- Marinos offshore: Las empresas con las que lavaron el robo de bienes a los desaparecidos (Página/12). Se reproduce tras este 1er. artículo
Represores de la dictadura argentina utilizaron cuentas 'off shore' para ocultar bienes de desaparecidos
Represores de la violenta dictadura militar de Argentina (1976-1983), algunos de ellos condenados por crímenes de lesa humanidad, escondieron en paraísos fiscales los bienes que robaron a sus víctimas. En concreto, han aparecido con cuentas en paraísos fiscales, aún activas, integrantes de lo que fue el Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que en la práctica fue un centro clandestino de detención y exterminio donde se torturaba y asesinaba a personas capturadas que el gobierno no reconocía tener detenidas.
El diario argentino Página 12 (se reproduce tras este artículo) ha desvelado que hay registros en Panamá, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo, condenado por crímenes contra la humanidad, y de Norma Radice, hermana de Jorge Radice, también condenado por crímenes de lesa humanidad por su participación en el centro clandestino de detención y exterminio del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La información, sin embargo, no es del todo sorprende. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina logró probar que empresas radicadas en paraísos fiscales habían estado inyectando importantes cantidades de dinero a empresas argentinas vinculadas a los mencionados militares.
El organismo anticorrupción argentino llegó a pedir la colaboración de los organismos y entidades financieras de los países donde se encontraban las empresas al entender que podría tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos.
Según informa Página 12, la aparición de las cuentas en los papeles de Panamá confirmaría lo que hasta ahora había sido una mera hipótesis: que las sociedades existen y que están constituidas por los represores argentinos condenados por crímenes de lesa humanidad.
La investigación del organismo argentino, sin embargo, ha sido frenada de raíz por el nuevo Gobierno argentino del empresario Mauricio Macri, que ha desactivado las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF y amenaza con tirar al traste las investigaciones realizadas y los nuevos descubrimientos en el marco de los papeles de Panamá.
El diario argentino Página 12 (se reproduce tras este artículo) ha desvelado que hay registros en Panamá, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo, condenado por crímenes contra la humanidad, y de Norma Radice, hermana de Jorge Radice, también condenado por crímenes de lesa humanidad por su participación en el centro clandestino de detención y exterminio del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La información, sin embargo, no es del todo sorprende. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina logró probar que empresas radicadas en paraísos fiscales habían estado inyectando importantes cantidades de dinero a empresas argentinas vinculadas a los mencionados militares.
El organismo anticorrupción argentino llegó a pedir la colaboración de los organismos y entidades financieras de los países donde se encontraban las empresas al entender que podría tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos.
Según informa Página 12, la aparición de las cuentas en los papeles de Panamá confirmaría lo que hasta ahora había sido una mera hipótesis: que las sociedades existen y que están constituidas por los represores argentinos condenados por crímenes de lesa humanidad.
La investigación del organismo argentino, sin embargo, ha sido frenada de raíz por el nuevo Gobierno argentino del empresario Mauricio Macri, que ha desactivado las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF y amenaza con tirar al traste las investigaciones realizadas y los nuevos descubrimientos en el marco de los papeles de Panamá.
Marinos offshore:
Las empresas con las que lavaron el robo de bienes a los desaparecidos
Inmobiliarias, financieras, contratistas de juegos de azar y de servicios son parte de la red de firmas que incluye nombres como Egea, Vildoza y Cavallo. Lo que descubrió la UIF antes de que el macrismo bloqueara la investigación.
Alejandra Dandan, en Página/12
Las investigaciones sobre los Panama Papers reactivaron un capítulo del botín saqueado a los desaparecidos de la Escuela Mecánica de la Armada. Los archivos de acceso público consultados por este diario muestran sociedades offshore aún activas a nombre de integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA, hermanos de ellos y civiles asociados a las Armada. Hay registros en Panama, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo y de Norma Radice, hermana de Jorge Radice, el marino contador de ESMA, investigada por el robo de bienes en Argentina. También aparecen sociedades a nombre de uno de sus viejos socios: Miguel Angel Egea. En 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) logró probar que una serie de empresas radicadas en paraísos fiscales del exterior “inyectan” dinero a empresas argentinas vinculadas a los marinos: entre 2001 y 2013 fueron 20 millones de pesos. Al entender que podía tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos, pidieron información a los organismos financieros de esos países y a la Justicia que avanzara en una investigación.
Estos nuevos papeles vienen a complementar esa investigación: confirman lo que hasta ese momento era una hipótesis: que las sociedades existen, que hay más de las conocidas hasta ahora y que están constituidas por ellos mismos. La investigación de la UIF de José Sbatella había logrado organizar por primera vez la información sobre el robo de bienes, después de casi cuarenta años de reclamos, e introducir una hipótesis eficaz sobre la profusión de sociedades creadas por la Marina. En ese sentido, también parece un camino posible para entender el uso actual de estas guaridas fiscales en las operaciones de lavado de dinero dentro y fuera del país.
Sin embargo, el nuevo contexto político generado por el gobierno de Mauricio Macri, con la desactivación de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF, amenaza con dar jaque mate a los avances que se habían logrado. Hay un dato que parece destinado a clausurar la historia: como si fuera parte de una conspiración dramática, la sección fúnebre del diario La Nación señaló el 26 de marzo que “El Colorado” Miguel Angel Egea, uno de los ejes de la trama de estos negocios oscuros de la Armada, murió en Miami justamente el último 24 de marzo.
Activos
A nombre de Ricardo Miguel Cavallo existe una sociedad offshore registrada en Orlando, Florida, Estados Unidos. Según el sitio de open data denominado opencorporates.com la compañía se llama Mari USA LLC y figura actualmente activa. El agente es Larson Accounting & Consulting Service LLC. A nombre de un Jorge E. Acosta, nombre del jefe del Grupo de Tareas de la ESMA, figuran ocho sociedades en distintos lugares de Estados Unidos: Florida, California, Michigan, Connecticut y Michigan. A nombre del hijo de Jorge Vildoza, segundo del GT de la ESMA, llamado Jorge Ernesto Vildoza y también ex marino, existe una sociedad de nombre Maitreya SA, con domicilio en República Dominicana, registrada el 30 de septiembre de 2010 y dedicada al negocio de las máquinas tragamonedas de los casinos.
Cavallo, Acosta, Radice y Vildoza son algunos de los nombres asociados históricamente al robo de bienes de la ESMA. Cavallo, Acosta y Radice pasaron en distintas épocas por empresas como Seal Lock SA, Martiel SA y Talsud SA, conocidas en las investigaciones vinculadas a la trama del robo a los desaparecidos. Seal Look tuvo asignada la entrega de registros de la Ciudad de Buenos Aires. Vildoza creó compañías ligadas al mundo del juego cuyos bienes fueron congelados por la UIF cuando quedó probado que el flujo de dinero sostenía la condición de prófugos de él y de su esposa, Ana María Grimaldos, a quienes la justicia buscaba por la apropiación de Javier Penino Viñas.
La destreza de los represores en el robo y lavado de bienes tiene su origen en la dictadura. En el centro clandestino de la ESMA funcionó una imprenta que fraguaba documentos de identidad, pasaportes, credenciales, registros de conducir y títulos de propiedad. El GT montó distintas empresas, entre ellas algunas inmobiliarias. Hubo casas y propiedades robadas a los desaparecidos que pasaron a nombre de “Juan Ríos”, alias de Rádice, y al de su hermana Norma Beatriz. Radice pasó de la ESMA a las oficinas de la calle Cerrito donde Emilio Massera llevó adelante su campaña política cuando se preparaba para ser candidato a presidente. Ese núcleo de nombres cercanos al primer Estado Mayor de la Armada de la dictadura desarrolló una serie de sociedades con dimensiones aún desconocidas. La investigación de la UIF en 2014 dio una primera dimensión de sus actividades cuando detectó que el Banco Central señalaba que entre 2001 y 2013 sus compañías –con balances generalmente negativos– llevaban inyectados 19.008.513 pesos. Las nuevas pistas que provienen de la búsqueda colaborativa de ex investigadores y periodistas en registros de acceso público con acceso a empresas offshore ubicadas en distintos lugares del mundo, permiten comprender mejor los alcances de esa irradiación.
Si Adelita se fuera con otro
Dos de los nombres que emergen con fuerza de la investigación sobre las offshore son Norma Radice y Miguel Angel Egea. Ambos aparecen asociados a los marinos desde los años 80 en distintas sociedades creadas en Buenos Aires. Egea es un hombre de la derecha peronista, a quien Eduardo Luis Duhalde sindicó como fundador de los grupos de la Triple A en la provincia de Córdoba. Empresario, lobbista y ligado al mundo del juego durante el gobierno de Carlos Menem, fue asociado más tarde al Casino de Buenos Aires. Dada su presencia constante en las sociedades de los marinos en Buenos Aires, la UIF entendió que estas dos figuras eran una suerte de cobertura civil para los integrantes de la Armada cuando comenzaron a ser investigados en las causas judiciales.
Como su nombre lo indica, el Registro Público de Panamá, que tan famoso se hizo desde el estallido de los Panama Papers, es de acceso público. Allí aparece una sociedad muy simbólica en términos históricos y poco conocida en estas causas. Su nombre es Adela Compañía de Inversiones SA, un consorcio creado por capitales norteamericanos en 1966 para inyectar dinero en América Latina en el marco de la Guerra Fría. Según el registro panameño, Adela tiene duración “perpetua” y está “activa” con un capital declarado curiosamente importante: 10.000.000,00 dólares, un número poco frecuente en los archivos de otras sociedades offshore de ese país que muestran usualmente cifras de 1.000 dólares. El “presidente” de la compañía, de acuerdo a ese registro, es Miguel Angel Egea, que a la vez aparece como su “representante”. En el directorio están Norma Beatriz Radice y otros nombres asociados a ellos en otras empresas de Buenos Aires como Darío Jesús Orozco Acuña.
Carlos Schwartz es un periodista argentino radicado en España, especialista en flujos financieros, que siguió durante años el caso. “Adela era un instrumento imperialista apadrinado por el Banco Mundial para el saqueo de América latina”, dice. “Adela fue (y puede que siga siendo, hasta que se demuestre lo contrario) un instrumento de inversión para América latina de algunos de los capitales más poderosos de los años sesenta, como la familia de banqueros suecos Wallenberg, la Standard Oil (grupo Rockefeller) o Fidelity Philadelphia Trust Company. Es un consorcio tristemente célebre para la izquierda de las décadas de 1960 y 1970. Se suponía, y se la acusaba de ello, que Adela había inspirado los movimientos golpistas de los años 60 en América latina a través de sus profundos lazos con el Departamento de Estado de Estados Unidos y su relación personal con Henry Kissinger”.
Los marinos y sus socios argentinos desembarcaron allí en 1988 de la mano de un estudio de abogados llamado Arias, Fábrega & Fábrega, a quienes los diarios de Panama mencionan como parte de los estudios dedicados a crear y facilitar estos negocios. Por los papeles que surgen de las cuentas, Schwartz cree que “Egea, Radice y Orozco compraron Adela de Inversiones, que había sido abandonada por sus anteriores accionistas. Las fechas más o menos coinciden –dice–. Los abogados panameños dejan ‘durmiendo’ las compañías que suspenden actividad y cuando pueden las venden”. Pero tampoco eso es seguro: “En Argentina, Adela fue favorecida por el ministro de economía de Juan Carlos Onganía, Krieger Vasena –sigue Schwartz–. Es un misterio como esa sociedad cayó en manos de los marinos de la dictadura. ¿La compraron a un despacho de abogados de Panama? ¿O los socios antiguos siguieron como socios de los marinos depredadores?”
La presencia de ellos puede suponer, entonces, la salida de los propietarios anteriores, pero sigue siendo por lo menos curiosa la selección de un espacio vacante que en su origen estuvo dedicado a sostener las dictaduras del cono sur.
Adelita y después
En 2014, la UIF ya había detectado el nombre de Adela Compañía de Inversiones (Panamá) SA en el flujo de dinero de los marinos. Adela aparecía como aportante en tres empresas de Buenos Aires: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA. No era la única offshore que lo hacía: también recibían dinero de Puerto Margarita SA y Fedycor SA.
Norma Radice y Miguel Angel Egea también son los nombres que aparecen como accionistas y representantes de las empresas de Buenos Aires que recibían dinero de ellos mismos desde afuera: Long Regent SA y Martiel. De esta manera, los papeles de los registros de acceso público confirman aquí la hipótesis de la UIF.
“Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos –decía la UIF en 2014 sobre esa maniobra y similares–, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2”.
La sorpresa sin embargo no termina ahí. Florida también tiene un registro público de datos de empresas. En ese caso, aparece una expansión extraordinaria de otros nombres asociados a este misterio: Miguel Angel Egea, ahora muerto, y su esposa Bárbara Franz. Ella es norteamericana. De acuerdo al sitio opencorporates.com Barbara Franz está vinculada a 132 sociedades en Florida. Cuando los nombres de esas empresas se ingresan a la base de datos de Florida, aparece asociadas a las mismas empresas los datos de su marido.
Una breve muestra de estos se desarrolla a continuación:
- London Clubs Investment SA, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada 18 de septiembre de 2007 y aún activa.
- Long Regent Holdings, LLC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 18 de septiembre de 2007 y aun activa. Integrada por Egea.
- Lexington Equity Holdings, INC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 22 de diciembre de 2004 y aún activa. En la que Egea y Barbara Franz se suceden como director, agente, vicepresidente y director.
- Mora Ranch CR, LLC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 12 de mayo de 2009, aún activa, integrada por ambos.
- Elatar Ar, INC, que parece tener códigos cifrados. La sociedad, que se creó el 10 de mayo de 1993 y ahora está inactiva, está integrada también por Bárbara Franz y Egea. Pero lo curioso es el nombre del agente oficial: no se llama Juan Pérez, sino Juan H. Pérez.
Quienes trabajaron en la UIF y ya no están, creen que lo más importante que surge de la profusión de nombres de sociedades es el indicio de posibles movimientos de capital propio o de otras empresas. Pero entienden que hay que investigar. Respecto del total de las empresas y la confirmación de las hipótesis, también creen que las acciones podrían continuar y avanzar aún con la muerte de Egea. Como dice Nicolás Hernán Gómez, ex analista de la UIF: “Creo que se puede aplicar el artículo 305 del Código Penal y que por más que Egea haya muerto –en virtud de esa norma– se puede decomisar sin condena el producto del delito si se prueba el origen ilícito. Y ese dinero podría ser destinado a la reparación para las víctimas”.
Entre lo pendiente, falta saber si las sociedades que están a nombre de Acosta efectivamente son del jefe de inteligencia de la ESMA. También si Cavallo sigue activo en Miami. Y entender los estados contables de las sociedades. La investigación realizada por UIF en 2014, con la constatación de los ingresos de dinero desde afuera, puede servir de modelo en cambio para otras investigaciones pendientes sobre los poderosos del mundo.
Maitreya, una de las offshore del marino Vildoza.
La misteriosa Adela, compañía de inversiones, registrada hace medio siglo para financiar golpes militares y campañas de derecha, y luego comprada por, o cedida a, represores argentinos.
Long Regent Holdings, un frente de Miguel Egea en Florida, EE.UU.
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