Diario UChile
El viernes pasado fueron detenidos Ernesto Llaitul e Ismael Queipul por funcionarios de la PDI en Los Ángeles. La policía los culpó de porte ilegal de armas de fuego y de municiones.
Conocidos estos antecedentes, el intendente de la región del Bío Bío Rodrigo Díaz se querelló en su contra asegurando que “portaban armamento que, presumiblemente, estaba destinado para cometer acciones delictuales vinculadas a terrenos del Alto Biobío o también para delitos que se han cometido en la carretera hacia el sur de esa zona”.
Llaitul quedó con prisión preventiva mientras se extienda la investigación, fijada en un principio para 45 días, a cargo de la Fiscalía, y Queipul con firma semanal con orden de no acercarse al detenido.
Desde la cárcel de Mulchén, Ernesto Llaitul, quien es integrante de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, manifestó que su detención responde a un operativo policial planificado, que se justificó como un simple control de identidad en el centro de Los Ángeles.
Además, remarcó que “el operativo es parte de un nuevo intento por desarticular las expresiones más dignas de la Nación Mapuche”.
El vocero de la CAM Héctor Llaitul reafirmó la versión de su hijo, asegurando que las acciones están siendo direccionadas contra representantes de la organización que defienden la autonomía del territorio mapuche, Wallmapu.
Para la dirigenta mapuche de AD MAPU y consejera CONADI, Ana Llao, esto sólo expresa la persecución y amedrentamiento del Estado contra los dirigentes.
“De qué derechos humanos habla el Estado si en cualquier momento se detiene a cualquiera de los dirigentes, a cualquiera de nuestra gente joven. Es sólo amedrentamiento y persecución lo que se le está haciendo al pueblo mapuche”, señaló.
En tanto, Rodrigo Curipán, werkén de la comunidad de Rankilco, validó cualquier acción de lucha mapuche porque, asegura, es el único mecanismo que queda para entenderse con el Estado que los ha despojado violentamente de sus territorios.
“Ha habido una agresión absoluta del Estado contra los mapuche desarraigándolos de la tierra. Ese es un acto de violencia. Los mapuche van a realizar una serie de actos que a ojos del Estado van a ser terroristas pero para nosotros sólo es la manera que nos queda para relacionarnos con las autoridades. Es el camino que está dejando el Estado porque no está abriendo entendimiento de ninguna manera seria”, indicó.
Según la declaración del Intendente Rodrigo Díaz los elementos incautados a los comuneros no son propios para ejercer algún tipo de pretensión política. “Nuestra presunción es que son sólo delincuentes”, afirmó.
Agregó, además, que con las modificaciones a la Ley de Control de Armas y Explosivos aprobada durante el actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, las penas que arriesgan los comuneros por este delito “van de 3 años y un día a 5 años”.
Mientras, en entrevista con Informe Especial, los integrantes de la CAM reafirmaron su lucha contra las trasnacionales que se instalan en territorios ancestrales y a seguir ejerciendo control comunitario en la zona.
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