El profesor Dussán ha venido siendo objeto de hostigamiento y judicialización por defender pública y legítimamente los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, el Territorio y la Vida de los afectados por la construcción de la represa de El Quimbo, a tal punto que su residencia ha sido asediada en búsqueda de documentación que permita incriminarlo y privarlo de la libertad.
El investigador y líder social Miller Dussán ha denunciado insistentemente los daños ambientales, sociales y económicos generados por la construcción del embalse, y acompañado a las comunidades afectadas por este proyecto entregado a la multinacional Emgesa que provocó la inundación de más de 8.500 hectáreas, con cultivos permanentes y transitorios, de seis municipios del Departamento del Huila en la cuenca alta del Río Magdalena, la principal arteria fluvial del país; desplazamiento forzado de 427 familias; pérdida de alrededor de 1.500 puestos de trabajo; afectación de la producción y comercialización agropecuaria por más de 30.000 millones de pesos anuales en 750 predios; destrucción de cadenas productivas; deforestación irreversible; destrucción de ecosistemas estratégicos y del patrimonio cultural; inutilización de vías primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales; todo lo cual afecta la soberanía alimentaria y agrega mayores impactos al cambio climático.
En contra de estos desastrosos efectos ha girado la acción del profesor Dussán, portavoz ilustrado y defensor de los intereses comunitarios. Pues el gobierno colombiano en cabeza de los presidentes Uribe y Santos en el marco de las políticas de confianza inversionista y mineroenergética ha entregado, sin mayores reparos en sus efectos, a compañías multinacionales, la explotación irracional de nuestros territorios y recursos de acuerdo a un modelo económico y de desarrollo que ha enajenado nuestro patrimonio y riquezas, y ha privilegiado los intereses del gran capital, en detrimento de las comunidades y sectores de la población más desvalidos.
Con la vana intención de ocultar estos efectos y acallar las voces que desde la academia han asumido el compromiso social de visibilizarlos, se produce la judicialización auspiciada por la trasnacional Emgesa contra el profesor Dussán, con el silencio y anuencia de autoridades gubernamentales. Ha primado la generación energética y la protección de la rentabilidad del proyecto para sus accionistas foráneos, por sobre el territorio, los recursos hídricos y las comunidades nativas.
Es parte de la misión de la Universidad Surcolombiana contribuir a “la construcción de una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, sustentada en el desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana;…la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con proyección nacional e internacional”. Por este y los anteriores motivos consideramos más que justa la labor académica y social desarrollada por nuestro colega el profesor Dussán, que ha trascendido las aulas universitarias para ponerse al servicio del interés general, la defensa del patrimonio nacional, nuestros territorios, comunidades y recursos que están siendo arrasados por los insaciables apetitos del lucro y el mercado.
Como universidad nos resistimos a renunciar a nuestra misión y compromiso social al servicio de los intereses nacionales, regionales y comunitarios. Respaldamos plenamente la labor del profesor Dussán por su connotación altruista con este propósito e ideales de equidad y justicia social. Nos oponemos a las inicuas pretensiones de judicializarlo para doblegar su sensibilidad social y compromiso con la región. Simultáneamente llamamos a los organismos defensores de derechos humanos para que intervengan y eviten que se consolide la judicialización a líderes académicos defensores de los derechos humanos y de paso se criminalice la protesta social. A la comunidad en general a pronunciarnos y movilizarnos en torno al respeto y protección de los derechos académicos, civiles y políticos del profesor Dussán.
Neiva, 18 de junio de 2016
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