A dos años de la Masacre de Curuguaty (Paraguay)

Los muertos siguen bien muertos, los campesinos presos, los verdaderos responsables continúan impunes, una real investigación sigue faltando. Las oligarquías sojera y ganadera potencian su poder bajo un manto democrático y la hegemonía del Partido Colorado. La única diferencia radica en los focos de resistencia que se recrean y multiplican fortaleciendo una red de solidaridades que prolifera en el mundo.

Cuando llegue el momento, este mi sufrimiento
lo voy a cobrar con creces, lo juro.
Todo este amor reprimido,
este grito escondido,
este samba en la oscuridad.

Usted que inventó la tristeza,
ahora tenga la delicadeza de desinventarla.
Usted pagará por duplicado
cada lágrima que ha rodado,
en mi penar.

A pesar de usted, mañana será otro día
Daría tanto por ver el jardín florecer, ese que usted no quería.
Usted se va a amargar viendo el día aclarar
sin pedirle permiso.

Voy a morir de risa,
ese día que llegará,
antes de lo que usted piensa.

“A pesar de usted”, Chico Buarque

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Delia Ramírez, Superficie, otra Comunicación en Misiones

Se cumplen dos años de la Masacre de Curuguaty ocurrida el 15 de junio de 2012 en Paraguay, cuando fueron asesinados once campesinos y seis policías en un desalojo con importantes irregularidades y en condiciones dudosas. En ese momento, más que la masacre en sí misma, fue la rápida destitución del entonces presidente Fernando Lugo aquello que llamó la atención de los medios internacionales. Después, no hubo mayor atención al tema, más que algunas informaciones espasmódicas que llegaron desde el paisito del sur. Hoy ya no quedan dudas: la Masacre de Curuguaty, también conocida como la Masacre de Marina Kue, fue la primera puntada de un complejo armado mafioso que chorrea impunidad.

Curuguaty es un emblema de la injusticia social que se origina con el problema de la tenencia y explotación de la tierra en Paraguay. Observando este caso, pueden apreciarse razones estructurales y coyunturales.

1. La concentración escandalosa.

La extranjerización y concentración de las tierras, lo que se conoce como acaparamiento, se viene produciendo en Paraguay durante toda su historia desde la Guerra de la Triple Alianza, cuando se inició el modelo de enclaves extractivos que otorga a los empresarios el predominio para el usufructo. Pero un episodio fundamental para los problemas actuales sucedió durante la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), cuando prácticamente él regaló a sus socios y amigos alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras del Estado¹. Entre estas personas, se encontraban muchos colonos brasileños hoy convertidos en señores feudales, terratenientes, conocidos como los “brasiguayos”. Como sabemos, Stroessner murió en Brasilia en el 2006. Por lo tanto, no es muy difícil imaginarse las razones, los negociados, que hacen que el vecino país le haya dado cobijo desde 1989 hasta su muerte. Para el 2008 la cantidad de tierra en manos extranjeras era de casi el 20% del territorio nacional.

A partir de la década de 1990, pero con gran intensidad en la primera década de 2000, se produce una expansión de la agricultura empresarial y del monocultivo de la soja que aumentó casi un millón de hectáreas entre 1999 y 2004, llegando en el periodo agrícola 2007/2008 a más de 2.8 millones de hectáreas, lo cual representa el 61% del área agrícola distribuido en ocho departamentos de la región oriental.

El modelo del agronegocio sojero implica además la utilización de 24 millones de litros de agrotóxicos al año que se emplean en Paraguay y provocan la muerte de niños, malformaciones en recién nacidos y grave deterioro ambiental. Los departamentos de alta producción de soja transgénica como Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú son los principales afectados por casos de malformaciones y muertes a causa de la contaminación por agrotóxicos.

Mientras tanto, en Paraguay se produce un silencioso y persistente éxodo rural. En departamentos como Concepción e Itapúa, hay poblados que cerraron escuelas porque ya no quedan niños que asistan. Las familias arrinconadas por la agricultura intensiva, el agronegocio, migran a las ciudades (dentro y fuera del país) en busca de condiciones de sobrevivencia. Los terratenientes favorecidos por la dictadura expulsan a los campesinos presionándolos por vías económicas y no permiten que el Estado, mediante censo, contabilice las tierras².

En tanto, los especuladores se encuentran al acecho de esas tierras que ayer eran de los campesinos y hoy pueden ser del agronegocio. Los especuladores analizan cuáles son las tierras cultivables que convienen, en qué condiciones de tenencia están y cómo figura la titularidad de las mismas. Triste es ver cuando estas especulaciones son fomentadas por los mismos Estados³.

2. Continuidad del Stronismo.

La caída y muy posterior muerte de Stroessner no ha significado el fin del stronismo en Paraguay. El stronismo sigue vigente bajo personas concretas, bajo dispositivos de autoritarios de opresión que operan abiertamente en la sociedad, pero también en forma de narrativas excluyentes, xenófobas, degradantes que buscan deslegitimar las voces de aquellos que promueven la diversidad y que luchan contra la desigualdad.

Revertir la matriz de concentración que hace que el 85% de las tierras se encuentre en manos de un 2 % de los propietarios significa tocar directamente los intereses de los grupos que se beneficiaron de los regalos de Stroessner, de las llamadas “tierras mal habidas”. Estos terratenientes conforman una oligarquía sojera, agroexportadora, y ganadera con perfil mafioso que se beneficia de la situación de irregularidad en la que se encuentra la tierra y de la influencia que ejercen desde el poder político (Ejecutivo y Legislativo) gracias los partidos tradicionales que los representan (fundamentalmente el Partido Colorado y el Liberal) y a los funcionarios que se encuentran en el poder judicial, donde no hubo una depuración de los cuadros del stronismo.

3. El poder judicial como herramienta de las oligarquías mafiosas.

El caso Curuguaty permite ver cómo operan los funcionarios de la Justicia al servicio de las mafias. Teniendo absolutamente todos los elementos para desestimar la acusación a los campesinos, los jueces eligen llevar adelante un proceso plagado de irregularidades aun frente a la posibilidad de una posterior sanción internacional. Algo tan básico como aclarar la condición de la tierra en cuestión no se realiza porque sería el primero de decenas de argumentos a favor de los campesinos y en contra de la empresa Campos Morombí⁴.

La desatención total de la salud a las víctimas de Curuguaty (presos o no); la dilación en las respuestas a reclamos básicos (como por ejemplo el arresto domiciliario de Fany y Dolores entonces embarazadas); la dilación en la atención a los campesinos que hicieron prolongadas huelgas de hambre, la invención de episodios, relatos y supuestas pruebas para culpabilizar a los campesinos por la muerte de sus compañeros y de los 6 policías (ningún policía está preso por esto, por cierto); las muestras de un vil autoritarismo en cada segmento de la audiencia preliminar donde se expulsó arbitrariamente a determinadas personas, no se dejó ingresar a ciertos familiares y se limitó el acceso a la prensa; la constante estigmatización hacia los campesinos; la ocultación de pruebas básicas (las autopsias de los cuerpos que muestran claros signos de ejecución, los casquillos de las armas de alto calibre y el título de la propiedad del inmueble en cuestión que lejos de pertenecer a Campos Morombí y a Blas Riquelme son de pertenencia estatal y objeto de la reforma agraria por decreto oficial) son las formas que asume hoy la injusticia.

La jueza Janine Ríos, al frente de la audiencia preliminar del caso Curuguaty, se comportó como una secretaria de las oligarquías terratenientes. En clara connivencia con el fiscal Jalil Rachid, el 9 de octubre de 2013, sin reparo alguno envió a juicio a doce campesinos/as, en el marco de un proceso viciado, juicio que tendría lugar a fines de este mes de junio 2014.

En tanto, el juez que recientemente determinó la nueva detención de Rubén Villalba, Carlos Goiburú, es quien en el año 2005 concedió la usucapión a la Familia Riquelme sobre tierras que todavía se encontraba ocupando la Marina hasta el año 2009 (por eso el predio se llama "Marina Kue", en guaraní “vieja Marina”). Es el mismo juez que ordenó el desalojo y saqueo de la Comunidad Indígena Ava Guarani "Yva Poty", en noviembre de 2012, para favorecer a un terrateniente brasilero. En esa oportunidad, la policía quemó las casas de los indígenas que tenían titulo de su propiedad sobre esas tierras en una comunidad que se autoabastecía totalmente. La policía quemó las casas, la escuela y destruyó las chacras frente a los ojos de niños y adultos. Días después, Goiburú dijo que fue un "error" y pidió perdón aunque los daños materiales y psicológicos ya estaban hechos y nunca fueron reparados.

Del mismo modo podemos reconstruir corruptas biografías y trayectorias de cada uno de los “administradores de justicia” implicados en este caso, como por ejemplo, el desplazado juez José Benítez, descubierto en sus manifiestos intereses a favor de campos Morombí, o el fiscal Jalil Rachid, vinculado estrechamente con la familia del demandante por las tierras de Marina Kue, Riquelme.

El inicio del juicio oral está establecido para el día 26 de junio. El mismo no puede brindar garantías a los acusados, que son considerados presos políticos, sobre los que recaen injustas imputaciones y una persecución con ensañamiento. Es por eso que la campaña nacional e internacional está dirigida a lograr la nulidad del juicio hasta tanto se cuente con la definición de la justicia sobre la titularidad de las tierras de Marina Kue.

4. Persecución y criminalización de una clase subalternizada (campesinos e indígenas).

Hace aproximadamente 10 años, unas sesenta familias campesinas sin tierra del Paraguay comenzaron a habitar el predio de Marina Kue (distrito de Curuguaty) y a realizar todos los trámites legales correspondientes para obtener la tenencia legal. La ocupación pacífica es el método clásico del campesinado paraguayo para lograr la propiedad de la tierra. Blas Riquelme, titular de la empresa Campos Morombí, se interesó por ese predio de 2 mil hectáreas sólo cuando los trámites de los campesinos estaban muy avanzados, entonces acudió al poder judicial paraguayo que le dio curso a sus insostenibles planteos.

En Paraguay, el movimiento campesino es el único grupo social con capacidad de presionar al Estado para que se le reconozcan Derechos Humanos fundamentales. Estos reclamos, se sostienen sistemáticamente a través de acciones directas como las ocupaciones de predios públicos y privados o el cierre de rutas nacionales e internacionales. Debido a esto, las organizaciones campesinas son las que con más fuerza están siendo sometidas a la violencia estructural de parte de las fuerzas represivas del Estado y de los gobiernos que no implementan las políticas públicas necesarias para superar las condiciones de desigualdad que aquejan a las comunidades campesinas.

El plan del capital para el territorio paraguayo es el exterminio del minifundio y de las tierras consideradas “improductivas” habitadas por las comunidades indígenas. En este contexto, los medios de comunicación comerciales, cuyos propietarios también se han favorecido de las tierras mal habidas de la dictadura, son totalmente funcionales a la difusión de esta ideología e instalan en el imaginario la construcción del sujeto campesino e indígena como “haragán”, “terrorista”, “criminal”, entre otros categorías peyorativas.

5. Presos políticos: de lo que nadie habla porque nadie sabe.

¿Cuántos presos políticos hay en Paraguay? No lo decimos porque no lo sabemos. Si tuviéramos que arriesgar una cantidad sin temor a equivocarnos diríamos “muchos”.

El antecedente inmediato al proceso de los presos de Curuguaty, es el conocido como “el caso de los 6 del asesinato de Cecilia Cubas”. El mismo recibió bastante atención por parte de las organizaciones argentinas que se preocuparon por el caso, pero no así por parte de las organizaciones paraguayas y de los demás países. Quizás si en su momento se hubiera prestado atención al “caso de los 6” ahora estaríamos en otras discusiones; quizás se podrían haber tenido otras herramientas para enfrentar esta aberración jurídica. Quizás ni siquiera estaríamos lidiando con una aberración jurídica.

Es así que el caso Curuguaty nos ayuda a revisar aquello que la lucha popular no tuvo tan en cuenta. Pero allí están “los 6” en Tacumbú, presos políticos que siguen soñando, estudiando y trabajando por una sociedad justa. Aún encerrados continúan produciendo ideas y rebelándose contra la opresión, ya que las oligarquías no logran apoderarse de sus subjetividades, que es lo que en verdad quisieran.

Y hay más presos políticos en Paraguay: hay presos de la Federación Nacional Campesina (FNC) en su lucha por detener las fumigaciones y el avance del modelo sojero, hay presos del movimiento carpero que protestan por las tierras de Ñacunday apropiadas por el terrateniente conocido como el “Rey de la soja” en ese país, Tranquilo Favero.

6. Sometimiento infrahumano de la cárcel de Asunción.

Las condiciones infrahumanas en las que viven los presos en la cárcel de Tacumbú, Asunción, se desprende inmediatamente de los puntos anteriormente mencionados. Un sistema que promueve el exterminio de los pobres (que son la mayoría), que persigue a los campesinos por considerarlos peligrosos en función de los intereses hegemónicos, que criminaliza a las clases subalternas y que tiene un total desprecio por la vida humana, se verá desbordado en sus instituciones carcelarias y en ellas se reproducirán con crudeza los flagelos políticos.

En la cárcel de Tacumbú que fue construida para dos mil personas, viven más de cuatro mil. Llegan los pobres, aquellos que no tienen dinero para que su expediente reciba tratamiento. Una vez adentro, los presos deben pagar si quieren tener una celda, una cama, de lo contrario dormirán en los pasillos, en la intemperie, en invierno y en verano; ellos deben pagar si no quieren alimentarse con las sobras de los cerdos. Los presos deben producir dinero si afuera tienen familias que quedaron sin sustento. En el agobio del encierro miles de personas sin condena, en “prisión preventiva”, reciben apremios y torturas psicológicas.

Los defensores de Derechos Humanos que conocen las diversas cárceles coinciden en señalar que antes de conocer Tacumbú, nunca se imaginaron que cosa semejante podría existir.

Curuguaty: una herida abierta en las venas de América Latina

El poder judicial, evidente brazo institucional de las mafias y las oligarquías terratenientes del Paraguay, parecen disfrutar de sentimiento de totalidad que creen tener. Ellos sienten que no hay límites para la sumisión de “los más débiles” y para el exterminio de los que se oponen a su proyecto capitalista de concentración de la renta.

El agronegocio sojero es un flagelo que afecta a toda América Latina. Observando lo que sucedió en Marina Kue se pueden deducir las terribles consecuencias de este modelo en un escenario radicalizado.

Notas:

¹Entre ellos se encuentra el fallecido terrateniente, figura del Partido Colorado Blas Riquelme, propietario de Campos Morombi, empresa que disputa las tierras de Marina Kue. La familia Riquelme tiene sólo en el departamento de Canindeyú 70 mil hectáreas, pero él quiere también las 2 mil hectáreas de Marina Kue que pertenecen al Estado y que fueron declaradas por decreto presidencial de 2004 “objeto de la reforma agraria”. Los Riquelme no tienen el título de propiedad de las tierras de Marina Kue, por lo tato no tienen derechos sobre las mismas.

² La gran irregularidad del catastro de tierras es consecuencia de las ventas fraudulentas de la dictadura stronista. Si se sumaran todos los títulos que los propietarios dicen tener, el Paraguay tendría 30% más de su superficie real. Estos e debe a la gran cantidad de títulos apócrifos que circulan.

³ Ver nota: “Brasil orienta a sus colonos sobre qué tierras pueden comprar en Paraguay”, en www.ultimahora.com/brasil-orienta-sus-colonos-que-tierras-pueden-comprar-paraguay-n791911.html

⁴ Tal parece que el plan se basa en llevar a juicio a los campesinos por invasión a la propiedad privada o invasión de inmueble, cuando la tierra en disputa es del Estado.