La Marca Brasil de Dilma

Un mural pintado a las puertas de una escuela en el barrio de Pompeia, en São Paulo, muestra una imagen que funciona como un buen bofetón: un niño brasileño llora hambriento en la mesa, cubiertos en mano, delante de un plato sobre el que no hay más comida que un balón de fútbol. 

Jesús Rocamora, Saö Paulo (Brasil). En La Marea. Dibujo: De Paulo Ito, que se ha convertido en la primera imagen viral del Mundial.

Un mural pintado a las puertas de una escuela en el barrio de Pompeia, en São Paulo, muestra una imagen que funciona como un buen bofetón: un niño brasileño llora hambriento en la mesa, cubiertos en mano, delante de un plato sobre el que no hay más comida que un balón de fútbol. Su autor es Paulo Ito, que se considera un “pintor de la calle” y que asegura a La Marea que pretendía “dar otro punto de vista del Mundial, uno que sirviera de contrapunto a la situación actual (que es la de siempre) de Brasil”. Ito colgó una foto de su trabajo en su Facebook a principios de mayo y las redes sociales la han convertido en la “primera imagen viral del Mundial”. No es difícil entender por qué: resume sin usar una sola palabra el estado de todo un país y el descontento de su población de cara a la inminente Copa.

Los brasileños esperaban que, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol (y por extensión de los Juegos Olímpicos de 2016), el país diera un impulso definitivo a algunos de sus muchos temas pendientes, entre los que están la Sanidad, la Educación, la seguridad, las infraestructuras y el transporte público. Se hablaba entonces de invertir en el futuro de los ciudadanos y de que la Copa dejaría un legado a las generaciones venideras. En lugar de eso, los brasileños se han encontrado con que el Gobierno atiende otras prioridades, como inversiones en megaconstrucciones y especulación de terrenos, y ven cómo por aquí y por allí florecen obras públicas sin acabar, retrasos y desvíos por corrupción e incluso la reactivación por intereses electoralistas de viejos proyectos inacabados, como el metro de Salvador de Bahía, cuyas obras comenzaron hace 14 años y que ahora promete tener listo para este verano. Según denuncian asociaciones y colectivos, por el camino al Mundial también se han pisado derechos humanos y civiles. Es la propia Marca Brasil del gobierno de Dilma Rousseff, que busca un lavado de cara en el exterior. O como dice Paulo Ito, tirando de un dicho popular: es como intentar tapar el sol con un colador.

El pasado 15 de mayo, coincidiendo con el llamado Día Internacional de la Luchas Contra la Copa, tuvieron lugar 11 manifestaciones sólo en la ciudad de São Paulo, y al menos media docena más en otras ciudades-sede del Mundial, como Rio de Janeiro, Distrito Federal, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre y Salvador. A la semana siguiente, São Paulo y Rio de Janeiro se paralizaron por una huelga de conductores de autobuses, seguida por otras de policías. Y unos días antes fue el turno de los profesores. A un mes de la Copa, tanto  barulho  resume la intensa actividad que hay en las calles desde junio de 2013, cuando los brasileños decidieron salir de casa para exigir que el pueblo no sea el primer eliminado del campeonato de fútbol.

“La situación ahora es tan mala como siempre”, subraya Ito, “a pesar de que con la actual gestión ha habido más mejoras que nunca destinadas a luchar contra la pobreza [Ito se refiere a medidas populares puestas en marcha por Lula y Dilma, como los programas Bolsa Familia y Minha Casa Minha Vida]. Creo que las protestas permiten cambiar las cosas, la cuestión es que hay tanto que arreglar que nadie sabe por dónde empezar. El primer paso debería ser una reforma política, cambiar la forma en que se hace política aquí”. En los comentarios a su foto, alguien ha dejado escrito: “Mi hijo pequeño ha visto el mural y ha dicho: mira mamá, este es un almuerzo según el patrón FIFA”.

Algunas luchas llevan enquistadas un cuarto de siglo, que es el tiempo de vida de su Constitución. En ella se reconoce, entre otros, el derecho universal a la salud, presente en el llamado SUS (Sistema Universal de Salud), cuya implementación eficaz no parece llegar nunca a un país que recientemente ha tenido que importar de Cuba otros 300 médicos (el objetivo es llegar a los 13.000) para abastecer la demanda de servicios y reforzar su programa de atención básica en comunidades carentes y remotas. “Lejos de consolidar la construcción de un sistema de salud, las medidas del gobierno de Lula y Dilma han generalizados la gestión privada, lo que acentúa los ataques a los derechos de los trabajadores, el acoso y la precariedad”, dice en su manifiesto el Fórum Popular de Salud, una de las organizaciones con presencia constante en las calles.

“Tenemos dos grandes banderas: el aumento de la financiación del SUS [hasta un 10% del PIB] y la lucha contra la privatización”, cuenta uno de los portavoces del Fórum, además de “otros malestares cotidianos que enfadan a una población que observa de lejos los inmensos gastos públicos con la Copa”. Es el caso de la comunidad de Jardim Helian, en São Paulo, que lleva pidiendo una unidad básica de salud desde hace 30 años y que, en su lugar, ha visto construir próximo a sus casas el estadio Itaquerão. Los puestos de socorro en la región no cuentan con un médico los fines de semana. “Pero el FoPS no sólo lucha por una salud pública de calidad. Creemos que para tener salud es preciso luchar y que para luchar es preciso tener salud. El camino es la lucha en la calle. Lo que une a todas las revueltas que han recorrido el país desde junio de 2013 es que hemos dejado de creer en la democracia representativa, y nuestra voluntad por construir algo nuevo”, añade. Desde entonces, “el protagonismo de la lucha, que comenzó con las revueltas contra el aumento del precio del transporte público, se ha propagado de forma masiva en la huelga de los barrenderos, en la resistencia negra yfavelada contra la guerra civil permanente y en la lucha por la apropiación de la riqueza socialmente producida, todo sobre el principio de la conquista de nuestros derechos sociales”.

En las calles también se ha podido ver de forma muy activa durante los últimos meses a miembros de MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, por sus siglas en portugués), un movimiento organizado que lucha por la reforma urbana y la vivienda digna, que pide acabar con la especulación inmobiliaria, la creación de leyes que controlen el precio del alquiler y de una comisión nacional de prevención contra los desalojos forzados. Son, además, responsables de la campaña Copa Sem Povo Tô Na Rua de Novo, que se puede traducir como “mientras el mundial no incluya al pueblo, estaré en la calle de nuevo”. “No creo que ninguno de los colectivos que actualmente están protestando en las calles lo haga contra la Copa, sino contra el gasto de dinero público en la construcción de estadios y aeropuertos, obras de movilidad urbana que no benefician en nada a la clase trabajadora”, explica Jussara Basso, militante del MTST. Además, buscan cambios en Minha Casa Minha Vida, el programa que ofrece casas populares a las familias con menos renta, pero que son construidas en áreas remotas de la periferia, donde no hay acceso a servicios sanitarios, educación ni transporte.

Las otras víctimas del Mundial

También han proliferado en los últimos meses los Comités Populares de la Copa, cuya dinámica depende de cada ciudad pero que consensuan la agenda de las propuestas para fortalecer la unidad y así “alejarnos de los actos que puedan estar vacíos de contenido”, dice Larissa da Silva, del Coletivo Rodamoinho y portavoz de Asociación Nacional de Comités Populares de la Copa (Ancop). Ofrecen información a través de su propia plataforma, el  Portal Popular da Copa e das Olimpíadas, y de las redes sociales. “Los Comités Populares son organizaciones de izquierda de la sociedad civil, sin fines lucrativos, que congregan colectivos, grupos, asociaciones de trabajadores y de vecinos y personas que luchan contra las violaciones de derechos consecuencia de los mega eventos”, resume Da Silva. Sus demandas también han sido expuestas en un manifiesto y se centran en esas víctimas del Mundial que no siempre salen en los medios de comunicación: los obreros muertos e incapacitados en accidentes de trabajo en obras de la Copa, niños y adolescentes que puedan ser víctimas de explotación sexualcon la llegada de turistas, trabajadores ambulantes a los que se les ha prohibido vender cerca de los estadios, manifestantes y familias desalojadas a la fuerza de sus casas sin el derecho a otra vivienda.

Un ejemplo de la actividad de uno de estos comités es el del Pernambuco. En Recife, capital de la región y otra de las ciudades elegidas como sede, hasta 2.000 familias han sido desalojadas para acoger las obras del Mundial a cambio de una indemnización por debajo del valor de su inmueble. Ahora el gobierno no les ofrece una alternativa para una nueva vivienda, tienen que vivir de alquiler o de favores; algunas aún no han recibido nada. “Nuestra principal reivindicación es que todas esas personas tengan su indemnización y que aquellos que no puedan comprar luego otra casa, porque los valores pagados en general son injustos, puedan entrar en programas de protección oficial para un apartamento”, dice Eduardo Amorim, del Comité Popular de Pernambuco. Una de sus últimas protestas de los desalojados tuvo lugar el pasado 15 de mayo y tenía como objetivo denunciar el retraso de las obras: 200 casas fueron demolidas para acoger dos proyectos urbanísticos destinados a facilitar el acceso al Arena Pernambuco, que alojará cinco partidos del Mundial, aunque ninguno de ellos han sido aún concluidos.

La Marca Brasil de Dilma puede rastrearse en otros intentos desesperados por maquillar la realidad, como la reiterada intención del Gobierno de controlar la libertad de manifestación y de expresión durante la Copa. Durante los actos del 15 de mayo se pidió, entre otras cosas, el archivo definitivo del proyecto de ley que pretende criminalizar las protestas y equipararlas al delito de terrorismo y el endurecimiento de las penas por daños causados. Otros de los puntos demandados por los Comités Populares son “el fin de la violencia institucional contra la presencia del pueblo en las calles, el derecho de permanecer en el espacio público” y la desmilitarización de la policía.

A pesar de todo, estos colectivos entienden que deben seguir manifestándose y prometen no parar hasta después de los Juegos. “La manifestación del 12 de junio, día del primer partido en São Paulo, promete ser grande. Después de eso no saldremos de las calles”, dicen desde el Fórum de Salud Pública.

Y dos últimos síntomas que están manchando la imagen amable y acogedora que Brasil quiere ofrecer al exterior: el reciente escándalo por la compra millonaria de la refinería estadounidense Pasadena por la brasileña Petrobras (la mayor empresa de Brasil y “orgullo nacional”), penúltimo caso de corrupción política, y los cortes de agua y electricidad que ya están ocurriendo y a los que seguramente tendrán que enfrentarse brasileños y turistas en los próximos meses. Aunque ningún político en su sano juicio se atreva a hablar públicamente de racionamientos antes de un Mundial sin perder la cabeza por ello.