USA: La bancarrota de Detroit deja en el aire las pensiones públicas

El juez Steven Rhones dio la autorización para que se empiece a meter la tijera a las cuentas públicas para reducir la deuda

• FOTOGALERÍA: Detroit, la ciudad fantasma.

Sandro Pozzi, New York. En ElPais.com

Detroit es oficialmente la mayor ciudad en la historia de EE UU en declararse en bancarrota. El juez Steven Rhones dio la autorización para que sus gestores empiecen a buscar la manera de meter la tijera a las cuentas públicas, para equilibrarlas y reducir su abultada deuda. Y todo esto mientras se teme por una revuelta de los funcionarios, que están abocados a ver cómo les recortan sueldos y las pensiones que se ganaron durante años de trabajo.

A los empleados públicos poco debe consolarles en este momento que inversores como Warren Buffett vean en Detroit una oportunidad para dirigir su dinero y ayudar a reflotar la metrópoli. Como señalan desde la AFSCME, el sindicato que representa a los empleados públicos municipales, la situación es “desesperante” y sus miembros están “preocupados por si podrán mantener sus casas”. El conflicto, por tanto, está servido.

El sector público, como indican desde la organización sindical, “no tiene las mismas protecciones” que el privado ante este tipo de eventos. Por eso anuncian que van a recurrir la decisión de Rhones, porque consideran viola la Constitución del Estado de Michigan y sus derechos. Pero a la vista de la degradación que vivió la ciudad cuna del automóvil, la opinión del juez no fue una sorpresa. De hecho, calificó la situación actual de “peligrosa”.

Si el proceso de bancarrota no sigue adelante, advirtió, los residentes de Detroit se verán “perjudicados severamente”. El aún alcalde de Detroit, Dave Bing, dijo que entiende la frustración de los ciudadanos. Pero dejará el cargo en pocas semanas. Le sucederá Mikke Dugan, el primer alcalde blanco en cuatro décadas. Su reto será recuperar la prosperidad pasada de una ciudad con una deuda que asciende a 18.500 millones de dólares.

Las cuentas son un reflejo de lo que pasa en la calle. Detroit es una ciudad deprimida. Tiene la mitad de la población que hace seis décadas, unos 700.000 habitantes. El paro es el triple que en 2000, superior al 18%, y el 47% de las propiedades no pagan a tiempo los impuestos municipales. La policía, por ejemplo, tarda casi una una hora en responder, frente a los 11 minutos de media nacional, y la mitad del alumbrado público no funciona.

“Este es el día en la historia de Detroit que nadie quería ver”, dijo Dugan tras conocerse la decisión. Trató de hacer un guiño a los pensionistas, al afirmar que hará lo posible para “que se les trate de manera justa”. Pero admitió que en este momento es necesario hacer los ajustes necesarios para que la ciudad pueda permitirse pagar los servicios básicos que el ciudadano merece.

Como dejó claro el juez Rhodes, Detroit es a día de hoy “insolvente” y no es capaz de generar los ingresos necesarios para hacer frente a sus obligaciones y funcionar. El objetivo del gestor financiero designado por el Estado de Michigan para reestructurar las cuentas es salir de la bancarrota a lo largo de 2014. Para ello deberá antes llegar a un acuerdo con sus 100.000 acreedores a la vez que reduce el gasto sin mermar el servicio público.

“Ahora tiene la oportunidad de empezar de nuevo”, concluyó el magistrado. Detroit lleva arrastrando problemas desde hace seis décadas, cuando era el cuarto municipio de EE.UU. Pero su futuro se tornó incierto con la última crisis, que azotó seriamente a la industria del automóvil. En julio, el gobernador de Michigan ya dio el primer paso para que la bancarrota fuera efectiva. El plan de ajuste deberá presentarse antes del 1 de marzo.

Aunque la decisión de Rhodes de seguir adelante con el proceso de suspensión de pagos no era ninguna sorpresa, lo que no se esperaba es que fuera tan tajante en el aspecto relacionado con las pensiones de los funcionarios. En su opinión, de 140 páginas, considera que pueden reducirse como parte de la reestructuración. Es decir, para el juez no valen en este caso las protecciones que contempla la legislación en Michigan.

El juez Rhode dio, sin embargo, un argumento que puede ayudar al sindicato de empleados públicos a defender su causa, al reconocerles en su decisión que la ciudad no negoció de buena fe. Pero al mismo tiempo señaló que los representantes de los funcionarios fueron tozudos y levantaron un muro que impidió un acuerdo realista. Por eso optó por autorizar la bancarrota y aceptó que se puedan recortar las pensiones.

El paso dado por Detroit va a ser, por tanto, muy seguido por otras grandes ciudades, como Chicago, que arrastran problemas financieros y que están tratando de ver cómo tratar las pensiones de sus empleados públicos. En Nueva York, el alcalde saliente, Michael Bloomberg, también advirtió el pasado verano que este tipo de obligaciones son importante lastre para las cuentas públicas, que debe rebajarse sin llegar a este extremo.