En Honduras, país donde la tasa
de feminicidios ha alcanzado el nivel de epidemia, el 25 de noviembre ha sido en
los últimos años un día marcado por manifestaciones multitudinarias en las que
mujeres urbanas, campesinas, indígenas y garífunas salían a las calles para
denunciar la violencia sexista. Sin embargo, este año el proceso electoral ha
invisibilizado esta señalada fecha.
Juana Canga Mahamudi, integrante de la
Delegación Vasca de Observación en Honduras
La campaña electoral
Para amplios sectores del
movimiento social que apuestan por un cambio transformador, el 24 de noviembre estaba
hace meses señalado en el calendario. Resultado de cuatro años de organización
política tras el golpe de estado de 2009, por primera vez desde hace más de un
siglo se presentaba a las elecciones un partido político nuevo con
posibilidades reales de acceder al poder. La aparición con fuerza en escena de
dos nuevos partidos, Libertad y Refundación de Honduras (LIBRE) y Partido Anti-
Corrupción (PAC), reflejo del descontento popular con los partidos
tradicionales, significaba el fin del sistema bipartidista tradicional.
Sin embargo, esta pluralidad no
ha sido bien recibida por los partidos tradicionales. El proceso electoral se
ha caracterizado por una campaña de hostigamiento y violencia contra el partido
LIBRE, que ha implicado desde intimidaciones hasta asesinatos políticos, con
una especial estigmatización y persecución del campesinado y del movimiento
LGTBI. La candidata presidencial Xiomara Castro, primera candidata mujer a la
presidencia en la historia del país, ha sido blanco de ataques personales para
desprestigiarla ante la opinión pública.
Resultados electorales
Hoy, casi 24 horas después del
cierre de los colegios electorales, el resultado final de las votaciones
continúa sin estar claro. La capital, Tegucigalpa, se ve sumida en una calma
tensa.
Varias delegaciones de
observación internacional y nacional han denunciado irregularidades en un
proceso electoral marcado por la corrupción y la injerencia de las
instituciones estatales, controladas por el Partido Nacional. El tráfico de
credenciales o las inconsistencias en la transmisión del escrutinio son algunas
de las evidencias que dan tristemente continuidad a una tradición histórica de fraude
en las urnas.
En este contexto de manipulación,
los medios de comunicación se han hecho eco de las declaraciones de un Tribunal
Supremo Electoral caracterizado por su parcialidad al favorecer los intereses
de los partidos tradicionales, y que ayer, con un escaso porcentaje de los
votos escrutados, declaraba vencedor a Juan Orlando, el candidato del partido
oficialista actualmente en el Gobierno.
A pesar de las denuncias en torno
a la transparencia del proceso, y del categórico rechazo del Partido LIBRE ante
los resultados emitidos hasta el momento, tanto la Unión Europea como la
embajada de los Estados Unidos han reconocido la victoria del candidato
oficialista. LIBRE se mantiene sin embargo a la espera, con la esperanza de que
el Tribunal Superior Electoral proponga una salida institucional a la crisis.
Si esta salida no se da, el sentimiento de rabia de un significativo sector de
la población puede impulsar una movilización popular masiva de la Resistencia.
La resaca post- electoral
Una posible consolidación del
Partido Nacional en el poder supondrá una política de continuidad y una profundización
de la militarización del país, que ha alcanzado ya niveles escalofriantes. Esta
militarización responde a una estrategia de represión de la protesta social y
criminalización del movimiento de defensa de los Derechos Humanos. La apuesta
del candidato Juan Orlando es un gobierno de mano dura, como lo refleja su consigna
durante la campaña: “haré lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la
tranquilidad del país”.
Pese a este oscuro panorama que
supondría una victoria definitiva del Partido Nacional, estamos sin duda ante
un cambio en el escenario político en el país.
En el trasfondo de estas
elecciones se vislumbra la tradicional lucha de clases entre oligarquía y
clases populares. El proceso electoral ha puesto en evidencia a la oligarquía
golpista, sumamente temerosa del poder del pueblo hondureño, y que ha puesto todos
los recursos a su alcance (económicos, mediáticos e institucionales) para
frenar el triunfo en las urnas del movimiento popular.
Pero más allá de las elecciones,
la articulación en solo cuatro años de un potente movimiento social de
resistencia supone en sí misma una importante victoria para el movimiento
social. La alianza estratégica entre el campesinado, los Pueblos Indígenas, el
movimiento feminista, el Pueblo Garífuna, los sindicatos y otros sectores
organizados bajo el principio de la Resistencia es una oportunidad que los
movimientos sociales deben aprovechar y mantener más allá de la coyuntura
electoral actual.
Los desafíos a futuro son
enormes: seguir trabajando por un cambio social y político, mantener el grado
de concientización política de la sociedad, luchar contra la destrucción y el
despojo del territorio y los recursos naturales por parte de las empresas
transnacionales, combatir la brutal represión del campesinado en las zonas
rurales, luchar por el fin de las violencias contra las mujeres y la impunidad,
vencer la corrupción generalizada, etc.
La respuesta a estos desafíos pasa
sin duda por un fortalecimiento de la solidaridad nacional e internacionalista,
que es hoy más necesaria que nunca, ya que es la clave para avanzar en el efectivo
respeto a los Derechos Humanos de la población hondureña.
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