientes en la cúpula de las fuerzas armadas y de policía se pondrán a prueba. Ojalá se comporten como los agentes del orden de una sociedad moderna y no como matones a sueldo de intereses espurios -y en el peor de los casos- casi como tropas de ocupación de su propio país.
Si Santos no sale bien librado de este trance y el balance vuelve a ser el de siempre, es decir, primero represión y muerte, luego “diálogos” mentirosos y promesas que jamás se cumples, el agudo desgaste de la legitimidad del sistema presagiará estallidos de dimensiones impredecibles, abriendo perspectivas nuevas (también electorales) para el futuro inmediato.
No es de menor importancia que el movimiento guerrillero (sobre todo las FARC-EP comprometidas en los diálogos de La Habana) va a seguir con enorme atención el desarrollo de unos acontecimientos que, en muy buena medida, arrojan luces sobre la verdadera capacidad del sistema (y no solo del gobierno de Santos) para responder de una manera nueva a los conflictos, haciendo posible la paz y viable la reconciliación nacional. Si el gobierno no gestiona de forma civilizada el conflicto que este 9 de agosto paraliza a Colombia, se estará dando argumentos nuevos a quienes se han alzado en armas precisamente por la inexistencia de los espacios normales que cualquier sociedad democrática establece para el manejo y solución de los conflictos. En tales condiciones no sorprende que en las conversaciones de La Habana se registre una innegable cercanía entre las reivindicaciones populares y las reformas propuestas por la guerrilla, algo que en manera alguna compromete a los movimientos sociales (como señala histérica la prensa amarilla y algunos voceros del gobierno, empezando por el mismo presidente).
Si las exigencias populares son legítimas y todas sin excepción caben dentro de la legalidad vigente, esa coincidencia debería saludarse como la prueba de que los alzados en armas están dando pruebas fehacientes de su capacidad para participar pacíficamente en la política nacional. Es el gobierno quien debería preguntarse por qué sus posiciones no generan esa coincidencia.
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