Los encuentros de las víctimas de la purga anticomunista de 1965 han sido atacados recientemente por grupos violentos en West Sumatra y en Central Java.
Vannessa Hearman *, profesora de Estudios Indonesios en la Universidad de Sidney. Su campo de investigación es sobre los movimientos sociales y la izquierda indonesia. Traducción para SinPermiso.info: Víctor Feliu Jornet
Una multitud violenta atacó a las 200 víctimas que estaban reunidas en Bukittinggi, West Sumatra. Las víctimas estaban celebrando el 15 aniversario del YPKP 65, la organización que reivindica justicia para las víctimas de la violencia y asesinatos de 1965-66 [después del golpe militar del general Suharto el 30 de septiembre de 1965].
Unos días después, a causa de las protestas de grupos islámicos, la policía en Solo, Java Central, suspendió una reunión convocada por otro grupo de víctimas. El Secretariado Conjunto ’65 iba a tratar sobre las necesidades de salud de las víctimas y cómo el Estado podía ayudar. Entre los conferenciantes había representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto para la Protección de Téstigos y Víctimas.
Cerca del lugar de la reunión se desplegó una pancarta que decía:
“Los musulmanes rechazan el resurgimiento del Partido Comunista en cualquier forma“
La policía no impidió las acciones de los grupos que, con violencia, hicieron imposible los encuentros.
Cortar el apoyo de la sociedad
El ataque de Solo es un intento de aislar la organización e impedir que tenga el apoyo de la sociedad. El presidente indonesio Joko "Jokowi" Widodo, quien dio luz verde a las actividades del Secretariado Conjunto ’65 cuando era alcalde de Solo, no ha condenado estos ataques anti-democráticos.
El Secretariado Conjunto ha trabajado con otras organizaciones locales y con las autoridades municipales de Solo. El sucesor de Jokowi, F.X. Rudyatmo, también había apoyado las actividades del grupo.
Durante la campaña electoral de 2014, el mismo Jokowi fue acusado de ser comunista. Estas acusaciones contra organizaciones y personas no son nuevas. El anti-comunismo está bien vigente en Indonesia por varias razones.
Prohibición legal del pensamiento marxista en Indonesia
Un decreto parlamentario del 1966 que ilegalizaba el Partido Comunista de Indonesia (PKI) y al marxismo-leninismo sigue vigente. El PKI era un partido de masas que agrupaba a millones de indonesios, pero estaba enzarzado en enfrentamientos políticos con el ejército indonesio.
Cuando [en el 1965] un grupo formado predominantemente por militares, llamadoMovimiento 30 de septiembr,e secuestró y asesinó la cúpula militar, el ejército culpó al PKI como un pretexto para destruir al partido. El general Suharto asumió la presidencia después que el partido fue ilegalizado y el presidente Sukarno depuesto en un golpe de estado militar.
El decreto del parlamento sigue vigente sobre el papel, aunque en general las publicaciones sobre marxismo y el PKI se venden libremente en el país. Para terminar con los ataques arbitrarios a las personas y organizaciones acusadas de ser “PKI”, dicho decreto debe ser abolido para terminar con su indefensión legal.
Cuando el ya difunto expresidente Abdurrahman "Gus Dur" Wahid habló de su intención de derogar el decreto, tuvo que hacer frente a una gran oposición. Una de las fuentes de oposición era el Nahdlatul Ulama (Despertar de los Estudiosos de la Religión o NU), la organización islámica más numerosa, de la cual Gus Dur era dirigente.
NU apoyó las matanzas de los comunistas. Miembros de su organización juvenil, Ansor, fueron instigadores de la violencia en el este de Java. Las iglesias y organizaciones cristianas, tampoco condenaron decididamente las masacres. En algunas zonas participaron activamente en la violencia o apoyaron a los militares.
Los diferentes niveles de implicación ciudadana han despertado temores en la sociedad sobre qué podría pasar si los sucesos de 1965 se investigaran abiertamente
Detrás del anticomunismo
Cuando el ejército consiguió erradicar políticamente al PKI, algunos –no sólo el ejército– obtuvieron beneficios materiales de la supresión de la Izquierda. Mientras los acusados de ser comunistas estaban detenidos o asesinados, otros se apoderaron de sus propiedades y, a veces incluso de sus mujeres, en una práctica llamada “tomar la esposa”.
Hay muchos intereses en juego para no desvelar la verdad sobre los acontecimientos de 1965, el papel de los militares y del PKI. Como resultado de las matanzas tuvo lugar una redistribución a gran escala de propiedades en el país. La toma de escuelas, hospitales, casas, otros edificios y tierras pertenecientes a las personas de izquierdas y a las organizaciones prohibidas como el PKI todavía tiene que ser reconocida e indemnizada. Los militares legalizaron estos robos con un decreto en 1975, que atribuye las propiedades del PKI al Estado.
Una decisión de la Corte Suprema de Indonesia del 2007 emitió una sentencia donde se reconocía que el “Udayana Military Command” se había apoderado ilegalmente de las tierras del empresario balinés I Gde Puger, que fue asesinado en 1966. Algunas de estas tierras están actualmente ocupadas por el ejército en Denpasar. Pero los familiares de Puger tuvieron que probar que la acusación de comunista era falsa.
Para las víctimas, sin embargo, lo más importante es la rehabilitación de sus nombres, no la indemnización económica. Muchos antiguos prisioneros políticos y sus familias han luchado para revelar la verdad sobre sus pasados “manchados” a causa de la dura discriminación que sufrieron bajo el régimen de Suharto.
Muchos de ellos han trabajado incansablemente para ser rehabilitados. Y van a seguir luchando, a pesar de la orientación antidemocrática que Indonesia ha tomado con la última avalancha de ataques.
* Vannessa Hearman es profesora de Estudios Indonesios en la Universidad de Sidney. Su campo de investigación es la historia, en concreto en el área del activismo, movimientos sociales y la izquierda indonesia. Se doctoró con una tesis sobre la represión anti-comunista 1965-68 en Java Este, Indonesia, en la School of Historical and Philosophical Studies de la Universidad de Melbourne, donde se le otorgó la beca de Derechos Humanos de dicha universidad.
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