Es la sexta condena de este tipo contra España desde 2010
Aitor Genaga, en ElDiario.es. Foto: Lectura de sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Efe)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha vuelto a condenar a España por no investigar suficientemente las denuncias de torturas. En este caso, el tribunal ha concluido por unanimidad que la denuncia de torturas realizada por Xabier Beortegi Martínez tras ser detenido por la Guardia Civil en 2011 no fue suficientemente investigada. Como no ha habido una investigación del caso, los jueces no se pueden pronunciar sobre si realmente se produjeron dichas torturas.
El tribunal, en su resolución judicial difundida esta mañana, reclama a España que mejore la calidad de las investigaciones de los médicos forenses que atienden a las personas arrestadas en régimen de incomunicación y que elabore un código claro de conducta para los agentes policiales para supervisar un trato correcto en esas situaciones de detención. Estas son las recomendaciones que viene realizando desde hace años el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), tal y como recoge la resolución judicial difundida esta mañana. El tribunal impone además a España en la sentencia el pago de 20.000 euros al afectado.
El caso de Xabier Beortegi Martínez, nacido en 1980, se remonta a la noche del 17 al 18 de enero de 2011 cuando fue arrestado por agentes de la Guadia Civil en el marco de una operación antiterrorista contra EKIN, el aparato político de ETA encargado de hacer cumplir las directrices de la banda entre las organizaciones de la izquierda abertzale, según el Instituto Armado . En aquella operación fueron detenidas otras nueve personas.
Según el relato de la denuncia, en el viaje esposado a Madrid fue amenazado, insultado, recibió golpes en la cabeza, testículos y costillas por los cuatro agentes que le acompañaban. Durante el periodo de incomunicación en los calabozos le hicieron la bolsa -sesiones de asfixia-, fue vejado y le amenazaron con meterle electrodos y un porra por el ano, según su versión. El 21 de enero sobre la una realizó una declaración policial en presencia de un abogado de oficio. Ese mismo día aseguró haber recibido un cuestionario con 20 preguntas y respuestas que supuestamente tenía que aprenderse de memoria.
Según el relato de la denuncia, en el viaje esposado a Madrid fue amenazado, insultado, recibió golpes en la cabeza, testículos y costillas por los cuatro agentes que le acompañaban. Durante el periodo de incomunicación en los calabozos le hicieron la bolsa -sesiones de asfixia-, fue vejado y le amenazaron con meterle electrodos y un porra por el ano, según su versión. El 21 de enero sobre la una realizó una declaración policial en presencia de un abogado de oficio. Ese mismo día aseguró haber recibido un cuestionario con 20 preguntas y respuestas que supuestamente tenía que aprenderse de memoria.
Al pasar ante el juez de la Audiencia Nacional, se retractó de la declaración. El juez no ordenó ninguna investigación más y Beortegi fue puesto en libertad. El 16 de mayo interpuso una denuncia por torturas en el juzgado de guardia de Pamplona. El 5 de marzo de 2012 la denuncia fue archivada al entender el juez que no había prueba alguna de la comisión de las torturas denunciadas. Tras pasar el asunto por la Audiencia Provincia de Navarra, el caso llegó en amparo al Tribunal Constitucional que ni siquiera lo admitió.
Acogiéndose al artículo 3º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Beortegi llevó el caso hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La sala que ha analizado la denuncia y emitido el veredicto está compuesta por: Helena Jäderblom (Suecia), presidenta, Luis López Guerra (España), Helen Keller (Suiza), Johannes Silvis (Holanda), Branko Lubarda (Serbia), Pere Pastor Vilanova (Andorra), Alena Poláčková (Eslovaquia).
Se da la circunstancia de que el 14 de abril, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional para evitar la cárcel, algunos de los acusados de pertenecer a EKIN que reconocieron el delito de integración en organización terrorista denunciaron tras abandonar la Audiencia Nacional que fueron "torturados salvajemente" por la Guardia Civil tras su detención en 2011.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado en cinco ocasiones al Reino de España por no investigar suficientemente denuncias de torturas y malos tratos desde 2010. La de hoy es la sexta condena.
La última resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es de mayo de 2015 y se refería a la denuncia de torturas de Jon Patxi Arratibel. Según el fallo, España infringió el artículo tercero del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo ha señalado que la investigación llevada a cabo en este caso "no se hizo a fondo ni fue efectiva" para cumplir con el citado artículo.
Arratibel fue detenido por la Guardia Civil en su domicilio de Etxarri-Aranatz en enero de 2011, acusado de formar parte de la organización Ekin, supuesta pantalla política de ETA. Tras permanecer varios días incomunicado, denunció haber sufrido torturas físicas y psicológicas.
La primera sentencia contra España del tribunal europeo lleva fecha de 28 de octubre de 2010 y las siguientes son de 8 de marzo de 2011, 16 de octubre de 2012 y dos casos más en la sentencia de 7 de octubre de 2014. En esa última resolución judicial, Estrasburgo consideraba que la justicia española no investigó con la debida diligencia las denuncias de los arrestados. En uno de los casos, la jueza no revisó los vídeos de seguridad del centro en el que la etarra permaneció detenida y, en el otro caso, permaneció cuatro días en régimen de incomunicación.
Informe del Gobierno vasco sobre torturas
Acogiéndose al artículo 3º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Beortegi llevó el caso hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La sala que ha analizado la denuncia y emitido el veredicto está compuesta por: Helena Jäderblom (Suecia), presidenta, Luis López Guerra (España), Helen Keller (Suiza), Johannes Silvis (Holanda), Branko Lubarda (Serbia), Pere Pastor Vilanova (Andorra), Alena Poláčková (Eslovaquia).
Se da la circunstancia de que el 14 de abril, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional para evitar la cárcel, algunos de los acusados de pertenecer a EKIN que reconocieron el delito de integración en organización terrorista denunciaron tras abandonar la Audiencia Nacional que fueron "torturados salvajemente" por la Guardia Civil tras su detención en 2011.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado en cinco ocasiones al Reino de España por no investigar suficientemente denuncias de torturas y malos tratos desde 2010. La de hoy es la sexta condena.
La última resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es de mayo de 2015 y se refería a la denuncia de torturas de Jon Patxi Arratibel. Según el fallo, España infringió el artículo tercero del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo ha señalado que la investigación llevada a cabo en este caso "no se hizo a fondo ni fue efectiva" para cumplir con el citado artículo.
Arratibel fue detenido por la Guardia Civil en su domicilio de Etxarri-Aranatz en enero de 2011, acusado de formar parte de la organización Ekin, supuesta pantalla política de ETA. Tras permanecer varios días incomunicado, denunció haber sufrido torturas físicas y psicológicas.
La primera sentencia contra España del tribunal europeo lleva fecha de 28 de octubre de 2010 y las siguientes son de 8 de marzo de 2011, 16 de octubre de 2012 y dos casos más en la sentencia de 7 de octubre de 2014. En esa última resolución judicial, Estrasburgo consideraba que la justicia española no investigó con la debida diligencia las denuncias de los arrestados. En uno de los casos, la jueza no revisó los vídeos de seguridad del centro en el que la etarra permaneció detenida y, en el otro caso, permaneció cuatro días en régimen de incomunicación.
Informe del Gobierno vasco sobre torturas
En estos momentos, el Gobierno vasco, dentro del Plan de Paz y Convivencia, está ultimando un estudio sobre la tortura en el País Vasco. El trabajo multidisciplinar está dirigido por el forense y antropólogo Paco Etxeberria, y participan en él forenses como Benito Morentin, el doctor en Psicología Carlos Martín Beristain o la jurista Laura Pego.
En una entrevista publicada recientemente en este periódico Etxeberria asegura que esta investigación era "el reto más difícil" de su carrera porque "ya no estamos hablando de cosas que pasaron en 1936, en este asunto todos los protagonistas viven" y hay "muchas sensibilidades a flor de piel". Y adelantó parte de las conclusiones del trabajo: "Las torturas son un asunto con unas proporciones mayores a las que habíamos pensado, son miles las personas torturadas, en un determinado tiempo fue sistemática. Seguramente, todos vamos a tener que pedir disculpas por lo ocurrido".
El CPT, un órgano del Consejo de Europa cuyo convenio fue suscrito por España,ha emitido informes críticos con la persecución de la tortura en España y los casos de malos tratos tanto en dependencias policiales, como en las cárceles españolas.
En su último informe, difundido a finales de abril de 2013, el comité ponía el foco en "la necesidad de una acción decidida de las autoridades españolas para abordar el tema de los malos tratos por parte de la Guardia Civil en el contexto de la detención en régimen de incomunicación".
El problema es que no es la primera vez que el CPT reprocha esta situación a las autoridades españolas, bien del PP o del PSOE, según las épocas. Fue con el último Gobierno de Felipe González, ya en sus estertores, cuando España decidió autorizar la publicación de los informes del CPT, que hasta entonces se mantenían en secreto. En el Ministerio de Justicia e Interior estaba entonces Juan Alberto Belloch, Margarita Robles y, junto a él, una de las personas de su equipo que batalló por la transparencia en este asunto, el magistrado y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.
Pero en el citado informe de 2013, el CPT recordaba que lleva dos décadas "llamando la atención" sobre "el problema de los malos tratos que inflige la Guardia Civil" a personas sospechosas de delitos de terrorismo. "Los hechos comprobados durante la visita de 2011 indican que los problemas antes citados siguen sin resolver", se censuraba entonces, hace poco más de un año.
En una entrevista publicada recientemente en este periódico Etxeberria asegura que esta investigación era "el reto más difícil" de su carrera porque "ya no estamos hablando de cosas que pasaron en 1936, en este asunto todos los protagonistas viven" y hay "muchas sensibilidades a flor de piel". Y adelantó parte de las conclusiones del trabajo: "Las torturas son un asunto con unas proporciones mayores a las que habíamos pensado, son miles las personas torturadas, en un determinado tiempo fue sistemática. Seguramente, todos vamos a tener que pedir disculpas por lo ocurrido".
El CPT, un órgano del Consejo de Europa cuyo convenio fue suscrito por España,ha emitido informes críticos con la persecución de la tortura en España y los casos de malos tratos tanto en dependencias policiales, como en las cárceles españolas.
En su último informe, difundido a finales de abril de 2013, el comité ponía el foco en "la necesidad de una acción decidida de las autoridades españolas para abordar el tema de los malos tratos por parte de la Guardia Civil en el contexto de la detención en régimen de incomunicación".
El problema es que no es la primera vez que el CPT reprocha esta situación a las autoridades españolas, bien del PP o del PSOE, según las épocas. Fue con el último Gobierno de Felipe González, ya en sus estertores, cuando España decidió autorizar la publicación de los informes del CPT, que hasta entonces se mantenían en secreto. En el Ministerio de Justicia e Interior estaba entonces Juan Alberto Belloch, Margarita Robles y, junto a él, una de las personas de su equipo que batalló por la transparencia en este asunto, el magistrado y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.
Pero en el citado informe de 2013, el CPT recordaba que lleva dos décadas "llamando la atención" sobre "el problema de los malos tratos que inflige la Guardia Civil" a personas sospechosas de delitos de terrorismo. "Los hechos comprobados durante la visita de 2011 indican que los problemas antes citados siguen sin resolver", se censuraba entonces, hace poco más de un año.
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