Tegucigalpa, Honduras.- En el evento se citaron casos específicos denunciados por los afectados y de los que la opinión pública tiene una idea difusa de cuál fue la actuación del régimen debido al cerco mediático que persiste en este país, donde las cosas pasan y un amplio sector de la prensa calla con voluntariosa complicidad.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); el Centro de Derechos de la Mujer, (CDM); el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H); el Comité de Mujeres Por la Paz “Visitación Padilla” y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares, lanzaron la emergencia en una rueda de prensa en las oficinas del COFADEH en esta capital.
Participaron la coordinadora del COFADEH, Berta Oliva; Gilda Rivera, responsable del Centro de Estudios de la Mujer (CDM); María Elena Méndez, del CEM-H; Gladys Lanza, dirigente del Comité de Mujeres de Acción por la Paz “Visitación Padilla” y Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).
Oliva, explicó a la prensa que desde ese momento “tomamos la decisión de establecer la Mesa de Análisis de la Situación de los Derechos Humanos para considerar las violaciones que se están generando y advertimos que Honduras ha entrado en un estado de emergencia nacional en esta materia”. En ese sentido, a partir de ahora la labor se concentra “en los casos que se están dando, en la campaña de odio y en la militarización de la sociedad que colinda con el delito y el crimen”, indicó.
Reclamo diáfano
Agregó que “la emergencia no es inventada, parte de las denuncias que recibimos y como estamos a 30 días de las elecciones generales esto explica la militarización y las amenazas a los líderes sociales y a militantes de Libertad y Refundación (Libre), que son los más quejas registran por la acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, en particular, de la recién creada Policía Militar del Orden Público (PMOP); además del sicariato y la delincuencia común.
Pero “también hay denuncias de otros sectores, por lo que la mesa dará resultados de todas las denuncias recibidas para que la comunidad sepa qué está pasando y esto no lo estamos haciendo para sembrar terror, es que se está sembrando terror para desmovilizar y desmotivar a la población para que no participe en las elecciones”, denunció la activista de derechos humanos.
El propósito es informar a la población el contexto en que se mueve, analice y tome precaución; también, se piden observadores internacionales para monitorear la situación de derechos humanos, porque esto que denunciamos hoy son casos extraídos pero no son todos, “la cantidad de casos es alarmante y hay que poner atención a ello”, apuntó.
A la palestra pública
Las denuncias surgen de la instrumentalización de instituciones públicas por el candidato presidencial nacionalista Juan Hernández, y del titular del Poder Ejecutivo, Porfirio Lobo Sosa, de la actitud omisa del Ministerio Público y de las acciones de la PMOP, expresó Dina Meza, responsable de prensa del COFADEH.
Citó los casos del allanamiento de morada en la casa de Edwin Espinal, el pasado 23 de octubre, en la colonia Flor del Campo, en donde el protagonista fue la PMOP, que se hizo del Poder Judicial, Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico; Dirección de Inspecciones Oculares, Cuerpo Antibombas, Unidad Canina, Policía Preventiva y el Ejército, de donde salió un sargento que hizo la función de juez ejecutor, a instancias del magistrado Claudio Aguilar, quien justificó el golpe de Estado.
Esas unidades buscaban un lanzagranadas, armas automáticas y drogas en una movilización al estilo “de los comandos de la policía política de Álvaro Uribe, en Colombia, país con el que el régimen de Sosa-Hernández suscribieron, en el año 2010, uno de los primeros convenios para atajar la resistencia contra el golpe de Estado.
Otro asalto de este tipo se denunció a la vivienda de María Concepción Ortega Lanza, activista de Libre y hermana de Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento “Visitación Padilla”, residente en el sector de la colonia Kennedy, en donde el 7 de mayo pasado un grupo de 50 militares encapuchados y perros amaestrados asaltaron la vivienda, encañonaron al rostro a toda la familia y generaron el terror en toda la comunidad.
El 11 de octubre pasado, a las 5 de la tarde, un contingente de la PMOP allanó la casa de Marco Antonio Rodríguez, Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (SITRAPANI), sin orden de allanamiento y provocando serios daños en las paredes del inmueble diciendo que buscaban armas.
Odio contra Libre
Estos abusos y violaciones de las autoridades coinciden con una campaña hostil y que incita al odio contra la membrecía de Libre, a través de los periódicos, la radio, redes sociales y grafitis en los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no se ha interesado en detener.
“Esta campaña es manejada por expertos en guerra sucia, secuestros y torturas de la década de los años 80, algunos de ellos son candidatos a cargos de elección popular que están involucrados en graves violaciones de derechos humanos que aplicaron Ley Fuga y les sacaron las uñas a sus víctimas en largas sesiones de tortura”, denunció la Mesa de Análisis Político de la Situación de Derechos Humanos en Honduras.
El uso de fiscales y de jueces sin rostro, encapuchados, actuando al margen de la legalidad instituida, es práctica de los ejércitos de ocupación en Irak y otros países sometidos a conflictos por influencias hegemónicas, concluyeron.
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