Apenas tenemos tiempo de salir de un desastre militar para meternos en el siguiente, teniendo que enviar a nuestros seres queridos a la guerra cada vez, matando a millones de personas inocentes y desestabilizando una región tras otra, oyendo a cada nuevo gobierno que nos asegura que ya ha aprendido la lección del pasado y merece nuestro apoyo y sacrificio para su última estrategia militar.
Pero la maraña de mitos, eufemismos y creciente secretismo tras los cuales nuestros líderes se ven obligados a ocultar sus políticas de guerra, desmienten sus afirmaciones de haber aprendido las lecciones de Vietnam, Irak, Afganistán o cualquier otro lugar. Los valientes esfuerzos de Julian Assange, Wikileaks y Bradley Manning para permitirnos un examen honesto de nuestro propio historial y sacar nuestras propias conclusiones se enfrentan con un terrorismo vengativo en los pasillos del poder.
Cuarenta años después de que las últimas tropas volvieran a casa derrotadas de Vietnam, el libro de Nick Turse Kill Anything That Moves (Matad todo lo que se mueva), ha documentado las sistemáticas masacres en las que tomaron parte cientos de miles de soldados norteamericanos y sufrieron millones de vietnamitas. Turse ha restaurado la realidad vivida por millones de personas para situarla en su legítimo lugar de la historia de Estados Unidos, a partir de la cual había sido redactada y simplemente suprimida.
Como dijo el dramaturgo británico Harold Pinter en 2005 en su discurso de recogida del Premio Nobel: …yo pretendo mostrar que los crímenes de Estados Unidos… solo han sido superficialmente registrados, menos aún documentados, por no hablar de reconocidos y menos de reconocidos en absoluto como crímenes de guerra.
Pinter nos lleva al innombrable problema central de la política de guerra de los Estados Unidos, que es de hecho un crimen, una agresión, atacar e invadir otro país. Los jueces de Nuremberg dijeron que la agresión era “el crimen supremo internacional”, porque, como explicaron “contiene en sí mismo todo el mal acumulado de la totalidad”. La investigación sobre Irak en el Reino Unido ha desclasificado documentos que muestran que Tony Blair y el ministro de Asuntos Exteriores Jack Straw fueron advertidos seria y repetidamente por sus asesores legales de que invadir Irak sería un crimen de agresión, que estos consideraban “uno de los delitos más graves bajo la ley internacional”.
El desastre de las dos Guerras Mundiales reunió a los líderes políticos para firmar la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra y los Principios de Nuremberg. Consideraron la guerra como una amenaza existencial para el futuro del género humano, como aún lo es. Así que la Carta de las Naciones Unidas expresamente “prohibía el uso de la fuerza militar por parte de cualquier estado contra otro”. Durante los siguientes 45 años, Estados Unidos solo pudo justificar sus guerras como autodefensa de un aliado (caso de Vietnam) o como acción de Naciones Unidas (como en Corea). Estados Unidos llevó a cabo guerras en secreto (como en América Central), pero esto le costó un veredicto de culpabilidad en la Corte Internacional de Justicia y una orden de pago de reparaciones a Nicaragua (reparaciones que siguen sin pagarse, como los 3.300 millones de dólares que el Presidente Nixon prometió a Vietnam)
En lugar de los “dividendos de la paz” que tienen la esperanza de conseguir muchos norteamericanos, el final de la Guerra Fría alentó perversamente en Washington el delirio de los “dividendos del poder”. Los líderes norteamericanos explotaron el dolor público y el pánico a raíz del 11 de septiembre para reclamar el uso de la fuerza militar como forma aceptada de comportamiento internacional, aunque solo para ellos y sus aliados. Bajo los mal definidos parámetros de la “guerra contra el terror”, ahora piden el derecho al uso de la fuerza militar en formas que llevan largo tiempo declaradas ilegales por la Carta de las Naciones Unidas. Pero la Carta no ha sido derogada. La agresión sigue siendo un crimen, ya sea realizada por ataques de drones o invadiendo a otros países a gran escala.
La realidad de la “maldad acumulada” desatada contra el pueblo de Irak mediante el “crimen supremo internacional” de la agresión ha sido cuidadosamente ocultado detrás de un tapiz de mentiras. Nuestros líderes militares pueden ser crónicamente incapaces de ganar una guerra en otro país, pero lo que sí saben muy bien es cómo librar una guerra de propaganda dentro de Estados Unidos:
- Nociones fantásticas de la exactitud de las armas de precisión oscurecen la masacre y la destrucción generalizada de la invasión que derramó 29.200 bombas y misiles en el primer mes de la guerra y mató decenas de miles de civiles.
- Informes del Ministerio de Salud Iraquí En 2004 las fuerzas de ocupación mataban muchos más civiles que los que mataron los “insurgentes” cuando fueron eficientemente suprimidos.
- Los epidemiólogos que informaron de que habían muerto 650.000 iraquíes en 2006 fueron ignorados y despedidos. Avanzaba la guerra y el número de muertos alcanzaba el millón en 2008
- A los soldados de estadounidenses se les hizo un concienzudo lavado de cerebro para fundir Irak con el 11 de septiembre, de forma que vieran a los iraquíes resistiendo la invasión ilegal y la ocupación de su país, como si fuesen los terroristas que atacaron Nueva York y Washington. Una encuesta de Zogby realizada en febrero de 2005, tras tres años de guerra, constataba que el 85% de los soldados norteamericanos en Irak creían que su misión era “vengarse por el papel que desempeñó Sadam Hussein en los ataques del 11-S”.
- Las normas del combate de Estados Unidos en Irak violaban flagrantemente las leyes de la guerra. Incluían “comprobación de la muerte” , es decir rematar a los combatientes heridos que seguían resistiendo; órdenes de matar a todos los hombres en edad militar durante ciertas operaciones; “fuego de rotación de 360 grados” en calles abarrotadas de población civil; “call for fire”, que significaba solicitar ataques aéreos, incluso en aldeas o en edificios de viviendas llenos de gente; y Faluya y otras áreas fueron designadas “weapons free” o zonas donde de se podía disparar a discreción, en las que fueron asesinados miles de civiles.
- La tortura estaba más extendida y era más sistemática en las prisiones de Estados Unidos de lo que sugerían los medios de comunicación sobre Abu Ghraib. Un informe filtrado del Comité de la Cruz Roja de 2004, basado en 27 visitas a 14 reclusos en prisiones de Estados Unidos en Irak y otros documentos de Derechos Humanos informan de ejecuciones simuladas; “water-boarding” (“el submarino”); “posiciones de estress”, incluyendo insoportables y a veces mortales formas de suspensión en el vacío; aplicación de calor o frío extremos; privación del sueño; hambre y sed; privación de tratamiento médico; apaleamientos con todo tipo de armas; quemaduras; cortes con navajas; provocación de heridas con las esposas; asfixia; asaltos sensoriales o privación de la sensibilidad; y tortura psicológica como humillaciones sexuales y amenazas contra miembros de la familia.
El Informe de Human Rights Primeras “Responsabilidades del Mando”, tras una investigación de 98 muertos bajo la custodia de Estados Unidos en Irak y Afganistán incluye al menos 12 personas que fueron sin duda torturadas hasta morir, otros 26 casos de homicidio supuesto o confirmado y 48 más que no pudieron ser investigados.
HRF constató que los oficiales de alta graduación abusaban de su posición de poder para situarse fuera del alcance de la ley, incluso cuando impartían órdenes de cometer crímenes terribles. Ningún oficial con rango superior a comandante fue acusado de cometer un crimen aunque la tortura estaba autorizada por el más alto nivel de mando, y el castigo más severo era de 5 meses de cárcel. El rastro de papel ya en el registro público parece suficiente para condenar por delitos capitales a Bush, Cheney, Rumsfeld, sus abogados y los militares de alta graduación, bajo la ley de Crímenes de Guerra de Estados Unidos.
- Estados Unidos reclutó, entrenó y desplegó al menos 27 brigadas de Comandos Especiales de Policía Iraquí, que detuvieron, torturaron y asesinaron a docenas de hombres y muchachos en Bagdad y en otras ciudades en 2005 y 2006. En el momento álgido de esta campaña, se traían a la morgue de Bagdad 3.000 cuerpos cada mes y una organización de derechos humanos iraquí comprobó que el 92% de estos cadáveres se correspondía con los secuestros declarados por fuerzas apoyadas por Estados Unidos. Los oficiales norteamericanos de las Fuerzas Especiales englobados en los Equipos Especiales de Policía en Transición trabajaban con cada unidad iraquí, y en el centro de comando de altas tecnologías compuesto por personal iraquí y norteamericano, el mando y control de estas fuerzas durante su reino del terror estuvo en manos de Estados Unidos.
- En 2006 y 2007, las fuerzas de Estados Unidos realizaron su macabra labor en tándem con los Comandos Especiales de Policías (para entonces etiquetados “Policía Nacional”, a raíz del descubrimiento de uno de los centros de tortura en la Operación Juntos Adelante I y II y la llamada oleada para completar la limpieza étnica de Bagdad. La ocupación de Estados Unidos eligió deliberadamente como blanco a la minoría Suní de Irak, llegando a matar al 10% de la población Suní y desplazando a la mitad de los suníes de sus hogares. Esto se ajusta claramente a la definición de genocidio de los tratados internacionales. Por tanto hay que añadir el crimen de genocidio a la futura lista de cargos de los crímenes estadounidenses en Irak.
Quizás el aspecto más perturbador de la transición de Bush a Obama fue el hecho de que el nuevo presidente no solamente no mantuvo a los oficiales estadounidenses como penalmente responsables de sus crímenes, sino que de hecho abrazó las doctrinas y políticas desarrolladas bajo Bush y amplió su aplicación a la política norteamericana en todo el mundo. La doctrina Obama de expansión permanente de los ataques de los drones y doblar las operaciones de las Fuerzas Especiales, pasando de operar en 60 países a hacerlo en 120, está extendiendo la violencia, la ilegalidad y la inestabilidad de la “guerra contra el terror” de Bush hasta los confines de la Tierra.
En el centro de la perversión de la ley y el orden de la política de Estados Unidos está la aplicación de las “leyes de guerra” a la población civil, como observó en 2009 un Eminente Panel de Juristas de la Comisión Internacional de Juristas. Muchos debates públicos sobre este tema enfrentan a una persona bien informada de dentro del gobierno de Estados Unidos con alguien de fuera del gobierno sobre el tema de las “normas de guerra”, discutiendo sobre cosas como “debido proceso” y “ley internacional humanitaria”. Ellos suelen mantener un debate durante un programa de radio o televisión y otras veces van por caminos separados.
Pero esta es una cuestión crítica y el eminente panel de juristas de la ICJ*, encabezado por la anterior presidenta irlandesa Mary Robinson, alcanzó conclusiones concluyentes al respecto. “Me pareció que los líderes norteamericanos habían confundido al público enmarcando su campaña antiterrorista dentro de un “paradigma de guerra” y que el gobierno de Estados Unidos estaba distorsionando todo al aplicar selectivamente las leyes sobre derechos humanos o sencillamente ignorando estas leyes, que son vinculantes.
El panel de la ICJ llegó a la conclusión de que las violaciones de la ley internacional no eran la respuesta apropiada ni efectiva al terrorismo y que los principios establecidos por la ley internacional “tenían el fin de resistir crisis y proporcionaban un marco robusto y efectivo desde el que abordar el terrorismo”
Los principios establecidos por la ley también proporcionan un robusto y efectivo marco desde el que abordar los crímenes de los Estados Unidos. En otro lugar del mundo los generales Videla y Bignone están cumpliendo condenas de por vida, aunque tienen que hacer frente aún a más cargos, y el general Ríos Mont de Guatemala está siendo juzgado por el genocidio de los indios Maya de Ixil. Estos hombres suponían que sus posiciones de poder y sus conexiones podrían blindarles contra la rendición de cuentas de sus crímenes. Pero sus países han cambiado en respuesta a la fuerza y voluntad de sus pueblos. Ni Bush, Cheney, Rumsfeld, Bybee, González, Yoo, ni tampoco los generales Franks, Sánchez, Casey o Petraeus, deberían suponer que ellos van a vivir toda su vida fuera del alcance de la justicia.
Pero también hay un principio bien establecido de la ley internacional que prescribe que los países que cometen agresiones tienen responsabilidades colectivas por sus acciones. Las culpas de nuestros líderes no nos dejan a los demás fuera del dogal por los crímenes cometidos en nuestro nombre. Los Estados Unidos tienen la obligación legal y moral de pagar reparaciones de guerra a Irak para ayudar a su pueblo a recobrarse de la hecatombe de la agresión, el genocidio y los crímenes de guerra. Esta es una demanda central de un grupo muy especial de ciudadanos norteamericanos cuyas experiencias y sacrificios les confieren una cualificación única para presionar sobre el cumplimiento de tal demanda: los Veteranos de Irak contra la guerra.
Cuarenta años después de que las últimas tropas volvieran a casa derrotadas de Vietnam, el libro de Nick Turse Kill Anything That Moves (Matad todo lo que se mueva), ha documentado las sistemáticas masacres en las que tomaron parte cientos de miles de soldados norteamericanos y sufrieron millones de vietnamitas. Turse ha restaurado la realidad vivida por millones de personas para situarla en su legítimo lugar de la historia de Estados Unidos, a partir de la cual había sido redactada y simplemente suprimida.
Como dijo el dramaturgo británico Harold Pinter en 2005 en su discurso de recogida del Premio Nobel: …yo pretendo mostrar que los crímenes de Estados Unidos… solo han sido superficialmente registrados, menos aún documentados, por no hablar de reconocidos y menos de reconocidos en absoluto como crímenes de guerra.
Pinter nos lleva al innombrable problema central de la política de guerra de los Estados Unidos, que es de hecho un crimen, una agresión, atacar e invadir otro país. Los jueces de Nuremberg dijeron que la agresión era “el crimen supremo internacional”, porque, como explicaron “contiene en sí mismo todo el mal acumulado de la totalidad”. La investigación sobre Irak en el Reino Unido ha desclasificado documentos que muestran que Tony Blair y el ministro de Asuntos Exteriores Jack Straw fueron advertidos seria y repetidamente por sus asesores legales de que invadir Irak sería un crimen de agresión, que estos consideraban “uno de los delitos más graves bajo la ley internacional”.
El desastre de las dos Guerras Mundiales reunió a los líderes políticos para firmar la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra y los Principios de Nuremberg. Consideraron la guerra como una amenaza existencial para el futuro del género humano, como aún lo es. Así que la Carta de las Naciones Unidas expresamente “prohibía el uso de la fuerza militar por parte de cualquier estado contra otro”. Durante los siguientes 45 años, Estados Unidos solo pudo justificar sus guerras como autodefensa de un aliado (caso de Vietnam) o como acción de Naciones Unidas (como en Corea). Estados Unidos llevó a cabo guerras en secreto (como en América Central), pero esto le costó un veredicto de culpabilidad en la Corte Internacional de Justicia y una orden de pago de reparaciones a Nicaragua (reparaciones que siguen sin pagarse, como los 3.300 millones de dólares que el Presidente Nixon prometió a Vietnam)
En lugar de los “dividendos de la paz” que tienen la esperanza de conseguir muchos norteamericanos, el final de la Guerra Fría alentó perversamente en Washington el delirio de los “dividendos del poder”. Los líderes norteamericanos explotaron el dolor público y el pánico a raíz del 11 de septiembre para reclamar el uso de la fuerza militar como forma aceptada de comportamiento internacional, aunque solo para ellos y sus aliados. Bajo los mal definidos parámetros de la “guerra contra el terror”, ahora piden el derecho al uso de la fuerza militar en formas que llevan largo tiempo declaradas ilegales por la Carta de las Naciones Unidas. Pero la Carta no ha sido derogada. La agresión sigue siendo un crimen, ya sea realizada por ataques de drones o invadiendo a otros países a gran escala.
La realidad de la “maldad acumulada” desatada contra el pueblo de Irak mediante el “crimen supremo internacional” de la agresión ha sido cuidadosamente ocultado detrás de un tapiz de mentiras. Nuestros líderes militares pueden ser crónicamente incapaces de ganar una guerra en otro país, pero lo que sí saben muy bien es cómo librar una guerra de propaganda dentro de Estados Unidos:
- Nociones fantásticas de la exactitud de las armas de precisión oscurecen la masacre y la destrucción generalizada de la invasión que derramó 29.200 bombas y misiles en el primer mes de la guerra y mató decenas de miles de civiles.
- Informes del Ministerio de Salud Iraquí En 2004 las fuerzas de ocupación mataban muchos más civiles que los que mataron los “insurgentes” cuando fueron eficientemente suprimidos.
- Los epidemiólogos que informaron de que habían muerto 650.000 iraquíes en 2006 fueron ignorados y despedidos. Avanzaba la guerra y el número de muertos alcanzaba el millón en 2008
- A los soldados de estadounidenses se les hizo un concienzudo lavado de cerebro para fundir Irak con el 11 de septiembre, de forma que vieran a los iraquíes resistiendo la invasión ilegal y la ocupación de su país, como si fuesen los terroristas que atacaron Nueva York y Washington. Una encuesta de Zogby realizada en febrero de 2005, tras tres años de guerra, constataba que el 85% de los soldados norteamericanos en Irak creían que su misión era “vengarse por el papel que desempeñó Sadam Hussein en los ataques del 11-S”.
- Las normas del combate de Estados Unidos en Irak violaban flagrantemente las leyes de la guerra. Incluían “comprobación de la muerte” , es decir rematar a los combatientes heridos que seguían resistiendo; órdenes de matar a todos los hombres en edad militar durante ciertas operaciones; “fuego de rotación de 360 grados” en calles abarrotadas de población civil; “call for fire”, que significaba solicitar ataques aéreos, incluso en aldeas o en edificios de viviendas llenos de gente; y Faluya y otras áreas fueron designadas “weapons free” o zonas donde de se podía disparar a discreción, en las que fueron asesinados miles de civiles.
- La tortura estaba más extendida y era más sistemática en las prisiones de Estados Unidos de lo que sugerían los medios de comunicación sobre Abu Ghraib. Un informe filtrado del Comité de la Cruz Roja de 2004, basado en 27 visitas a 14 reclusos en prisiones de Estados Unidos en Irak y otros documentos de Derechos Humanos informan de ejecuciones simuladas; “water-boarding” (“el submarino”); “posiciones de estress”, incluyendo insoportables y a veces mortales formas de suspensión en el vacío; aplicación de calor o frío extremos; privación del sueño; hambre y sed; privación de tratamiento médico; apaleamientos con todo tipo de armas; quemaduras; cortes con navajas; provocación de heridas con las esposas; asfixia; asaltos sensoriales o privación de la sensibilidad; y tortura psicológica como humillaciones sexuales y amenazas contra miembros de la familia.
El Informe de Human Rights Primeras “Responsabilidades del Mando”, tras una investigación de 98 muertos bajo la custodia de Estados Unidos en Irak y Afganistán incluye al menos 12 personas que fueron sin duda torturadas hasta morir, otros 26 casos de homicidio supuesto o confirmado y 48 más que no pudieron ser investigados.
HRF constató que los oficiales de alta graduación abusaban de su posición de poder para situarse fuera del alcance de la ley, incluso cuando impartían órdenes de cometer crímenes terribles. Ningún oficial con rango superior a comandante fue acusado de cometer un crimen aunque la tortura estaba autorizada por el más alto nivel de mando, y el castigo más severo era de 5 meses de cárcel. El rastro de papel ya en el registro público parece suficiente para condenar por delitos capitales a Bush, Cheney, Rumsfeld, sus abogados y los militares de alta graduación, bajo la ley de Crímenes de Guerra de Estados Unidos.
- Estados Unidos reclutó, entrenó y desplegó al menos 27 brigadas de Comandos Especiales de Policía Iraquí, que detuvieron, torturaron y asesinaron a docenas de hombres y muchachos en Bagdad y en otras ciudades en 2005 y 2006. En el momento álgido de esta campaña, se traían a la morgue de Bagdad 3.000 cuerpos cada mes y una organización de derechos humanos iraquí comprobó que el 92% de estos cadáveres se correspondía con los secuestros declarados por fuerzas apoyadas por Estados Unidos. Los oficiales norteamericanos de las Fuerzas Especiales englobados en los Equipos Especiales de Policía en Transición trabajaban con cada unidad iraquí, y en el centro de comando de altas tecnologías compuesto por personal iraquí y norteamericano, el mando y control de estas fuerzas durante su reino del terror estuvo en manos de Estados Unidos.
- En 2006 y 2007, las fuerzas de Estados Unidos realizaron su macabra labor en tándem con los Comandos Especiales de Policías (para entonces etiquetados “Policía Nacional”, a raíz del descubrimiento de uno de los centros de tortura en la Operación Juntos Adelante I y II y la llamada oleada para completar la limpieza étnica de Bagdad. La ocupación de Estados Unidos eligió deliberadamente como blanco a la minoría Suní de Irak, llegando a matar al 10% de la población Suní y desplazando a la mitad de los suníes de sus hogares. Esto se ajusta claramente a la definición de genocidio de los tratados internacionales. Por tanto hay que añadir el crimen de genocidio a la futura lista de cargos de los crímenes estadounidenses en Irak.
Quizás el aspecto más perturbador de la transición de Bush a Obama fue el hecho de que el nuevo presidente no solamente no mantuvo a los oficiales estadounidenses como penalmente responsables de sus crímenes, sino que de hecho abrazó las doctrinas y políticas desarrolladas bajo Bush y amplió su aplicación a la política norteamericana en todo el mundo. La doctrina Obama de expansión permanente de los ataques de los drones y doblar las operaciones de las Fuerzas Especiales, pasando de operar en 60 países a hacerlo en 120, está extendiendo la violencia, la ilegalidad y la inestabilidad de la “guerra contra el terror” de Bush hasta los confines de la Tierra.
En el centro de la perversión de la ley y el orden de la política de Estados Unidos está la aplicación de las “leyes de guerra” a la población civil, como observó en 2009 un Eminente Panel de Juristas de la Comisión Internacional de Juristas. Muchos debates públicos sobre este tema enfrentan a una persona bien informada de dentro del gobierno de Estados Unidos con alguien de fuera del gobierno sobre el tema de las “normas de guerra”, discutiendo sobre cosas como “debido proceso” y “ley internacional humanitaria”. Ellos suelen mantener un debate durante un programa de radio o televisión y otras veces van por caminos separados.
Pero esta es una cuestión crítica y el eminente panel de juristas de la ICJ*, encabezado por la anterior presidenta irlandesa Mary Robinson, alcanzó conclusiones concluyentes al respecto. “Me pareció que los líderes norteamericanos habían confundido al público enmarcando su campaña antiterrorista dentro de un “paradigma de guerra” y que el gobierno de Estados Unidos estaba distorsionando todo al aplicar selectivamente las leyes sobre derechos humanos o sencillamente ignorando estas leyes, que son vinculantes.
El panel de la ICJ llegó a la conclusión de que las violaciones de la ley internacional no eran la respuesta apropiada ni efectiva al terrorismo y que los principios establecidos por la ley internacional “tenían el fin de resistir crisis y proporcionaban un marco robusto y efectivo desde el que abordar el terrorismo”
Los principios establecidos por la ley también proporcionan un robusto y efectivo marco desde el que abordar los crímenes de los Estados Unidos. En otro lugar del mundo los generales Videla y Bignone están cumpliendo condenas de por vida, aunque tienen que hacer frente aún a más cargos, y el general Ríos Mont de Guatemala está siendo juzgado por el genocidio de los indios Maya de Ixil. Estos hombres suponían que sus posiciones de poder y sus conexiones podrían blindarles contra la rendición de cuentas de sus crímenes. Pero sus países han cambiado en respuesta a la fuerza y voluntad de sus pueblos. Ni Bush, Cheney, Rumsfeld, Bybee, González, Yoo, ni tampoco los generales Franks, Sánchez, Casey o Petraeus, deberían suponer que ellos van a vivir toda su vida fuera del alcance de la justicia.
Pero también hay un principio bien establecido de la ley internacional que prescribe que los países que cometen agresiones tienen responsabilidades colectivas por sus acciones. Las culpas de nuestros líderes no nos dejan a los demás fuera del dogal por los crímenes cometidos en nuestro nombre. Los Estados Unidos tienen la obligación legal y moral de pagar reparaciones de guerra a Irak para ayudar a su pueblo a recobrarse de la hecatombe de la agresión, el genocidio y los crímenes de guerra. Esta es una demanda central de un grupo muy especial de ciudadanos norteamericanos cuyas experiencias y sacrificios les confieren una cualificación única para presionar sobre el cumplimiento de tal demanda: los Veteranos de Irak contra la guerra.
NOTA:
* International Commission of Jurists (ICJ)
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