La justicia hondureña es rehén del capital, dice abogado de líderes indígenas condenados a prisión por daños a empresas

Para Víctor Fernández, Honduras vivirá a partir de ahora una fase de mayor criminalización de la protesta social.

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Giorgio Trucchi | Opera Mundi. Tomado de KaosenlaRed

El pasado 20 de septiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras de Intibucá, dio por terminada la audiencia inicial contra tres dirigentes indígenas Lenca del Copinh (Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras). En su resolución, dictó auto de prisión con medidas sustitutivas para Aureliano Molina y Tomás Gómez, y prisión preventiva para Bertha Cáceres, coordinadora nacional y dirigente histórica de esta organización.

Los tres dirigentes populares fueron acusados por las empresas DESA (Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V.) y Sinohydro, de capital hondureño y chino respectivamente, de inducir a pobladores de la zona de Río Blanco, a provocar daños materiales a sus instalaciones por más de 3 millones de dólares. Esta acusación fue tajantemente rechazada por los acusados y por los mismos pobladores.

Desde hace varios meses, las dos empresas están impulsando un proyecto hidroeléctrico (Agua Zarca) sobre el río Gualcarque, encontrando la férrea resistencia de las comunidades indígenas Lenca de la zona, que se oponen al concesionamiento del río, considerado sagrado.

En conversación con Opera Mundi, el abogado defensor de los tres dirigentes indígenas, Víctor Fernández, aseguró que la decisión tomada por la jueza en total apego con la demanda de la Fiscalía, es el inicio de una nueva fase de represión y criminalización generalizada.

Según él, el gran capital nacional e internacional, en alianza con el poder político tradicional, estarían recrudeciendo el ataque contra los principales dirigentes de las organizaciones que se oponen al acaparamiento de territorios y a la explotación de los recursos naturales.

-Opera Mundi: ¿Cuál su evaluación de esta resolución condenatoria?

-Víctor Fernández: Si bien no se trata aún de una sentencia definitiva, marca una tendencia de parte de la justicia hondureña de quererse inclinar hacia los intereses de las empresas. De nada sirvió que presentáramos todas las pruebas que demuestran las irregularidades cometidas en el proceso de concesionamiento de las aguas del río Gualcarque, así como la violación al derecho que tienen las comunidades indígenas de Río Blanco a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, que establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Tampoco tomaron en cuenta los testimonios de muchos pobladores, que afirmaron que la lucha contra el desarrollo del proyecto hidroeléctrico es producto de la decisión autónoma y libre de al menos tres instancias comunitarias, y que non han necesitado de ninguna inducción externa. En este sentido, es lamentable ver como la justicia decidió hacer caso omiso a toda la documentación y pruebas que presentamos, para inclinarse a satisfacer las peticiones de la parte acusadora.

-OM: ¿Usted cree que hay algo más detrás de esta resolución?

-VF: Lo que se pretende hacer es profundizar la estigmatización de los líderes sociales y comunitarios, pasando ahora a un plano de carácter legal que consiste en criminalizar ese liderazgo y el derecho ciudadano de oponerse a estos proyectos. Una vez más se demuestra que en Honduras el sistema de justicia es instrumentalizado fácilmente para defender los intereses de empresas que, en este caso, han violado y atropellado la dignidad y los derechos del pueblo indígena de Río Blanco.

-OM: ¿Cuál es ahora la situación judicial de Bertha Cáceres?-VF: Al no presentarse a la audiencia, la jueza no pudo notificarle la sentencia, ni llevar a cabo la detención para llevarla al centro penal. Para los próximos días estamos esperando que se libre una orden de captura contra ella. Nosotros vamos a presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelación de Comayagua, sin embargo esa acción no va a interrumpir el mandato de prisión preventiva para Bertha Cáceres. 

-OM: La sentencia dictó también el desalojo inmediato del “lugar donde se han llevado a cabo los hechos”. ¿Qué quiere decir eso?

-VF: Es totalmente incomprensible e inaceptable. ¿Cómo van a desalojar a la gente de sus comunidades y de sus territorios ancestrales? Creemos que la resolución, aunque no lo diga expresamente, va orientada a desalojar la carretera que está siendo controlada por la comunidad indígena, para evitar que la empresa continúe las obras en el río Gualcarque. Eso implicará una mayor militarización de la zona y más violencia.

-OM: ¿La situación que se está dando en Río Blanco es algo excepcional o es parte de una tendencia que se va generalizando en el país?

-VF: Por mi experiencia como profesional del derecho y como ciudadano responsable, integrante de organizaciones que se ocupan de estos temas, creo que es una ruta que las empresas explotadoras de nuestros recursos han estado tomando. 

Todo es parte de una estrategia que apunta a atacar a los líderes y lideresas de los movimientos que se oponen a los proyectos y megaproyectos hidroeléctricos, mineros, de expansión de los monocultivos. Quieren atemorizarlos y debilitarlos, criminalizando el ejercicio de los derechos ciudadanos. Lamentablemente, constatamos también que la institucionalidad del sector justicia se ha convertido en un instrumento en manos de estas empresas, y que está operando como rehén al servicio del gran capital nacional e internacional.

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INJUSTICIA HONDUREÑA

Jueza decreta prisión preventiva para Bertha Cáceres y desalojo de la comunidad Lenca de Rio Blanco.

Radio Mundo Real

Los movimientos sociales hondureños se han declarado en alerta ante la resolución tomada en el día de hoy por el juzgado de Intibucá contra Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, integrantes del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) acusados de los delitos de usurpación, coacción y daños a la empresa DESA, que pretende llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en territorio ancestral del pueblo indígena lenca.

La decisión, adoptada por la jueza Reyes Lissien Knight (quien no se presentó en el juzgado) tal como lo solicitaba el Ministerio Público y la propia empresa, incluyó prisión para la coordinadora del COPINH, Berta Cáceres y medidas sustitutivas para los otros dos miembros del Consejo.

En efecto, en diálogo con Radio Mundo Real, Tomás Gómez indicó que la justicia dio lugar específicamente a las medidas solicitadas por el fiscal Henry Alexander Pineda y la parte privada de la acusación. Así la resolución solicitó la prisión preventiva para Bertha Cáceres, medidas cautelares para Molina y Gómez, y el desalojo de la comunidad lenca de su propio territorio.

La paradoja de ser acusados de usurpar un territorio que les pertenece

La resistencia y oposición del pueblo lenca a la implementación de la hidroeléctrica Agua Zarca sobre el río Gualcarque, proyecto que pretendió avanzar de manera inconsulta sobre territorio ancestral indígena, son básicamente los delitos por los que están siendo procesados los militantes del COPINH y por los que se decretó el desalojo de la comunidad de esa zona.

En diálogo con Radio Mundo Real minutos después de conocerse la sentencia, el abogado defensor Víctor Fernández explica que “la oposición a este proyecto ha implicado el ejercicio del control del territorio por parte del pueblo lenca, a través de un mecanismo de control que regula quien ingresa y quien no a la zona. A esto lo han llamado de usurpación y coacción, porque la comunidad ha tomado la decisión de expulsar a la empresa constructora Sinohydro”.

La parte acusadora asegura que los enfrentamientos entre la empresa y las comunidades habrían ocasionado pérdidas millonarias a la empresa. Según explicó Fernández, los militantes del COPINH no están siendo acusados de ser los autores de los hechos sino como “instigadores” de los mismos.

Por otra parte, aclaró que según el código penal hondureño “si se determina que se cometió el delito de usurpación, una consecuencia inmediata es que se debe desalojar la zona que se entiende usurpada”. En relación con esta acusación afirmó: “Nosotros rechazamos que la comunidad sea usurpadora de su propio territorio y una de las pruebas que incorporamos da cuenta de que se trata de un territorio indígena ancestral”.

La lucha política como crimen

Tanto Gómez como su abogado entienden que en Honduras el sistema judicial está cada vez más instrumentalizado para defender grandes intereses económicos. “Lo que está claro es que estos tres compañeros tienen una posición política en contra de este proyecto, pero nunca han inducido, y ni siquiera hay pruebas de que sean inductores a la comisión de delitos. Entonces lo que se está convirtiendo en delito es que vos tengas una posición que disienta de las posiciones del Estado y, en este caso, de las empresas hidroeléctricas”, afirma Fernández.

A pesar de este proceso intenso de criminalización de la protesta, Gómez afirma que “la comunidad va a continuar con acciones más fuertes en defensa de su territorio para evitar que se construya ese proyecto hidroeléctrico”. Agregó además que las movilizaciones en solidaridad con los tres acusados han sido intensas en el día de hoy en Honduras, llevándose a cabo marchas con presencia de pobladores de distintos departamentos.

La resolución tomada en el día de hoy podría ser revertida hasta el miércoles 25 de setiembre, fecha límite para que la defensa interponga un recurso ante la Corte de Apelaciones de Comayagua. A pesar de que el recurso será utilizado, el pesimismo ante el éxito que pueda tener es grande, ya que según afirma Fernández “como en muchos otros casos, nosotros estamos advirtiendo que hay toda un proceso de instrumentalización del sistema de justicia para defender los intereses económicos de las empresas”.

La jornada de notificación de la sentencia estuvo rodeada por una fuerte movilización de solidaridad en intibucá, así como de repercusiones internacionales de este caso, emblemático de la situación de los derechos de defensores y defensoras de territorios en Honduras tras el golpe de estado de 2009. Entre quienes llegaron hasta Intibucá se contaba a la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.

Cabe aclarar que los integrantes del COPINH ratificaron que se movilizarán contra esta sentencia y ratificaron a Berta Cáceres como coordinadora de la organización, aún desde la cárcel.