- Australia niega asilo a los refugiados en patera a pocos meses de unas disputadas elecciones.
- La isla vecina (Papúa) recibirá y procesará las solicitudes de los emigrantes a cambio de ayuda.
- Nunca antes un país firmante de la convención de la ONU sobre los refugiados les había cerrado completamente la puerta.
NOTICIA RELACIONADA: ACNUR condena el plan australiano para alojar refugiados en centros de Papúa.
Naiara Galarraga, en ElPais.com
Un barco con 81 iraníes a bordo fue interceptado por la Marina australiana hace ocho días. Si alguno de ellos estaba perseguido en su patria y pretendía pedir asilo en Australia, recibiría con sorpresa o furia (o con ambas) la noticia de que esa posibilidad había dejado de existir la víspera. "Desde ahora cualquiera que busque asilo y llegue a Australia por barco no tendrá ninguna oportunidad de quedarse en territorio australiano como refugiado". Así lo anunció el primer ministro australiano, Kevin Rudd, aquel viernes. “Marquen este día en la historia como el día en que Australia decidió dar la espalda a las personas más vulnerables del mundo, cerró la puerta y tiró la llave”, bramó Amnistía Internacional. Era el 19 de julio.
En realidad, lo que Australia ha hecho es darles a los inmigrantes llegados en patera la llave de Papúa Nueva Guinea. Todos los interceptados en aguas australianas, empezando por aquellos 81, son enviados a Papúa, donde pueden pedir asilo. Si lo logran serán refugiados en Papúa, no en Australia, como soñaban. Este inédito endurecimiento de la política de inmigración australiana –vigente en principio un año-- sienta un peligroso precedente según varias ONG y expertos en derecho internacional consultados. Nunca antes un país firmante de la convención de la ONU sobre los refugiados (ambos países la han ratificado) había cerrado completamente la puerta a los potenciales refugiados.
Para el director del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Australia, Aloysous Mowe, el anuncio gubernamental esconde una realidad simple: “Un país rico que rechaza honrar sus obligaciones internacionales y que, en cambio, decide abandonar a los solicitantes de asilo en un país pobre y sobornar a ese país pobre para que asuma las que deberían ser las obligaciones de Australia”, explica el padre Mowe en un correo electrónico. Papua, cuyo primer ministro, Peter O’Neill, asistió sonriente al anuncio-- no participa gratis en el arreglo. Australia se ha comprometido a pagar la mejora de hospitales y universidades papúes además de correr con todos los gastos de alojar y gestionar a los sin papeles.
El fin declarado del laborista Rudd es disuadir a los traficantes de personas – “mercaderes de la muerte, vuestro modelo de negocio se ha acabado”, les espetó-- de que se embarquen rumbo a Australia en una odisea en la que en una década el mar se ha tragado a un millar de personas. Pero existe un fin no declarado que todos dan por hecho en las antípodas: Rudd quiere ganar las elecciones, a celebrar antes de noviembre y que se presentan muy disputadas. El líder de la oposición, Tony Abbot, del centroderecha, aplaudió las novedades pero añadió una pulla: “Es un avance prometedor, aunque nunca funcionará mientras el señor Rudd siga al mano”.
La inmigración es uno de los temas más candentes en el bronco debate político australiano. Más ahora que la llegada de barcos con posibles refugiados se ha disparado. En lo que va de año (hasta ese viernes marcado en el calendario), llegaron 15. 182 sin papeles a bordo de 220 barcos; hace solo tres años fueron casi tres veces menos: 6.535 personas. La mayoría navega desde Indonesia a la cercana isla de Christmas, un pedazo de territorio australiano que queda a 2.000 kilómetros de la costa del continente. Es una travesía arriesgadísima pero pocos países más atractivos existen en la región. Es rico, inmenso y está poco poblado (21 millones). El drástico cambio normativo ha multiplicado las preguntas sobre el coste real de la operación, las condiciones que ofrece Papúa y las consecuencias para la legislación internacional.
Ben Saul, profesor de derecho internacional de la Universidad de Sidney, califica de “egoista e inhumana” la política gubernamental porque pretende ahuyentarlos “amenazándoles con una mala calidad de vida en un país muy pobre en vías de desarrollo”, escribe en un correo. Papúa no está en guerra pero según los expertos deja mucho que desear como destino. A nadie se le escapa que es pobre, pero además padece un problema endémico de violencia, hay 13 veces más delitos que Australia y ni siquiera sus propios ciudadanos (6,7 millones de habitantes) tienen garantizado el acceso a la educación y la sanidad, según detalla el diario Sydney Morning Herald. El profesor Saul recalca que Australia “tiene capacidad de ayudar a más refugiados”.
Siete días se tomó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para evaluar unos cambios que le preocupan porque “genera serias dudas sobre ((el grado de)) protección” de los afectados y por “la falta de garantías del proceso de asilo en Papúa”, inquietudes que comparten todos los consultados. ACNUR sí alaba a Australia por su programa de reasentamiento de refugiados (acogidos inicialmente en otros países).
“Es preocupante que un Estado democrático y de derecho que además es uno de los países con mayores recursos del mundo adopte este tipo de medidas que implican la dejación de sus obligaciones internacionales y sienta un precedente”, explica María Teresa Gil-Bazo, del Centro de Estudios sobre los Refugiados de la Universidad de Oxford, en un correo electrónico.
El SJR recuerda que Australia solo acoge al 0,3% de los refugiados del mundo (los acogidos más recientes huyen sobre todo de Irak, Birmania y Afganistán) y su jefe en Australia, el jesuita Mowe, insiste en lo preocupante del precedente: “¿Qué pasaría si todos los países firmantes de la Convención de los refugiados siguen el ejemplo australiano? Supondría el colapso del sistema de protección de los solicitantes de asilo”. Un sistema vital ahora para los sirios como lo fue en su día para los iraquíes, los yugoslavos o los vietnamitas.
El profesor Saul detalló esta semana en la prensa australiana otros problemas legales: solo afecta a quienes llegan en barco, no en avión; los solicitantes estarán detenidos mientras Papúa decide si aceptarles como refugiados. Saul sostiene que cuestionar ante los tribunales australianos el portazo a los refugiados será tarea ardua. Australia subcontrató hace años la gestión de los inmigrantes llegados a sus costas a empresas privadas que operan campamentos de acogida en la isla de Manus (perteneciente a Papúa) y en Nauru (una isla-país a 4.000 kilómetros de Sidney). Su gestión cuesta un 1,5 millones de euros. La experta Gil-Bazo recuerda que en al UE ha habido intentos de gestionar las peticiones de asilo en el extranjero. Reino Unido lo propuso formalmente en 2003, pero “los planes fueron abandonados al ser enormemente controvertidos”. También recuerda un caso por el que España fue denunciada ante el Comité de la ONU Contra la Tortura, en 2007, porque interceptó un cayuco procedente de Senegal, lo escoltó hasta Mauritaria para que los solicitantes de asilo –una veintena de indios-- fueran atendidos allí y simultáneamente aprobó una ayuda extraordinaria a Mauritania de 600.000 euros.
Aunque algunos posibles refugiados que esperan para abordar una de esas precarias barcazas con el sueño de llegar a Australia han contado a la prensa australiana que buscarán otro destino en vista de que ese es inalcanzable, otros mantienen sus planes. Cinco días después de aquel viernes marcado en el calendario, una nave con 200 iraníes y ceilandeses se hundió en la costa indonesia camino de Australia. Falló el motor. Nueve murieron. Los 189 rescatados fueron devueltos a Indonesia. Quién sabe si buscarán de nuevo el sueño australiano.
Los barcos siguen zarpando. “Los refugiados continuarán viviendo mientras sigan desesperados por lograr las libertad, y no haya otras maneras de obtener protección en otros sitios”, advierte Saul, australiano experto en derecho internacional. Sostiene que hay otras maneras “más humanas de frenar a los traficantes y de salvar vidas en el mar: acelerar el procesamiento de solicitudes de lo que ya han llegado a Indonesia”. El profesor recalca que si la gente de juega la vida en semejantes condiciones es porque ahora el trámite lleva años. “Y ni siquiera a los finalmente considerados refugiados se le garantiza una solución permanente”.
- La isla vecina (Papúa) recibirá y procesará las solicitudes de los emigrantes a cambio de ayuda.
- Nunca antes un país firmante de la convención de la ONU sobre los refugiados les había cerrado completamente la puerta.
NOTICIA RELACIONADA: ACNUR condena el plan australiano para alojar refugiados en centros de Papúa.
Un barco con 81 iraníes a bordo fue interceptado por la Marina australiana hace ocho días. Si alguno de ellos estaba perseguido en su patria y pretendía pedir asilo en Australia, recibiría con sorpresa o furia (o con ambas) la noticia de que esa posibilidad había dejado de existir la víspera. "Desde ahora cualquiera que busque asilo y llegue a Australia por barco no tendrá ninguna oportunidad de quedarse en territorio australiano como refugiado". Así lo anunció el primer ministro australiano, Kevin Rudd, aquel viernes. “Marquen este día en la historia como el día en que Australia decidió dar la espalda a las personas más vulnerables del mundo, cerró la puerta y tiró la llave”, bramó Amnistía Internacional. Era el 19 de julio.
En realidad, lo que Australia ha hecho es darles a los inmigrantes llegados en patera la llave de Papúa Nueva Guinea. Todos los interceptados en aguas australianas, empezando por aquellos 81, son enviados a Papúa, donde pueden pedir asilo. Si lo logran serán refugiados en Papúa, no en Australia, como soñaban. Este inédito endurecimiento de la política de inmigración australiana –vigente en principio un año-- sienta un peligroso precedente según varias ONG y expertos en derecho internacional consultados. Nunca antes un país firmante de la convención de la ONU sobre los refugiados (ambos países la han ratificado) había cerrado completamente la puerta a los potenciales refugiados.
Para el director del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Australia, Aloysous Mowe, el anuncio gubernamental esconde una realidad simple: “Un país rico que rechaza honrar sus obligaciones internacionales y que, en cambio, decide abandonar a los solicitantes de asilo en un país pobre y sobornar a ese país pobre para que asuma las que deberían ser las obligaciones de Australia”, explica el padre Mowe en un correo electrónico. Papua, cuyo primer ministro, Peter O’Neill, asistió sonriente al anuncio-- no participa gratis en el arreglo. Australia se ha comprometido a pagar la mejora de hospitales y universidades papúes además de correr con todos los gastos de alojar y gestionar a los sin papeles.
El fin declarado del laborista Rudd es disuadir a los traficantes de personas – “mercaderes de la muerte, vuestro modelo de negocio se ha acabado”, les espetó-- de que se embarquen rumbo a Australia en una odisea en la que en una década el mar se ha tragado a un millar de personas. Pero existe un fin no declarado que todos dan por hecho en las antípodas: Rudd quiere ganar las elecciones, a celebrar antes de noviembre y que se presentan muy disputadas. El líder de la oposición, Tony Abbot, del centroderecha, aplaudió las novedades pero añadió una pulla: “Es un avance prometedor, aunque nunca funcionará mientras el señor Rudd siga al mano”.
La inmigración es uno de los temas más candentes en el bronco debate político australiano. Más ahora que la llegada de barcos con posibles refugiados se ha disparado. En lo que va de año (hasta ese viernes marcado en el calendario), llegaron 15. 182 sin papeles a bordo de 220 barcos; hace solo tres años fueron casi tres veces menos: 6.535 personas. La mayoría navega desde Indonesia a la cercana isla de Christmas, un pedazo de territorio australiano que queda a 2.000 kilómetros de la costa del continente. Es una travesía arriesgadísima pero pocos países más atractivos existen en la región. Es rico, inmenso y está poco poblado (21 millones). El drástico cambio normativo ha multiplicado las preguntas sobre el coste real de la operación, las condiciones que ofrece Papúa y las consecuencias para la legislación internacional.
Ben Saul, profesor de derecho internacional de la Universidad de Sidney, califica de “egoista e inhumana” la política gubernamental porque pretende ahuyentarlos “amenazándoles con una mala calidad de vida en un país muy pobre en vías de desarrollo”, escribe en un correo. Papúa no está en guerra pero según los expertos deja mucho que desear como destino. A nadie se le escapa que es pobre, pero además padece un problema endémico de violencia, hay 13 veces más delitos que Australia y ni siquiera sus propios ciudadanos (6,7 millones de habitantes) tienen garantizado el acceso a la educación y la sanidad, según detalla el diario Sydney Morning Herald. El profesor Saul recalca que Australia “tiene capacidad de ayudar a más refugiados”.
Siete días se tomó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para evaluar unos cambios que le preocupan porque “genera serias dudas sobre ((el grado de)) protección” de los afectados y por “la falta de garantías del proceso de asilo en Papúa”, inquietudes que comparten todos los consultados. ACNUR sí alaba a Australia por su programa de reasentamiento de refugiados (acogidos inicialmente en otros países).
“Es preocupante que un Estado democrático y de derecho que además es uno de los países con mayores recursos del mundo adopte este tipo de medidas que implican la dejación de sus obligaciones internacionales y sienta un precedente”, explica María Teresa Gil-Bazo, del Centro de Estudios sobre los Refugiados de la Universidad de Oxford, en un correo electrónico.
El SJR recuerda que Australia solo acoge al 0,3% de los refugiados del mundo (los acogidos más recientes huyen sobre todo de Irak, Birmania y Afganistán) y su jefe en Australia, el jesuita Mowe, insiste en lo preocupante del precedente: “¿Qué pasaría si todos los países firmantes de la Convención de los refugiados siguen el ejemplo australiano? Supondría el colapso del sistema de protección de los solicitantes de asilo”. Un sistema vital ahora para los sirios como lo fue en su día para los iraquíes, los yugoslavos o los vietnamitas.
El profesor Saul detalló esta semana en la prensa australiana otros problemas legales: solo afecta a quienes llegan en barco, no en avión; los solicitantes estarán detenidos mientras Papúa decide si aceptarles como refugiados. Saul sostiene que cuestionar ante los tribunales australianos el portazo a los refugiados será tarea ardua. Australia subcontrató hace años la gestión de los inmigrantes llegados a sus costas a empresas privadas que operan campamentos de acogida en la isla de Manus (perteneciente a Papúa) y en Nauru (una isla-país a 4.000 kilómetros de Sidney). Su gestión cuesta un 1,5 millones de euros. La experta Gil-Bazo recuerda que en al UE ha habido intentos de gestionar las peticiones de asilo en el extranjero. Reino Unido lo propuso formalmente en 2003, pero “los planes fueron abandonados al ser enormemente controvertidos”. También recuerda un caso por el que España fue denunciada ante el Comité de la ONU Contra la Tortura, en 2007, porque interceptó un cayuco procedente de Senegal, lo escoltó hasta Mauritaria para que los solicitantes de asilo –una veintena de indios-- fueran atendidos allí y simultáneamente aprobó una ayuda extraordinaria a Mauritania de 600.000 euros.
Aunque algunos posibles refugiados que esperan para abordar una de esas precarias barcazas con el sueño de llegar a Australia han contado a la prensa australiana que buscarán otro destino en vista de que ese es inalcanzable, otros mantienen sus planes. Cinco días después de aquel viernes marcado en el calendario, una nave con 200 iraníes y ceilandeses se hundió en la costa indonesia camino de Australia. Falló el motor. Nueve murieron. Los 189 rescatados fueron devueltos a Indonesia. Quién sabe si buscarán de nuevo el sueño australiano.
Los barcos siguen zarpando. “Los refugiados continuarán viviendo mientras sigan desesperados por lograr las libertad, y no haya otras maneras de obtener protección en otros sitios”, advierte Saul, australiano experto en derecho internacional. Sostiene que hay otras maneras “más humanas de frenar a los traficantes y de salvar vidas en el mar: acelerar el procesamiento de solicitudes de lo que ya han llegado a Indonesia”. El profesor recalca que si la gente de juega la vida en semejantes condiciones es porque ahora el trámite lleva años. “Y ni siquiera a los finalmente considerados refugiados se le garantiza una solución permanente”.
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