La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a Colombia "internacionalmente responsable" por los abusos a civiles cometidos durante una operación militar en conjunto con paramilitares, ocurrida en Chocó hace 17 años.
La CIDH, con sede en San José, Costa Rica, consideró que Colombia no cumplió "con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente, en perjuicio de los miembros de las comunidades del Cacarica, en Riosucio, departamento del Chocó, desplazados por acción de grupos paramilitares en colaboración" con el ejército colombiano.
Los hechos ocurrieron en una apartada región del noroeste colombiano conocida como Urabá, entre los departamentos de Chocó y Antioquia. Supuestamente, el operativo militar tenía como objetivo capturar y/o destruir a integrantes de las FARC. En la sentencia de la CIDH también se hace referencia al desalojo de tierras del que fueron víctimas los integrantes de las comunidades del Cacarica.
La corte calificó de "actos crueles, inhumanos y degradantes" lo sucedido a Marino López, habitante de Bijao quien fue asesinado. Según el organismo estos actos fueron "cometidos por miembros de grupos paramilitares" pero "son atribuibles al Estado por la colaboración que prestaron agentes de la fuerza pública para las operaciones de esos grupos, lo cual les facilitó las incursiones a las comunidades del Cacarica".
En agosto de 2012, la justicia colombiana condenó a 25 años de prisión al general en retiro del Ejército Rito Alejo del Río por el asesinato a machetazos de López. El oficial, quien se encuentra detenido en una guarnición militar de Bogotá, siempre ha pregonado su inocencia.
Sin embargo, jefes paramilitares desmovilizados han dicho que Del Río tenía nexos con estos grupos cuando en 1997 era comandante de la Brigada XVII del Ejército con sede en el municipio de Carepa, Antioquia.
Por los daños a López, el Estado colombiano deberá pagar 70.000 dólares a su esposa, 35.000 dólares a cada uno de sus hijos y 10.000 dólares a cada uno de sus hermanos.
Finalizada la 'operación Génesis', agregó la CIDH, centenares de campesinos del Cacarica se vieron obligados a desplazarse a poblados cercanos e incluso a Panamá. "En Turbo (Antioquia) las condiciones de vida de los desplazados se caracterizaron por falta de atención por parte del gobierno, hacinamiento, malas condiciones y falta de privacidad".
El organismo destacó que incluso después de 1997, "los desplazados siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento, amenazas y violencia por parte de grupos paramilitares".
La CIDH sentenció también a Colombia a realizar un acto público en el que reconozca su responsabilidad por estos hechos, continuar con las investigaciones para individualizar a los responsables y restituir las tierras que les fueron despojadas a las comunidades del Cacarica.
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