Gustavo Zaracho, periodista, miembro del Colectivo Paraguay en Francia.
Un nuevo rumbo
Exactamente una semana después de iniciar su presidencia, el
22 de agosto de 2013, Horacio Cartes obtuvo en el Congreso la reforma de la Ley
1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna. La modificación otorgaba al
nuevo presidente la posibilidad de militarizar zonas enteras del país, vía
decreto del poder ejecutivo y sin previo acuerdo del Parlamento Nacional, el objetivo
mencionado era “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en
peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país”
La ley modificada inaugura el “estado de sitio blando”, nada
más normal en la década de la generalización de los golpes blandos, como el que
vivió el propio Paraguay en junio de 2012 y abrió la vía para que Cartes llegue
al poder en abril del 2013.
El motivo declarado de la medida era el combate a un pretendido
grupo guerrillero denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que en casi
una década de existencia reivindicó varios sonados casos de secuestros
extorsivos, quemas de maquinarias de sojeros y de algunos puestos policiales del
interior del país, así como diversos enfrentamientos a tiros con fuerzas
policiales y militares. En los días previos a la militarización también
reivindicó el asesinato de 5 guardias privados de una estancia, en un confuso
episodio en Tacuatî, ciudad situada a unos 350 km al norte de la capital. El
hecho fue la base para la aprobación de la medida.
Guerrilla sin monte
pero con sojales
El grupo armado mencionado opera en una zona bastante
definida, las propias fuentes policiales y militares los describen como un
grupo que no sobrepasaría las 50 personas y al menos en sus intervenciones más
publicitadas no dieron muestras de contar con un gran poder de fuego o de
disponer de un arsenal muy sofisticado. La región en cuestión, es una de las
zonas más deforestadas del país, consecuencia del cultivo intensivo de soja
transgénica; vale decir, grandes planicies sin masas boscosas importantes, un
terreno que no parece muy propicio para la implantación de una guerrilla rural
o que en todo caso debería facilitar la captura de sus integrantes.
En algunas semanas más se cumplirán 3 años de la presidencia
de Horacio Cartes y de la militarización de los mencionados departamentos, medida
que sigue vigente de forma ininterrumpida hasta hoy. En todo este tiempo su “lucha anti-subversiva” no erradicó el EPP. En
cambio, las comunidades campesinas sí que sintieron la presencia militar. Abundan
las denuncias por casos de maltrato, abuso de poder, violencia policial,
tortura y recurrentes escándalos de corrupción que involucran a las Fuerzas de
Tarea Conjunta (policías y militares) que opera en la zona[1],
cuyo financiamiento, dicho sea de paso, es sumamente costoso a las arcas
públicas[2]
y se hace en desmedro de políticas sociales muy necesarias en estos y otros
departamentos.
Según denuncian organizaciones sociales y de defensa de los
derechos humanos[3], la
llegada de la FTC creó un clima de terror en las comunidades campesinas, una
sensación propia de tiempos dictatoriales, un contexto en el que cualquier
persona en oposición a las políticas gubernamentales o a la expansión del modelo
sojero, es asimilado a un alzado en armas o cuándo menos cómplice de los mismos
y es tratado como tal.
No hace falta ser muy perspicaz, para entender el efecto de
este tipo de métodos sobre un movimiento campesino particularmente fuerte y
activo en la región.
La frontera de la
droga
La ciudad de Pedro Juan Caballero es la capital del
departamento del Amambay, recordemos que dicho departamento es uno de los 3
militarizados por decreto presidencial. Su ubicación en la estratégica
“frontera seca” con el Brasil, es un punto clave de la ruta del tráfico de
drogas en la región. Una de las puertas de entrada al gigantesco mercado
brasilero y atravesando este país puede circular a otros continentes vía océano
Atlántico.
Esto dio a la ciudad un sulfuroso prestigio que la situaba como
la base de operaciones de diversos capos de la droga del Brasil y de Paraguay y
fue el teatro de sonados crímenes. Pero lentamente fue dejando de ser centro del
interés mediático, hasta que esta semana los reflectores se enfocaron
nuevamente sobre ella. El motivo fue un espectacular atentado contra un capo
narco. El ataque se produjo en plena calle y fue ejecutado por un batallón de
100 sicarios -sí, leyó bien, ¡cien![4]– con entrenamiento militar y un impresionante arsenal que incluía una ametralladora
antiaérea, que fue utilizada para perforar el blindaje de la camioneta en la
que circulaba el mafioso, éste resultó muerto en el ataque con 16 impactos de
bala en el cuerpo. Se trataba de un brasileño de 56 años, de nombre Jorge
Rafaat y apodado “Sadam” (por Sadam Hussein), procesado por tráfico y lavado de
dinero en el Brasil[5], pero que
vivía cómodamente instalado en el lado paraguayo de la frontera seca.
Es más, el propio titular de la SENAD (Secretaría Nacional
Antidrogas) confiesa que estaba al tanto de las actividades delictivas de
Rafaat, pero alega que como no tenían pruebas para llevarlo a prisión[6],
seguía libre como los pájaros y era conocido como un “exitoso empresario”. Quien
sabe, si se hubiese naturalizado a lo mejor hubiera podido pretender a un cargo
electivo o incluso a la presidencia.
Pero hablando más seriamente, el argumento de la falta de
pruebas para llevar a prisión a alguien resulta poco convincente mirando el
actuar de la justicia paraguaya y su fiscalía, que no se caracterizan por una
gran pulcritud en la materia, en estos días se aprestan a condenar con penas de
hasta 40 años de cárcel a campesinos acusados de participar en la masacre de
Curuguaty[7],
trágico suceso que sirvió de coartada al golpe blando contra el gobierno de
Fernando Lugo, sin que hayan aportado una sola prueba que incrimine formalmente
a ninguno de los encausados en un proceso judicial plagado de aberraciones y
violaciones al debido proceso. Es decir, cuando quieren, pueden.
La soja y la droga
Justamente, llegado a este punto, es difícil no hacer la
comparación de la militarización y la acción gubernamental en los 3
departamentos mencionados. Mientras que en Concepción y San Pedro,
departamentos fuertemente impactados por el avance del monocultivo de soja
transgénica y sus efectos sobre el ecosistema y la población, la represión
parece concentrarse sobre las comunidades rurales pobres y las organizaciones
campesinas que resisten, con la oportuna excusa del combate a una desarrapada
guerrilla; en el departamento de Amambay, donde el problema fundamental es el
cultivo y el tráfico de estupefacientes y en cuya capital, están instalados poderosos y conspicuos
narcotraficantes que desatan una guerra abierta en las narices de las
autoridades, la respuesta es un silencio bastante parecido al omerta.
El Presidente se negó a hacer declaraciones sobre lo
sucedido. El ministro de Defensa, Diógenes Martínez, dejó meridianamente claro
que el narcotráfico no representa un problema para la seguridad nacional o un
peligro para la integridad territorial y que los militares deben concentrarse
en los casos de “terrorismo” impulsado por grupos como el escuálido y
fantasmagórico EPP[8]. En
cuanto al ministro del interior, a pesar de su inoperancia completa sigue en el
puesto sin que nadie se explique cómo o por qué.
Para coronar está caótica situación, el jefe de la
secretaria de lucha antidroga, acaba de renunciar a su cargo[9],
presionado por la ciudadanía luego de una criminal intervención de sus agentes
que balearon a una familia, asesinando a una niña de 3 años y dejando entre la
vida y la muerte a un joven pariente de la misma. Los agentes de la SENAD y el
fiscal interviniente emprendieron el asalto contra “peligrosos narcos” que
resultaron ser miembros de una conocida y tradicional familia del país, sin
ningún vínculo con la delincuencia.
Con este breve e incompleto balance, parece claro quiénes
son los enemigos de este gobierno.
[1]“Diputados investigarán corrupción en la
FTC”, 25 de junio de 2015, Diario ABC
Color digital, http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/diputados-investigaran-corrupcion-en-la-ftc-1380868.html,
Ver también: “Polémica foto de un
supuesto militar de la FTC”, 17 de marzo de 2016, Diario Ultima Hora digital: http://www.ultimahora.com/polemica-foto-un-supuesto-militar-la-ftc-n975898.html
[2] “FTC gasta más de 3500 millones mensuales
en la lucha contra grupos armados”, 8 de agosto de 2015, Diario Última hora digital http://www.ultimahora.com/ftc-gasta-mas-g-3500-millones-mensuales-la-lucha-contra-grupos-armados-n920230.html
[3] “Campesinos resisten a la militarización en
Paraguay”, 06 de setiembre de 2013, Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173487
[4] “Más de cien sicarios tomaron las calles
para liquiedar a Rafaat”, 15 de junio de 2016, Diario Hoy digital: http://www.hoy.com.py/nacionales/terror-en-pjc-mas-de-100-sicarios-tomaron-las-calles-para-liquidar-a-rafaat
[5] “Citan a intendente de Ponta Porâ para
declarar en favor de capo narco fronterizo”, 30 de junio de 2005, Diario ABC Color digital http://www.abc.com.py/edicion-impresa/policiales/citan-a-intendente-de-punta-pora-a-declarar-en-favor-de-narco-fronterizo-840379.html
[6] “La SENAD arroja algunas hipótesis sobre el
asesinato de Rafaat”, 16 de junio de 2016, Diario Última Hora Digital http://www.ultimahora.com/titular-la-senad-arroja-algunas-hipotesis-el-asesinato-rafaat-n1000212.html
[7] “Fiscalía pide condenas de 5 a 40 años para
campesinos”, 15 de junio de 2016, Periódico
alternativo E’a http://ea.com.py/v2/caso-curuguaty-fiscalia-pide-condenas-de-5-a-40-anos-para-campesinos/
[8] “Ministro de defensa no ve necesaria una
militarización”, 17 de junio de 2016, Diario
Última Hora digital: http://www.ultimahora.com/ministro-defensa-no-ve-necesaria-una-militarizacion-n1000430.html
[9] “Caso niña baleada: Luis Rojas confirma su
renuncia a la Senad”, 20 de junio de 2016, Diario Última Hora digital http://www.ultimahora.com/caso-nina-baleada-luis-rojas-confirma-su-renuncia-la-senad-n1001137.html
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