En junio, las principales ciudades de Brasil se vieron, por primera vez en muchos años, tomadas por manifestaciones multitudinarias. Las protestas se iniciaron como reacción al aumento de las tarifas en el transporte público en distintas ciudades y siguieron tras la brutal actuación de la policía contra manifestantes en Sao Paulo. Uno de los temas más urgentes de descontento es la educación: según el censo de 2010, aproximadamente la mitad de la población brasileña con más de 25 años no ha asistido o no ha concluido el nivel elemental de enseñanza, y aunque el acceso a la escuela elemental hoy en día esté casi universalizado, existen aún cerca de un 5% de las niñas y niños que no tienen acceso a la alfabetización. Aun en los casos en los que el acceso a la escolarización existe, el alumnado de la red pública se encuentra con dificultades tales como la falta de profesionales o material.
En este contexto se inserta la huelga indefinida de profesoras y profesores de la enseñanza pública, que se ha iniciado en agosto y hasta el momento ha estado marcada por la hostilidad del Gobierno hacia las personas que han secundado la Huelga.
Las demandas presentadas por el Sindicato Estatal de los Profesionales de la Educación (SEPE) incluyen no sólo el aumento salarial, sino también la reducción del número de alumnos por clase, la mejoría de las infraestructuras en las escuelas, la dedicación de un tercio de las horas de trabajo a la preparación de las clases, la unificación de las condiciones para la progresión de carrera para todas las profesionales de la categoría y el fin de la política meritocrática impuesta por el Gobierno a las escuelas.
El modelo, inspirado en un fracasado modelo estadounidense de los años 90, determina el establecimiento de metas para las escuelas, metas de las que depende su financiación, lo cual obliga en la práctica a los profesores y escuelas a competir entre ellos y precarizar las condiciones laborales para destacarse en el mercado. Desde la aplicación de esta política, la Secretaría de Educación promueve agresivamente la unificación de los materiales de clase, pese a las constantes críticas de la docencia, que apunta, además de a la baja calidad de los materiales, al hecho de que la estandarización perjudica la autonomía de las docentes y dificulta la adaptación de los contenidos y su abordaje al contexto específico en el que cada escuela se inserta. Entre las denuncias está asimismo que los materiales son producidos por ONG como la Fundación Roberto Marinho, vinculada al conservador imperio mediático Globo.
200 personas detenidas
La huelga, que se inició el 8 de agosto, es periódicamente discutida en la asamblea de las trabajadoras, que es también la vía de toma de decisiones sobre la continuidad de la lucha, las manifestaciones y el posicionamiento respecto a las reacciones del Gobierno, que ha utilizado métodos ilegales, represión jurídica, económica y policial contra los huelguistas. El profesorado no ha sido autorizado a entrar en la Cámara Municipal durante la votación de su plan de carrera; se ha intentado ilegalizar la Huelga y cortar la remuneración de las profesoras, u obligarlas a dimitir. Finalmente, la represión policial a las manifestaciones ha sido brutal, con utilización de nuevos armamentos “menos letales”, tales como la sustitución de las balas de goma por balas de acrílico, el aumento de la concentración utilizada en las bombas de gases lacrimógenos, detenciones masivas y denuncias de la práctica de vigilancia online de activistas.
Tras meses de conflicto, el sindicato SEPE reaccionó convocando a la población a sumarse a la lucha del sector docente en una protesta multitudinaria que marcó el día del profesor, 15 de octubre. Las casi 200 detenciones arbitrarias perpetradas por la policía durante la manifestación del día 15 han llevado al presidente de la comisión nacional de derechos humanos de la orden de los abogados de Brasil, Wadih Damous, a calificar la situación en Río de Janeiro como “insoportable”. Las personas detenidas han sido denunciadas por formación de grupo criminal –aunque en la práctica la policía no haya podido comprobar ninguna conexión entre ellos–. Además, Wadih recientemente denunció la actuación policial que intencionalmente dificulta la acción del equipo de abogados, desplazando a las personas detenidas a comisarías distantes entre ellas, lo que busca, a su juicio, restringir los derechos de las personas detenidas a la asistencia jurídica.
Entre las personas detenidas, está un profesor e investigador de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), un centro de investigación en el área de la salud, que se ha comprometido a hacer lo posible para liberar a todas las presas de la pasada manifestación. “Muchos de nosotros hemos estado detenidos y hemos sido torturados en la dictadura”, afirmó este investigador de la institución, dirigiéndose a sus colegas en una concentración de apoyo a las presas, “hoy son otros los que están detenidos, pero ellos como nosotros son presos políticos”. La comparación de este docente refleja una percepción cada vez más presente entre la población de Río de Janeiro: la de que hay más continuidades que rupturas entre el régimen militar de los años 60-80 y la democracia actual.
Estado de excepción
Esa percepción se justifica no sólo por la brutal actuación policial contra las activistas, sino también por el constante estado de excepción que vive la población más pobre. Es emblemático el caso del albañil Amarildo Souza, que desapareció en la favela de Rocinha el 14 de julio. Tras meses de investigación y la apertura de un expediente a los policías locales por dificultar el proceso de investigación, la policía federal ha concluido que Amarildo fue torturado hasta la muerte y que no sobrevivió porque era epiléptico. Las investigaciones desvelaron más casos de tortura realizados por la Unidad de Policía Pacificadora (UPP), así como la presencia de restos humanos aún no identificados. En consecuencia, diez policías se encuentran presos; sin embargo, los asesinatos y violaciones de derechos humanos permanecen en las áreas militarizadas por las UPP: la semana del 14 de octubre, otro hombre fue asesinado por policías en la comunidad de Manguinhos, en la periferia de Río. Era joven, negro y pobre, como lo son la mayoría de las víctimas de homicidios en Brasil.
El proyecto liberal de Rio: más show y menos escuelas
Pese a la actual coyuntura de crecimiento económico, las distintas instancias de Gobierno en Brasil no han invertido en mejorías significativas en la educación. En Río de Janeiro, la gestión del gobernador Sergio Cabral y del alcalde Eduardo Paes ha contribuido a la precarización del sistema de enseñanza. Prueba de que la educación es la última prioridad para el gobierno de la ciudad olímpica es que en 2013, más de 50 escuelas han sido cerradas, mientras las obras de equipamientos deportivos y turísticos se multiplican por la ciudad. Según las voces que llaman a la huelga, el sistema promovido por la gestión Cabral-Paes subordina la red pública de enseñanza a la lógica neoliberal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario