Los pueblos del Sur de Europa han de converger hacia una alternativa supranacional

Intervención en el Encuentro de la European Anti-capitalits Left (Izquierda Anticapitalista Europea), celebrado en Atenas (Grecia). 1 de marzo de 2013

Daniel Albarracín, miembro de Izquierda Anticapitalista

Camaradas, compañeras y compañeros, Un saludo desde Izquierda Anticapitalista, un abrazo solidario desde el Estado Español. Es una satisfacción que las organizaciones que buscamos una alternativa mediante una ruptura con el capitalismo global, tengamos la ocasión de intercambiar puntos de vista. Y, eso espero, podamos establecer ejes de cooperación y alianza para una lucha que trasciende las fronteras.

El propósito de mi intervención es compartir, en primer lugar, una caracterización sobre las políticas del Partido Popular en nuestro país. Me centraré sobre todo en la esfera económica y laboral. En una segunda parte, plantearé algunas cuestiones sobre qué estrategia considero de interés para los y las trabajadoras europeas, partiendo del impulso de las resistencias en el Sur de Europa. Señalaré algunos puntos que refieren a un posible programa de transición que nos permita conmover las estructuras de la UE, romper con sus políticas e instituciones neoliberales, y, dado el caso, construir un nuevo área supranacional solidario y alternativo en ruptura con el capitalismo.

1. El carácter de clase del gobierno del Partido Popular

El carácter de la política del Partido Popular, supone un nuevo salto cualitativo, a partir de una línea de gestión neoliberal desde hace tiempo impuesta.

Los grupos de presión de la banca privada exigen, ante su crisis, bajo el fantasma del rescate a la economía española, un carácter nuevo a la agenda política. Imponen una política de austeridad en el gasto público en determinados capítulos sociales y laborales. Se trata de liberar recursos para salvar a la banca.
Desde 2010, la banca centroeuropea es presa del pánico ante un riesgo cierto y muy probable de impagos de las deudas.

La banca hace valer sus propuestas, y el PSOE, apoyado firmemente por el PP, entre otros, promulgó una Reforma de la Constitución en Agosto de 2011, que establecerá la prioridad absoluta del pago de la deuda pública a costa de cualquier otro destino del presupuesto público. A finales de 2012 el 9,3% del Presupuesto Público español se destinaba únicamente a pagar los intereses de la deuda pública –casi cinco veces más que el gasto público en educación y sanidad juntos-. Tras una fuerte política de socialización de las enormes deudas de las empresas privadas, la deuda pública alcanza el 84% del PIB, cuando en 2007 era de apenas el 37%.

Los partidos del Régimen han decidido sacralizar una política que acababa con la soberanía popular en materia de política económica. Y se adopta la decisión de profundizar la devaluación interna del mundo del trabajo, desmantelar las políticas sociales, privatizar servicios públicos esenciales y debilitar el reconocimiento institucional de las organizaciones sindicales.

El Partido Popular alcanza la mayoría absoluta y Rajoy es elegido Presidente el 21 de diciembre de 2011, concentrando un gran poder institucional. En su programa había prometido empleo y la salida de la crisis, sin rescatar a la banca, sin tocar las pensiones, sin reducir la indemnización por despido, sin afectar a la educación o la sanidad. Nada de esto se ha cumplido ni ha sido respetado.

El plan del PP ha consistido en aplicar una política de austeridad drástica y poner orden en el sistema financiero.

El sistema financiero español se encuentra expuesto a activos tóxicos inmobiliarios y un alto endeudamiento empresarial. El sistema bancario naufraga en medio de una crisis de confianza crediticia del mercado interbancario.

Se ha exigido desde la UE una recapitalización bancaria y el reconocimiento en los balances de la pérdida de valor de algunos activos. El gobierno buscaba desbloquear para la banca el acceso a los mercados financieros internacionales. Hubo que acabar antes con el status semipúblico de las cajas de ahorros, la mitad del sistema financiero. Con ello muchos de los nuevos bancos, antes cajas de ahorros, no han podido cumplir ese requisito. Se han fusionado para poder sobrevivir. Ha sido una ocasión dorada para los grandes bancos españoles (BBVA, Banco de Santander, etc…) de apropiarse a precios ridículos de las entidades supervivientes y de su negocio. Todo ello tras una gran inyección de capital público y tras el mayor proceso de concentración bancaria en el Estado español de la historia. No olvidemos que el Estado español ha nacionalizado gran parte del sistema de cajas de ahorros y aún cuenta con el 16% del sistema financiero español.

De aquellas cajas de ahorros algunas quedaron como nuevos grandes bancos: por ejemplo, Caixa Bank y Bankia. Ahora bien, en 2011 Bankia entra en bancarrota y es nacionalizada. El agujero es tal que hace impracticable al gobierno por sí mismo afrontar su salvamento. Se necesitaban unos 20.000 millones de euros sólo para esta entidad. Además, Bankia no es más que la punta del iceberg de un sistema bancario zombie. Hasta finales de 2011 los rescates bancarios han supuesto algo más de 63.000 miles de millones de euros. En ese momento, el nuevo gobierno del Partido Popular pide un rescate parcial a la Unión Europea, mediante un crédito de 100.000 millones de euros (el 10% del PIB), para hacer frente a este rescate y otros que vendrán. A partir de ahí se han realizado varias actuaciones ligadas al sistema financiero.

• Se ha avalado con 100.000 millones al sistema bancario español, a través del Fondo de Rescate y Ordenación Bancaria (FROB). Posiblemente el 90% no lo devolverá.
• Se ha conformado un Banco Malo, llamado Sareb, que reunirá, mediante un préstamo de Bruselas, a pesar de lo dicho, sobre todo con dinero público, activos de dudoso cobro, suelo y bienes inmobiliarios prácticamente invendibles de la gran banca. El banco malo es una iniciativa de socialización de pérdidas, porque los contribuyentes tendrán que financiarlo con sus impuestos. Para liberar recursos se procede a una serie de recortes, por el equivalente de los rescates, centrados principalmente en:
• Recortes durísimos en educación y sanidad. En la segunda mitad de 2012 recortará también sensiblemente las prestaciones de desempleo, y a final de año rompe con la ley establecida y las pensiones perderán poder adquisitivo, creciendo un 1% cuando la inflación a fin de 2012 llegó al 2,9%.
• En el empleo público se congelan primero los salarios del funcionariado. Al final de año se eliminará la paga extra. Se amplía su jornada laboral y se congela la plantilla. Se proyecta la privatización de las últimas empresas públicas existentes.
• Se congelan o se retiran diversos beneficios sociales a jóvenes y a personas dependientes.
• Se congela el salario mínimo interprofesional.
• Se retrasa la ampliación impuesta por la UE del permiso de paternidad.
• Los recortes se profundizarán a lo largo del año afectando a inversiones clave como son las infraestructuras.
• Se disminuyen las subvenciones a partidos políticos en un 20%, a sindicatos y patronal en el mismo porcentaje. Los sindicatos, ya duramente afectados por diferentes caídas de recursos (gestión de formación, cuotas de afiliación, otras subvenciones, etc…) se ven fuertemente castigados. Se aborda también una reforma fiscal, cuya recaudación se destinará en gran parte a los rescates bancarios y pagar la deuda, que ha consistido en:
• Un incremento temporal del Impuesto sobre la Renta, con afán recaudatorio y formalmente progresivo. La subida del IRPF afectará, sobre todo, a las ya disminuidas clases medias, que aportarán en torno a dos tercios del nuevo esfuerzo recaudatorio. Las rentas altas están acostumbradas a eludir o evadir sus impuestos.
• Un aumento muy significativo del Impuesto sobre el Valor Añadido desde el pasado verano (el tipo normal sube al 21% y los reducidos al 10%).
• Una amnistía fiscal con un gravamen de sólo un 10% a los capitales repatriados, que provengan de paraísos fiscales o que hasta hoy no estuviesen declarados. Esta medida, no sólo premia a los tramposos, además apenas ha conseguido recaudar la mitad de lo previsto.

Algunas de las reformas que más resistencias han ocasionado han sido las de la Sanidad y la Educación. Además en Catalunya y Madrid, se procede a una mayor privatización de estas áreas de servicios esenciales.

Esto propicia el inicio de movilizaciones sectorial-ciudadanas que se conocen como Mareas (la verde, la blanca, la negra, la roja, etc…). Han sido, por primera vez en mucho tiempo, muy activos los empleados públicos, que sufren caídas sucesivas y sustanciales de sus salarios que pueden suponer pérdidas del 20% de las retribuciones en términos reales. A esto, irrumpen en escena las diferentes movilizaciones laborales, como la muy contundente de los mineros en 2012, y las dos huelgas generales del mismo año, convocadas por los sindicatos ante la reforma laboral y los recortes establecidos. Estas son puestas en pie tras muchísima presión social e iniciativas cada vez más audaces originadas en el movimiento 15-M y el movimiento por un nuevo proceso constituyente, como el movimiento 25 de Septiembre, que empujará a los sindicatos mayoritarios, ante el riesgo de ser desbordados, a la convocatoria de huelga general y europea del 14 de Noviembre. En la decisión de las grandes centrales sindicales, CCOO y UGT, influye el intento de sostener su legitimidad pérdida, tras una trayectoria de comportamiento pasivo y pactista, y diferentes cálculos electoralistas. Estas movilizaciones, ampliamente secundadas, tienen su máximo respaldo en masivas manifestaciones, con casi 10 millones de asistentes.

Los potentes recortes de servicios públicos esenciales y las privatizaciones no son los únicos capítulos de la gestión del gobierno de Partido Popular. Las clases dominantes aspiran a cambiar a beneficio suyo la estructura social, laboral y económica. Persiguen consolidar los privilegios del capital rentista, aumentar las plusvalías absolutas, restaurar la tasa de beneficio, aun a costa de la depresión general. Para ello, una piedra angular de su política descansa en la Reforma Laboral de Febrero del 2012, la más radical desde la Transición Política.

La reforma laboral ha desguazado diferentes derechos y garantías y ha desplazado el papel e influencia negociadora de los sindicatos en el modelo de relaciones laborales.

Por un lado, abarata y facilita el despido hasta niveles no vistos desde comienzos del siglo XX. El ascenso del desempleo en este tiempo no se ha hecho esperar, a pesar de que el punto de partida era de record. En 2012, mientras el PIB caía 1,3% lo hacía el 2,1% la población asalariada con 850.000 empleos destruidos. La monstruosa generación de desempleo nos sitúa ante el 26% de tasa de paro, con niveles de escándalo entre la juventud y, afectando más sobre la inmigración y las mujeres.

Sin lugar a dudas, las clases dirigentes impulsan el objetivo de devaluación interna de derechos y salarios directos e indirectos. Buscan establecer las condiciones para abaratar la contratación de la fuerza laboral. En el año 2012 hemos asistido a caídas de salarios, por el amplio paro y el fuerte pánico entre los que aún conservan su empleo. La patronal y el empresariado bloquea convenios, despide despiadadamente, rechaza compromisos salariales y endurece las condiciones de trabajo. El salario negociado en 2012 aumentó el 1,3% mientras que la inflación llegó al 2,9%, lo que equivale a una caída del salario real del -1,6%, que será mucho más profundo allí donde no es posible negociarlo. El peso del fondo de salarios en la renta nacional ha pasado del 54% en 2008 al 50,4% en 2012, con un claro trasvase a las rentas del capital.

Con todo, este no ha sido el principal de los cambios. En primer lugar, como en el ámbito laboral anglosajón, ahora prima la negociación colectiva a escala de empresa rompiendo la eficacia de los convenios colectivos sectoriales. Los convenios también pierden “ultraactividad”. A partir de ahora, al cabo de un año del fin de la vigencia de un convenio, si fracasa la negociación de uno nuevo, decae. La tasa de cobertura de la negociación colectiva se desplomará a partir de ahora. En definitiva, esto entraña la pulverización de la negociación colectiva y, con ello, al incremento del poder empresarial hasta niveles comparables a los que regían en el siglo XIX.

En cualquier caso, toda la política del gobierno del PP ha sido un fracaso en términos sociales y laborales. El deterioro de las condiciones de vida se hace a pasos agigantados para las mayorías. Ni siquiera consiguen sus propios objetivos. El déficit público se ha disparado a más del 8,2% del PIB. A pesar del blindaje y privilegios para el mundo empresarial la rentabilidad se erosiona, si bien mucho menos entre las grandes empresas, en un contexto recesivo. Ya son casi seis millones de parados, 1,7 millones de familias con todos sus miembros sin empleo, dos millones de personas paradas sin prestación, lo que se traduce en un ascenso dramático de las tasas de desahucios que empujan a numerosos suicidios.

Las Huelgas Generales y las sucesivas expresiones de resistencia ciudadana no han conseguido apenas influir en la agenda de reformas legislativas del Gobierno, mientras éste ha seguido con su línea de oídos sordos y de represión policial. Pero la movilización ha conseguido arrinconar al gobierno y quebrar su legitimidad social. La corrupción se extiende y puede haber pronto dimisiones.

2. Una política internacionalista alternativa desde la izquierda anticapitalista.

Una política alternativa debe articular una dimensión nacional y otra internacional. Pero debe ponerse énfasis que a día de hoy cualquier estrategia anticapitalista exige priorizar la segunda, evitando la oposición entre clases trabajadoras de diferentes países.

A escala nacional es importante apoyar e impulsar una reforma fiscal progresiva, la nacionalización sin indemnización de toda la banca privada involucrada en el origen de la crisis, la creación de una banca pública bajo control social, el establecimiento de medidas de control del movimiento de capitales, y el impulso a una política de redistribución que desarrolle la creación de un empleo socialmente útil y un incremento de actividad ligadas al cuidado y el bienestar de las personas priorizando los bienes comunes (naturaleza, educación, sanidad, vivienda, pensiones, etc…).

Estas medidas las compartimos con los reformistas de izquierdas, pero encontramos varias diferencias con ellos. La primera es lo consecuente para llevarlas a cabo, ellos están dispuestos a hipotecar su política a pactos institucionales con el socialiberalismo. Nosotros nos oponemos, la independencia de clase y las políticas antiausteridad no se transigen. La segunda, practicamos un modelo de política abierta a la participación desde abajo, y trabajamos por constituir órganos populares de control democrático que garanticen la aplicación de este programa de transformación. La tercera, afrontamos de manera distinta la cuestión de los ajustes y la deuda. La cuarta, que ellos piensan que la UE sólo fracasa por problemas de diseño o por capítulos pendientes. Ellos piensan que a veces hay que gestionar “ajustes de izquierda”, conformarse con una banca pública configurada a partir de los restos nacionalizados de la banca insolvente, que hay que impulsar el crecimiento para pagar la deuda, y que es preciso proponer una agenda social europea. Nosotros pensamos que no hay que pagar la deuda ilegítima, que el proceso de desendeudamiento tiene que correr a cargo de los de arriba, que el sistema financiero tiene que ser fundamentalmente público, que el productivismo es incompatible con la ecología, y que esta Europa es la del capital y se diseñó a favor de las clases dominantes.

Al mismo tiempo, debemos evitar el sectarismo y tener la destreza de ser unitarios en la lucha con estos compañeros. Puede recorrerse un camino juntos al mismo tiempo que debemos instarles a superar sus contradicciones, que de otro modo bloquearía el alcance de nuestra iniciativa.

Por otro lado, debemos seguir discutiendo con aquellos camaradas que se dejan llevar por las tentaciones de un esquema de izquierda radical que piensa en términos nacionales, o aquellos otros que reflexionan en términos de o todo o nada. Estos compañeros, también consideran que resulta clave llevar hasta las últimas consecuencias el anterior programa y amplifican su reflexión a escala internacional, reclamando que los pueblos deben restaurar su soberanía nacional y abrirse un camino al margen de los designios del capitalismo global. En esta línea se encuentran aquellos que ponen en su agenda política de manera prioritaria la salida unilateral del euro y la ruptura con la UE.

Nosotros consideramos que la ruptura con este modelo de Europa es clave para una alternativa anticapitalista. Pero al mismo tiempo pensamos que, afirmando que el Sistema Euro es nefasto para las clases populares y los países del Sur de Europa y que la salida del euro ya no puede considerarse un tabú, no es este un tema que deba abordarse de manera aislada y que hay otras cuestiones que deben tratarse prioritariamente.

Las reformas del calado anterior pueden ponerse en pie, aunque sin duda contarán con el muro del entorno internacional y las reglas del capitalismo global. Las políticas progresistas en un solo país se enfrentarían a consecuencias adversas (fuga de capitales, aislamiento financiero internacional, bloqueos comerciales, empobrecimiento, etc…) con lo que no se trata de ser sólo más audaces sino de adoptar una perspectiva más amplia que haga viable la transformación socialista.

Las reformas que merecen la pena, en un horizonte de transformación, no tendrán un alcance suficiente sino incluyen varios rasgos fundamentales: deben contar con un amplio respaldo social, deben satisfacer las aspiraciones democráticas de la mayoría, deben mostrar lo contradictorio del sistema vigente para poder superarlo, y, sobre todo en este contexto, han de tener una alianza internacional suficiente para poderlas ponerlas en práctica.

En primer lugar, esto supondría confrontar con el proceso de conversión de las inmensas deudas privadas en deuda soberana, y contra los privilegios fiscales que las rentas del capital están disfrutando (paraísos, amnistías, modelos fiscales regresivos). Además, actividades estratégicas de la economía no puedan estar en manos privadas, tanto por sus conductas como la lógica de rentabilidad que las somete, por lo que el núcleo central de la banca, la energía, los transportes y los servicios esenciales de bienestar y desarrollo social han de estar en manos públicas bajo control social y laboral.

En segundo lugar, hay que enfrentarse a las políticas de austeridad en tanto que eso suponen de concentración de la renta y la riqueza y de destrucción de los bienes comunes, admitiendo sólo una lógica de austeridad que refiera a la necesidad de un cambio de modelo productivo ecológicamente sostenible, basado en energías renovables, reduciendo los niveles de consumo de materias primas, capaz de satisfacer las necesidades sociales.

Se están configurando nuevas mayorías sociales contra los recortes, contra el paro, y contra la privatización y deterioro de los bienes públicos a escala supranacional. El ascenso de las movilizaciones en el Sur de Europa, así como en los países árabes, o la presencia de gobiernos sensibles a las necesidades populares en América Latina, dibuja la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino. En el Sur de Europa, hay una mayoría social que, ante el drama que está viviendo, podría abrazar un programa centrado en varios capítulos, tales como:

• El rechazo a las Memoranda de Entendimiento, especialmente su condicionalidad. Reclamar, por el contrario, el impulso a políticas de transferencia de rentas e inversiones hacia los territorios y población más desfavorecida, construyendo una división internacional del trabajo complementaria y cooperativa.
• La desobediencia de los diversos Pactos por la Austeridad que arrancan desde Maastricht.
• Establecer una declaración de impago, pudiendo inspirarse en los acuerdos establecidos en 1953 con Alemania, desarrollando auditorías que determinasen la parte ilegítima de la deuda para proceder a su reestructuración y quita. Los acreedores bancarios y los capitalistas en general son responsables y han de pagar por lo que han hecho.
• Entre los países que convergiesen en esta política alternativa, formular estrategias de solidaridad e integración igualitaria y redistributiva en materia financiera, comercial y de inversiones. Esto podría abrir la puerta a construir una nueva área económica supranacional con el máximo de países posibles.
• Reclamar una orientación y diseño institucional en Europa de carácter alternativo, con un nuevo Banco Central favorable a la creación de empleo y competente para regular el sistema financiero europeo, un presupuesto público europeo capaz de crear un sector público de bienestar ampliado, establecer un control adecuado de los flujos de capital que hiciesen eficaces un régimen fiscal progresivo, plantear una armonización de las relaciones laborales, etc… De no aceptarse, construirlo entre los países que estuvieran conformes con este otro esquema.
• En mi opinión, la salida del euro, o el establecimiento de medidas proteccionistas, no deberían ser nuestra consigna, y de serlo sólo deberían emplearse como un arma de negociación y, si acaso, un paso atrás, tras la expulsión, que busca dar dos hacia delante, orientados hacia una construcción internacionalista alternativa. La salida del euro nos brindaría instrumental económico soberano, pero nos metería de lleno en una carrera de devaluación competitiva que no sólo empobrecería a los pueblos de los países del Sur, sino también enfrentaría a las clases trabajadoras de unos y otros países en una carrera de devaluación competitiva. La alternativa será internacionalista o no será. Lo que implica hablar con los sectores más combativos alemanes y de otros países del norte de Europa.