El desafío democrático del derecho a decidir ha ganado

El ‘No’ a la independencia ha vencido, a la desesperada y empleando el chantaje del miedo al futuro (la campaña Better together llegó a llamarse “Proyecto miedo”), pero el resultado alcanzado por el ‘Sí’ deja muy claro que si el Reino Unido quiere sobrevivir no podrá existir ya como antes. La opción que David Cameron rechazó incluir en la pregunta del referéndum –la DevoMax- y que tuvo que recuperar en la etapa final de la campaña para poder derrotar al Sí –¿o pasará como en Canadá, en donde pronto se olvidaron de sus promesas?- está ahora sobre la mesa.

Jaime Pastor. Autor de Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda (La oveja roja-Viento Sur) y de Catalunya quiere decidir (Icaria)

Además, lo que es más importante, probablemente asistiremos, gracias al proceso de autoorganización que se ha producido con iniciativas como la Radical Independence Campaign, Women for Independence y otras a favor del ‘Sí’, a una progresiva difusión del activismo de base escocés en el seno de la sociedad británica como expresión de lo que un periodista ha calificado de “insumisión populista” no sólo frente al “unionismo” sino también contra las políticas neoliberales de David Cameron. Porque, como ha escrito Owen Jones, en la papeleta del ‘sí’ se podía leer también: “nunca jamás volver a vivir bajo un gobierno Tory”.

Con todo, lo más relevante –y cuyo posible desenlace afirmativo ha hecho temblar hasta hace pocas horas a todo el stablishment occidental y sobre todo a las elites de la Unión Europea- ha sido el hecho inédito desde 1945 de la celebración de un referéndum sobre la secesión en una parte del territorio de uno de los estados más viejos del mundo como es el Reino Unido y que, además, esto se haya podido realizar de forma negociada y legal. Cae así por los suelos, después de precedentes como el de Quebec, la presunta “teoría del agua salada” que insistía en que el derecho a la autodeterminación es algo que sólo puede ser reclamado por los pueblos colonizados, “teoría” que además no se aplica a pueblos como el palestino o el saharaui.

Con la celebración de este referéndum también ha logrado reconocimiento la existencia de un demos diferenciado dentro de un Estado con derecho no sólo a la autodeterminación en general sino también a decidir su separación o no de ese Estado. Se trata de algo que sigue siendo un tabú en la mayoría de los estados con realidades plurinacionales, aferrados todavía a la tesis de que existe en su seno un demos único para así ocultar el predominio de una nación sobre otras. Ese es el caso del Estado español y del nacionalismo reactivo permanente que practica frente a demandas como la actual del demos catalán exigiendo su derecho a una consulta no vinculante.

Es probable que Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y compañía respiren aliviados por el resultado de este referéndum pero sería un nuevo error por su parte. Porque allí se ha impuesto la lógica democrática, facilitada sin duda por la no existencia de una Constitución escrita, y no ha habido impedimentos para el ejercicio del derecho a decidir la secesión o no del Estado británico, mientras que aquí se insiste en una lectura fundamentalista de la Constitución española y, en particular, de la primera parte de su artículo 2 para negar ese derecho, cuando no a reclamar la aplicación del artículo 155 para amenazar con la suspensión de la autonomía catalana.

Por eso deberían tomar nota del precedente vivido este 18 de septiembre y reconocer el derecho del parlamento catalán, con la ley de consultas que aprobará hoy, a celebrar la anunciada para el 9 de Noviembre próximo. También debería hacerlo el Tribunal Constitucional apoyándose, además, en el llamamiento al diálogo que hizo en su sentencia del 25 de marzo de este año para abordar los problemas “derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico”, reconociendo que el derecho a decidir “expresa una aspiración susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución”.

No cabe, por tanto, seguir negándose a reconocer una demanda que, como hemos vuelto a comprobar este 11 de septiembre, es reclamada por un amplio y plural movimiento que cuenta con el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana. Por eso, si ni el gobierno ni los jueces respondieran afirmativamente a la misma, el Parlamento catalán tendría toda la legitimidad –amparada, además, en su propia legalidad- para desobedecer la prohibición y convocar la consulta.