El Ayuntamiento de Iguala arde mientras México DF se echa a la calle por los 43 estudiantes desaparecidos

Una protesta masiva en la capital mexicana exige respuestas sobre el paradero de los estudiantes. La Fiscalía culpa al alcalde de la ciudad donde se produjo el crimen.

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Agencias / Público

México arde, literalmente, por los 43 estudiantes en paradero desconocido hace casi un mes. Una multitudinaria manifestación en la capital del país exigió este miércoles a las autoridades respuestas sobre el crimen. En la marcha, compuesta por estudiantes, maestros, grupos sindicales y sociales, participaron también los familiares de los desaparecidos que dieron al Gobierno federal un plazo de dos días para encontrarlos.

Durante la manifestación, que arrancó en el Monumento del Ángel de la Independencia al Zócalo (plaza central), se pudieron oír consignas del tipo "¡Con vida se los llevaron, con vida los queremos!", "¡Hombro con hombro, codo con codo, Atotzin (Ayotzinapa en diminutivo, por la escuela en la que estudiaban los desaparecidos) somos todos!" y ¡"No estás solo!". 

"Si guerra quieren, guerra van a tener", dice un familiar de uno de los desaparecidos 

"A los compañeros queremos decirles que estamos buscándolos, que sus compañeros, familias, amigos y vecinos los estamos esperando", dijo uno de los padres de los jóvenes desaparecidos, quien además responsabilizó a las autoridades de Iguala de este caso. "Ellos son los responsables y ellos nos los tienen que devolver, no importa el día que sea pero que nos los devuelvan", añadió, y emplazó al Gobierno a encontrarlos en dos días."Dos días, si no que se atengan a las consecuencias", aseguró otro de los familiares, que también exigieron la dimisión del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

"Si guerra quieren, guerra van a tener", afirmo otro familiar. Asimismo, los manifestantes dejaron claro que continuarán con su lucha por la recuperación de los 43 estudiantes y, además, para que "no vuelva a repetirse jamás" la violencia contra la juventud, los estudiantes, los luchadores sociales, pueblos indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas y madres de familia.

Mientras, a decenas de kilómetros, profesores y estudiantes agrupados en otra manifestación incendiaron el ayuntamiento de Iguala, en el estado de Guerrero.  Los manifestantes llegaron a la plaza donde se encuentra el edificio y empezaron a lanzar piedras contra los cristales. Poco después accedieron al ayuntamiento para quemar las oficinas, tal y como ocurrió hace diez días en el Palacio de Gobierno de Guerrero. Los principales grupos que participan en las protestas contra el gobierno de Guerrero amenazaron hace una semana con "radicalizar" sus acciones y ocupar los 81 ayuntamientos de este Estado mexicano de manera indefinida.

Vínculos con el crimen organizado 

El pasado 26 de septiembre, policías municipales de la ciudad dispararon sus armas contra los estudiantes y dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Según la investigación oficial, los policías municipales y del vecino municipio de Cocula entregaron a un grupo de estudiantes detenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Este miércoles, el fiscal general, Jesús Murillo, señaló como inductores de todo lo sucedido aquella noche al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda, y el secretario de Seguridad, Felipe Flores, quienes se encuentran prófugos. Ya se han emitido órdenes de detención para todos ellos.

Murillo explicó en rueda de prensa que, según las declaraciones de los detenidos, Abarca fue informado de que los estudiantes se dirigían a Iguala, en una escala más de sus protestas por la reforma educativa, y ordenó interceptarlos ante el temor de que sabotearan un acto oficial de su mujer. El regidor y su esposa incluso habrían pedido ayuda a la Policía de Cocula, por lo que agentes de ambas localidades bloquearon la carretera al paso de los estudiantes.

El alcalde de la ciudad de Iguala recibía una asignación mensual del grupo criminal Guerreros Unidos

De acuerdo con el relato del fiscal, un policía realizó un disparo matando a un estudiante, por lo que los demás intentaron huir, dando lugar a una gran confusión en medio de la cual los agentes abrieron fuego indiscriminadamente. Una vez controlada la situación, los jóvenes que aún quedaban en el lugar fueron detenidos y trasladados en coches policiales a la comisaría de Iguala. Allí fueron entregados a los agentes de Cocula que a su vez se los entregaron al 'mini-cártel' Guerreros Unidos diciendo que eran miembros del grupo rival Los Rojos.

El líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, habría autorizado su traslado hasta Pueblo Viejo. La camioneta blanca en la que habrían sido trasladados fue encontrada en un terreno propiedad del jefe de sicarios del 'mini-cártel', alias 'El Gil'. En la misma zona donde apareció el vehículo se han encontrado nueve fosas comunes con 30 cadáveres que, según los primeros exámenes forenses, no corresponden con los 43 desaparecidos.

Murillo admitió además que Guerreros Unidos tiene una red de complicidad con varios Ayuntamientos, incluidos los de Iguala y Cocula, a pesar de que las autoridades mexicanas no han actuado en consecuencia hasta ahora. Al parecer, Pineda era la operadora de la organización en el municipio y tiene parentesco directo con dos miembros del grupo delictivo. Abarca, por su parte, habría llegado hasta el Gobierno gracias a Guerreros Unidos y recibiría una aportación dineraria mensual de la organización criminal. Por los hechos ocurridos el 26 de septiembre ya hay 52 personas detenidas, entre policías, funcionarios municipales y miembros del grupo.